Política criminal del Estado colombiano y los derechos de las personas privadas de la libertad: Análisis legislativo y jurisprudencial Corte Constitucional

Resumen

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia entro en la era de los derechos fundamentales, ya que catálogo de estos en el texto Superior es amplio y que la Corte Constitucional ha dado alcances más allá del simple sentido de las oraciones que componen cada uno de esos derechos fundamentales. A su vez, se comenzó a acoplar las legislaciones que estaban en vigencia con anterioridad a la nueva Carta, así como se promulgó nuevas normas. En ese desarrollo legislativo, el Estado colombiano ha dictado numerosas normas que permiten la restricción de la libertad personal de las personas que habitan el territorio colombiano, ya sean de carácter transitorias (medidas de aseguramiento) o ya a nivel permanentes (penas privativas de la libertad). En ese devenir legislativo, la crisis en las cárceles y penitenciarías en el país se agudizó, hoy en día ocurren violaciones masivas a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad por orden judicial. El hacinamiento, la falta de elementos necesarios para atender las necesidades básicas de los reclusos, la ausencia de una política criminal consonante con la realidad de estos centros de reclusión, son solo algunas de las problemáticas que configuran las ya mencionadas violaciones a derechos. Con la investigación que se desarrolla se busca formular recomendaciones a las políticas criminales en materia carcelaria y penitenciaria, que le permitan al Estado superar esta crisis.