Fecha de recepción del artículo: 02 de Junio de 2017

Fecha de aceptación del artículo: 21 de Diciembre de 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i1.496

*Este artículo es producto del proyecto de investigación Transparencia activa y su relación con el ámbito de gobierno: el caso de las administraciones públicas territoriales en Colombia de la Universidad de la Salle (Colombia). Grupo de Investigación: "Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia”

** Magister en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza (España). Contador Público, Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Finanzas, Universidad de Santo Tomás. Filiación: Universidad de la Salle, Colombia. Correo electrónico: dfcatolico@unisalle.edu.co Orcid: http://orcid.org/0000-0003-0943-4609

** Contador Público. Filiación: Universidad de la Salle, Colombia. Correo electrónico: jenniffer1102@hotmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9068-6648

*** Contador Público. Filiación: Universidad de la Salle, Colombia. Correo electrónico: jeraldjj@hotmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0771-8336

______________________________________________________

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar el grado de transparencia activa en las administraciones públicas territoriales en Colombia y evaluar la influencia que puede tener el ámbito de gobierno en sus prácticas de divulgación de información. Se diseñó un índice de transparencia global (ITG), a partir de la información publicada en sus sitios web. Se empleó un enfoque cuantitativo, con modelo anova para comprobar la existencia de diferencias entre este tipo de instituciones. Los resultados evidenciaron un grado medio en la transparencia activa y se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos entre alcaldías y gobernaciones, por lo que el ámbito de gobierno pareciera no ser un factor que influye en la divulgación de información.

Palabras clave: Transparencia activa, divulgación de la información, administraciones públicas territoriales.

Abstract

The objective is to determine the degree of active transparency in the territorial public administrations in Colombia and to evaluate the influence that the scope of government can have in its information disclosure practices. A global transparency index (ITG) was designed based on the information published on its websites and the ANOVA model was used to verify the existence of differences between this type of institutions. The results evidenced a medium degree in active transparency and it was found that there are no statistically significant differences in the results obtained between mayors and governorships, so that the government sphere seems not to be a factor that influences the disclosure of information.

Keywords: Active transparency, disclosure of information, regional public administrations.

Resumo

O objetivo é determinar o grau de transparência ativa nas administrações públicas territoriais na Colômbia e a influência que o alcance do governo pode ter em suas práticas de divulgação de informações. Um índice de transparência global (ITG) foi projetado com base nas informações publicadas em seus sites e o modelo ANOVA foi utilizado para verificar a existência de diferenças entre esse tipo de instituições. Os resultados evidenciaram um grau médio de transparência ativa e verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas nos resultados obtidos entre o principal e governadores, que a esfera do governo parece ser um fator que influencia a divulgação da informação.

Palavras-chave: Transparência ativa, divulgação de informações, administrações públicas regionais.

Introducción

En las últimas décadas en Colombia se han agudizado los casos de corrupción en el sector público, debido no solo a su existencia, sino a la divulgación que se hace de estos a través de distintos medios de comunicación y la relevancia que tienen dado el impacto social y económico que han generado (Yepes, 2012; Cepeda, 2011). Casos como el carrusel de la contratación en Bogotá y en Bucaramanga, las irregularidades del programa de alimentación escolar en la Guajira, la contratación en las obras para los juegos olímpicos nacionales en Ibagué y el carrusel de la educación en Córdoba, entre otros, han afectado la confianza de la ciudadanía con respecto a la gestión adelantada en las administraciones públicas territoriales.

Es así que este tipo de entidades, ya sea en los departamentos o en los municipios, al estar involucrados en este tipo de problemáticas, afectan negativamente las condiciones económicas y sociales de sus habitantes, más aún, cuando hoy en día juegan un papel relevante en el desarrollo del país y de sus regiones, ya que las expectativas de inversión y gasto público que se tienen a partir de los recursos que logran por medio del sistema de participaciones del presupuesto nacional y de los provenientes de las regalías (Duque, 2015; Cepeda, 2011), hace que se deba garantizar su correcta ejecución y destinación para poder lograr los objetivos propuestos en la gestión pública de cada región.

Para efectos de mitigar estos casos, se considera que se debe avanzar en la configuración y aplicación de mecanismos de control, que puedan ser desarrollados no solo desde las propias instituciones del Estado (Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y entes de control territoriales), sino que involucren a la sociedad como máximo órgano de control de los asuntos públicos (Cameron, 2010).

Un mecanismo que se puede proponer es la transparencia activa, la cual se puede entender como la divulgación de información de una entidad acerca de sus procesos de toma de decisiones, procedimientos, funcionamiento y rendimiento, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Welch, 2012; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Fox, 2007; Curtin & Meijer, 2006; Wong & Welch, 2004).

Este mecanismo posibilita el conocimiento sobre el quehacer de las instituciones por medio de sus sitios web (La Porte, Demchak, & De Jong, 2002), lo que hace que la gestión de los administradores públicos se haga visible, se mitigue la discrecionalidad de dichos gestores (Corporación Transparencia por Colombia, 2009; Transparencia Internacional, 2010) y se eviten posibles escenarios de corrupción o de mala administración de los recursos públicos (Calland, 2002).

Bajo este contexto, el presente estudio evalúa el grado de transparencia activa de las gobernaciones y alcaldías de los 32 departamentos y las 32 ciudades capitales de Colombia, a partir de la información que es publicada a través de los sitios web oficiales. Son de interés estas instituciones, dado los distintos casos de corrupción antes señalados, que han afectado la confianza en las administraciones territoriales, ya que como lo señala el Centro Nacional de Consultoría (2011), la confianza en las alcaldías de las ciudades logra un 40%, ubicándose en el escenario más pesimista frente a la corrupción.

Para desarrollar lo anterior, se propuso crear un índice de transparencia global (ITG), el cual se construye a partir de dos subíndices. El primero, denominado subíndice de transparencia de estructura (STE) y, el segundo, denominado subíndice de transparencia de procedimientos (STP), los cuales son propuestos por los autores a partir de los requerimientos establecidos en la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública prevista para el caso colombiano.

Asimismo, es de interés de la investigación evaluar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las prácticas de transparencia activa de las alcaldías y gobernaciones, por medio de un modelo paramétrico de análisis de varianza como es la prueba de ANOVA para determinar si existen diferencias entre las medias de las poblaciones, ya que investigaciones previas han abordado la importancia que tiene la existencia de las leyes en materia de transparencia (García, 2013; Searson & Johnson, 2010; Open Society Justice Initiative, 2006; Neuman, 2006) pero poco se ha analizado que ocurre cuando las entidades tienen el mismo parámetro y su ámbito de gobierno es distinto.

Finalmente, la investigación abordó la accesibilidad de los sitios web, ya que al tratarse de un instrumento de divulgación soportado en las tecnologías de la información y la comunicación como es internet, se considera que deben existir ciertas condiciones en el diseño y desarrollo de páginas web con el fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras (Maldonado, Escobar, & Marín, 2012; Sanz & Aliaga, 2008). Para ello, se hace uso de una prueba de navegabilidad por medio del software T.A.W., que valida los servicios de accesibilidad y movilidad web.

Para llegar a lo anterior, el artículo se estructura considerando, en primera instancia, la introducción expuesta. Luego se abordan los referentes teóricos que sustentan el estudio. A partir de esto, se propone la metodología y se abordan empíricamente las hipótesis de la investigación, obteniendo los resultados y las conclusiones para el presente estudio.

La transparencia activa en las administraciones públicas

La transparencia en las instituciones del Estado se materializa a partir del acceso público a datos o información, esto es, al considerar la existencia o no de información y de sistemas que la producen, indicando lo que son, hacen, utilizan y producen las dependencias de gobierno o, incluso, sobre actos o productos de actores privados (Fox, 2007), por lo que esta debe arrojar luz sobre las normas, planes, procesos y acciones, asegurando que los funcionarios públicos actúan de forma visible y comprensible e informan sobre sus actividades, lo que implica que la sociedad pueda pedirles cuentas (Transparencia Internacional, 2017).

Lo anterior ha sido estudiado desde la teoría de la agencia (Sosa, 2011; Hoque, 2006; Jensen & Meckling, 1976), al señalar que la existencia de una información pública transparente puede servir como una forma de acercar al principal (ciudadano) y al agente (gestor público), con el fin de mitigar las asimetrías de información y permitir un mejor control por parte de los ciudadanos (Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Oaxaca, 2013).

Por ello, el acceso a la información permite contrarrestar el problema de asimetría de información en las organizaciones (Stiglitz, 1999), ya que esta lleva a la divulgación y a la apertura de los procesos de gestión y de toma de decisiones, así como a la publicidad respecto a los actores que han participado en ellos y los criterios y argumentos utilizados (Sommermann, 2010), lo que se traduce en la revelación de información por parte de las organizaciones, que permite a los agentes externos revisar y evaluar su funcionamiento interno (Piotrowski & Van Ryzing, 2007; OCDE, 2002).

En este sentido, la transparencia activa al promover la divulgación proactiva de la información de una entidad acerca de sus procesos de toma de decisiones, procedimientos, funcionamiento y rendimiento, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Welch, 2012; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Fox, 2007), busca trascender el escenario de las solicitudes, peticiones y trámites en físico (Raupp & Gomes, 2016), por lo que se dinamiza las prácticas de acceso a la información en las instituciones públicas.

El acceso a la información a través del uso de las nuevas tecnologías, como lo es internet, conlleva gestionar su publicación por medio de los sitios web de las instituciones. Este instrumento reconoce la facilidad, el menor costo y la oportunidad de acceder a la información en tiempo real, de manera rápida y eficiente (Lara, Toledo & Gómez, 2012).

Aunque es un deber de las administraciones públicas dar a conocer el resultado del desarrollo de su gestión a través de audiencias públicas de rendición de cuentas a la sociedad (Departamento Nacional de Planeación, 2011), resulta ser un mecanismo limitado en la medida que se puede convertir en un evento o reunión de momento (Arboleda, 2008), afectando el acceso permanente a la información que da cuenta de la gestión que se realiza, restringiendo la evaluación y el seguimiento con respecto a lo ejecutado y siendo una barrera física por no encontrarse, necesariamente, la población interesada en el lugar en donde se lleva a cabo este escenario de rendición de cuentas.

Es así que la transparencia activa, al minimizar las limitaciones que pueden existir al acceso a la información y, por ende, al conocimiento sobre la gestión pública, contribuye en el fortalecimiento de la confianza en las administraciones públicas, ya que esto permite la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente (Ackerman, 2008), en la medida que los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, por lo que se esperaría que su actuar público se fundamentara y documentara mejor, permitiendo que los ciudadanos conozcan sobre el desempeño de las administraciones públicas y de quienes están al interior de estas.

El hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como lo es Internet, se configura en un factor de cambio para modificar el ejercicio de las funciones públicas, logrando beneficios en términos de la transparencia y rendición de cuentas, una mayor participación del ciudadano, una mayor eficacia y una reducción del costo de las operaciones para el gobierno, lo que lo convierte en una de las partes fundamentales en la que se sostiene la reforma de la gestión pública (Lara, Toledo, & Gómez, 2012).

Las leyes de transparencia como iniciativas para el desarrollo de la transparencia activa.

La implementación de políticas de transparencia activa se ha convertido en una herramienta de gestión de las instituciones y de mediación con sus grupos de interés (Vera, Rocha & Martínez, 2015; Moreira & Claussen, 2011; Searson & Johnson, 2010), por lo que se ha configurado en una prioridad de los funcionarios públicos y dirigentes políticos (Farioli, Capanegra & Costa, 2015; Mendel, 2008), ya que se busca con esta generar confianza en las instituciones públicas y, por ende, mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos (Yousaf, Ihsan & Ellahi, 2016; McDermott, 2010).

Por lo anterior, la transparencia activa se ha materializado a partir de un mayor número de herramientas, ya sean del orden legal (leyes), administrativo (regulaciones) o de gestión (procesos y prácticas) (Villeneuve, 2014). En este sentido, se han emitido leyes de transparencia y de acceso a la información que posibilitan la divulgación de información a los ciudadanos (Farioli, Capanegra & Costa, 2015; Donaldson & Kingsbury, 2013; Relly & Sabharwal, 2009; Mendel, 2008), con el fin de responder a la demanda social por la información.

Se considera que el acceso a la información a partir de la aplicación de las leyes de transparencia, se configura en un paso inicial para mejorar la cultura de divulgación en las instituciones (Relly & Sabharwal, 2009) y posibilita escenarios de democracia en las sociedades modernas (Florini, 2002).

Las leyes de transparencia se han venido implementado gradualmente en los países en las últimas cuatro décadas, ya que en los años ochenta tan solo 11 países contaban con leyes de libertad de información, pasando para el año 2004 a 59 países y teniendo para el año 2013, 92 países con leyes de transparencia, lo que representa el 50,8% de los países en el mundo (García, 2013).

Esta tendencia fue el resultado de considerar que el acceso a la información, más allá de un proceso administrativo, se considera un derecho fundamental y universal (Fuenmayor, 2004) que debe estar previsto en las constituciones y leyes para garantizar el libre flujo de la información y reducir potencialmente la incertidumbre ante la gestión realizada por los gestores públicos y/o privados (Relly & Sabharwal, 2009), lo que genera beneficios sociales al proporcionar un respaldo a la democracia, construir confianza entre gobierno y gobernados y fomentar la capacidad de participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos de interés general (Mendel, 2008; Neuman, 2002).

En este sentido, el gobierno colombiano en los últimos años implementó normas que obligan a las entidades a rendir cuentas y facilitar el acceso a la información, no solo por medio de las audiencias públicas, sino a través de promulgar el derecho de acceso a la información pública, tal como se ha planteado en la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario 103 de 2015.

Esta norma pretende facilitar el acceso a la información pública para que los ciudadanos tuvieran fuentes de consulta que no impliquen un desplazamiento hasta dichas entidades, eliminando exigencias o requisitos que puedan obstruirla o impedirla y posibilitando su consulta a través de los sitios web oficiales.

Actualmente, dicha disposición debe estar adoptada en toda entidad pública de las tres ramas del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, ya sean de orden nacional, departamental, municipal o distrital. Sin embargo, la aplicación de este tipo de iniciativas debe ser evaluada frente a la incidencia que tienen frente a la divulgación de la información en este tipo de instituciones y, a su vez, considerar si sus prácticas son homogéneas o pueden existir diferencias a partir del ámbito de gobierno que cada una de ellas tienen, como sería el caso para las gobernaciones y alcaldías de Colombia, lo cual justifica el evaluar empírica este tema como se muestra en los siguientes apartados.

Metodología

La población seleccionada para realizar la investigación, son las gobernaciones y alcaldías de las ciudades principales de Colombia que representan la administración pública territorial en el país, para un total de 64 entidades evaluadas.

Hipótesis y método de comprobación. Investigaciones previas han demostrado que la existencia de leyes de transparencia en los países generan diferencias significativas en las prácticas de divulgación de información pública (Open Society Justice Initiative, 2006; Islam, 2006). Sin embargo, autores como Searson y Jonhson (2010), han encontrado que no existen diferencias en la interactividad a través de los sitios web de las administraciones públicas entre aquellos países que tienen o no una ley de transparencia.

Asimismo, se ha estudiado qué tanto las administraciones públicas son transparentes ante sus grupos de interés, evidenciando que el cumplimiento de las leyes de transparencia se encuentra limitado dada la información revelada en sus sitios web, considerando que esto puede ser un riesgo de corrupción en la gestión pública (García, 2013; Manfredi, 2007).

En este sentido, se plantea la primera hipótesis de investigación:

H1: Existen limitaciones en la divulgación de la información en las gobernaciones y alcaldías en Colombia, a partir del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

Con esta hipótesis, se busca evaluar el grado de divulgación de la información online de las administraciones públicas hacia la ciudadanía, teniendo en cuenta la información obligatoria que de manera proactiva debe ser publicada en sus páginas web, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

Para resolver la primera hipótesis, se propuso el uso de un índice de transparencia de información, tal como se ha planteado en investigaciones previas (Católico, Gómez, & Gómez, 2014; García, 2013; Maldona, Escobar, & Marín, 2012; Caba, Rodriguez, & López, 2008; Sanz & Aliaga, 2008); para determinar los grados de divulgación de la información. Para este estudio, se diseñó un índice de transparencia global (ITG), el cual se construye a partir de dos subíndices. El primero, denominado subíndice de transparencia de estructura (STE) y, el segundo, denominado subíndice de transparencia de procedimientos (STP), los cuales son propuestos por los autores a partir de los requerimientos establecidos en la citada ley.

Para la determinación de los valores del ITG se considera la información publicada en los sitios web de las alcaldías y las gobernaciones, a partir de la definición de 49 aspectos requeridos en la Ley y que han sido agrupados para efectos del estudio en los subíndices STE (32 aspectos) y STP (17 aspectos). El tiempo en el cual se realizó la indagación de los datos en los sitios web fue en el mes de mayo de 2016.

Los aspectos se evalúan de manera dicotómica (Cooke, 1989), asignando el puntaje de “1” si el aspecto se encuentra en la página web de la manera que expresamente se indica en la ley de transparencia y el puntaje de “0” si la información no está o no se encuentra en las condiciones establecidas. Las puntuaciones obtenidas son agregadas en cada subíndice y luego en el índice general. Los subíndices STE y STP, se calculan de la siguiente manera:

STE = (1)

Donde A_i son los aspectos publicados de la información y “n” es el número de aspectos que se evalúan en los sitios de las entidades en cuanto a su estructura (n=32).

STP = (2)

Donde A_j son los aspectos publicados de la información y “m” es el número de aspectos que se evalúan en los sitios de las entidades en cuanto a sus procedimientos (m=17). A partir de estos subíndices se calcula el ITG, como se expresa a continuación.

ITG = STE (n/t) + STP (m/t) (3)

Donde, n es el número de aspectos que se evalúan en los sitios de las entidades en cuanto a su estructura, los cuales son 32, m es el número de aspectos que se evalúan en los sitios de las entidades en cuanto a sus procedimientos, los cuales son 17 y t son los aspectos totales evaluados en los sitios web, que asciende a 49. Por lo tanto, el ITG, surge de una medida ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los subíndices.

Para efectos de interpretar los resultados del ITG y los subíndices STE y STP se utiliza la siguiente escala de divulgación.

Tabla 1. Escala de interpretación de los resultados

Puntuación obtenida		Grado de divulgación
0 – 0.39	Bajo
0.40 – 0.69	Medio
0.70 – 0.89	Medio alto
0.91 – 1.0	Alto

Fuente: Autores

Con la puntuación obtenida en el ITG se obtiene el grado de divulgación de la información exigida por la Ley, de tal manera, que se entiende que H1 se rechaza en el caso que todas las entidades logren una puntuación en el rango de 0.91 – 1.0, es decir, que logran un alto nivel de divulgación.

Con los resultados obtenidos se estableció un “ranking de transparencia global” para determinar las entidades que logran mejores resultados y que pueden ser referente para aquellas que requieran mejorar sus prácticas de transparencia activa y, por ende, en el cumplimiento de lo establecido en la ley.

Por otra parte, investigaciones previas han estudiado la importancia que tiene la existencia de las leyes en materia de transparencia (Ackerman & Sandoval, 2015; García, 2013; Searson & Jonhson, 2010; Neuman, 2006) y han evaluado la existencia de factores que pueden llegar a determinar los grados de divulgación de la información, considerando aspectos asociados con el color político del ejecutivo, competencia electoral, nivel de endeudamiento y participación electoral (Polo, 2011), la riqueza de la ciudad, la presencia de información auditada, el tamaño de la ciudad, el estilo de la administración pública, el nivel de corrupción, la penetración en internet (Pina, Lourdes, & Royo, 2010b), la emisión de bonos municipales, el nivel de ingreso y de educación de los ciudadanos (Serrano, Rueda, & Portillo, 2009), el nivel de inversiones y la competencia política (Cárcaba & García, 2008), entre otros; pero ninguno de estos ha analizado que ocurre cuando las entidades tienen el mismo parámetro y su ámbito de gobierno es distinto, es decir, si el hecho de tener un gobierno en el que su alcance, ya sea gobernación o alcaldía, influye en las prácticas de divulgación de información proactiva, teniendo en cuenta que están obligadas tanto unas como otras a cumplir la Ley. De allí, que la segunda hipótesis de investigación abordó:

H2: El ámbito de gobierno de la administración pública no influye en el grado de transparencia activa.

Para el contraste de esta hipótesis, se trabaja con poblaciones independientes. La hipótesis se asume como nula, buscando la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las gobernaciones y las alcaldías con respecto al ITG mediante el modelo de ANOVA (Alcaide, Rodríguez, & Garde, 2014), considerando que se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas. El análisis estadístico correspondiente se realizó en SPSS Statistics 22.

Finalmente, la tercera hipótesis del estudio se planteó como:

H3: Existen limitaciones en la accesibilidad de los sitios web de las gobernaciones y alcaldías en Colombia. Se analizó la accesibilidad de las páginas web mediante el uso de la herramienta T.A.W. Esta herramienta sirve para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web, con el fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras (T.A.W. CTIC Centro Tecnológico, 2016).

La T.A.W. arrojó el número de errores encontrados, los cuales son diferenciados entre errores automáticos y manuales, estos últimos suponen un proceso adicional de revisión manual por parte de expertos. Tanto los errores automáticos como los manuales son clasificados en cuatro tipos:

P1 (Perceptible): La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de tal modo que puedan percibirlos.

P2 (Operable): Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deber ser operables.

P3 (Comprensible): La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

P4 (Robusto): El contenido deber ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Para el presente estudio, se trabaja con los errores automáticos, ya que se tiene la certeza de que los mismos no cumplen con las pautas del sistema y se encuentran clasificados de acuerdo con la anterior tipología. La hipótesis se rechaza cuando no existen errores automáticos establecidos a través de la herramienta TAW.

Resultados

Grado de transparencia activa. Los valores estadísticos básicos obtenidos con la realización de la revisión de la información publicada en los sitios web de las 64 entidades públicas, distribuido en 32 alcaldías y 32 gobernaciones permite apreciar el promedio de los resultados del ITG muestra una puntuación por encima del 50%, logrando un grado de transparencia activa medio en cuanto a la información requerida, no siendo esto muy distintos entre las entidades, como se evidencia en la desviación estándar. (tabla 2).

Tabla 4. Ranking de Transparencia Global

PG	PI	Gobernación	Punt.	Grado de Divulgación	PG	PI	Alcaldía	Punt.	Grado de Divulgación
1	1	Casanare	0,92	Alto	3	1	Santa Marta	0,84	Medio - Alto
2	2	Córdoba	0,86	Medio - Alto	4	2	Cali	0,82	Medio - Alto
6	3	Huila	0,80	Medio - Alto	5	3	Tunja	0,82	Medio - Alto
9	4	Boyacá	0,78	Medio - Alto	7	4	Manizales	0,80	Medio - Alto
10	5	La Guajira	0,78	Medio - Alto	8	5	Yopal	0,80	Medio - Alto
11	6	Cundinamarca	0,76	Medio - Alto	12	6	Pasto	0,76	Medio - Alto
15	7	Antioquia	0,67	Medio	13	7	Medellín	0,71	Medio - Alto
16	8	Putumayo	0,67	Medio	14	8	Villavicencio	0,69	Medio
18	9	Caldas	0,65	Medio	17	9	Neiva	0,67	Medio
21	10	Risaralda	0,63	Medio	19	10	Armenia	0,65	Medio
23	11	Arauca	0,61	Medio	20	11	Bucaramanga	0,65	Medio
24	12	Norte de Santander	0,61	Medio	22	12	San José del Guaviare	0,63	Medio
27	13	Cauca	0,59	Medio	25	13	Popayán	0,61	Medio
30	14	Cesar	0,57	Medio	26	14	Quibdó	0,61	Medio
35	15	Guaviare	0,55	Medio	28	15	Cúcuta	0,59	Medio
36	16	Valle del Cauca	0,55	Medio	29	16	Florencia	0,59	Medio
41	17	Bolívar	0,49	Medio	31	17	Arauca	0,57	Medio
42	18	Tolima	0,49	Medio	32	18	Barranquilla	0,57	Medio
47	19	Santander	0,47	Medio	33	19	Ibagué	0,57	Medio
48	20	Sucre	0,47	Medio	34	20	Valledupar	0,57	Medio
49	21	Nariño	0,45	Medio	37	21	San Andrés	0,55	Medio
51	22	Atlántico	0,43	Medio	38	22	Mocoa	0,53	Medio
52	23	Vaupés	0,43	Medio	39	23	Puerto Carreño	0,51	Medio
54	24	Quindío	0,41	Medio	40	24	Riohacha	0,51	Medio
55	25	Amazonas	0,37	Bajo	43	25	Cartagena	0,49	Medio
56	26	Caquetá	0,37	Bajo	44	26	Leticia	0,49	Medio
57	27	Magdalena	0,35	Bajo	45	27	Mitú	0,49	Medio
58	28	Meta	0,33	Bajo	46	28	Montería	0,49	Medio
59	29	Guainía	0,27	Bajo	50	29	Pereira	0,45	Medio
60	30	San Andres	0,27	Bajo	53	30	Sincelejo	0,43	Medio
61	31	Vichada	0,27	Bajo	62	31	Puerto Inírida	0,24	Bajo
63	32	Chocó	0,20	Bajo	64	32	Bogotá	-	Bajo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Estadística descriptiva test accesibilidad

		N	Media	Desviación estándar	Error estándar	Mínimo	Máximo
		N	Media	Desviación estándar	Error estándar	Mínimo	Máximo
P1	Gobernación	32	20,41	16,382	2,896	1	59
	Alcaldía	32	25,41	25,413	4,492	1	105
	Total	64	22,91	21,358	2,670	1	105
P2	Gobernación	32	15,84	15,956	2,821	0	66
	Alcaldía	32	16,81	28,220	4,989	0	143
	Total	64	16,33	22,746	2,843	0	143
P3	Gobernación	32	1,38	1,930	,341	0	8
	Alcaldía	32	1,03	1,875	,331	0	8
	Total	64	1,20	1,896	,237	0	8
P4	Gobernación	32	12,75	16,170	2,859	0	73
	Alcaldía	32	13,06	18,002	3,182	0	77
	Total	64	12,91	16,975	2,122	0	77
T_errores	Gobernación	32	50,38	37,676	6,660	4	149
	Alcaldía	32	56,31	57,257	10,122	4	244
	Total	64	53,34	48,172	6,022	4	244

Fuente: Elaboración propia, a partir del cuadro de salida de SPSS

En promedio los sitios web de las gobernaciones presentan menores errores respecto a las alcaldías y sus resultados son más homogéneos, tal como se muestra en los valores totales (t_errores) de medias y desviación estándar. Asimismo, las páginas web con menor número de errores generados corresponde a alcaldías de Pereira (4), Popayán (5) y Bogotá (9) y las Gobernaciones de Antioquia (4) y Casanare (5). Igualmente, las páginas con mayor número de errores corresponde a alcaldías de Medellín (244) y Villavicencio (190) y la Gobernación de Norte de Santander (149). Llama la atención los casos de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín en los que se esperaría los resultados fueran cercanos dado que al encontrarse en una misma zona geográfica las posibilidades de sinergias en esta materia podrían conllevar a una mejora en la accesibilidad en sus sitios web. Por otra parte, los errores que mayor presencia tienen en los sitios web son de tipo P1, es decir, que son aquellos que afectan la percepción de los usuarios a la hora de acceder a la información. Por el contrario, aquellos de tipo P3, es decir, que afectan la comprensibilidad al momento de acceder a la información son los que obtiene una nota media menor con respecto a los otros tipos de errores.

Al correlacionar los errores de accesibilidad y las puntuaciones observadas en el ITG (tabla 7), se observa que existe una relación positiva entre las dos variables, cuyos sitios web contienen mayor información y generan mayores errores, al considerar que pueden producir problemas de accesibilidad en términos de la percepción, robustez, comprensión y operabilidad.

Tabla 7. Correlaciones entre errores de acceso y el ITG

		T_errores	Ind_transp_global
T_errores	Correlación de Pearson	1	,327^**
	Sig. (bilateral)		,008
	N	64	64
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Autores.

Por lo anterior, la hipótesis se acepta en la medida que todos los sitios web presentan algún tipo de error de accesibilidad en la información, por lo cual resulta ser un asunto en el cual se espera las administraciones públicas territoriales en Colombia deban mejorar.

Discusión y Conclusiones

En el presente estudio se evalúo el grado de transparencia activa de las administraciones públicas territoriales en Colombia, teniendo como referente lo establecido en la Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública, con lo cual se esperaba evidenciar la existencia de prácticas que favorecieran el acceso a la información relevante para los ciudadanos. De allí que la investigación se soportó en los siguientes objetivos específicos: a). medir el grado de transparencia activa a partir de la divulgación de la información pública en los sitios web de las administraciones públicas territoriales en Colombia, b). analizar las diferencias de divulgación de información entre las administraciones públicas territoriales a partir de su ámbito de gobierno, c). evaluar el nivel de accesibilidad en los sitios web.

Los resultados muestran que el grado de transparencia activa es medio lo cual no es muy distinto a lo evidenciado en estudios previos (Patrick, 2014; Católico, Gómez, & Gómez, 2014; García, 2013), por lo que aún existe un margen en el cual las administraciones públicas deben mejorar en esta materia para favorecer las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Esta situación puede corresponder a que las administraciones públicas territoriales siguen habituadas a publicar su información por las vías tradicionales aun existiendo las nuevas tecnologías (Pina, Torres, & Royo, 2010a).

Para llegar a los anteriores resultados se diseñó un índice de transparencia global (ITG) que resulta de reconocer los requisitos mínimos exigidos en la Ley 1712 de 2014. Este índice se encuentra conformado por los subíndices de estructura (STE) y de procedimientos (STP) que consideran un total de 49 aspectos indagados en los sitios web de las administraciones públicas territoriales en Colombia, encontrando que los aspectos con menor nivel de publicación son los que se refieren a los procedimientos, los cuales al reflejar la relación directa entre las entidades y los ciudadanos en materia de servicios, toma de decisiones, quejas y reclamos, datos abiertos, entre otros, son de importancia para aumentar la confianza en las administraciones públicas y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.

Con los datos obtenidos en el ITG se generó un “ranking de transparencia global” en el cual se evidencia que las alcaldías obtienen un resultado medio superior al obtenido por las gobernaciones, lo que puede explicarse en la medida que las alcaldías por su ubicación geográfica tienen una mayor cercanía a la ciudadanía, teniendo un mayor interés en mejorar la imagen ante esta al publicar una mejor y mayor información. Sin embargo, es de señalar que las gobernaciones muestran los más altos y más bajos resultados obtenidos en el ITG, de allí que sus resultados sean menos homogéneos con respecto a lo observado en las alcaldías.

Como manifiesta Relly (2012), una vez que la ley se ha puesto en marcha, es importante que se controle su cumplimiento; de allí que el diseño del ITG propuesto en el presente estudio, se configure en una medida de seguimiento que puede ser útil a los reguladores y supervisores que deben realizar una evaluación y verificación sobre la transparencia en la gestión pública en Colombia.

La literatura previa se ha enfocado en evaluar las diferencias que existen en revelar información cuando existe o no una ley de transparencia en los países. De allí que la presente investigación avanza en este sentido y reconoce un escenario en el cual más allá de existir o no una ley de referencia, se analice si los ámbitos de gobierno influyen en la publicidad de la información teniendo como referencia el mismo lineamiento normativo. Se encontró que el grado de transparencia activa de las gobernaciones y alcaldías no presenta diferencias significativas, aunque estas últimas tienen un mayor grado de divulgación de la información.

Se observa que las páginas web de las administraciones públicas territoriales en Colombia deben mejorar en materia de acceso a la información, ya que al evaluar dicha condición a través del Test de Accesibilidad T.A.W., se muestra la existencia de errores automáticos que afectan la percepción, operabilidad, comprensibilidad y robustes de la información al momento de acceder a esta.

Asimismo, se debe avanzar a estudios como el realizado por Searson y Johson (2010), que permitan evaluar la interactividad, la usabilidad y la experiencia tecnológica, con el fin de mejorar la construcción de relaciones con las partes interesadas.

Finalmente, se concluye que las administraciones públicas territoriales deben realizar un esfuerzo para mejorar sus prácticas de publicación y acceso a la información, con el fin de lograr una cultura de divulgación de la información que represente un escenario de transparencia activa que contribuya a mejorar las relaciones entre estas y los ciudadanos y, a la vez, permita disminuir la discrecionalidad en las actuaciones de los gestores públicos que puedan conllevar a situaciones de corrupción.

El estudio analiza la transparencia activa en las administraciones publicas territoriales en Colombia en un momento del tiempo, por lo que resulta necesario avanzar en investigaciones que lleven a observar y a evaluar este tema en varios períodos, generando, de esta manera, investigaciones de corte longitudinal. De igual forma, con los resultados obtenidos se podría realizar estudios comparativos con otros países para poder evidenciar prácticas diferenciadoras de las cuales se pueda aprender.

El estudio aborda una relación no contemplada con respecto al ámbito de gobierno; sin embargo, se debe evaluar la existencia de otros factores que puedan determinar las prácticas de acceso a la información en las administraciones públicas territoriales en Colombia, trasciendo con ello, a estudios multivariados.

Al tener como problemática de referencia la corrupción, se debe avanzar en realizar estudios que analicen que tanto la transparencia activa ha mitigado la corrupción, considerando, para ello, la realización de trabajo en terreno, buscando fuentes distintas a las propias entidades de gobierno, que den cuenta al respecto y se aborde esta relación desde otros referentes teóricos como podría ser desde la teoría de la legitimidad, con el fin de aportar mayores elementos que permitan transformaciones sociales concretas que vayan más allá de la visión gubernamental y de los órganos de gobierno

Referencias bibliográficas

Ackerman. (2008). Más allá del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. México: Siglo XXI.

Ackerman, J., & Sandoval, I. (2015). Leyes de acceso a la información en el mundo. México D.F.: Instituto Nacional de Transparencia.

Alcaide, L., Rodríguez, M., & Garde, R. (2014). Estudio cienciométrico de la investigación en transparencia informativa, participación ciudadana y prestación de servicios públicos mediante la implementación del e-Gobierno. Revista de Contabilidad Spanish Accounting Review. 17(2), 130-142.

Arboleda, G. (2008). Rendición de cuentas. En G. Arboleda Vélez, Evaluación de políticas públicas (págs. 251-264). Santiago de Cali: AC Editores.

Caba, C., Rodriguez, M., & López, A. (2008). e-Government process and incentives for online public financial information. Online Information Review. 32(3), 379-400.

Calland, R. (2002). El acceso a la información: ¿Para qué sirve? ¿Y comó se utiliza? En L. Neuman, Acceso a la información. La llave para la democracia (págs. 1-44). Atlanta: Centro Carter.

Cameron, D. (10 de Febrary de 2010). The next age of government. Official TED Conference. London, England. Recuperado el 15 de febrero de 2016, de http://www.ted.com/talks/david_cameron?language=es

Cárcaba, A., & García, J. (2008). Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por parte de los gobiernos locales. Revista Española de Financiación y Contabilidad, XXXVII(137), 63-84.

Católico, D., Gómez, P., & Gómez, A. (2014). Revelación on-line de la información financiera y no financiera de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia. Cuadernos de Contabilidad. 15(37), 77-108.

Centro Nacional de Consultoría. (2011). Gran encuesta sobre corrupción. Revista Credencial. s.n. 22-25.

Cepeda, F. (2011). Narcotráfico, financiación política y corrupción. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones.

Cerrillo, A. (2011). The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from the Spanish regulation. Government Information Quarterly, 28, 188-199.

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (2006). Informe Sectorial de Telecomunicaciones Nº8. Bogotà D.C. Recuperado el 08 de agosto de 2016, de: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-7908_Informe_sectorial_8_pdf.pdf

Cooke, T. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. Journal of International Financial Management & Accounting, 1(2), 171-195.

Congreso de la República. (2014). Ley 1712. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.

Corporación Transparencia por Colombia. (2009). Índice de Transparencia Nacional: documento metodológico preliminar 2008-2009. Bogotá D.C.: Corporación Transparencia por Colombia.

Curtin, D., & Meijer, A. (2006). DoesTransparency Strenghten Legitimacy? A Critical Analysis of European Union Policy Documents. Information Polity, 11(2), 109-122.

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Guías para la gestión pública territorial No. 5. Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales. Bogotá D.C., Colombia: Fundación Nueva Cultura.

Donaldson, M., & Kingsbury, B. (2013). The Adoption of Transparency Policies in Global Governance Institutions: Justifications, Effects, and Implications. Annual Review of Law and Social Science, 9, 119 – 147.

Duque, J. (2015). Corrupción, organizaciones criminales y accountability: la apropiación de las regalías petroleras en los Llanos Orientales. Cali: Universidad del Valle.

Farioli, M., Capanegra, H., & Costa, O. (2015). La Transparencia y el derecho de acceso a la informacón pública en Argentina. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 15(24), 153 - 157.

Florini, A. (2002). Increasing transparency in government. International Journal on World Peace, 19(3), 3-37.

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4), 663-671.

García, M. (2013). Ley de acceso a la información pública: cumplimiento de las obligaciones de transparencia online en el ámbito latinoamericano. Tesis doctoral. Almería, España: Universidad de Almería.

Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments. Public Administration Review, 72(4), 562-571.

Hoque, Z. (2006). Methodological Issues in Accounting Research: theories and methods. London: Spiramus Press.

Islam, R. (2006). Does more transparency go along with better governance? Economics & Politics, 18(2), 121-167.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.

Lara, M., Toledo, I., & Gómez, L. (2012). La rendición de cuentas por el gobierno electrónico. Caso entidades federativas de México. Revista Cuadernos de Contabilidad, 13(33), 463-478.

La Porte, T., Demchak, C., & De Jong, M. (2002). Democracy and bureaucracy in the age of the web. Empirical findings and theoretical speculations. Administration & Society, 34(4), 411-446.

Maldonado, S., Escobar, N., & Marín, M. d. (2012). Divulgación de la información contable-financiera en el sitio web de empresas cotizadas en Chile y México: un estudio exploratorio. Revista Cuadernos de Contabilidad, 395-431.

Manfredi, J. L. (2007). Política exterior y transparencia Informativa. España: Opex observatorio de política exterior española.

McDermott, P. (2010). Building open government. Government Information Quarterly (27), 401 – 413.

Mendel, T. (2008). Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. Recuperado el 14 de enero 01 de 2017, de http://portal.unesco.org/ci: http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12054862803freedom_information_en.pdf/freedom_information_en.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2016). Boletín trimestral de las TIC. Cifras primer trimestre de 2016. Bogotá D.C. Recuperado el 08 de agosto de 2016, de: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf

Moreira, I., & Claussen, M. (2011). Políticas de transparencia en la administración pública brasileña. Revista del CLAD Reforma y Democracia (51), 129 - 152.

Neuman, L. (2002). Acceso a la información: La llave para la democracia. Atlanta: Centro Carter.

Neuman, L. (2006). Mechanisms for Monitoring and Enforcing the Right to Information Around the World. En T. C. Center, Access to Information: Building a Culture of Transparency (págs. 49-56). Atlanta: The Carter Center.

OCDE. (2002). Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria. Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria. Paris, Francia: OCDE Publications Service.

Open Society Justice Initiative. (2006). Transparencia & Silencio: Encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce paises. New York: Open Society Institute.

Patrick, J. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly, 31, 556-562.

Presidente de la República de Colombia. (2015). Decreto 103. Por el cual se reglamente parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.

Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010a). Is e-government leading to more accountable and transparent local governments? an overall view. Financial Accountability & Management, 26(1), 3-20.

Pina, V., Lourdes, T., & Royo, S. (2010b). Is E-Government Promoting Convergence Towards More Accountable Local Governments? International Public Management Journal, 13(4), 350-380.

Piotrowski, S., & Van Ryzing, G. (2007). Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. American Review of Public Administration, 37(3), 306-323.

Polo, J. (2011). Análisis de los determinantes de la transparencia fiscal: evidencia empírica para los municipios catalanes. Revista de Economía del Caribe(8), 133-166.

Raupp, F., & Gomes, J. (2016). Review of passive transparency in Brazilian city councils. Revista de Administração, 51, 288 – 298.

Relly, J. (2012). Examining a model of vertical accountability: A cross-national study of the influence of information access on the control of corruption. Government Information Quarterly, 29(3), 335-345.

Relly, J., & Sabharwal, M. (2009). Perceptions of transparency of government policymaking: A cross-national study. Government Information Quarterly, 26, 148 – 157.

Sanz, C., & Aliaga, J. (2008). Un análisis de la transparencia informativa por medio de las páginas web corporativas. Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 52, 87-103.

Searson, E., & Johnson, M. (2010). Transparency laws and interactive public relations: An analysis of Latin American government Web sites. Public Relations Review, 36, 120-126.

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Oaxaca. (2013). Transparencia y rendición de cuentas. Recuperado el 11 de 11 de 2014, de Contraloría Oaxaca: https://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

Serrano, C., Rueda, M., & Portillo, P. (2009). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. Environment and Planning C: Government and Policy, 27, 355-378.

Sommermann, K. (2010). La exigencia de una administración transparente en la perspectiva de los principios de democracia y del estado de derecho. En R. García, Derecho administrativo de la información y administración transparente. Madrid: Marcial Pons. 11-26

Sosa, J. (2011). Transparencia y rendición de cuentas. México D.F.: Siglo XXI Editores.

Stiglitz, J. (1999). On Liberty, the Right to Know, and Public Disclosure: The Role of Transparency in Public Life. Oxford Amnesty Lecture Oxford: World Bank. 32.

T.A.W. CTIC Centro Tecnológico. (8 de 07 de 2016). T.A.W. CTIC Centro Tecnológico. Obtenido de T.A.W. CTIC Centro Tecnológico: http://www.tawdis.net/

Transparencia Internacional. (2010). Corruption perceptions index 2010. Berlín: Transparency International.

Transparencia Internacional. (2017). What is transparency? Recuperado el 24 de febrero de 2017, de https://www.transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency

Vera, M., Rocha, D., & Martínez, M. (2015). El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción. Iconos (53), 85 - 103.

Villeneuve, J. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly, 31, 556 – 562.

Welch, E. (2012). The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States. International Review of Administrative Sciences, 78, 93-115.

Wong, W., & Welch, E. (2004). Does E-Government Promote Accountability? A Comparative Analysis of Website Openness and Government Accountability. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 17(2), 275-297.

Yepes, G. (2012). Tercera Encuesta Nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia y Corporación Transparencia por Colombia.

Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens trust in Pakistan. Government Information Quarterly (33), 200 – 209

		N	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
		N	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Sub_ind_estruc	Gobernación	32	,575195	,2049752	,1875	,9688
	Alcaldía	32	,650391	,1826382	,0000	,9063
	Total	64	,612793	,1962743	,0000	,9688
Sub_ind_proce	Gobernación	32	,452206	,2051015	,1176	,8235
	Alcaldía	32	,461397	,1982789	,0000	,8824
	Total	64	,456801	,2001653	,0000	,8824
Ind_transp_global	Gobernación	32	,532526	,1869260	,2041	,9184
	Alcaldía	32	,584821	,1695316	,0000	,8367
	Total	64	,558673	,1789701	,0000	,9184

Aspectos con mayor divulgación
Gobernaciones			Alcaldías
Aspecto	Puntuación	Sub Índice	Aspecto	Puntuación	Sub Índice
Normas generales y reglamentarias	32	STE	Normas generales y reglamentarias	30	STE
Horario atención al público	32	STE	Horario atención al público	30	STE
Ubicación sedes y áreas, divisiones o departamentos	32	STE	Ubicación sedes y áreas, divisiones o departamentos	30	STE
Detalles sobre los servicios que brinden directamente al público (Normas, Formularios, Protocolos de atención)	32	STP	Contrataciones adjudicadas	30	STE
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	31	STP	Trámites que se puedan realizar en la entidad (Costos, Formularios, información requerida)	30	STP
Aspectos con menor divulgación
Gobernaciones			Alcaldías
Aspecto	Puntuación	Sub Indice	Aspecto	Puntuación	Sub Indice
Objetivos de las unidades administrativas	4	STE	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado	4	STP

	Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
Sub_ind_estruc	Entre grupos	,090	1	,090	2,401	,126
	Dentro de grupos	2,337	62	,038
	Total	2,427	63
Sub_ind_proce	Entre grupos	,001	1	,001	,033	,856
	Dentro de grupos	2,523	62	,041
	Total	2,524	63
Ind_transp_global	Entre grupos	,044	1	,044	1,374	,246
	Dentro de grupos	1,974	62	,032
	Total	2,018	63

Procedimientos para la toma de decisiones	4	STP	Escala Salarial	3	STE
Mecanismo por el cual el público puede participar en la formulación de la política	3	STP	Procedimientos para la toma de decisiones	3	STP
Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación.	3	STP	Planes de gasto público para cada año fiscal art. 74 ley 1474 de 2011 (Año 2016)	2	STE
Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado	1	STP	El índice de información clasificada y reservada	2	STP