Fecha
de Recibido: Junio 09 del 2018
Fecha
de Aceptación: Diciembre 15 de 2018
Fecha
de Publicación: Enero 01 de 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v11i1.610
*El artículo resultado de la
investigación 4A-2018 Desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje para la
generación de prácticas educativas entorno a la cátedra de paz en educación
superior. Convenio 6-81 2074/2017. Alianza Corporación Universitaria Autónoma
del Cauca, Unad, Unicomfacauca.
**Abogado, Especialista en Penal, Docente Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca, Asesor Jurídico Notaria 2da, Candidato a
magister en Propiedad Intelectual Flacso. Correo: manuel.santiago.p@uniautonoma.edu.co Orcid: http://orcid.org/0000-0003-1730-9218
***PhD (c) Licenciada en Filosofía y Letras, Especialista
en Pedagogía del Aprendizaje, Especialista en Educación Superior, Magister en
Etnoliteratura, Magister en Tecnología Educativa, Candidata a Doctor en
Filosofía, Docente Asistente Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Correo: paula.mora@unad.edu.co Orcid: http://orcid.org/0000-0001-8070-9885
****Licenciado en Filosofía Analítica. Especialista
en Educación, Cultura y Ciencia Política. Magíster en Educación e
Investigación. Estudiante décimo semestre de Sociología, integrante grupo de
investigación AMAUTAS - UNAD y Jefe del Grupo de Investigación ESCER Correo. tobybetan5@gmail.com. Orcid.
https://orcid.org/0000-0002-5252-8654.
___________________________________________________
Resumen
El presente artículo se preocupa por evidenciar
aspectos varios que entre aciertos, retos, debilidades y cuestionamientos
surgen en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz y las competencias que
aplicarían para la Corte Penal Internacional; El artículo se plantea de manera
deductiva, con referentes iniciales de la corte penal internacional y el paso
a la JEP, en la cual se analizan varios factores, que de igual forma generan
inquietudes reflexivas sobre el quehacer profesional dentro del marco jurídico;
además, de generar una discusión sobre el proceso pedagógico abordado en el
desarrollo de la socialización y evidencia de la JEP. Finalmente se hace una
sección dedicada a la relación entre la corte penal internacional y la
Jurisdicción Especial para la paz, a la luz del derecho internacional.
Palabras
clave: Comunicación pedagógica, Corte
Penal Internacional, Justicia Especial para la Paz, Jurisdicción Especial.
(Tomadas
de Thesaurus, 2018)
Abstract.
The present article is concerned with evidencing
various aspects that among successes, challenges, weaknesses and questions
arise around the Special Jurisdiction for Peace and the powers that would apply
to the International Criminal Court; The article is presented in a deductive
manner, with initial references from the international criminal court and the
passage to the JEP, in which several factors are analyzed, which likewise
generate reflective concerns about the professional work within the legal
framework; in addition, to generate a discussion on the pedagogical process
addressed in the development of socialization and evidence of the JEP. Finally,
a section dedicated to the relationship between the international criminal
court and the Special Jurisdiction for peace is made, in the light of
international law.
Keywords:
Pedagogical communication, International Criminal Court, Special Justice for
Peace, Special Jurisdiction.
Resumo.
O presente artigo preocupa-se em evidenciar vários
aspectos que, entre sucessos, desafios, fraquezas e questionamentos, surgem em
torno da Jurisdição Especial para a Paz e dos poderes que se aplicariam ao
Tribunal Penal Internacional; O artigo é apresentado de forma dedutiva, com
referências iniciais do tribunal penal internacional e a passagem ao PEC, em
que vários fatores são analisados, os quais geram preocupações reflexivas sobre
o trabalho profissional dentro do marco legal; além disso, gerar uma discussão
sobre o processo pedagógico abordado no desenvolvimento da socialização e
evidência do PEC. Finalmente, é feita uma seção dedicada à relação entre o
tribunal penal internacional e a Jurisdição Especial para a paz, à luz do
direito internacional.
Palavras-chave:
Comunicação Pedagógica, Tribunal Penal Internacional, Justiça Especial pela
Paz, Jurisdição Especial.
Introducción
Corte
Penal Internacional
Inicialmente
la Corte Penal Internacional, surge a partir de la Conferencia Diplomática que
se celebró en Roma en 1998 con la firme intención de sustituir la cultura de la
impunidad por una cultura de la responsabilidad, (Collantes, 2002) y al
respecto muchos autores como Cassese, Rölling, Kelsen dan cuenta de la
importancia y las razones por las cuales dicha Corte permiten ampliar el
espectro de una justicia que supera los límites territoriales y valida
preceptos previos como Los Convenios de Ginebra y las violaciones del Derecho
Internacional se han dado en el tema de los genocidios, una de las razones más
sólidas para éstos teóricos del derecho, la establece Kelsen, quien argumenta
que la internacionalización del proceso contra criminales de guerra será un
avance en el mantenimiento de un castigo igualitario (Collantes, 2002).
En
el caso colombiano el Estatuto de Roma ingresa, a partir de la exequibilidad
que declara la corte en la Ley 742 de 2002, específicamente lo relacionado al
artículo 8°, y tiene competencia por expresa disposición legal a través del
acto legislativo 02 de 2001 por el cual se autorizó al Estado a reconocer la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la sentencia C-578/ 02 de la
Corte Constitucional establece que:
…en
los términos del tratado firmado el 17 de Julio en la Conferencia de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, a pesar de que algunas de las
disposiciones del Estatuto de Roma establecieran un “tratamiento diferente” al
previsto por nuestro Ordenamiento Superior.
Acto
legislativo que facilitó el proceso de ratificación del Tratado de Roma, única
y exclusivamente para efectos de la aplicación del Estatuto de la Corte Penal
Internacional; posteriormente Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio de la
cual se aprueba el Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional” hecho en
Roma el 7 de julio de 1998, finalmente la corte Constitucional como mecanismo
de control ejerció examen de constitucionalidad de acuerdo al art 241 Numeral
10 de la Constitución Política declarando exequible y ajustado a la
normatividad interna tratado que respeta la supremacía constitucional y los
compromisos internacionales del Estado colombiano, es por ello que
La
creación de una Corte Penal Internacional con jurisdicción permanente marca un
hito en la construcción de instituciones internacionales para proteger de
manera efectiva el núcleo de derechos mínimos, mediante juicios de
responsabilidad penal individual, por una Corte que no es creada ad hoc, ni es
el resultado del triunfo de unos Estados sobre otros al final de una guerra, ni
es la imposición de las reglas de unos Estados poderoso a los habitantes de otro,
como sucedió con los Tribunales Militares de Nuremberg, de Tokio, o más
recientemente, en los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia, creados mediante
resolución del Consejo de Seguridad. A diferencia de sus antecesores, la Corte
Penal Internacional surgió del consenso de la comunidad internacional relativo
a la creación de una instancia internacional, independiente y de carácter
permanente, para el eventual juzgamiento de responsables de graves crímenes
internacionales” (CC Sentencia C-370, 2006)
Frente
a estas consideraciones es importante señalar que la CPI es una institución
basada en un tratado y que por ello sólo los Estados firmantes o partícipes se
convierten en partes, de ahí que su límite esté dado al entender que no es un
sustitutivo de la jurisdicción penal nacional, sino por el contrario un
complemento a las mismas (Medina, Navarro & Sayas, 2013). Es por ello que
muchos aspectos de aplicación del derecho internacional están supeditados a la
territorialidad del acto cometido, como también a la aceptación del mismo,
según lo expresa el Estatuto de Roma en el artículo 12 numeral 2 y 3. (Botero,
2016)
Cabe
mencionar que dicha implementación al ordenamiento interno de Colombia no se
dio en el marco de una acción pacífica (Ramírez, 2015), pues evidencia varios
problemas internos que requieren una doctrina que permita armonizar el
ordenamiento doméstico con el Derecho Penal Internacional, además de aplicar
los artículos, 9,93 y 94 de la Constitución Colombiana. De igual forma aclara
que el Estatuto de Roma en su integridad no hace parte del bloque
constitucional como lo define la Sentencia C-290 de 2012, dando cumplimiento a
lo que más adelante desarrollaré el principio de complementariedad, pues pone
como antesala a la Corte Constitucional para que examine el caso concreto.
El
reto de la efectividad de la CPI
Esto
deriva la complejidad y en cierta medida un reto al pensar un estatuto y una
corte que tiene como principio el juzgamiento con equidad constitucional y
evitar la impunidad que el Estado puede gestar en momentos, cuando los límites
están dados por quienes en conceso se hicieron partícipes de la constitución de
la CPI (Cano, 2015). Es concordante con el reto que la corte tiene, al respecto
de estar imposibilitada para resolver o proveer soluciones a todos los casos de
persecución de autores de crimines internacionales, pues tiene limitantes de
actuación ya expresados en la cita de la sentencia. De ahí que en esta primera
sección se expresa la certeza de la importancia de la CPI, pero su efectividad
está relativizada en la medida que su propia acción tiene inconvenientes de
funcionamiento y requiere el trabajo conjunto con la jurisdicción de los
Estados, por medio del principio de complementariedad, pero igualmente
requiere, una vez en intervención, la cooperación de los Estados para lograr
dicha efectividad (Wolffhügel, 2010). Considerando además que el Derecho Penal
internacional reconoce la responsabilidad del individuo, pero también se puede
fundamentar en la “base de la costumbre internacional y los principios
generales del derecho” (Calome & Riezu, 1999)
Metodología
El presente artículo se
deriva de la revisión teórica entorno al proyecto 4A-2018 Desarrollo de un
ambiente virtual de aprendizaje para la generación de prácticas educativas
entorno a la cátedra de paz en educación superior, en su primer objetivo
enfatizando la investigación hermenéutica con un método de revisión textual,
que permite iniciar la estructuración del proceso de Paz.
Jurisdicción
especial para la paz
Sistema
Integral De Verdad, Justifica, Reparación Y No Repetición (SIVJRNR)
Se
considera aquí al SIVJRNR como el sistema que acompaña y contiene a la JEP de
manera que como se define:
…
está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se
pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor
satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de
cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen
en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la
reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición
del conflicto armado a la paz” (Alto comisionado para la paz, 2016)
De
ahí que por la amplitud y sus límites judiciales y extrajudiciales también
requiere atención en los requerimientos que permiten su real implementación,
cabe mencionar que el SIVJRNR está compuesto por los siguientes componentes:
• La
comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición
• la
Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado
• la
Jurisdicción Especial para la Paz
• las
medidas de reparación integral
Todas
estas unidades tienen como propósito final la no repetición y de ahí que su
carácter integral debido a su articulación y coherencia sea fundamental
(Piernas, 2015), esto es uno de los aciertos que pueden evidenciarse desde el
abordaje de la CPI y trata de evitar una debilidad evidenciada en procesos
anteriores de justicia transicional no sólo en Colombia sino
internacionalmente, en los cuales por la vía penal no es posible atender o
satisfacer los derechos de todas las víctimas, por ello el reconocimiento de
responsabilidad y el esclarecimiento de verdad, permiten una contribución
notoria a la reparación y validan la condición de una justicia especial.
En
este punto uno de los mayores retos está en la atención a las víctimas (Visbal
& García, 2016), pues como lo establece la jurisdicción universal
recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal, contra
los responsables de crímenes internacionales. Por último, el principio de
jurisdicción universal le otorga jurisdicción a todos los Estados sobre
determinados crímenes considerados de interés universal, sin importar el lugar
en el que se cometan ni tampoco la nacionalidad del autor o las víctimas (Cano,
2015) y para el caso de Colombia, la implicación de una JEP atañe a actores estatales
e ilegales.
De
todo lo anterior se deriva el mayor de los retos, pues se establece que:
La
verificación del cumplimiento de las condicionalidades es determinante para
garantizar la legitimidad de todo el Sistema, y asegurar la satisfacción de los
derechos de las víctimas. El cumplimiento de estas condicionalidades será
verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. En todas las resoluciones
y sentencias de la JEP se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones
del SIVJRNR y el Tribunal tiene la función de supervisar el cumplimiento de las
sanciones impuestas” (Alto comisionado para la paz, 2016)
Esto
implica la institucionalización de una organización que requiere la atención
por medio de recursos y designaciones administrativas que puedan dar garantía
de lo establecido y hacer un seguimiento al proceso que establece el SIVJRNR
Creación,
definición y funciones de la JEP
En
el tránsito de una mirada internacional a la nacional, cabe enunciar que el 23
de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear una Jurisdicción
Especial para la Paz que ejercerá funciones judiciales y como se expresó en la
sección anterior hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR),
La
JEP cumple con el deber de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y
sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en
el contexto y en razón del conflicto armado tanto por los guerrilleros como por
agentes del Estado (Alto comisionado para la paz, 2016); aquí surge nuevamente
otro de los retos, pues la JEP contempla entre sus objetivos a el de
satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener la verdad,
contribuir a la reparación, combatir la impunidad y otorgar seguridad jurídica
a quienes participaron de manera directa indirecta en el conflicto. Sin embargo,
antecedentes de procesos previos de paz y justicia transicional y aún
normatividades internacionales como los cuatro convenios de Ginebra y según lo
expresado por Bassiouni (2001) la legislación internacional consuetudinaria,
según se refleja en la práctica de los Estados no se justifica, pues existen
muy pocos casos de práctica que puedan establecer un antecedente sólido de
implementación.
Es
importante mencionar los principios básicos como son: a) centralidad de
víctimas, b) seguridad Jurídica, c) condicionalidad, d) derecho a la paz, e)
Integralidad, f) inescindibilidad, g) prevalencia, h) debido proceso, j) enfoque
diferencial, g) equidad de género, h) concentración en los casos más graves y
representativos. (Alto comisionado para la paz, 2016); los cuales se convierten
en pilar fundamental de su implementación.
Una
de las mayores debilidades evidenciadas por estudiosos del derecho como
Bustamente (2016), es la de considerar la supralegalidad que desconocería la
misma constitución de 1991 y la separación de poderes y contraposición con el
derecho nacional, derivado del Art 5° del ER. Parte del argumento está en que
el procedimiento de justicia transicional reglamentado por el Acto legislativo
01 de 2012, no fue validado por las FARC, desde esa perspectiva, la debilidad
radica en evidenciar por dicho antecedente que la justicia tendrá que
modificarse continuamente en torno a los actores del conflicto y sus
necesidades jurídicas especiales, considerando los dos tipos de herramientas
contempladas: procedimiento legislativo especial y el otorgamiento de
facultades extraordinarias al Presidente de la República.
Sin
embargo, en el Estado desde la JEP, asume la paz como objetivo primordial del
gobierno nacional, plasmado desde el preámbulo y en su artículo 22 de la
Constitución Nacional (1991), que establece como un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento; es la JEP el mecanismo planteado y acordado para la
solución del conflicto armado interno y esto es un total acierto y se evidencia
ante la comunidad internacional para solicitar el acompañamiento al proceso
adelantado obteniendo respuesta favorable del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas mediante Resolución 2261de 2016 la cual apoya el proceso con las FARC-EP
en las mesas de negociación de La Habana para la terminación y salida negociada
del conflicto en Colombia (Bustamante, 2016).
Sin
lugar a dudas se propone una JEP que no está desarticulada e igualmente
regulada por los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional
(Mesa, 2010), como mecanismos judiciales para alcanzar justicia efectiva y
reparativa de las víctimas que responderá a la luz del derecho internacional,
es aquí donde procede hablar de las competencias específicas de la CPI, a la
luz de los aciertos, retos, debilidades y competencias que aplicaría
directamente en el caso de la JEP, a saber:
I. Ratione
materiae
Competencia
material: De acuerdo a lo estipulado en el ER (Estatuto de Roma) en el artículo
5 numeral 1 esta competencia se limitará a los crímenes de trascendencia para
la comunidad internacional como son: genocidio, Lesa humanidad, crímenes de
guerra y crimen de agresión (Medina Arteta, R. E., Navarro Castellar, N. R.,
& Sayas Contreras, R. E. A. , 2013), para que esto tenga vigencia real y
pueda ser aplicado de acuerdo a lo expresado por Gómez, Oscar (2016) deben
darse los siguientes requisitos de procedibilidad:
a) Cuando
uno de los denominados Estado parte, hace la denuncia de la situación concreta
ante el Fiscal conforme al artículo 14 del Estatuto, solicitando la
investigación de las infracciones definidas como crímenes y cometidas por una o
varias personas.
b) Cuando
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo VII de la Carta de dicha organización, envía la
denuncia de una situación de un país, en que al parecer se ha cometido uno o
varios de los crímenes tipificados en el artículo 5.
c) Cuando
el Fiscal inicia una investigación en relación con un crimen tipificado en el
artículo 5. Esta facultad del Fiscal está sujeta al control de la Sala de
cuestiones preliminares
Aciertos:
Es
pertinente que JEP, considere a partir del Tribunal para la Paz, el análisis
de los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa
humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u
otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras
formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento
forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el
Estatuto de Roma. Pues no sólo da cuenta de la articulación con lo regulado por
la Corte Penal Internacional, sino lo establecido por el SIVJRNR para
garantizar la restitución de las víctimas. (Alto comisionado para la paz, 2016)
Reto:
La
aplicabilidad de las penas, considerando los casos de mayor gravedad, a quienes
como antecedente reconozcan la verdad y responsabilidad, como principios
restaurativos y reparadores, tendrán un periodo de duración de 5 años y máximo
8; comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la
libertad de residencia y movimiento. Para quienes no hayan tenido una
participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción
será de 2 a 5 años (Alto comisionado para la paz, 2016) Así que para muchos
expertos la dureza de la sanción no es correspondiente con el acto cometido,
¿qué sucede con quienes no reconozcan la responsabilidad y el Tribunal para la
paz, determine su culpabilidad? Su condena será la privación de la libertad de
hasta 20 años y se cumplirá en el régimen de reclusión ordinario. (Ministerio
de Justicia y del Derecho, 2016)
Debilidades:
La
consideración se versa sobre el principio de selectividad enunciado por
Jescheck (Palermo, P. G. , 2015) quien enuncia existe un derecho penal de los
“victoriosos” sobre los “vencidos”, similar apología a la construcción de la
historia de la Humanidad, así consideraría a la Justicia Penal Internacional y
a la CPI en el marco de una justicia de vencedores y para nuestro caso una
justicia política mediada por los intereses de un Estado, que desde un
principio de selectividad (Ambos et al, 2014) definirá unos criterios para la
penalización, judicialización y restauración, es un tema que vincula a la
selección de penas para los criminales y mecanismos de restauración para las
víctimas; de forma personal y amparado en las lecturas realizadas considero que
este principio estará limitado y muy seguramente segado por intereses políticos
dominantes y así la CPI tendrá una seria debilidad frente a la búsqueda de un
conceso que permita impartir una justicia penal imparcial (Rodas, 2013).
Reflexión
pedagógica
Pensar
en una aplicación de una JEP que asume las sanciones a los responsables o
autores de las atrocidades cometidas por su laxo proceder se acerca a la
impunidad, que daría cuenta de un proceso de amnistía débil y político, que es
mucho de lo que se ha criticado en tema de los Acuerdos de Paz y desinformado
ante los obvios resultados de un referendo. Esto estaría en contradicción con
los principios del Derecho Internacional Humanitario, y la CPI, en el artículo
29 de su Estatuto. De ahí la importancia no sólo de una adecuada comunicación y
mediación informativa, sino también de una claridad normativa sobre los
protocolos procesales que implicarían la creación de una unidad procesal para
JEP con las certezas en las rutas y la claridad aprendida no sólo por las
autoridades jurídicas, sino por el pueblo.
II. Ratione
personae
Competencia
personal: hace referencia a la forma en que la Corte podrá ejercer jurisdicción
sobre personas físicas (artículo 1°), mayores de 18 años, (artículo 26) por
conductas posteriores a la entrada en vigor del Estatuto (artículo 24), sin
distinción alguna basada en el cargo oficial (artículo 27) la cual analiza
quien tiene legitimación para comparecer ante la CPI.
Aciertos:
El
Estado valida lo expuesto dentro de la competencia de la CPI, al argumentar que
la JEP se aplicará, de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo,
equilibrado, simultáneo y simétrico, a todos quienes, habiendo participado de
manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el
contexto y en razón de éste, siempre que cumplan con las condiciones del
SIVJRNR.
Respecto
de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, la JEP solo se
aplicará a los grupos que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno y
la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la no reincidencia en el
conflicto.
Entre
los preceptos que se convierten en un acierto están los principios de equidad,
equilibrio, simultaneidad, pues compromete a todos los actores partícipes del
conflicto, y genera un rango de vínculo directo e indirecto que amplía el
espectro definido por la CPI a partir de las características de las personas.
Además, el Estado delimita para la población de grupos paramilitares las
siguientes consideraciones:
Los
miembros de los grupos paramilitares que se desmovilizaron vienen rindiendo
cuentas ante la justicia en los procesos de Justicia y Paz y en la justicia
ordinaria, y en esa medida sus casos no son de competencia de la JEP. Sin
embargo, el Gobierno se comprometió a tomar medidas para fortalecer el
esclarecimiento del fenómeno en los procesos de Justicia y Paz y de la Ley 1424
de 2010. Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o
colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones,
respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en
los crímenes más graves y representativos. (Alto comisionado para la paz, 2016)
Generando
una salvedad y la necesidad de fortalecer los procesos de Justicia y Paz de la
Ley 1424 (2010) lo que de igual forma se convierte en una debilidad del JEP de
acuerdo lo requerido por la CPI. Además, para el caso de terceros define:
Los
terceros que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan
participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos
en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el
tratamiento especial que las normas determinen. La JEP sólo podrá obligar a
comparecer a aquellas personas frente a quienes existan bases suficientes para
entender que la conducta existió y que la persona mencionada en efecto hubiera
tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves
y representativos. (Et al, 2016)
Pese
a las consideraciones anteriores la competencia de persona deja un referente a
posteriori derivado para las personas que no hacen parte de los grupos armados
o las organizaciones, pero sí cometieron de manera directa o indirecta delitos
en el marco del conflicto, serán regulados por la JEP con el tratamiento de las
normas definidas. (Alto comisionado para la paz, 2016).
Retos:
El
principal reto está dado en la definición de las personas que podrán ser
juzgadas, pues enuncia varios elementos que son vinculantes de acuerdo a lo que
el Estado define en JEP pero que a la vez generan vacíos sobre la certeza que
en esta competencia define con mucha especificidad la CPI.
Debilidades:
Ligado
a lo anterior, pero con mayor desarrollo, se enfatiza aquí dos debilidades. La
primera de ellas está en la delimitación de la competencia personal, pues es
demasiado amplia y no especifica personalidades concretas como lo define la
CPI, dejando un “entre líneas” que puede convertirse en una puerta para la
vinculación a procesos de amnistía o indulto no correspondientes, al fijar como
“terceros… personas que hayan contribuido de manera directa o indirecta a la
comisión de delitos” en este ejercicio pareciese que la competencia material y
la competencia personal no estuvieran articuladas en la JEP, como ocurre en el
CPI y así cualquier persona podría justificar que la comisión de su actividad
delictual procede del conflicto armado y acogerse a penas especiales para la
reparación del daño.
La
segunda debilidad radica en que la CPI define personas como sujetos con
características de razón y límite de edad determinados, pero en ningún caso se
menciona a las personas jurídicas que también contribuyeron al conflicto
armado, dejando de lado organizaciones que de manera ilícita apoyaron en
conflicto o aún por conveniencias económicas o políticas desean preservarlo, en
este caso que sucederá para la regulación de estas organizaciones, entre ellas
los grupos paramilitares, las milicias urbanas, y con mayor énfasis los
disidentes como lo expresa Peláez (2016), en la Revista Semana, al afirmar que
la deserción de cinco mandos medios de las FARC, lo que hay en ciernes es la
creación de un grupo armado similar a las bandas criminales que el Estado no ha
logrado doblegar en una década. Entre las razones que se exponen de este
fenómeno, llama la atención una en especial por su justificación jurídica; la
explicación da cuenta de los vacíos que existe en el capítulo de
reincorporación de los Acuerdos de Paz, al no considerar a los “mandos medios”,
enunciando mayores garantías para la élite de las FARC, en materia política,
inclusive se enuncia a los combatientes de base a través de la reincorporación
a sistemas cooperativos, pero el “mando medio” tendrá que como persona
responder por crímenes de guerra o de lesa humanidad ante la JEP.
III. Ratione
temporis
Competencia
temporal: se refiere a la obligación de respetar y garantizar los derechos
protegidos en el Estatuto de la CPI, posibles a partir de la ratificación del
Estatuto de Roma (artículo 11) y estos no prescribirán (artículo 29), de forma
específica en el artículo 24 el ER señala: “nadie será penalmente responsable
de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada
en vigor”, es ahí que la CPI tiene competencia sobre el territorio y
jurisdicción sobre un crimen determinado, una vez entre en vigor el Estatuto.
Aciertos:
La
JEP contempla su competencia respecto de conductas cometidas en el contexto y
en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del
Acuerdo Final. Aquí le permite un margen temporal que limita a la CPI, pues
sólo a partir del año 2002 que el Estatuto de Roma se valida a partir de la
sentencia C-578/ 02, y aplica en este caso el principio de irretroactividad,
pero la Justicia transicional amplía el margen que a partir de su propia
regulación puede tener con mayor espectro temporal. Collantes (2002) lo expresa
de la siguiente manera:
Totalmente
distinto a lo establecido por el estatuto de roma cuya competencia está
supeditada a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor de su
estatuto y señala además que nadie será penalmente responsable de conformidad
con el estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor
Ambos,
K. (1999). Enuncia la aplicación del principio nullum crimen sine lege
scripta, praevia, certa et stricta, está explícitamente contemplado en sus
cuatro diferentes formas según lo establecido por los artículos 22 y 24. Para
el caso específico de la competencia de temporalidad es un acierto el lex
scripta pues una persona sólo puede ser castigada por una acción que
estuviera prevista en el Estatuto al tiempo de su comisión, e igualmente la lex
praevia, que fuera cometida tras su entrada en vigor. Es por ello que su
comprensión, en específico sobre el principio de no retroactividad, se
fundamenta en el Derecho penal comparado y en el Derecho internacional.
Debilidades
Definitivamente
la mayor debilidad está en la irretroactividad de la corte penal internacional
vs la retroactividad de la jurisdicción para la paz en Colombia, pues como ya
se enunció en los aciertos la JEP tiene sobre dicho principio, también hay que
considerar en el margen de la temporalidad la ley de víctimas de 1986, sin
embargo el conflicto en Colombia lleva 52 años, esto genera una brecha
temporalidad de ausencia de norma e incapacidad de incursión de la CPI por más
de 30 años, dando cabida a posibles escenarios de impunidad. Para el caso
específico de la CPI el principio de irretroactividad, se fundamenta en la
Convención de Viena (artículo 28)
Las
disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o
hecho que había tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado
de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo” (Padilla, E. A., & González, P. G., 2015)
Aquí,
la debilidad estará delimitada por el carácter absoluto o excepcional que pueda
darse en las condiciones o en casos concretos que deban modificarse. Ejemplo de
este ejercicio se suscita cuando la Corte Interamericana ha presentado casos de
desaparición forzada aún forma del límite temporal de intervención de la CPI,
cito el ejemplo del caso Baena Ricardo contra Panamá. De aquí una de las
conclusiones específicas en este apartado ya evidenciada por Padilla &
González (2015) en su texto
…ese
carácter excepcional atendiendo a su naturaleza continua, no constituye una
contradicción a lo establecido en la Convención de Viena sobre irretroactividad
de los tratados, la conducta sigue existiendo y prolongándose hasta tanto no
aparezca la víctima. (Pag. 127)
Otra
de las debilidades detectadas en la revisión normativa se suscita en el marco
del artículo 124 del ER que permite al Estado se constituya en parte del mismo
y que durante un periodo de siete años posteriores a esta fecha aceptar la
competencia de la corte, hecho que se suscitó en el Gobierno de Pastrana
(Medina, Navarro & Sayas, 2013)
IV. Ratione
loci
Competencia
territorial: competencia de jurisdicción penal en función de las
circunstancias de lugar o de comisión de la infracción, de la residencia o del
arresto del detenido, (artículo 4.2 ER)
Aciertos:
La
consideración de la aplicación del ratione loci en los tratados de derechos
humanos es un aspecto esperanzador, pues permite vislumbrar una aplicación
extraterritorial del derecho, muy ligado al principio de jurisdicción
universal.
Debilidades:
La
mayor debilidad está en que la JEP define una territorialidad en el marco
Estatal nacional y no una extraterritorialidad, además Chopo (2009), establece
un referente adicional a la competencia Loci, enunciado la importancia de que
la normatividad se adapte al contexto y no en viceversa, de ahí que en
Colombia, una de las grandes debilidades está en la creación, modificación y
derogación de la normatividades, además de considerar que en algunos casos
pueden ser declaradas inconstitucionales, esta visión es interesante pues
evidencia la inestabilidad jurídica y normativa.
Discusión
Reflexión
jurídico-educativa, puntos neurálgicos del análisis
Efectividad real de la
jurisdicción: impunidad
La aplicación de la
sentencia C 290 del 2012 que limita la intervención como bloque constitucional
del Estatuto de Roma, generando una “inseguridad jurídica alta” pues hay
complejidad que en los parámetros que la Corte Constitucional puede generar a
cada caso, conduciendo a acciones de impunidad por ausencia y/o negligencia
(Ramírez, 2015), más si bien, la entrada en vigencia del sistema penal
acusatorio en Colombia ha tomado su tiempo e incluso en la practicidad aún
falta mucho por solucionar, lo cual se ha visto reflejado en los altos grados
de impunidad, que nos ubica en la tercera posición Colombia (75.6) del Índice
Global de Impunidad que permite identificar el comportamiento en relación a la
estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de justicia lo
que puede vincularse a la falta de capacidad del Estado para procurar seguridad
y justicia, además de la generación de un clima constante de corrupción de las
autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los criminales,
evidenciando deficiencias sustanciales en el funcionamiento del sistema
judicial, que conlleva a problemas sociales como la violencia, la inseguridad,
el acceso desigual a la justicia, la corrupción y la violación a los derechos
humanos (UDLAP,2015).; ahora bien, frente a la medición hecha solo genera dudas
y es por ello que la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz se
toma como un reto, que solo se irá decantando con el avance y evolución que se
dé con el paso del tiempo, contando con las herramientas y/o mecanismos
necesarios para medir dicha efectividad que sea acorde a los fines de este
inmemorable esfuerzo para la salida negociada al conflicto armado sea lo más
eficaz posible.
Pues la misma JEP
plantea aspectos demasiado amplios que apertura una puerta a la impunidad, de
modo que el límite temporal respecto al art. 124 del ER que respecto a los
delitos de guerra solo podrán entrar en vigencia luego de 7 años de entrada en
vigencia de dicho estatuto, pues si bien es cierto la Corte Penal Internacional
tiene una competencia temporal irretroactiva lo que impide conocer, investigar
y juzgar de los delitos graves cometidos y que infringen el derecho
internacional comisión con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho
estatuto lo cual para Colombia es a partir del año 2002 en adelante, con la
salvedad de los crímenes de guerra; bajo esta perspectiva se convierte en una
falencia de la CPI el límite temporal lo que generaría impunidad, ahora bien la
JEP su competencia temporal es de carácter retroactiva lo que implica que serán
conocidos, investigados, juzgados y reparados los crímenes con ocasión al
conflicto armado ya sea directa o indirectamente cometidos con anterioridad a
la firma y entrada en vigor de la JEP lo que implicaría la competencia de dicha
jurisdicción para entrar a juzgar los delitos que ni siquiera podría juzgar la
CPI aunque nos veríamos inmersos en una paradoja pues si bien el resto de leyes
que garantizan los derechos lo cual se entraría a una completa paradoja.
Amnistía e Indultos
Morales (1991) en su
texto Papeles para la paz, establece que: En Colombia especialmente se tiene
expresa disposición legal según la Ley 35 de 1982 por la cual se “decreta una
amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la
paz” y establece unas directrices generales respecto a las amnistías e indultos
los cuales solo podrán otorgar por hechos delictivos de carácter político como
los consagrados en el código penal rebelión, sedición o asonada, y los conexos
con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos
u ocultarlos; la JEP recogió los aspectos más importantes respecto a este tema
y los condenso de la siguiente manera:
La concesión de
indultos y amnistías se regirá por las siguientes reglas:
• De
conformidad con el DIH “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en
el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible”.
• La
Constitución únicamente permite otorgar amnistías o indultos por el delito
político de rebelión y otros delitos conexos con éste.
• Una Ley
de Amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables
y los criterios de conexidad. En la Ley de Amnistía se determinarán las
conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables.
• La
conexidad con el delito político comprenderá dos tipos de criterios:
- Criterios
de inclusión:
• Delitos
relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con
ocasión del conflicto armado.
• Delitos
en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen
constitucional vigente.
• Conductas
dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la
rebelión.
- Criterios
de exclusión:
• No serán
objeto de amnistía ni indulto, ni de tratamientos equivalentes, los delitos de
lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes
u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras
formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento
de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
• Tampoco
son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con
la rebelión. (Morales, 1991)
Ahora bien, se pude
decir entonces que la amnistía tiene dos bloques, uno que se llama de Iure, que
perdona los delitos políticos y sus conexos lo que otorgaría la libertad
inmediata y operaria automáticamente respecto de esos crímenes menos gravosos,
por otro lado se encontraría los delitos de los cuales la JEP delimita en la
Ley 1820 de 2016, de amnistía e indulto y tratamiento penal especial y otras
disposiciones; en todo caso, los delitos graves y que se encuentran consagrados
en el ER serán sancionados con penas restrictivas de libertades y derechos de 2
a 8 años dependiendo si acepta o no su responsabilidad en la comisión de dichos
actos antijurídicos.
Se enuncia como acierto
del Gobierno Nacional la decisión del poder ejecutivo en cabeza del Presidente
de la República de Colombia el tomar la iniciativa de negociación a una
terminación y salida negociada al conflicto armado que ha tenido Colombia por
más de 50 años, respondiendo a un clamor de paz consagrado en nuestra
constitución desde el inicio del preámbulo. (Alto comisionado para la paz,
2016)
El veto del Principio aut
dedere aut iudicare a la luz de la JEP
El principio aut
dedere aut iudicare está íntimamente relacionado con la extradición y
plantea la disyuntiva de extraditar o juzgar. La extradición es un proceso por
el que un Estado decide la entrega de una persona (extraditurus) a otro
Estado que la solicita. Principalmente es una institución de Derecho procesal
referida a una actividad judicial - En atención a este principio, los
responsables de crímenes especialmente graves quedan sometidos a la justicia,
previéndose el enjuiciamiento y castigo efectivos de esas personas por una
jurisdicción competente (Collantes, 2002).
Conclusiones
La
JEP establece claramente que no se podrá conceder la extradición ni tomar
medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o
conductas objeto de la JEP, cometidos durante el conflicto armado y con
anterioridad a la firma del Acuerdo Final. Por otra parte, cualquier delito
cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final podrá ser objeto de
extradición, lo que conllevaría por supuesto a darle primacía a la JEP frente a
las obligaciones adquiridas con anterioridad respecto a la comunidad
internacional.
Definitivamente,
ante la aceptación de la JEP, la desmovilización de la FARC, y de la solicitud
de extradición por parte del Gobierno Estadounidense de uno de sus líderes, las
debilidades de la acción procesal, comunicativa y legislativa de la JEP son
evidentes, dando cuenta de la importancia de ligar una acción de comprensión de
la norma posterior a su reglamentación y una carta de navegación, derecho
procesal, sobre el quehacer operativo de la rama judicial.
Como
se enunció anteriormente la competencia de la Corte Penal Internacional desde
la temporalidad está supeditada no sólo a la ratificación en el Estado sino a
la superación del artículo 124, y esto afecta significativamente los periodos
de intervención y regulación que puede tener. De forma concreta la competencia
de la CPI en Colombia se regula posterior al año 2002.
Es
fundamental mencionar la yuxtaposición al respecto de la incorporación de
menores al conflicto armado, quienes no sólo son víctimas sino victimarios del
proceso, pero no pueden ser juzgados por ser menos de 18 años (artículo 26),
además de los condicionamientos establecidos para su actuar. De igual forma la
CPI no podrá realizar juicio en ausencia por no estar previsto en el Estatuto.
Finalmente,
es prioritario pensar en los mecanismos formativos que permitirán poner en
ejercicio esta apuesta por la búsqueda de paz, no sólo considerando el marco
normativo que se ha expuesto en el presente artículo, sino además las diversas
estrategias pedagógicas conducentes a una cultura de paz, a un quehacer
enmarcado en la aceptación, reconciliación y perdón; aquí las instituciones
educativas tienen la responsabilidad de adentrarse en dicho proceso en diálogo
constante con quienes son actores vivientes del conflicto y ahora
sobrevinientes en ejemplo continuo.
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