Fecha de recepción del artículo: 24 de Junio de 2017

Fecha de aceptación del artículo: 21 de Diciembre de 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i1.421

*Este artículo es producto del proyecto de investigación identificado con el Código: INV-EES-2585, titulado “La seguridad ciudadana y el empoderamiento de los gobiernos locales en el S. XXI”, registrada en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia). Grupo de Investigación: Estudios Internacionales y Políticos”

** Politólogo Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales Escuela Superior de Guerra. Filiación: Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Correo electrónico: juan.garcia@unimilitar.edu.co DOI: http://orcid.org/0000-0002-9620-4635

*** Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Magister en Asuntos Internacionales Universidad Externado de Colombia. Filiación: Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Correo electrónico: camilo.devia@unimilitar.edu.co DOI: http://orcid.org/0000-0002-6264-4958

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Resumen

Dentro de los diversos factores generadores de la violencia y la criminalidad en América Latina, el tema cultural ha venido tomando progresiva trascendencia; por tal razón, la investigación buscó establecer las relaciones existentes entre cultura y delincuencia, para luego definir conceptualmente los diversos fenómenos culturales de la región que se consideran asociados a manifestaciones delictivas, con el fin de establecer algunas razones relativas a su origen, desarrollo y permanencia en Latinoamérica, para mostrar cómo a través de diversas teorías y enfoques de seguridad ciudadana se ha procurado contrarrestar dichos fenómenos anticulturales, mediante la implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana con base en experiencias aplicadas en Chile y en el departamento de Antioquia (Colombia). Se concluyó que en la escuela existen diversas formas para resolver los conflictos, pero en las familias, no son claros. La familia considera que se necesita del diálogo para convivir.

Palabras clave: Factores culturales, cultura ciudadana, seguridad ciudadana, políticas públicas.

Abstract

Inside the diverse factors that generate violence and criminality in Latin America, the cultural theme has been gradually becoming more important. For this reason, the existing relations between culture and crime will be established, for then, define conceptually the various cultural phenomena of the region that are considered to be associated with criminal manifestations in order to establish some reasons associated with their origin, development and permanence in Latin America, to show how through various theories and approaches of citizen security has been sought to counteract such anticultural phenomena by implementation of public citizen security policies based on applied experiences in Chile and in the department of Antioquia (Colombia).

Keywords: Cultural factors, citizen culture, citizen security, public policies.

Resumo

Dentro dos vários fatores que geram violência e crime na América Latina, a questão cultural vem assumindo progressivamente a importância; por esta razão, a pesquisa procurou estabelecer as relações entre cultura e crime, para então definir conceitualmente os vários fenômenos culturais da região que são considerados associados a manifestações criminosas, a fim de estabelecer algumas razões em relação à sua origem, desenvolvimento e permanência na América Latina, para mostrar como, através de várias teorias e abordagens da segurança cidadã, os fenômenos anticulturais foram contrabalançados pela implementação de políticas públicas de segurança cidadã baseadas em experiências aplicadas no Chile e no departamento de Antioquia (Colômbia). Concluiu-se que na escola há diferentes maneiras de resolver conflitos, mas em famílias, eles não são claros. A família considera que o diálogo é necessário para viver juntos.

Palavras-chave: fatores culturais, cultura cidadã, segurança cidadã, políticas públicas

Introducción

En América Latina es común la asociación entre violencia y criminalidad a los siguientes factores: Crecimiento económico, equidad y calidad de vida, fortaleza del Estado de Derecho, la disponibilidad de armas de fuego, el narcotráfico, otras formas del crimen organizado y la cultura ciudadana.

Dentro de este último factor se ha analizado un fenómeno cultural que ha sido caracterizado y denominado de diversas formas: “Cultura del atajo”, “cultura de la ilegalidad”, “cultura del dinero fácil”, “delito aspiracional”, el cual se da de forma generalizada y es aceptado socialmente en Latinoamérica.

Los casos de Antioquia y Chile mostrarán las relaciones entre estos fenómenos culturales y la seguridad en la región, las cuales revelarán la importancia de contrarrestar y prevenir esta cultura a través de diversas políticas de seguridad ciudadana, sustentadas en diversas teorías y enfoques, a niveles nacional, regional y local, las cuales ya se han venido implementando en algunos países con resultados positivos.

Metodología

El proceso de construcción de artículo se enmarcó bajo las características del método cualitativo. Se realizó un acercamiento teórico que pretende analizar una realidad social, en este caso se trata de la relación existente entre cultura y violencia en la sociedad latinoamericana, y cómo esta correspondencia se puede intervenir a través de políticas públicas desde diversos enfoques y teorías de la seguridad ciudadana

Resultados

Relaciones entre violencia, delitos (Criminalidad) y cultura

La violencia fue entendida como el conjunto de las relaciones sociales particulares del conflicto que nacen de una compleja construcción social y política, que se expresan a través de diferentes dimensiones (política, estructural, simbólica y cotidiana), y adquieren sentido progresivamente a partir de los contextos particulares en los que se produce. Por su parte la criminalidad y los delitos hacen referencia a aquellos actos violentos que se encuentran tipificados por la ley. Por tal razón violencia y delito (criminalidad) no son equivalentes, el primero incluye al segundo (Carrión & Dammert, 2009, págs. 9-10).

En las ciencias sociales existen dos teorías básicas para el estudio de la conducta delictiva: la teoría de las formas de socialización y la teoría de la ruptura. La primera, afirma que la violencia comprende dimensiones organizativas, institucionales y culturales que pueden conducir a la selección de estrategias violentas por parte de ciertos actores sociales. Desde esta perspectiva la causa principal del delito es la existencia de grupos subculturales de delincuentes que traspasan los conocimientos delictuales (Arriagada & Godoy, 2000).

La segunda se centra en las dimensiones estructurales y sociales, surgiendo la violencia de cambios sociales acelerados generados por la industrialización y la urbanización, que disuelven los mecanismos tradicionales de control social, generando una ruptura entre las aspiraciones y los medios sociales y culturales aceptados para hacer realidad esas aspiraciones. La conducta delictiva depende de la capacidad de los individuos para alcanzar las metas de acuerdo con el entorno social y la importancia asignada al éxito económico. Desde esta corriente existiría una correlación importante entre pobreza y delincuencia y exclusión social (Arriagada & Godoy, 2000).

Partiendo de estas dos teorías, en especial la segunda, es necesario encontrar los nexos entre cultura y delito analizando las cifras socio-económicas. Estas en Latinoamérica son bastante positivas, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 15). La región ha tenido un crecimiento económico agregado sostenido de 4.2% en promedio anual en los últimos 10 años, los niveles de pobreza han disminuido y el desempleo ha descendido de manera sostenida desde 2002.

Estos indicadores harían pensar que las tasas de delito y homicidios han descendido, sin embargo a nivel general se han aumentado, al revisar diversas cifras de organismos internacionales, como el informe ya citado del PNUD, ONG entre ellas, el “Consejo Ciudadano para la Seguridad, Justicia y Paz” en su informe sobre las cincuenta ciudades más violentas del mundo, de las cuales cuarenta y tres son latinoamericanas (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2015) o entidades como LAPOP – Latin American Public Opinion Project -que es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, la cual estudió la percepción del crimen y la violencia en la región (LAPOP, 2014).

Lo anterior muestra que los orígenes del delito y el crimen son multicausales, entre los cuales se destacan factores de tipo económico como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de movilidad social, entre otras; las de tipo social como la desintegración familiar, las fallas del sistema educativo, el desplazamiento y la discriminación; de tipo político, los conflictos armados internos, la corrupción y la impunidad, o los llamados facilitadores del delito como el tráfico y consumo de drogas, la delincuencia organizada, el contrabando, el porte de armas de fuego y el alcoholismo.

Asociado a lo anterior está el aspecto cultural, de gran relevancia en las dos teorías básicas expuestas, el cual se constituye en un factor complementario que ayuda explicar por qué, pese al mejoramiento de los distintos indicadores socioeconómicos en Latinoamérica persisten las altas cifras de inseguridad en la región.

Afirmar que es un factor complementario significa que su estudio da elementos de análisis, reflexión y comprensión de los fenómenos del delito y del crimen, sin llegar a posturas extremas como la del ex-decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (Colombia) Alejandro Gaviria denominada “Cultura de la cultura mafiosa”, la cual es criticada por ser “una teoría que pretende explicarlo todo (el consumismo, la corrupción, la violencia, el machismo, el oportunismo, el enriquecimiento ilícito, el dinero fácil) pero que al final de cuentas no explica nada. O mejor, sólo explica la ignorancia (o la pereza) de quienes recurren con frecuencia al atajo conceptual de la cultura mafiosa” (Gaviria, 2011), es decir que existe un abuso conceptual de la cultura en el área de la seguridad ciudadana como elemento explicativo; o que simplemente ponen en duda la relación de causalidad entre la reducción de los homicidios y las políticas de seguridad ciudadana, respaldadas primordialmente en el componente cultural (Casas & González, 2005).

La relación existente entre cultura y conducta delictiva parte de una pretendida moral, entendida como los comportamientos que se vuelven costumbre en una comunidad, los cuales van evolucionando a la par que va cambiando la cultura de ésta. En otras palabras, cuando un amplio sector de la sociedad cambia sus costumbres culturales, se imponen nuevas formas de comportamiento moral (Aristizábal, 2012). En Latinoamérica lamentablemente se transformaron las costumbres culturales imponiéndose nuevas formas de comportamiento moral sustentadas en la informalidad e ilegalidad, donde se confunden los límites entre lo bueno y lo malo (Apatía moral o amoralidad rampante identificada como costumbre).

Johan Galtung explica esta relación afirmando que en cada cultura hay aspectos que pueden utilizarse para legitimar la violencia directa física o verbal, y las estructuras violentas como los sistemas económicos, políticos y sociales que reproducen desigualdad y marginación. Para este autor se hace indispensable identificar y desmantelar los componentes culturales que nutren la violencia que se percibe más tangiblemente, y desactivar aspectos como mitos, estereotipos, creencias, síndromes, traumas y actitudes que hacen parecer que la violencia sea adecuada y necesaria (Galtung, 2003).

El modelo de Galtung se estructura en tres tipos de violencia. La directa que puede ser física, verbal o psicológica, que se hace manifiesta en comportamientos agresivos y actos de violencia. La violencia estructural se muestra como aquella que es propia de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan los Estados, que no permiten la satisfacción de las necesidades básicas. Por último, la violencia cultural es definida desde los aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico (Materializados en la religión, ideología, lengua y arte, ciencias, leyes, lógica, matemáticas. Símbolos: como cruces, medallas, escudos, medias lunas, banderas, himnos, emblemas, eslogans, desfiles militares, entre otros), que se pueden utilizar para justificar o legitimar la violencia directa o estructural (Concha, 2009).

Explicado según Ruiz & Knudson, (2012) a partir del divorcio entre ley, moral y cultura, que puede afectar gravemente la convivencia y el tejido social. Para él, esta separación genera con respecto a la seguridad y la convivencia que exista por parte de la sociedad aprobación moral y cultural de acciones ilegales, o bien, indiferencia o desaprobación cultural y moral hacia el cumplimiento de obligaciones legales. Por ejemplo, de acuerdo con la ley los ciudadanos están obligados a colaborar con la justicia y a denunciar los delitos. Sin embargo, culturalmente se ha impuesto la denominada ley del silencio (En Colombia “no sea sapo”, en Brasil “no sea dedo duro”), que ha generado una norma social que contradice y neutraliza la norma legal, en otras palabras, culturalmente se toleran y se aceptan ciertos comportamientos ilegales y con frecuencia moralmente censurables (Ruiz & Knudson, 2012).

Tabla 1. Mecanismos de regulación del comportamiento

Normas legales	Normas Morales	Normas Sociales
Admiración o respeto por la ley (reconocimiento de la importancia de cumplirla)	Autogratificación de la conciencia (paz con la propia conciencia)	Admiración y reconocimiento social (confianza-reputación)
Temor a la sanción legal	Temor a la culpa	Temor a la vergüenza o al rechazo social

Fuente: Corpovisionarios, Antanas Mockus (2012).

El modelo de Mockus según Ruiz & Knudson, (2012) se explica con tres columnas que enmarcan los tres sistemas reguladores (ley, moral y cultura), mientras que los mecanismos de motivación del comportamiento se despliegan en dos filas, positivos (arriba), razones negativas o castigos (abajo). El eje de la propuesta conceptual es mostrar que los seres humanos no obedecen a un sólo sistema de regulación sino a la interacción de los tres sistemas (Ruiz & Knudson, 2012).

La relación entre cultura y delito, explicada desde distintos autores, se refleja en Latinoamérica en la aceptación social, la complacencia y la permisividad en situaciones de la vida cotidiana de la región como la compra de productos piratas (Libros, películas, ropa, entre otros) y de contrabando , la violación de las normas de tránsito, la evasión y el no pago pago de impuestos, el colarse en los sistemas de transporte masivo, el modelo de pirámides para ganar dinero de forma ágil y sin esfuerzo, y el tema del plagio entre los estudiantes universitarios colombianos .

Definiciones conceptuales

La propuesta y definición de “cultura ciudadana” del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, busca modificar ciertos comportamientos individuales y colectivos que riñen fuertemente con la vida social de la ciudad mediante la autorregulación ciudadana, capacitación de funcionarios y construcción de algunos espacios urbanos donde interactúan ciudadanos o éstos con funcionarios en aras de una armoniosa convivencia ciudadana. Construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, actual y futura, y buscar que tanto la comprensión como el respeto de las reglas confieran identidad ciudadana y sentido de pertenencia; impulsar lo que tradicionalmente se reconoce como indicador cultural, la cultura popular y las manifestaciones artísticas que puedan contribuir a generar sentimiento de pertenencia a la ciudad y propiciar la participación comunitaria y la regulación de la administración por parte de la ciudadanía. (Ceballos & Martin, 2004, pág. 502)

Dentro de esta perspectiva de “cultura ciudadana” es de vital importancia la construcción de la convivencia social donde es necesario reconocer la importancia de los tres sistemas reguladores (ley, moral, cultura), de modo que lo establecido en la ley sea interiorizado en la conciencia moral y fortalecido como regulación cultural en su instancia normativa. Lo más importante, en estos términos, es avanzar en la formulación de una cultura democrática y una cultura de la legalidad, para que las tensiones entre los sistemas reguladores se resuelvan de manera pacífica mediante mecanismos democráticos, es decir, a través la discusión y argumentación, o, dicho de otro modo, mediante una verdadera construcción conjunta de la ley para su posterior y consensuado cumplimiento. (Ceballos & Martin, 2004, pág. 503)

Relacionada con la anterior existe “la cultura de la legalidad” que se puede entender como un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven y crean al interior de la población la aceptación del Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad, lo cual sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por tanto de sus aplicadores como destinatarios, que evolucionan hacia un mecanismo de autorregulación individual y de regulación social, cuya exigencia por parte de los ciudadanos, es una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales, las tradiciones y convenciones culturales (Cultura de la Legalidad, s.f.).

Fortalecer la cultura de la legalidad implica reconocer el ordenamiento jurídico, las normas como pautas de comportamiento de una sociedad en un momento histórico determinado, y que los ciudadanos se comporten por un convencimiento interno de su obligatoriedad de tal manera que exijan a los demás comportamientos individuales y colectivos conforme al derecho (Montealegre, 2013). Con la cultura de la legalidad se combate la cultura del dinero fácil, la del atajo, entre otras.

Las definiciones negativas del ámbito cultural son las que distintas políticas y programas de seguridad ciudadana buscan prevenir o modificar en caso de que hagan parte del imaginario colectivo y hayan sido interiorizadas como algo normal y legal. “La cultura del dinero fácil” se puede entender como un estilo de vida en el cual conseguir las cosas no requiere de mucho esfuerzo y donde el trabajo duro no es validado en la sociedad (Bonet, 2014), “la cultura del atajo” es aquella donde poco importa cómo se obtengan las cosas, porque lo que cuenta es obtenerlas a cualquier costo moral pero sin ningún esfuerzo positivo, en este sentido, aprovechar cualquier oportunidad que se brinde, puesto que las posibilidades de ascenso social son muy pocas (no debe confundirse con movilidad social que es otro fenómeno, con causas diferentes y resultados muy diferentes), que llevan a decir que la formación y el rigor de los estudios, la capacitación, el esfuerzo perseverante de poco valen frente a las 'palancas' y que, más grave aún, cuando procede la manera incorrecta ya elevada a nivel cerebral (conciencia permisiva a pesar que se acepte que se es consciente de cometer un acto irregular) (Yunis, 2008).

“La cultura del avivato” que se refiere a quien a partir del oportunismo consigue muchas cosas sin esfuerzo o lo que es peor, a costa de violar las normas, cometer fraude, o no tener límites entre lo que es ético y lo que no (Arana, 2014). “La cultura mafiosa” entendida como personas antes marginadas y excluidas de los estratos altos lograron acumular grandes riquezas que han sido utilizadas en inversión, ahorro y, en su gran mayoría, en el consumo ostentoso y el lujo, mostrando su poder a través de la capacidad de compra, en un intento por generar una imagen de riqueza excesiva y derroche excéntrico que los diferencie del común (Agudelo, 2010).

“La cultura de la ilegalidad”, “del desacato o del incumplimiento” se presenta cuando se incumple la norma en tanto regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano, infringiéndose la regla y por ende se irrespeta el ordenamiento jurídico, con el agravante de que el incumplidor considera la viveza como un valor esencial para la supervivencia (Villalobos, 2012). En relación con lo anterior encontramos el denominado “delito aspiracional” cuando hay individuos o grupos que, al desear aumentar sus expectativas de consumo, combinadas con la falta de movilidad social en contextos específicos, están dispuestos a desafiar el orden legítimo y optan por la vía delictiva como forma de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 15)

Origen y reproducción de estas anticulturas en Latinoamérica.

Lo que hasta ahora hemos denominado culturas, necesariamente han de considerarse como anticulturas, pues contrarían el ser y el sentido ético moral de la convivencia humana. No es claro el origen de este tipo de anticulturas en Latinoamérica, es común que se relacionen con Estados que no tienen el monopolio de la fuerza o con un sistema jurídico frágil, laxo, permisivo y en muchas ocasiones corrupto, donde transgredir la ley o la norma no tiene consecuencias relevantes para el infractor. Lo anterior sumado al fenómeno del contrabando y el narcotráfico en la región (Mejía, 2010), que con el poder corruptor de su dinero ha relajado las normas de convivencia y el cumplimiento de la ley, generando una dimensión simbólica en donde se cree que prácticamente todo se puede lograr exclusivamente con grandes recursos económicos (González, 2015).

Desde diversos estudios históricos y sociológicos se explican el surgimiento de estas anticulturas en Latinoamérica a partir de la herencia del personalismo hispano que configuró una particular modalidad de individualismo exacerbado que no se sujeta a reglas ni a normatividad y sólo busca la satisfacción de sus expectativas sin tener en cuenta la colectividad ni el interés general, a diferencia del anglosajón. Esta base hispana se combina con condiciones político-jurídicas, como la inexistencia de un Estado Nación fuerte, que rápidamente genera desviaciones patológicas neurálgicas (Quintana, 2011).

Estas formas anticulturales lamentablemente permean a niños y jóvenes, quienes las interiorizan acríticamente, si no hay acciones tendientes a revertir estos imaginarios negativos de la sociedad en los ámbitos públicos y privados.

Niñez y educación

Los menores de edad son la población más vulnerable a ser permeada e inducida por estas anticulturas de la ilegalidad, ya que tienden a emular modelos erróneos nacidos del anti testimonio (Falsos modelos de identidad a imitar). Esto se demuestra en diversas investigaciones o pruebas realizadas a los niños en la región.

Una de ellas la adelantó la Universidad Nacional. Se desarrolló en municipios de Antioquia y buscaba analizar cómo la cultura de la ilegalidad permea inconscientemente las vidas de los jóvenes, al mostrar de este modo, las enormes fallas en la formación ciudadana de los colegios de esa región, afectados por la violencia. Concluyó, que en general, los niños profesan más respeto por actores armados ilegales que por políticos locales, médicos y profesores y que los estudiantes no creen que a través del voto y de la participación política se puedan lograr cambios significativos. Por el contrario, prefieren buscar las cosas a través de la vía propia, haciendo uso de los recursos que tienen; esto demuestra que carecen de la visión de que alguien los representa (Bustamante, 2015).

En el año 2013 en Colombia el Ministerio de Educación desarrolló el módulo de competencias ciudadanas en las “Pruebas Saber” a estudiantes de noveno grado. El desempeño de los niños fue preocupante ya que el 43% de los estudiantes aceptaron que, en ciertas situaciones, son justificables los actos de corrupción. Esto demuestra que aún hay mucho que hacer para enseñarles a los jóvenes sobre formación ciudadana desde la escuela, la familia y la vida cotidiana, que constituyen una auténtica educación para la cultura política (Bustamante, 2015).

La escuela es uno de los principales agentes de socialización y de formación ético- política, porque allí se aprende a vivir de manera honrada e íntegra, con un alto nivel de compromiso y responsabilidad con la comunidad. Es un espacio para inculcar la cultura de la legalidad como estrategia contra la violencia y la corrupción (Mahecha, 2014) Pero ésta nada puede hacer cuando la cultura ciudadana en la vida cotidiana es ambivalente o errática.

Con respecto a la familia y la vida cotidiana, los adultos son un referente de ejemplo para los niños, sus comportamientos y actitudes influyen en ellos notablemente. Si hay conductas asociadas a una cultura de ilegalidad o de negación de las normas sociales para la convivencia, pueden reforzar los comportamientos ilegales en los menores. De ahí que deban primar los principios éticos, morales, ciudadanos y políticos en el hogar y en la calle.

Teorías, Enfoques e Intervenciones

Para contrarrestar la problemática cultural descrita es necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana desde un enfoque multisectorial que incluyan medidas de prevención, de tipo pedagógico, reformas institucionales, inversión pública, cambios en la relación gobierno y comunidad, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información.

Dentro de estas políticas de seguridad ciudadana se implementan teorías como la de “tolerancia cero” donde no se tolera ningún desorden o la de “las ventanas rotas” donde se asocia el aumento de la delincuencia al entorno, como la urbanización descontrolada, el desorden social y físico en los barrios, la falta de servicios urbanos básicos, la expansión masiva de espacios semipúblicos invasivos, la existencia de barrios que se encuentran bajo el control de pequeñas mafias locales, entre otros. Según esta teoría, incluso, un delito menor como el hecho de romper una ventana puede provocar otros actos delictivos si no se subsana rápidamente el principio de desorden. Efectivamente, los futuros delincuentes consideran que, si los residentes admiten unas manifestaciones de desorden, aunque sean pequeñas, es que son indiferentes a lo que pasa en esa zona. (Ortiz & Ponce, 2008)

Relacionado con lo anterior encontramos “la prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental y mediante el espacio urbano y arquitectónico”. Se ha comprobado que la planificación urbanística también tiene impacto sobre la delincuencia y el miedo a los delincuentes; por ejemplo, los pasos subterráneos, la falta de vigilancia, de visibilidad y de iluminación influyen en el comportamiento de las víctimas potenciales y de los delincuentes, ya que el entorno físico aumenta las oportunidades de cometer actos delictivos. También se ha constatado que las zonas abandonadas o mal mantenidas, y los edificios demasiado grandes y accesibles son más propensos a la delincuencia, porque dan una sensación de anonimato, de falta de vigilancia y de degradación (Ortiz & Ponce, 2008).

Dentro de las teorías ya mencionadas, es bastante utilizado “el enfoque de los mapas de color” donde se identifican zonas geográficas de las ciudades en donde se concentra la mayor proporción del crimen, para así concentrar los esfuerzos de la policía, los programas de prevención de la violencia y la criminalidad o los planes de renovación urbana que ayudan a reducir el desorden y el crimen.

Para identificar de manera precisa los puntos calientes de criminalidad resulta útil estudiar los mapas de concentración delictiva al nivel geográfico más pequeño posible, por ejemplo, los barrios (Centro de estudios sobre seguridad y drogas CESED, 2005). “la teoría práctica para la prevención del delito”, donde se analizan las circunstancias que lo permiten o facilitan. La gran mayoría de individuos que provienen de familias perturbadas o en condiciones de miseria, generalmente, por ese mismo hecho no puede decirse que hayan cometido delito alguno; en cambio, otros de “buena familia” en determinadas circunstancias se han transformado en peligrosos delincuentes activos. Esta teoría demuestra que un acto delictivo necesita, además de las condiciones arriba anotadas la convergencia de tres elementos para producirse: un posible delincuente, un objetivo apropiado y la ausencia de un vigilante apropiado. Por lo tanto, la razón principal de un delito es la oportunidad de cometerlo, si es así, las oportunidades delictivas se pueden reducir. (Ortiz & Ponce, 2008)

“La teoría de la eficacia colectiva” establece la existencia significativa de una comunidad que aporte un control social y una eficacia colectiva para mantener el orden. La implicación de todos los habitantes en el control del barrio implica cambios en la concepción de la seguridad donde es necesario la democratización de la información que estaba limitada a los policías y que debería ser accesible a los residentes para que supiesen cuándo y dónde se están produciendo los delitos y cambiar el tipo de policía que debe pasar de una policía de vigilancia restrictiva a una comunitaria participativa (Ortiz & Ponce, 2008).

Otras de las teorías que tiene elementos de las ya mencionadas es “la ecológica del delito y eficacia colectiva”. La teoría ecológica del delito intenta responder a la pregunta respecto de las razones que llevan a la concentración desigual del delito y de la violencia en el espacio urbano. Desde esa perspectiva se desprende la necesidad de modificar aquellas características de la vida asociativa que provocan altos índices de delincuencia. Entre éstas, se da importancia a temas como la distribución espacial de las viviendas económicas, la estructura familiar y la prevalencia de la pasividad social. Se concluye así que la desorganización social juega un papel contundente respecto de las tasas delictivas.

Por desorganización social se entiende la incapacidad de la comunidad para hacer efectivos los valores de sus residentes y para mantener un control efectivo sobre sus conductas. Una dimensión mayor de la desorganización social es la incapacidad de la comunidad para supervisar y orientar la conducta de niños y jóvenes. (Olavarría, Tocornal, Manzano, & Fruhling, 2008)

La desorganización social se refleja en la debilidad de las redes de conocimiento mutuo y amistad entre los residentes. Por ello se afirma que la confianza entre vecinos y la voluntad para ejercer control social informal sobre niños y adolescentes, lo que se denomina eficacia colectiva, son mecanismos fundamentales para prevenir el delito, ya que éstos operan diferenciadamente en distintos contextos socioeconómicos. A ello puede añadirse la relevancia de factores estructurales como la concentración de desventajas socioeconómicas y el acceso diferenciado a recursos institucionales (Olavarría, Tocornal, Manzano, & Fruhling, 2008).

Estas teorías se han venido implementado a través de políticas de seguridad ciudadana en diversos países, departamentos o ciudades de Latinoamérica para contrarrestar los fenómenos anticulturales ya descritos, que pueden generar crimen y violencia.

Las políticas, que pueden incluir una o varias de las teorías descritas, se implementan desde cuatro enfoques principalmente. El “convencional” que se basa en el modelo policía-justicia-prisión, que insiste en la adopción de políticas de control y represión de la criminalidad y la violencia delictual, sin atender estrategias preventivas. Los resultados de este enfoque, de alto contenido represivo y escaso contenido preventivo, por lo general no han sido satisfactorios (Arriagada & Godoy, 2000). A este enfoque también se le denomina “coercitivo” donde se aplican penas cada vez más y el aumento del pie de fuerza, de forma que cualquiera que contemple incurrir en este tipo de conductas, sean disuadidos de realizarlas (Ruiz & Knudson, 2012).

La segunda tendencia es la denominada “integral”, que interpreta la violencia como un fenómeno multidimensional que se contrarresta con estrategias integrales que incidan en los factores individuales, familiares, sociales y culturales que lo forjan, es decir se entienden la violencia y la delincuencia como un hecho psicosocial, político y cultural, frente a los cuales las medidas aisladas sólo tienen efectos marginales (Arriagada & Godoy, 2000). Este enfoque también es llamado “económico” y plantea que una alta intervención del Estado en programas de asistencia social para controlar los fenómenos de violencia para que la población, al tener mayor bienestar, tenga menos incentivos para cometer actos en contra de la seguridad (Ruiz & Knudson, 2012).

Los dos enfoques mencionados definen la existencia de variables externas a los ciudadanos que determinan su comportamiento, por lo tanto, están condicionados a comportarse de acuerdo a su situación de contexto, como ya se mencionó al explicar la relación entre cultura y delito. En la primera corriente, la ausencia de vigilancia o sin la amenaza de castigo los individuos tendrán la tendencia a comportarse mal; y desde la segunda, los individuos al estar en situaciones de precariedad económica, tendrán la tendencia a desacatar las leyes o cometer delitos (Ruiz & Knudson, 2012).

El tercer enfoque es el “transversal” que reconoce la necesidad de llevar a cabo programas que combinen medidas de control y prevención. Estos programas comparten criterios transversales que hacen más integrales las acciones a desarrollar. Se destacan tres criterios, el de coordinación interinstitucional que se centra en la necesidad de que existan al tiempo medidas de reducción de los delitos y aumento de su sanción. El segundo es la participación ciudadana, que pretende involucrar a la población en el problema de la seguridad, promoviendo la creación de redes y organizaciones en la comunidad en procura de mejorar la prevención y denuncia de delitos, al igual que fomentar la relación entre los ciudadanos y las fuerzas policiales. El tercer criterio es la prevención a través de programas educativos que buscan la resolución de conflictos (Arriagada & Godoy, 2000).

Este enfoque retoma los dos primeros, los cuales son conocidos como “deterministas”, y son precisamente estas tres posturas las catalogadas como dominantes, abarcando gran parte de la discusión acerca de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Estas en escasas oportunidades son cuestionadas por los Estados, así hayan sido revaluadas desde varias corrientes académicas, suelen tener un amplio respaldo en los espacios de retórica política al cual pertenecen los gobernantes, quienes son los que finalmente toman las decisiones (Ruiz & Knudson, 2012).

Por último, está el enfoque conocido como “cultura ciudadana”, el cual se caracteriza por no buscar fuera de los ciudadanos las variables que explican su comportamiento, sino que repara en lo que ocurre al interior de ellos mismos, tanto en sus patrones morales como en los modelos y mecanismos de regulación social. Por tal motivo, su acercamiento, su análisis y su intervención sobre la violencia y la delincuencia en los municipios, ciudades, departamentos y países se centra en las aprobaciones, justificaciones y validaciones morales y culturales que se dan dentro de los ciudadanos, en lugar de explicar estos fenómenos por factores que afectan desde afuera a los individuos (Ruiz & Knudson, 2012). Algunos puntos de esta corriente son abordados tangencialmente por la “postura integral o económica”.

A continuación, se mencionarán dos ejemplos que ilustran la aplicación de los enfoques y teorías descritas en Latinoamérica, primero la política de seguridad ciudadana del presidente Piñera “Plan Chile Seguro 2010-2014” y luego el Plan de Desarrollo “Antioquia las más educada 2012-2015” del gobernador de Antioquia, el cual se ubica en Colombia.

El “Plan Chile Seguro” fue la política del Gobierno de Sebastián Piñera para abordar la seguridad ciudadana y buscaba la formalización de una institucionalidad que sirviera como soporte para la implementación de políticas públicas en esta materia. En términos generales, dicho plan considera los cinco siguientes ejes (Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile, 2014):

•Prevenir (prevención social) 1. Programa Vida Sana, 2. Estrategia de prevención de alcohol y drogas, 3. Programa “Después de clases” de jornada alterna a la escolar, 4. Programa de prevención de la violencia intrafamiliar, 5. Programa Abriendo Caminos y 6. Laboratorio de proyectos de prevención.

•Proteger (prevención situacional) 1. Lugares más seguros: a) Prevención del delito mediante el diseño del ambiente físico • Transferencia de conocimientos a actores clave • Fomento de estándares de seguridad • Recuperación de espacios públicos. b) Mayor y mejor presencia policial • Aumento de dotación de Carabineros e Investigaciones • Ampliar y mejorar el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. c) Seguridad privada. 2. Reducir el atractivo de bienes susceptibles de robo. 3. Víctimas potenciales menos vulnerables: a) Registro público de condenados por delitos sexuales. b) Promoción de la seguridad virtual. c) Plataforma web en apoyo a víctimas potenciales.

•Sancionar, 1. Persecución Penal Estratégica: a) Planes regionales de Persecución Penal Estratégica. b) Mejorar las primeras diligencias. c) Mejorar la información disponible para controles preventivos e investigaciones policiales. d) Reducir archivos provisionales. 2. Estrategia de control del tráfico de drogas: a) Dificultar el ingreso de droga por vía terrestre. b) Desbaratar organizaciones criminales dedicadas a la importación y distribución de droga dentro del país. c) Limpiar barrios tomados por la droga. d) Diseñar estrategias para problemas específicos. e) Crear un Centro de Fusión de Información Investigativa Delictual. 3. Creación de Fiscalías Especializadas para Delitos de Alta Complejidad. 4. Control de medidas y sanciones que se cumplen en libertad: a) Modificaciones a la Ley. b) Agencia de control de medidas cautelares. 5. Perfeccionamientos legislativos.

•Apoyar (a las víctimas) 1. Política Nacional de Atención a Víctimas de Delitos. 2. Nuevo estándar de atención: a) Ampliación del servicio de orientación e información. b) Creación de un modelo de atención especial para casos de conmoción pública. c) Rediseño del actual “call center”.

•Rehabilitar (a quienes han cometido delitos). 1. Programa Vida Nueva. 2. Fortalecimiento del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas. 3. Perfeccionamientos al sistema de justicia para menores y adolescentes infractores 4. Ampliación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas 5. Mejorar la calidad de programas de reinserción social y laboral: a) Creación de un índice de reincidencia. b) Incorporación de variables de riesgo y necesidad en sistemas de clasificación de reclusos. c) Fortalecimiento de los programas de reinserción social intra y post-penitenciaria. d) Mecanismos para facilitar el trabajo de personas encarceladas. 6. Construcción de infraestructura penitenciaria (Ministerio del Interior Seguridad Publica, 2010).

La política de seguridad ciudadana implementada en Chile, se ubicaba dentro del enfoque “transversal” que incluye elementos tanto del enfoque “convencional o coercitivo” como del “integral o económico”, comprendiendo prácticamente todas las teorías descritas anteriormente, en especial las relacionadas con intervención en espacios físicos (“Ventanas rotas, “Diseño ambiental y espacio urbano y arquitectónico”, y la “ecológica del delito”) en el eje Proteger de “Chile Seguro”. El tema cultural es desarrollado de forma tangencial en el eje Prevenir, pero no era de gran relevancia en los distintos ejes que abarca esta política pública.

Lo anterior también se refleja en uno de los programas bandera de este plan denominado “Barrio en Paz”, que remplazó a “Comuna Segura” y los “Planes Comunales de Seguridad” de anteriores gobiernos. La principal diferencia con los antiguos programas radica en que se cambió la unidad de análisis que pasó a ser el barrio, el cual permitía una mayor focalización y efectividad de las respuestas del Estado, debido a la alta concentración de la delincuencia en zonas territoriales conocidas. Así mismo, se distinguió por intensificar el control policial y las intervenciones ambientales, sobre otros programas de prevención con contenidos psicosociales (Lagos, 2012).

Colombia – Plan de Desarrollo “Antioquia las más educada 2012-2015” - Líneas “Antioquia es Legal” y “Antioquia es Segura y Previene la Violencia”.

Este Plan se desarrolló en la Gobernación de Antioquia, tuvo como objetivo construir y fortalecer las capacidades de la sociedad antioqueña, en sus instituciones, en el gobierno departamental y en los gobiernos municipales, para su actuación pública y privada en los marcos de la ética y la legalidad. Estableció la puesta en marcha de un programa de acción cultural y política a través del cual se abordaba el problema de la ilegalidad en su cultura y se promovió el respeto por la normatividad, la ética y los derechos de todas las personas (Gobernación de Antioquia, 2012).

Se buscó una transformación de la sociedad a través del cambio social y cultural de las personas y el territorio desde una visión de la educación que se sustentaba en los principios de confianza, transparencia, honestidad, coherencia, consistencia y rescate de lo mejor de cada persona, entre otros, proponiendo que desde la educación se rompieran los viejos esquemas que tanto han perjudicado a la cultura antioqueña, en la cual surge una escuela que se sustenta en expresiones como “el vivo vive del bobo”, “el fin justifica los medios”, entre otros, que terminaron arraigándose en la mente de los ciudadanos, facilitando en ellos la permisividad o generación de fenómenos de violencia, criminalidad, desigualdad, inequidad y corrupción (Palacio & Gómez, 2015).

Reconoció esta política que uno de los principales problemas que tiene Antioquia es el de una relación ambigua de los ciudadanos con la legalidad. Para lo cual establecía las siguientes estrategias:

•Intervenir la cultura, el territorio, los valores y principios de los Antioqueños, aquellos que han convivido y reproducen elementos que van en contravía de la legalidad, que se incuban y prosperan en la falta de control social, de valores éticos y de marcos claros de actuación y principios políticos como el modelo a seguir en la actividad pública.

•Crear y fortalecer institucionalmente a los municipios. Antioquia sabe que para crecer en un marco responsable de normas y valores requiere de las capacidades institucionales de sus administraciones locales, siendo uno de los retos el propósito de lograr con “Antioquia Legal” el acompañamiento a los líderes municipales en el desarrollo de mejores mecanismos institucionales, en la creación de capacidades locales y de estrategias de vigilancia e incentivos que motiven la eficiencia en los municipios.

Estas estrategias se agrupaban en la línea Antioquia es legal con cinco componentes: a) En Antioquia no se pierde un peso, que busca la legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos, b) Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz, c) La legalidad en la escuela, d) Promoción de la legalidad en campos estratégicos y e) Antioquia entiende la legalidad (Gobernación de Antioquia, 2012).

Así mismo, el componente de seguridad de este Plan buscaba fortalecer las capacidades institucionales, comunitarias, familiares e individuales que posibilitaran las condiciones de seguridad integral a través de la lucha contra la criminalidad, la prevención de la violencia, el acceso a la justicia, y la defensa y promoción de los derechos humanos.

Este componente se desarrolló en la Línea “Antioquia es Segura y Previene la Violencia” que estaba compuesto por cuatro componentes: a) La seguridad: un asunto de todos b) Entornos protectores que previenen la violencia c) Una justicia cercana y oportuna d) Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación (Gobernación de Antioquia, 2012).

El Plan de la Gobernación de Antioquia, aunque tenía elementos del enfoque “transversal”, su orientación principal era el de la “cultura ciudadana”. Buscaba transformar las costumbres de los antioqueños en lo referente a su relación ambigua con la legalidad dentro de su cultura, por lo cual promovía una transformación social en todos los ámbitos, junto a una participación activa de todos los actores (Ciudadanos, instituciones públicas y privadas) para lograr cambiar de forma positiva los valores éticos y morales de las personas.

Discusión y Conclusiones

El trabajo no busca establecer unos nexos de causalidad, o sea una explicación de causa y efecto entre determinado modelo positivo de conducta y necesariamente que de ello se deduzca un comportamiento, unas conductas con carácter orientativo y de aceptación colectiva en términos de lo bueno, de lo ético, de lo moral, de lo jurídico, de la civilidad, etc, sino contrarrestar los códigos, los símbolos, las condiciones en las que esa contracultura de la violencia y el delito, se expresa y se manifiesta. Esto ya es un logro, un avance significativo y muy importante porque hace posible diseñar y aplicar mecanismos que inciden positivamente en un cambio actitudinal, en un cambio de conducta orientado hacia una sana convivencia.

Entonces, es indispensable generar ambientes axiológicos que vuelvan a ser construidos, aceptados y vividos en una comunidad generalmente marginada o en una comunidad de cierto nivel intelectual, que vuelvan a encontrar en esos postulados morales o jurídicos positivos una experiencia vinculante, una exigencia normativa, una orientación a la convivencia, y donde la costumbridad vuelva a aparecer como verdadera alternativa de respeto, de dignificación en procura de asumir de alguna manera la capacidad que tiene el hombre de crecer cualitativamente en sociedad y no solamente llenarse de dinero fácil o de simplemente subsistir; entonces, tanto el extremo de enriquecerse de plata mal habida como de ni siquiera subsistir con lo mínimo, ambos extremos son constitutivos de violencia. Así, todo va orientado hacia ese es otro indicador normativo y vinculante en donde ya no se va a priorizar la cultura del atajo, la cultura del dinero fácil, la corrupción, entre otras, sino que la sociedad puede ejercer en la cotidianidad efectivamente, un control social que incida positivamente en superar estos fenómenos.

Se puede percibir que el tema cultural hace parte integral de las diversas teorías y políticas públicas de seguridad ciudadana, al ser un factor que complementa el análisis y la explicación de otros factores causantes de la violencia y el delito en la región, de ahí la importancia que estos temas sean abordados desde diversas perspectivas.

En Latinoamérica continúa una alta tasa de criminalidad, si se compara con otras zonas del mundo. Sin embargo, en algunos países, regiones y ciudades han mejorado las cifras en los últimos años, lo cual muestra que las políticas de seguridad ciudadana han tenido alguna incidencia en la superación de los comportamientos culturales negativos.

Por lo tanto, en la región las políticas públicas de seguridad ciudadana deben incluir de forma directa, no tangencial el tema cultural, ya sea a través de enfoques “transversales” o de “cultura ciudadana”, buscando transformar las diversas anticulturas descritas, las cuales generan o facilitan fenómenos de violencia y criminalidad en Latinoamérica.

Es indispensable promover con el máximo esfuerzo la recuperación ético moral y legal de los entornos de convivencia ciudadana, a partir del replanteamiento de las políticas públicas y privadas en aras de la incorporación efectiva de una cultura propicia a la superación de todo tipo de formas delictivas y de ilegalidad en los diferentes espacios y niveles de aplicación de una sana normatividad compartida y aceptada por los diferentes actores sociales.

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