Date Received: Abril 20, 2018
Date Accepted: May 22, 2018
Date of Publication: July 01 of 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v10i3.640
* Artìculo resultado de la investigación Heridas psicosociales: laceración del crimen organizado, estancia posdoctoral en la universidad de Turín, Italia - 2017-
**PhD. en Psicología y Antropología Social por la Universidad de Salamanca España, Doctora Europeus por la Universidad de Turín Italia, realizó una estancia posdoctoral en la universidad de Turín, Italia en el 2017. Psicoterapeuta, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México (UATx). Integrante del Comité Científico de la Revista Visione Latinoamericane. Pertenece a la Academia de psicología Mexicana. Líder del cuerpo académico trayectorias culturales, expresiones sociales y psicológicas: Cultiva la línea de investigación Fenómenos psicosociales y salud. Miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel I.. Filiación: Universidad Autónoma de Tlaxcala- Mèxico E-mail: clpozos@yahoo.com.mx clpozos.proyecto@gmail.com . Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8331-2832
Abstract
This article explores the presence of organized crime in the region of the México Central, it’s domain and power in the control strategies that exercise in the different criminal acts at a regional level. At the same time, the criminal activities in which they involve the young people and the psychosocial implications that suffer the victims of the physical violence, symbolic that affect the mental health at the individual and collective level by destroying the ties of identity, solidarity and community of the population in general.
The process of construction of this research was under the qualitative methodology approach, with a structural theoretical perspective that analyzes the psychosocial reality where violence is a factor that alters mental health victims who do it and suffer, the results indicate that the young people who were delivered to the trafficking posters are vulnerable and careful, developing criminal activities such as the theft kidnapping and drug dealers actions that exposure them to higher dangers as well as consumers of narcotics and to reproduce greater violence among the population, altering the social stability and mental health of the population throughout the region.
Key words: Drug trafficking, violence, victims and mental health
Resumen
Este artículo explora la presencia del crimen organizado en la región del Altiplano Central Mexicano, su dominio y poder en las estrategias de control que ejercen en los diversos actos delictivos a nivel regional. Al mismo tiempo, se analizan las actividades delincuenciales en las que involucran a los jóvenes y las repercusiones psicosociales que sufren las víctimas de la violencia física, simbólica que afecta la salud mental a nivel individual y colectivo, destruyendo los lazos de identidad, solidaridad y sentido comunitario en la población en general.
El proceso de construcción de esta investigación fue bajo el enfoque de la metodología cualitativa, con una perspectiva teórica estructural que analiza la realidad psicosocial en donde la violencia es un factor que altera la salud mental, tanto de víctimas, como victimarios. Los resultados indican que los jóvenes que se integran a los Cárteles del narcotráfico son vulnerables y carentes, desarrollando actividades delincuenciales como el robo, secuestro y narcomenudeo acciones que los expone a mayores peligros, como consumidores de estupefacientes y a reproducir mayor violencia entre la población, alterando la estabilidad social y la salud mental de la población en toda la región.
Palabras clave: Narcotráfico, violencia, víctimas y salud mental.
Abstrato
Este artigo explora a presença do crime organizado na região do México Central, é domínio e poder nas estratégias de controle que se exercitam nos diferentes atos criminosos em nível regional. Ao mesmo tempo, criminosas as atividades em que elas envolvem os jovens e os implicaciones psicossociais que sofrem as vítimas da violência física, simbólica que afetam a saúde mental no nível pessoal e colectivo, destruindo os laços de identidade, solidariedade e comunidade da população em geral.
O processo de construção de pesquisa ESTA estava sob a abordagem metodológica qualitativa, com uma perspectiva estrutural teórico que analisa a realidade psicossocial Onde a violência é um fator que altera vítimas de saúde mental que o fazem e sofrem, os resultados indicam que os jovens que foram libertos com o tráfico cartazes são vulneráveis e cuidadosa, desenvolvendo atividades criminosas: como as ações de sequestro roubo e drogas comerciantes que a exposição deles a perigos maiores, bem como consumidores de narcóticos e reproduzir maior violência entre a população, alterando a estabilidade social e saúde mental de a população em toda a região.
Palavras-chave: Tráfico de drogas, violência, vítimas e saúde mental.
Introduction
En algunos países de América Latina, la infiltración y expansión de las redes delincuenciales dedicadas al narcotráfico , han implementado la violencia a todos los niveles como una estrategia de control y dominio. México está implicado en este ámbito y en el presente siglo se ha insertado en los esquemas globales del narcotráfico y el crimen organizado, caracterizándose, ambos, por el tráfico internacional, el control de los mercados domésticos de los grupos en pugna, la proliferación de vínculos entre políticos y la infiltración en las instituciones democráticas, favoreciendo la corrupción de funcionarios públicos de los organismos de seguridad, sucesos que han incrementado la violencia en las últimas décadas, afectando a todos los sectores de la sociedad (César Bartolomé, 2013).
Las redes del narcotráfico mexicano, tienen un origen histórico relacionado con la proximidad y consumo de la población estadounidense. El surgimiento de los denominados Cárteles, fue desde los años veinte que, bajo el amparo y pacto de autoridades se mantuvieron intocables durante mucho tiempo, controlando el trasiego de droga en la región fronteriza con el territorio de Estados Unidos. Empero, en la década de los años ochenta, los cambios en el consumo de los estadounidenses y la caída de los Cárteles de Colombia, contribuyó para que los Cárteles mexicanos controlaran el ingreso y trasiego de droga, desde el Sur y Centro América hacia territorio estadounidense a la fecha.
Desde hace dos décadas la decisión del Gobierno Federal de enfrentar y encarcelar a diferentes jefes de grupos criminales se convirtió en contestación y “guerra”. Por un lado, los choques entre Cárteles por mantener el control y establecimiento en la zona fronteriza del norte del país y, por el otro, acrecentar su expansión en todos los Estados de la República Mexicana, infiltrándose en el ámbito político, social y económico, creando alianzas y colusiones de corrupción. Utilizando como herramienta de intimidación, la violencia física y simbólica con todo tipo de tácticas de terror, como el único lenguaje para controlar a sus integrantes e intimidar a sus enemigos y victimizar a la ciudadanía.
Esta situación ha colapsado la tranquilidad de la sociedad en todo el país, creando una constante de incerteza e inseguridad en todos los niveles, por el creciente número de desaparecidos y muertos, estableciendo un contexto de escisión y naturalización de la violencia entre víctimas y victimarios, con repercusiones psicosociales, reflejadas en malestar individual y colectivo, alterando la salud mental de las víctimas que después del trauma viven bajo el dominio del miedo y el pánico; signos de una cultura del terror que se perciben en el contexto local del Altiplano Central Mexicano .
Ante esta realidad plagada de violencia que cada vez angustia a la población, los agentes promotores de la salud mental, investigadores y académicos no podemos quedar al margen o silenciados, haciendo caso omiso de la laceración de la violencia que trasgrede a la población en general. Por tanto, esta investigación está basada en un trabajo etnográfico a fin de conocer de primera mano el dolor que padecen las víctimas de la violencia consecuencia del narcotráfico; aspectos que se describirán a lo largo de la lectura del presente documento.
Antecedentes históricos
El aumento de la violencia criminal en América Latina desde el regreso al régimen democrático, converge en una serie de variables, tales como: el desempeño político y económico, así como la confianza interpersonal y percepción de la corrupción; en este sentido, tanto la victimización, así como la percepción de la violencia, tienen un impacto negativo en el apoyo al sistema político en toda la región de América Latina (Carreras, 2013).
En tanto que, en México, la violencia y muerte establecieron el teatro del terror desde los años noventa con los asesinatos seriales de mujeres en Ciudad Juárez y otras ciudades del norte del país, actividad delictiva que quedó oculta y sin castigo; así, el feminicidio comenzó una dimensión expresiva de la violencia impune, que luego se desplazó a otros sujetos cuyas imágenes comenzaron a tapizar algunas regiones del territorio mexicano a partir del 2006.
Después del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, los cadáveres se multiplicaron en las fosas clandestinas en calidad de desconocidos y/ o “desaparecidos”, otros cuerpos mutilados aparecieron expuestos en lugares públicos, obligando a la ciudadanía a vivir y convivir con la cultura del terror cotidianamente, como una forma de atemorizar y de control social.
El espectáculo terrorífico se inauguró en escenografía tétrica, creando un espectáculo aterrador inimaginable en territorio mexicano (Berlanga Gayón, 2015; Suárez-Orosco, 1991, págs. 487-488).
Bajo este escenario, México está considerado como una "Sociedad sumamente violenta", no sólo por las características e intensidad de violencia que presenta el narcotráfico; sino, también, por los cambios en el tipo de violencia y la participación de actores y grupos que se han desarrollado en diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, la violencia en México, involucra una serie de "Violencias" que, convergen simultáneamente y las políticas gubernamentales en su intento por confrontarlas han fracasado, acentuando las dimensiones sociales de desprotección e inseguridad (Rodríguez, 2016).
Los esfuerzos que realizó Felipe Calderón durante su gobierno como presidente de la República (2006-2012), al enfrentar directamente a las organizaciones de narcotraficantes, capturando algunos líderes de Cárteles mexicanos, no fue suficiente, porque como contra respuesta emergió una secuencia desestabilizadora de la competencia entre Cárteles, misma que ha provocado a la fecha una serie de incidentes violentos e inquietantes, así como denuncias de robo, extorsión y aumento de las tasas de homicidios, donde la organización de mayor supremacía tiene presencia.
Apoyando la remoción de los delincuentes, se suscitaron efectos desestabilizadores, porque dichas organizaciones se acompañan de escaladas violentas que sirve para blindar el nuevo territorio ocupado y para mantener atemorizada a la población en general. Con estos resultados, se puso de manifiesto que sin una mejora complementaria de los esfuerzos policiales, el modelo estratégico contra los Cárteles, fracasó (Lindo & Padilla, 2015; Parish, 2013).
De esta forma el fenómeno del narcotráfico cada vez se ha extendido como un binomio de “atracción” entre los consumidores de Estados Unidos, así como de rechazo y castigo para México que, aparece como el “ejecutor”, puesto que las acciones violentas en demanda de drogas son la raíz del narcotráfico mexicano (Reid, 2012; Pereyra, 2012), que en una triada de colusiones se pone en evidencia el juego perverso de los actores entre las acciones de los traficantes de drogas estadounidenses, los mexicanos mafiosos y los oficiales estadounidenses que ejecutan la ley hacia los mexicanos (Guerra, 2015, pág. 227). Así, la proliferación y la impunidad de los grupos del crimen organizado, involucrados en el tráfico de drogas y los altos niveles de corrupción en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, dejan ver la mutua complicidad que teje la delincuencia organizada transnacional, percibida en la acción de los traficantes, la confrontación y el cambio del paradigma de la regulación del narcotráfico, que en conjunto dan resultados indeseables y, a la fecha, no se han podido resolver (Astorga & Shirk, 2010).
Aunque desde 2006, el gobierno mexicano con el apoyo de los Estados Unidos, militarizó la “Guerra contra el narcotráfico.” Esta guerra desde un panorama político-económico, reveló que las reformas neoliberales implementadas en México durante varias décadas, han agrandado la industria de estupefacientes y la retórica de la guerra contra el narco, además de que facilita la contención de la oposición popular a la política neoliberal.
Mientras tanto, en los Estados Unidos, la cultura popular ha contribuido a legitimar y a aceptar la guerra contra el narco (Mercille, 2014). En este sentido, el número de muertes ocurridas perpetradas en condiciones inhumanas por la extrema violencia, ha planteado la idea de que México se ha convertido en un estado fallido, sacudido por el terrorismo, entendido como una forma de narcoviolencia expresada en el narco-terrorismo, ante la lucha por el control político regional, como una práctica ordenada por los líderes de diversos Cárteles y como una estrategia de expansión a partir del tráfico de drogas y, consecuentemente, a otros tipos de crímenes (Campbell & Hansen, 2014, págs. 159, 160).
En este ámbito de narcoviolencia, “Los Zetas”, se han destacado como uno de los grupos más atroces y barbaros, individuos que han implementado el teatro del terror por donde pasan, como un signo que los identifica entre sus integrantes y como una medida de control y poder hacia los que consideran sus enemigos; tomando como víctimas, a la población en general. Éstos han utilizado medios macabros como la arma más poderosa para infringir el miedo, que es el introyecto que marca y limita la vida, tanto de víctimas como de la sociedad en general (Logan, 2011; Grayson, 2014). Quizá, en este sentido, tiene razón Rodríguez, al caracterizar a México como una “sociedad sumamente violenta”.
Hacía una teoría explicativa
Ante las evidencias científicas que muestran la práctica de la violencia en diferentes áreas del territorio mexicano, es muy difícil retomar una sola teoría que ilumine el presente estudio. Empero, es necesario considerar que la etiología de la violencia actual en México tiene un antecedente histórico en la violencia estructural, que ha permeado la vida de los pueblos de América Latina durante siglos y ha invisibilizado la desigualdad social y la opresión como refiere Galton:
En la violencia estructural, no hay un perpetrador individual que cometa un acto discreto, sino que la organización de la sociedad es tal que la violencia está incorporada en la estructura y se muestra como poder desigual y en consecuencia como probabilidades de vida desiguales […] La violencia estructural es un sinónimo de injusticia social, concepto congruente con las políticas o actos que violan los derechos humanos universalmente reconocidos (Galtung, 1969, pág. 170).
Bajo estas circunstancias, se han reproducido relaciones sociales patógenas de exclusión y marginación mediante ideologías y estigmas relacionados con la etnicidad, la clase y el sexo, entre otras tantas distinciones injustas. No obstante, este tipo de violencia ha borrado la conciencia de los orígenes sociales de la pobreza, la enfermedad, el hambre, la desnutrición y la muerte prematura, de tal forma que, simplemente, se dan por sentadas y naturalizadas porque a nadie se le hace responsable, excepto, a las propias circunstancias que viven los más desfavorecidos (Scheper-Hughes, 2004, pág. 257).
En estas condiciones estructurales de injusticia social, la violencia fue permisible e incluso fomentada por el sistema de gobierno, que la consideraba como necesaria para el mantenimiento de las instituciones políticas y, ante esta naturalización, tolerancia y corrupción, se sucumbió a la violencia del narcotráfico, perpetrada por mexicanos integrantes de diferentes grupos delincuenciales en las que actúan como: “un actor individual o un conjunto de actores identificables que cometen directamente actos de violencia contra una víctima o conjunto de víctimas” (Galtung, 1969, pág. 170).
De esta manera, la situación que se vive actualmente en México, se puede considerar como una “sociedad extremadamente violenta” que ha permitido la multiplicación de grupos delictivos que se han diseminado por todo el territorio mexicano y centroamericano, con la participación de distintos órganos estatales y municipales, así como otros grupos sociales, que por multitud de razones han convertido a la población en víctimas de violencia física masiva. Es notorio que, la violencia del narcotráfico, en razón de su expansión, se ha radicalizado especialmente en la población juvenil, que por una infinidad de factores multicausales, como: la pobreza, la falta de empleo, adicciones, narcotráfico y ausencia de vínculos afectivos, entre otros tantos aspectos, constituyen la franja de población más vulnerable a padecer todo tipo de violencia.
Sin embargo, también la población en general es víctima de infinidad de particularidades violentas aplicadas por una diversidad de motivos y agendas que hacen que se difunda en diferentes direcciones, intensidades y formas (Gerlach, 2006, págs. 459-460). Situación que experimenta una crisis nacional o guerra silenciosa del narcotráfico, que se percibe en todos los ámbitos, con una violencia extrema que implica el resultado en gran escala de fuerzas sociales invisibles que interactúan a nivel económico global, en sistemas políticos antidemocráticos, corrupción y colusión entre gobierno y delincuentes, actos que han permitido una aceptación inconsciente y pasiva entre víctimas o victimarios.
Así, también, han favorecido la violencia cultural del narcotraficante que se retroalimenta de prácticas culturales, entre estas: la religión popular, cuya creencia religiosa se expresa en rituales de acción de gracias a Jesús Malverde y a la santa muerte, iconos religiosos a los cuales los narcotraficantes les ofrecen cuantiosas cantidades de dinero por la protección de la vida, la muerte de sus enemigos y el progreso de sus negocios. Signos de protección-venganza de una cultura que tiene como dios al dinero y se fomenta como el máximo de la vida al retroalimentar, leyendas de éxito en las canciones populares de los narcocorridos que describen fantasías y verdades de éxito, lujos, mujeres y droga, entre otros tantos beneficios; aspectos que no sólo favorecen la aceptación de narcotraficantes, sino, más bien, son considerados como un modelo a imitar y seguir. De esta forma, se asume que la vida del narcotraficante y sus actividades son aceptables, porque ofrecen una garantía de poder inmediato, opulento y que justifica la violencia en el contexto actual (Galtung, 1990, pág. 291).
El contexto de la violencia: cruzando y violentando fronteras
Esta investigación se realizó en Tlaxcala, México, en la zona central que comprende el Altiplano Central Mexicano. Es el Estado más pequeño de toda la República Mexicana, que representa 0.20 % del territorio nacional, con una población de 1 272 847. El 1.1% del total del país cuenta con una 80 % de población urbana y un 20% de población rural (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 2014). Geográficamente, esta región es estratégica y facilita el desplazamiento mediante el arco norte que conecta a la zona norte, hacia el centro con la ciudad de México y hacia el sur por la carretera que atraviesa para llegar al estado de Veracruz. (Figura 1).
Figura Región Fronteriza del Altiplano Central Mexicano (Tlaxcala)1. Fuente: Fundación Marmella.
Hasta hace algunos años, Tlaxcala estaba considerado como uno de los Estados más seguros del país, esta tranquilidad se alteró en parte por el fenómeno cucaracha que consiste en que los grupos delictivos acosados por el Ejército o la Policía Federal se trasladan a otros lugares más seguros y menos vigilados. Como efecto de la aplicación de la ley y catalizador importante para la intensificación de la violencia entre las organizaciones criminales, en particular cuando se despliega en las zonas de acogida de alta concentración de grupos criminales como ha sucedido en el norte del país (Osorio, 2015, pág. 1429). Con esta estrategia, el Ejército y la Marina, actuaron en contra de los grupos criminales sin exterminarlos, más bien, se favoreció la infiltración a otros espacios del país menos controlados, aspecto que influyó para la confusión y mezcla con los grupos delincuenciales menores ya establecidos en la región del Altiplano Central Mexicano.
Su ubicación geográfica es estratégica en relación a la comunicación con el norte, centro y sur de la República Mexicana, así como al desplazamiento dentro de la zona sin que se defina con claridad el modo de operar de un grupo determinado, debido al control de cada uno de los Cárteles en toda la zona. En el Estado de Veracruz, todavía predominan “Los Zetas” y “El Cártel de Jalisco Nueva Generación”. El Estado de Puebla está controlado por “Los Zetas”, “El Cártel del Pacífico” y “El Cártel del Golfo”. En tanto que, el Estado de México, está dominado por “Los Zetas”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios” y “El Cártel del Pacífico Sur”. En las mismas condiciones de dominio está la ciudad de México bajo “Los Zetas”, “El Cártel del Pacífico”, “Los Caballeros Templarios”, “La Familia Michoacana” y “El Cártel del Pacífico Sur”. Esta dispersión y ampliación del crimen organizado, se debe a que una vez que las fuerzas armadas controlan la región, la organización criminal se desplaza a otras zonas en donde se mezclan o confunden, crean o amplian las redes de los Cárteles con los integrantes de nuevos grupos, inmersos en las mismas actividades delictivas (Osorio, 2015; Mazzitelli, 2013, pág. 96).
Bajo esta visión, podemos entender por qué la ampliación de la violencia va en aumento fuera de la región fronteriza con Estados Unidos, recreando un escenario de expansión y cultura del terror en todo el país.
Por tanto, la violencia, así como los actos delictivos han aumentado en el territorio del Altiplano. Sin embargo, el trabajo de investigación etnográfico se limita exclusivamente a las zonas fronterizas del territorio Tlaxcalteca, en el cual se favorecen todo tipo de actividades delictivas. En concreto, en el municipio del Carmen Tequexquitla que se ubica al oriente del Estado, que tiene fronteras con el Estado de Puebla por tres puntos cardinales: norte, sur y oriente, y en el municipio de San Pablo del Monte, ubicado al sur del Estado, colindante con el Estado de Puebla, así como el municipio de Calpulalpan, ubicado al norte del Estado, conocido como el Espolón de la Sierra Nevada. Este municipio es una región de paso fronterizo que colinda con el Estado de México, el estado de Hidalgo y la ciudad México. Región que se caracteriza por un desplazamiento de bienes, personas y mercancías camufladas que dan vida a estas pequeñas fronteras dominadas por grupos de contrabando que, ante la ausencia del Estado emergen como una forma de dominio y control ilegal con sus propios códigos y normas.
Método
Esta investigación está basada en un trabajo de campo de tipo etnográfico, realizado durante nueve meses en la zona limítrofe de la región Central del Altiplano, tomando en cuenta el alto índice de delincuencia que se suscita en esta zona. Después del trabajo etnográfico se seleccionó la muestra de manera intencional, jóvenes que estaban vinculados a algún tipo de actividad delictiva en la región; del total de los sujetos contactados se eligió a 20, en un rango de edad de 13 a 24 años (la muestra quedó establecida de la siguiente manera: 3 de 13 años, 15 de 16 años y 2 de 24 años, respectivamente).
Como herramienta de análisis se utilizó la entrevista en profundidad, basada en tres ejes temáticos: (I, familia; II, trayectoria educativa y/o laboral; III, ingreso al Cártel y actividades delictivas). Las entrevistas se realizaron en diferentes momentos y de manera ocasional, a fin de no forzar las respuestas de los entrevistados.
La revelación completa de las condiciones y circunstancias vividas son imposibles de describir con claridad, en base al riesgo que corremos las investigadoras que nos dedicamos a esta labor. Este trabajo se llevó a cabo dentro de un contexto de riesgo como etnógrafa, así como para los informantes que participaron, debido a la cercanía con los delincuentes. Por tanto, los seudónimos que se utilizan son con la finalidad de proteger a las fuentes directas de información. El valor cualitativo que presenta el estudio se fundamenta en la descripción verbal de los hechos a partir de la experiencia del dolor individual y social que padecen los entrevistados, puesto que, el valor de la palabra expresa la experiencia humana del sufrimiento que padecen, y que no es suficiente con contabilizarse numéricamente.
Entre barrios rojos, calientes y paralegales
Aunque el Estado de Tlaxcala no está considerado como una región con índices de pobreza altos el desarrollo es mínimo y las ganancias económicas son menores en relación a otros Estados de la República Mexicana. Sin embargo, la llegada del Cártel de “Los Zetas” a esta región, ha suscitado un ambiente de tensión y crisis en el que se vive una serie de simbología del terror y se muestra en la forma en que la criminalidad funciona como un juego perverso de alianzas, coaliciones y colusiones; haciendo que, tanto víctimas, como victimarios, convivan en una dinámica de violencias y conformen un ambiente escindido y en constante crisis.
Ante el dominio y extensión de estos barrios suscitados paralegalmente las autoridades estatales gubernamentales, niegan esta problemática y sus acciones dejan mucho que desear al ocultar las estrategias del crimen organizado visibles en una triada perversa de: delincuencia-despojo-corrupción.
Esta triada perversa, ha aumentado la violencia y ha favorecido la consolidación y expansión del crimen organizado, en el surgimiento de los denominados barrios bravos, ubicados en la periferia de las ciudades más pobladas del Altiplano, tales como: Apizaco, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Huamantla. Espacios sociales urbanos que se caracterizan por la sobrepoblación, aglomeración y exclusión social, con viviendas pobres, espacios reducidos, hacinamiento e insalubridad, en donde los códigos de comunicación solo son descifrados por sus habitantes.
En estos espacios caracterizados por la discriminación y blindado por la violencia, la inseguridad y el narcotráfico, han carecido de estrategias de desarrollo individual e inserción social, situación que de alguna forma se justifica el hecho de que familias completas participen en actividades delictivas, como una forma de expresión del sufrimiento social y protesta por la exclusión que han padecido por décadas, recreando mayor amalgama entre los integrantes de los barrios ante el rechazo social y el acoso de los sistemas de seguridad, como narra el siguiente testimonio:
El barrio de los límites con el Estado de México, es lo más peligroso que tiene el Estado, ahí todos se dedican al crimen organizado. Es una familia que se apoya, entre ellos se cubren y no se puede entrar, ni los Policías Estatales, ni el Ejército, porque tienen armas de alto poder.
Si esta gente baja al centro de la ciudad un sábado o domingo, llegan en diez camionetas y si entran a una disco o a un centro comercial, la gente se sale o se va. […]. A una población de 50, 000 habitantes la doblegan, no hay quienes les hagan frente. En este barrio participan las tres generaciones: los abuelos, padres e hijos, desde el que tiene 50 años hasta el que tiene 15 años.
(Pedro).
Así, estos barrios ponderados por su población juvenil, son estigmatizados como barrios peligrosos, sin analizar la historia de carencias, violencia y exclusión, que empuja a los jóvenes a delinquir como la única posibilidad de sobrevivir; infringiendo a sus víctimas violencia física y psíquica, a fin de mantener el sueño “del narco”, obteniendo por la fuerza dinero, control y poder sometiendo a sus víctimas a base de amenazas y miedo, antes de que la muerte los sorprenda como destino final.
Por tanto, la pertenencia al crimen organizado de esta población no es solo una opción, sino también es considerada como una revancha social, ante las instituciones y la injusticia estructural que han vivido que le mitiga el dolor de manera parcial, momentáneo y efímero al ser reconocidos, respetados, temidos y socialmente aceptados. Aunque esto implique la vivencia de un “continuo de violencias” dentro y fuera de la estructura del crimen organizado.
Sin embargo, en estos barrios bravos, la solidaridad está sellada por la corrupción, el secreto a voces y el silencio, que suscita un estado de ambivalencia entre los integrantes de estas comunidades: por un lado, la “culpa”, al no denunciar las actividades ilícitas que se realizan en el barrio y, por el otro, “el agradecimiento”, ante las dadivas o beneficios que reciben como compensación al silencio o a la solidaridad, como refiere Bourdieu: Ante la incredulidad […] de las instituciones, los individuos deben recurrir a medios más personalizados de ejercer el poder sobre otros, [...] como la deuda (Bourdieu en Fernández, 2005, pág. 9).
Dicha deuda es uno de los símbolos muy peculiares que los delincuentes utilizan como estrategias de control, adeudos y favores a fin de mantener al otro comprometido mediante préstamos económicos personales, e involucrándolo en el negocio del narcotráfico, y sus derivados. En otros casos los narcotraficantes pagan cuantiosas cantidades para la celebración de las festividades religiosas, civiles y sociales, entre otros tantos eventos; mismos que se convierten en relaciones simbólicas de deudas personales y compromisos sociales.
Con la finalidad de mantener al deudor atado al silencio y a la lealtad; así, los favores recibidos crean una obligación duradera, que vincula al receptor con el donante en una relación de deuda personal, de tal forma que, se transforman las relaciones afectivas de dominación y sumisión en el clásico compadrazgo, símbolo de reciprocidades, ataduras y negaciones característica particular de la cultura mexicana.
La seducción del dinero, la fama y el poder
El ingreso a este tipo de organizaciones se asocia a vínculos de parentesco, amistad y compadrazgo. De esta forma los líderes buscan y ofrecen oportunidades “laborales” a jóvenes cuyo perfil psicosocial es de carencia y con una gran necesidad de conseguir dinero a toda costa. Los jóvenes que se integran a los grupos delincuenciales tienen una edad promedio de 15 a 24 años, que cargan sobre su espalda una historia de carencias de todo tipo con un alto nivel de frustración, falta de vínculos familiares y una necesidad compulsiva de satisfacer sus necesidades básicas de manera inmediata; con estudios de primaria, secundaria y bachillerato incompletos; desempleados o simuladores de empleos fantasmas.
Su experiencia de carencias se refleja en la compulsión por la adquisición de bienes económicos inmediatos, una actitud de ostentación y reconocimiento social exagerado usando ropa, joyas y autos extravagantes características particulares de la personalidad de los narcos y como una forma de compensar la vida desconocida y pobre que antes vivían.
La estructura del trabajo delincuencial de este grupo, se fundamenta en una jerarquía de bajos, medios y altos mandos; los más desprotegidos se ubican en la clase baja, dedicados al robo trasporte y trasiego de todo tipo de mercancía y narcomenudeo, una operación hormiga que consiste en colocar la mercancía en establecimientos comerciales establecidos o en el comercio informal, adquiriendo ganancias económicas exorbitantes, nunca antes vista.
Los mandos medios son los jefes que en apariencia tienen trabajos formales, cuya tarea es establecer los vínculos a gran escala en todo el territorio y, el último peldaño, está asociado a altos mandos: los “jefes” o “patrones” que permanecen en desconocimiento, y que gracias a su reconocimiento, relaciones sociales y políticas, logran establecer redes delincuenciales nacionales, internacionales y transnacionales que llegan a algunos condados del sur de Estados Unidos y España.
Sin embargo, dentro de este territorio del Altiplano una de las actividades delincuenciales más sobresalientes a las que se dedican los jóvenes, es el despojo relacionado directamente al robo, secuestro y asalto a los choferes de tráileres transportadores de diversa mercancía en la región del Carmen Tequexquitla y Calpulalpan, que se lleva a cabo mediante una relación de corrupción a todos los niveles. Como refiere Juan de 24 años de edad quien durante mucho tiempo se ha dedicado a esta actividad.
Tu ya sabes con quién dirigirte y, las chavas, son las que los enrolan en el negocio; los choferes te dicen cómo tienes que abrir el cofre. Otros chavos lo hacen, ese es su trabajo. Ahí también está la Policía Federal, pero “chitón”, [inclina la cabeza, expresando signo de silencio].
(Juan).
En esta dinámica delictiva intervienen una serie de personajes, cada uno destinado a realizar una o múltiples tareas; la seducción del chofer se hace por mujeres jóvenes que pueden o no estar implicadas en la prostitución; otros jóvenes se dedican a abrir las cajas de los tráileres, para sustraer la mercancía que posteriormente es ocultada en bodegas subterráneas de casas viejas y descuidadas, cuyos dueños son familiares cercanos de alguno de los delincuentes. Dicha mercancía se vende en mercados populares, o en negocios establecidos de las ciudades de la región oriente.
Esta actividad ha sido denunciada a nivel nacional, sin embargo, en el ámbito local, las autoridades, participan activamente conformando un grupo de alianzas y de secreto a voces que nadie se atreve a denunciar, porque de alguna forma esta actividad ha contribuido al desarrollo económico de la región oriente y poniente del Estado de Tlaxcala; conformando redes de trasiego en venta y compra de todo tipo de mercancía a precios bajos estructurado como un mercado negro informal al que todos acceden por el bajo costo en sus mercancías.
En esta misma dinámica de contubernio está el negocio del “huachicoleo”, entendido como el robo de petróleo a la empresa de Petróleos Mexicanos en regiones por donde pasan los ductos que lo transportan del sur hacia distintas zonas del país. Este delito, se realiza por hombres jóvenes, regularmente adictos a la heroína o cocaína, la única forma de exponerse a condiciones de riesgo en la que pueden perder la vida o accidentarse; como refiere Teófilo cuya actividad lo obliga a consumir diferente tipo de estupefacientes, a fin de garantizar el rendimiento bajo condiciones extremas de peligro, estrés y ansiedad.
Yo para aguantar el trabajo necesito la coca, porque son muchas horas de estar vigilando y necesito estar activo y despierto, para controlar que no haya una fuga y llenar los contenedores.
(Teófilo).
Esta transgresión incluye otro tipo de actividades delictivas para la realización del negocio completo: la autocomplacencia de los dueños de los terrenos por donde pasan los ductos, cuya ideología justifica la acción: “El petróleo es de todos los mexicanos, tenemos derecho a ganarle algo de dinero, porque a fin de cuentas los más beneficiados han sido los políticos.” Actitud que refleja una revancha social, ante las condiciones de exclusión social y marginación, en la que siempre han vivido los campesinos.
Y por otro lado, se encuentran los empresarios que adquieren el producto y lo venden al precio oficial en sus gasolineras establecidas. De tal forma que el éxito de este negocio ha proliferado gracias a la protección de una red de complicidades que incluye a las autoridades municipales y estatales de los grupos policíacos. Sin embargo, “Los Zetas” son los verdaderos “patrones”, que controlan el negocio, obtienen los mayores beneficios económicos y afectivos, tanto que, han logrado la simpatía y protección de los pobladores de la región manifestándose o obstaculizando las injerencias del Ejército y de la Marina.
Otro delito que deja fuertes ganancias a “Los Zetas” es el secuestro a personas reconocidas socialmente con un poder adquisitivo alto, entre los que se destacan comerciantes, empresarios, profesionistas y agentes de seguridad. Víctimas que aseguren el pago de cuantiosas cantidades, o que den información clave de instituciones oficiales, como refiere Luis, jefe de gendarmería:
Me llamaron porque había un incidente, los veo llegar vestidos de negro, luego, me empujan, me tiran al suelo, me vendan los ojos y la boca, me suben a otra unidad, me van golpeando y llego a un lugar cerrado, me desnudan, siguen golpeando y preguntan por algo que yo no sabía […]. Me empiezan a torturar con cables eléctricos, me golpean en los genitales, del dolor me desmayo, luego despierto y hacen las mismas preguntas y me pican los dedos de los pies. Yo lo único que pensaba era en mi familia, porque no tenemos dinero […]. Ellos lo único que querían saber eran nombres de personas claves en la policía de la gendarmería y una información de tipo oficial que yo no estaba enterado […]. Después, maniatado dentro de un costal me votan en la carretera. (Luis).
Las víctimas como Luis una vez que han sido secuestrados inician una vida de tortura psíquica, cuyo dolor infligido tiene como finalidad nulificar su voluntad, martirizando su cuerpo como inscripción extrema del dolor, que se repite constantemente hasta que la víctima cede, rompe con sus lealtades o convicciones y, una vez que es utilizado, se tratará de aniquilarlo definitivamente (Suárez-Orosco, 1991; Sheper-Huges, 2004, págs. 175-176).
Así, la tortura funciona como una estrategia de crueldad contra el otro, llevándolo metódicamente al teatro del suplicio corporal en desmembramiento de la carne, mutilación y aniquilamiento. Esta estrategia terrorífica permanece como la expresión del lenguaje del crimen organizado, que escribe sus leyes con códigos específicos en cuerpos torturados, mutilados decapitados, despedazados y desaparecidos; muestra de una violencia macabra nunca antes vista, causando traumas imborrables en las víctimas y en sus familiares (Le breton, 2007, págs. 195, 202).
Alteraciones en la salud mental
En este contexto psicosocial cuya violencia no se puede definir con claridad, las causas y consecuencias de la violencia se entrelazan y diversifican en signos de sufrimiento individual y colectivo, que permanecen en la memoria sin reconocerse conscientemente, proyectado en un “trauma individual”, el cual, rememora las atrocidades vividas en la violación, el robo, la tortura y el secuestro; eventos dolorosos introyectados inconscientemente como objetos malos, causando un dolor psíquico, que se percibe en trastornos neuróticos, expresados en síntomas de ansiedad asociados a corto o largo plazo a la depresión, deteriorando la salud mental de las víctimas (Segal, 1991, págs. 71, 84; Freud, 1961, pág. 11; Flores, Reyes y Martínez, 2014). Al mismo tiempo, el yo social evidencia su malestar en un conflicto psicosocial de tensión y crisis, ocasionando un “trauma colectivo”, cuyos códigos de muerte, tortura y exterminación han afectado la estabilidad yoíca fracturando la interacción de apego solidario que ha distinguido a los habitantes de la región del Altiplano Central (Suárez-Orozco, 199, pág. 366).
Alteraciones que se manifiestan en un perturbante miedo sistemático que ha paralizado la vida social de las familias y las comunidades, así como una herida permanente de desconfianza entre unos y otros de tal forma que, la vida comunitaria de apoyo y solidaridad se ha perdido. Dando lugar a festividades plagadas de violencia verbal, física y psíquica que ha favorecido la tolerancia y la insensibilidad ante el dolor del otro, naturalizando la convivencia social violenta como algo normal que así se debe vivir.
Estos traumas permanecen latentes, resurgidos constantemente en el estrés postraumático que padecen las víctimas de la violencia, presentando características determinadas en razón del tipo de dolor psíquico que han sufrido. Reflejado en el miedo, y el repliegue social síntomas que viven las víctimas, como un signo neurótico de malestar individual, al mismo tiempo que, de protesta social, ante la indefensión y frustración como refieren los siguientes testimonios:
Después del secuestro ya no salgo, no puedo trabajar, es un miedo que no puedo [..] si veo un operativo carretero, está el Ejército, la Policía Federal o Estatal y, si está una sola corporación, me da miedo, porque los que me secuestraron estaban vestidos de negro y se identificaron como de la policía […]. Después del secuestro me dio diabetes, gastritis, colitis, [...] ya no duermo igual y emocionalmente afectó a toda la familia.
Te da miedo, porque después del levantón la vida ya no es la misma, pienso en mi hija, en lo que va a vivir, y no salimos por miedo a que nos pueda pasar algo y, pues, coraje, no te puedes defender y si lo haces no sabes que te puede pasar. (Luis).
Sin embargo, también el miedo funciona como un instrumento eficaz de control y sometimiento sobre las víctimas; se transforma en síntoma de una consciencia alienada que proyecta su protesta mediante significados somáticos corporales, en el cual, se escriben símbolos y analogías del mundo social, sufriente, reproduciendo el “trauma de la impotencia”, ante la sumisión de la violencia que imprime el crimen organizado, y que aumenta cada vez más las penalidades sociales (Scheper-Hughes & Bourgois, 2004, págs. 4-5). Y en la medida que los actos violentos no se denuncian por miedo a represalias, aumenta la incertidumbre que domina la vida cotidiana, como refiere un testimonio:
Antes teníamos miedo de ir al norte, ahora ya los tenemos aquí [se refiere a los Cárteles], te llaman por teléfono y te atormentan, porque saben quién eres, no podemos denunciar a nadie, a veces la misma policía está involucrada.
(Antonio).
Con la certeza del peligro constante por el acoso del crimen organizado, el ambiente se ha trastocado, así como la estabilidad psíquica y social de la población en general, que vive bajo el control de miedo real y somático en sensaciones de inseguridad, inestabilidad emocional y coraje. Puesto que, ante la impotencia e indefensión, se traduce en frustración e indefensión personal y familiar, sin encontrar una solución viable ante la incredulidad de las autoridades.
Pese a las denuncias individuales a nivel particular y las manifestaciones públicas en contra de la violencia, así como la presión de la Comunidad Internacional, el Gobierno Federal mexicano oficializa “sus mentiras, como verdades históricas”; una estrategia de credibilidad así como un mecanismo de negación que ha sido contraproducente, porque en la medida que se han ocultado los hechos delincuenciales, la violencia ha tomado una dimensión sin precedentes.
Con este mismo discurso, están las autoridades estatales negando o justificando su incapacidad para enfrentar al crimen organizado, como refiere la máxima autoridad regional: No se puede acceder al Carmen Tequexquitla porque el camino es totalmente accidentado y está muy lejos de la capital. Postura política que ha propiciado mayor desconfianza y poca credibilidad de todas las autoridades al no intervenir y negar la presencia de “Los Zetas” y otros grupos criminales de menor envergadura en la región de estudio. Situación que ha favorecido el crecimiento y amasiato entre delincuentes y autoridades, contubernio que limita la aplicación de la justicia desde hace muchos años y la negativa de enfrentarlos sea por incapacidad, negociación o falta de estrategias policíacas (Astorga & Shirk, 2010).
Bajo este panorama, la violencia se percibe en todos los niveles, azorando la paz y la tranquilidad que privilegió por muchos años la región del Altiplano Central Mexicano, puesto que la alteración de la salud mental se percibe tanto en los victimarios cuya bandera es la violencia, como en las víctimas que, azoradas han visto limitada su calidad de vida individual y social. Queda mucho por hacer, a fin de favorecer el apoyo a nivel individual y colectivo así como el reconstruir el tejido social de la sociedad; una tarea de todos de lo contrario la historia de México en esta época puede ser escrita de una forma obscura y gris como la violencia lentamente la ha transformado.
Conclusiones
La región del Altiplano, caracterizada por un alto nivel de pobreza y, por ende, con repercusiones a diferentes niveles, el reclutamiento e integración de adolescentes y jóvenes, a las filas del crimen organizado, conlleva a una serie de adquisiciones de poder inimaginables, como: el reconocimiento social, la independencia económica, el cambio de estatus social y el acceso a poderes políticos, como una compensación ante tantas carencias. Consolidando intercambios de favores, deudas y compadrazgos que, asegure lealtades, contubernio, corrupción y protección, obteniendo ganancias a nivel individual y expansión de la organización criminal.
Las autoridades estatales han permanecido silenciadas en una constante de evasión y negación de la presencia del crimen organizado en la región del Altiplano Central Mexicano, evidenciando la desorganización policial, la corrupción y la falta de estructura para enfrentarlos. Minimizando los actos delictivos del secuestro, el asalto, el robo de tráileres y el narcotráfico, entre otros tantos delitos que se cometen diariamente. Situación que ha aumentado los actos delictivos con mayor violencia terrorífica, ante la indefensión de la ciudadanía y la creciente incredulidad de las autoridades en turno.
Esta omisión ha propiciado que el crimen organizado domine determinadas zonas y se mezcle con otro grupos delictivos en el territorio del Altiplano, promulguen sus propias leyes e involucren a una parte de la sociedad a participar en el delito, aunque los líderes se beneficien con las fructíferas ganancias económicas, desplazándose de un lugar a otro bajo la impunidad, pagando sus regalías en festejos efímeros atractivos: bailes públicos, concursos de belleza, carnavales, ferias populares y campañas políticas.
La cultura de la violencia evidenciada en el teatro del terror, entre secuestrados, desaparecidos, desmembrados y muertos, se ha naturalizado tácitamente. Resultado de una experiencia traumática de la violencia estructural que ha vivido México a lo largo de su historia. Actualmente, se ha reavivado en la cultura de la violencia criminal, expresada en violencia física, simbólica y cultural, que introyectadas han sometido a la población a padecer un sufrimiento social e individual con síndromes de ansiedad y depresión, que vulneran la estabilidad emocional, paralizan y mutilan el sentido existencial de las personas, quienes ante la injusticia y la corrupción, de frente a su dolor, utilizan como único recurso el apego familiar como objeto reparador de resiliencia, que les ayude a sobreponerse al terror y a reparar los vínculos sociales fragmentados.
No obstante, el quiebre de los lazos sociales, por la desconfianza, la traición y la violencia; todavía permea el alto sentido comunitario, identidad de los tlaxcaltecas, herramienta que sirve como sostén emocional y como capital intangible de los pobres y desamparados en quienes no tiene eco la aplicación de la justicia. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades e instituciones no gubernamentales, queda mucho por hacer, no basta con develar la presencia de “Los Zetas”, es necesaria la implicación de toda la ciudadanía, buscando medidas de protección y prevención a todos los niveles.
Por tanto, el aumento de la violencia perpetrada a nivel individual y grupal, no sólo en esta región sino en todo el país, ha alterado la salud mental de los mexicanos a todos los niveles, el sometimiento a una guerra silenciosa por más de dos décadas, ha marcado heridas psíquicas sin precedentes. Y las repercusiones psicosociales al interactuar con patologías propias entre víctimas y victimarios, así como entre torturadores, abusadores y sicarios, arraigadas en un conglomerado de contubernios carencias y estrategias de torturas; por lo que es necesaria la implementación de proyectos de prevención e intervención ante los atropellos de los grupos criminales en todos los niveles, como un compromiso ético al servicio de la sociedad
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