Resumen

La coexistencia es un requisito fundamental para el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y su preservación depende en gran medida de la gestión pública de la seguridad ciudadana para lo cual la persecución del delito en cabeza de las fuerzas de policía es insuficiente teniendo en cuenta que solo desplaza el delito mas no elimina sus causas ni restaura el daño causado a las víctimas. Por esta razón el presente trabajo describe diferentes estrategias de contención del crimen, sus contradicciones y sugiere a manera de ejercicio de innovación experimental una articulación interinstitucional en función de contrarrestar la percepción de inseguridad ciudadana. Al final visualiza las bondades de la colección y análisis de datos no solo para apoyar la actuación policial sino también para fijar líneas bases de futuras políticas públicas y construir escenarios de confianza y credibilidad institucional a nivel municipal de cara a un posconflicto en Colombia.

Fecha de recepción del artículo: 15 de Julio 2016

Fecha de aceptación del artículo: 12 de Diciembre de 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v8i2.315

*El artículo es resultado de la reflexión del proyecto de investigación “Articuladores de innovación social para contrarrestar amenazas a la seguridad ciudadana”.

**Candidato a la Maestría en Justicia Criminal de la Universidad de Boston (Estados Unidos), Especialista en pedagogía e investigación acción de la Universidad de la Sabana (Colombia), miembro de la sociedad americana de honor de justicia criminal y oficial activo de la Policía Nacional de Colombia. Email: miketoro@bu.edu. http://orcid.org/0000-0002-7515-8545

***PhD © Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D.C –Colombia); Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (Madrid – España); Especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia. Abogada. Email: deissy.motta@fuac.edu.co . http://orcid.org/0000-0001-8880-8255

Palabras clave: Inclusión, coexistencia, seguridad ciudadana, innovación social, desarrollo institucional, derechos humanos.

Abstract

Coexistence is a fundamental for the exercise of the rights and duties of citizens and its preservation depends largely on the governance of public safety but the crime prosecution at the head of the police force is inadequate because it just moves the crime but does not eliminate its causes nor restore the damage caused to the victims.

Thus, this paper describes different strategies to counteract the crime, their contradictions and also suggests an interagency work like a practice of experimental innovation in order to counteract the perception of insecurity. Finally this paper displays the benefits of data collection and analysis to support not only the police work but also to establish baselines for future public policy, as well as building scenarios with confidence and institutional credibility at the municipal level under the expectation of a post-conflict in Colombia.

Keywords: Inclusion, coexistence, citizen security, social innovation, institutional development, human rights

Resumo

Coexistência é um fundamental para o exercício dos direitos e deveres dos cidadãos e sua preservação depende muito da governança da segurança pública para a qual o crime repressão à frente da força policial é insuficiente tendo em ele observa que só se move o crime, mas não elimina as suas causas ou restaurar os danos causados às vítimas. Assim, este artigo descreve diferentes estratégias para combater o crime, suas contradições e também sugere um trabalho interinstitucional como uma prática de inovação experimental, a fim de contrariar a percepção de insegurança. Finalmente este trabalho mostra os benefícios da recolha e análise de dados para apoiar não só o trabalho da polícia, mas também para estabelecer linhas de base para futuras políticas públicas, bem como construção de cenários com confiança e credibilidade institucional no nível municipal sob a expectativa de uma pós-conflito na Colômbia.

Palavras-chave: Inclusão, coexistência, segurança cidadã, inovação social, desenvolvimento institucional, direitos humanos.

Introducción

El escenario en construcción. Con la firma de los acuerdos de paz, Colombia afronta un reto muy importante para la consolidación de sus esfuerzos en materia de seguridad pública (Carreño, 2014). La firma de estos acuerdos finalizaría el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica y requiere que las autoridades locales utilicen todas las herramientas disponibles para prepararse a una nueva realidad, donde excombatientes y quienes mantengan su actividad criminal van a poner a prueba la efectividad del Estado, para contrarrestar estos nuevos escenarios de violencia.

Los esfuerzos institucionales deben estar concentrados en la reparación de las víctimas, la reconciliación y la presencia del estado en las áreas del país donde el conflicto armado fue más agudo o puede incluso agudizarse, mientras las agencias del gobierno deben optimizar la implementación de los programas sociales diseñados para atender problemáticas sociales similares y que todavía no cuentan con una exhaustiva evaluación de su impacto (Aquilino & Estévez, 2015).

De esta manera, es necesario desarrollar ejercicios de innovación social a partir de los recursos existentes y las posibles capacidades de las instituciones que tengan presencia en estas regiones. Por lo tanto, la Policía Nacional de Colombia como la entidad estatal con cobertura en el 100% de los municipios a nivel nacional se convierte en un actor relevante para afrontar los retos anteriormente referidos.

La actuación policial como mandato constitucional, tiene la finalidad de garantizar la convivencia de los habitantes de Colombia, articulando la práctica de diferentes áreas del saber al servicio de la investigación criminal y la coexistencia. En este contexto, las ciencias sociales son el eje transversal de la función policial (Tudela, 2011) y su estudio puede aportar valor significativo para solucionar los requerimientos que en materia de convivencia se avecinan.

Con este enfoque de tipo académico, el presente artículo reflexiona sobre la optimización de los recursos a nivel local, aplicando metodologías de análisis de fenómenos sociales, a través de la recolección e interpretación de datos existentes en las instituciones locales o en su defecto motivar la recolección de datos referentes a problemáticas de seguridad y convivencia de un municipio, haciendo uso del recurso humano de instituciones públicas como colegios y universidades o de entidades comunitarias como las Juntas de Acción Comunal (JAL).

De igual forma, propone la articulación de los programas públicos existentes dirigiendo ciertos esfuerzos de estos planes hacia la reducción de la victimización aprovechando la naturaleza institucional de cada agencia gubernamental y la interpretación de la importancia estadística (Healey, 2014; Vergel, Martínez, Zafra, 2016) de los resultados obtenidos o esperados. Esta visualización de datos ayudaría a la recuperación de la confianza en los organismos del estado y la prevención del delito a partir del control de los factores que motivan los comportamientos desviados, antes de que estos se materialicen en delitos.

Análisis

Orientar la gestión pública de la seguridad hacia la articulación institucional

Las estrategias de seguridad ciudadana en Colombia han sido definidas por ejercicios de gestión territorial de la seguridad, liderados por la Policía Nacional con la asesoría de algunos académicos y representantes del sector público, adoptando modelos de seguimiento y evaluación de indicadores de medición que no han involucrado totalmente a los gobernantes locales o a las instituciones municipales con funciones de poder de policía.

Aunque el Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS), establecido desde marzo de 2004 (Policía Nacional de Colombia [PNC], 2011) como estrategia para la vinculación de los gobernantes locales a la gestión de la seguridad ciudadana, ha realizado avances en lo que al trabajo interinstitucional se refiere, estos resultados han sido en su gran mayoría consolidados desde la institución policial y no han comprometido un diseño de planes de gobierno que vayan más allá de la persecución del delito.

Siendo DMS una iniciativa de la policía colombiana en coordinación con el Ministerio del interior y de justicia, titular de la gestión de las alcaldías y gobernaciones a nivel nacional, este ministerio, se alejó del programa en la misma medida en que los patrocinadores internacionales disminuyeron su participación en el mismo (Martin, 2012).

Aunque se reconoce que alcaldes y gobernadores son hoy en día consientes sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el desarrollo de una comunidad (PNC, 2010) y que la coexistencia no solo se logra en el trabajo represivo de la policía, los planes de seguridad presentados como logros del DMS apuntan en un gran porcentaje al trabajo policial en las calles y al reporte administrativo de campañas que tratan de visualizar un presupuesto operacional como inversión extraordinaria para la seguridad.

No obstante un gran logro de la creación de estos planes de seguridad a nivel municipal, fue el inicio de la utilización de diagnósticos de inseguridad a nivel local, con los cuales se han recopilado datos de criminalidad y se han fijado metas de trabajo policial para la reducción del homicidio. Así las cosas, se cuenta con cifras para implementar análisis preliminares sobre la geo-referenciación de otros delitos y localización de las poblaciones más afectadas.

En la misma medida existen buenas prácticas logradas por las instituciones policiales de Nueva York, Estados Unidos y Queensland en Australia mediante la implementación de programas de estadísticas comparativas (CompStat) para direccionar esfuerzos policiales en contra del crimen (Roeder et al., 2015).

En Nueva York por ejemplo hubo una reducción del ochenta por ciento de los homicidios en un rango de diecinueve años (Zimring, 2013), esta disminución se asocia a la implementación de CompStat en 1994 hasta alcanzar la cifra histórica anual de 333 homicidios en el 2014 (Federal Bureau of investigation [FBI], 2015) y al liderazgo definitivo de los alcaldes Rudolph Giuliani, Michael Bloomberg y Bill Di Blasio.

En el caso de Australia las autoridades reportaron una reducción significativa del 25 por ciento de la criminalidad con una disminución de 3.200 delitos una vez se implementó una versión local del programa de estadísticas comparativas neoyorkino en el servicio de policía de Queensland (Mazerolle, Rombouts, & McBroom, 2007).

Aunque estos casos de éxito son puntos de referencia para motivar la recolección continua de datos en los municipios y la orientación estratégica del uso de esta información, hay que tener en cuenta que la mejora de los indicadores de seguridad ciudadana no tiene solo una causa o un solo programa merecedor de todos los méritos por los buenos resultados.

Es así como se analiza la influencia de otros factores que ayudaron a la reducción de la criminalidad en el mismo periodo en que los programas policiales recogieron sus exitosos reportes (Aguirre, 2013: Agustín, 2014). Para el caso de Nueva York los opositores a las políticas de los alcaldes locales sugieren que la reducción de la epidemia del crack en Nueva York (Fryer, Heaton, Levitt & Murphy, 2005) motivó el descenso en la criminalidad en la última parte de los 90’s. Otra hipótesis afirma que hubo reducción de la población entre 15 y 29 años, asociando esta disminución poblacional a la legalización del aborto para embarazos no deseados a partir de 1973, lo cual sustenta el decremento de la actividad criminal teniendo en cuenta que individuos en edades en alta probabilidad para cometer crímenes que hubiesen crecido en circunstancias sociales vulnerables nunca nacieron (Donohue & Levitt, 2001).

Por lo tanto, los ejercicios de comparación estadística no solo deben llevar a que las instituciones monitoreen las cifras sobre delitos y la actuación policial sino que deben colectar la mayor cantidad de datos para tener un idea de los factores que afectan la seguridad en cada una de las comunidades, partiendo del principio que cada municipalidad es diferente y es afectada por factores que aunque comunes en otras colectividades tienen incidencias diferenciales (Martin, 2012).

Con este enfoque más amplio del análisis de los facilitadores/obstaculizadores de la convivencia y la coexistencia, el planteamiento de la gestión territorial de la seguridad no puede centrarse solo en los resultados exitosos sobre ciertos delitos, toda vez que estos pueden transformarse e incluso mejorar su rentabilidad criminal.

Aunque en Colombia se observa una tendencia significativa en la reducción del homicidio pasando de 56.21 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2003 a 26.49 en el 2014 y de 5.07 secuestros en esa misma tasa en 2003 a 0.63 casos diez años después, las cifras del hurto a personas incrementaron en un 145 por ciento y los casos de extorsión se cuadruplicaron entre 2008 y 2013, pasando de 830 casos a más de 4.800 (Mejía, Ortega & Ortiz, 2015).

Lo anterior es coherente al incremento de las apreciaciones de inseguridad por parte de la comunidad, para quienes la reducción de algunos delitos no aporta a reducir el miedo de estar expuestos a otros actores criminales (Acosta y Blanco, 2013). Este sentimiento de temor y desconfianza en la ciudad es la principal amenaza a la coexistencia (Martínez, 2009: Abreu, 2016), al derecho fundamental de circular libremente y ejercer su condición respecto a la comunidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948).

Por lo tanto el diseño de estrategias para preservar la seguridad ciudadana requiere de la articulación de esfuerzos desde diferentes aristas donde la persecución al delito tiene un papel importante pero no definitivo. Por ejemplo, enfoques asociados a la salud pública tales como el tratamiento de la drogadicción y el alcoholismo, han coadyuvado a la mejora de ciertos indicadores de violencia en otros países convirtiéndose en puntos de referencia de trabajo interinstitucional.

En Massachusetts (Estados Unidos) el Departamento de Policía de Gloucester, aplica desde el 2015 una política de no persecución a ciudadanos con problemas de drogadicción, que funciona como un modelo de trabajo policía-comunidad-empresarios llamado “Ángeles”, el cual basa su filosofía de trabajo sobre la concepción “la adicción puede ser tratada como un problema de salud en vez de una conducta criminal” (Seelye, 2016). De esta manera los oficiales crearon una base de datos con instituciones de salud encargadas de tratar a esta población y desarrollaron un esquema de apoyo que incluye, trasportadores públicos, farmacias, establecimientos comerciales, voluntarios (adictos en tratamiento o familiares) y dependencias gubernamentales como el despacho del alcalde local.

Cuando un adicto es identificado, un oficial llama a la línea telefónica de “Angeles”, sí existe un evento de sobredosis la farmacia local provee con descuento naloxone (medicamento proveído especialmente en una inyección para desintoxicar a un paciente con sobredosis por consumo de heroína) y voluntarios locales brindan acompañamiento al adicto, mientras el oficial gestiona con la institución encargada del tratamiento, la recepción del nuevo paciente. Este último procedimiento toma entre 17 minutos y dos días mientras uno de los doscientos establecimientos involucrados a nivel nacional cuenta con una cama disponible para el nuevo visitante. Con la confirmación de la disponibilidad, la empresa de taxis aliada al programa provee el transporte gratuito o las ambulancias ofrecen un servicio especial con precio reducido.

De acuerdo a análisis expresados por el jefe de policía de esa localidad, estas coordinaciones le permiten a esa unidad policial gastar en promedio $55 USD por cada ciudadano tratado, mientras que solo un día de arresto, procesamiento y custodia le costaría más de $220 USD, sin contar los costos asociados al tratamiento de posibles víctimas y demás impactos no cuantificados en procesos de victimización.

El programa considerado en Gloucester como una jornada comunitaria, salva vidas, reduce arrestos sin impacto en las estructuras criminales, optimiza la recolección de información de inteligencia y colecta permanentemente dinero y bienes de donaciones, permitiendo la sostenibilidad de la iniciativa y la exitosa referenciación en otros cuerpos de policía del país norteamericano. Según cifras locales durante el primer trimestre del 2016, 56 cuerpos de policía habían establecido programas similares y 110 más estarían preparando la implementación de estrategias similares (Seelye, 2016).

El éxito de esta clase de iniciativas evidencia la importancia de revaluar las responsabilidades de las instituciones locales frente al tratamiento de problemáticas sociales que afectan la seguridad ciudadana y de conocer los esfuerzos corporativos que desde las perspectivas propias de cada agencia están o pueden aportar directa o indirectamente a disminuir la percepción de inseguridad (Vilalta, 2012).

Innovación social en el cambio de paradigmas institucionales.

Con el principal objetivo de entender la seguridad ciudadana como la ausencia de los miedos que obstaculizan el ejercicio de los derechos y deberes de un ciudadano. Es necesario trabajar en el cambio de las percepciones de inseguridad de una comunidad, manteniendo en el tiempo diversas acciones que generen confianza y apropiación (Martínez, 2009).

Este proceso de creación de confianza, obliga a pensar de manera diferente la gestión de la seguridad ciudadana y promueve procesos de innovación en la interacción de las instituciones públicas. La captura de un ofensor no desaparece el impacto negativo del delito, incluso los beneficios jurídicos para los criminales colaboradores de la justicia pueden incrementar la victimización después de la captura del criminal (Karmen, 2015). Por lo tanto el estado debe brindar la atención a las víctimas y a la comunidad a la que pertenece reduciendo la victimización en todo el proceso de fabricación de la conducta criminal, enfocando esfuerzos en la prevención de las mismas y en la restauración. Esto no quiere decir que la investigación criminal se reduzca, al contrario la generación de confianza puede materializarse siempre y cuando exista una respuesta adecuada y oportuna por parte de las instituciones policiales (Weisburd & Braga, 2006).

Desde ésta perspectiva conceptos cómo la justica procedimental y la legitimidad de las instituciones son extensiones de formas exitosas de crear confianza ciudadana en las agencias encargadas de la seguridad pública. De acuerdo al Dr. Tom Tyler (2011) citado por Fischer (2014), la justicia procedimental es un medio para la consecución de legitimidad, el cual integra cuatro factores principales: primero, el ciudadano quiere tener voz antes (creación de la norma) y durante la aplicación de la ley, es decir tener la oportunidad de explicar y contar su versión de los hechos. Segundo, la neutralidad en la toma de las decisiones por parte del servidor público lo cual demanda la aplicación de los principios legales y evitar juicios basados en opiniones y sesgos personales. Tercero, un tratamiento interpersonal cortés y digno produce una reacción positiva al accionar de las autoridades y cuarto, el ciudadano reacciona favorablemente frente a señales de benevolencia, sensibilidad y empatía de las autoridades hacia las preocupaciones de la comunidad.

El mismo autor refiere la legitimidad como la aceptación del ejercicio de la autoridad de la policía para mantener el orden social, manejar conflictos y resolver problemas comunitarios. Lo cual se refleja en la confianza del público en la policía, la voluntad de los residentes a cumplir la ley (reducción del delito) y la creencia que las acciones policiales son moralmente justificadas y adecuadas a las circunstancias. Con esta forma de responder por parte de las autoridades, existiría una alta probabilidad de obtener y mantener el apoyo del público y concentrar esfuerzos institucionales en mejoras significativas en la seguridad ciudadana, como por ejemplo diseñar estrategias de alertas permanentes sobre problemas o condiciones que fomentan la delincuencia y el desorden.

En este orden de ideas, es necesario repensar los paradigmas de la represión criminal, asociados a la disuasión del delito a partir de la aplicación de penas severas y orientar nuevas formas para reducir el crimen y limitar sus impactos en la sociedad.

Respecto a la restauración, los modelos de justicia en este aspecto permiten que víctimas y victimarios concierten formas aceptables para retribuir el daño causado (Karmen, 2015). Si tenemos en cuenta la importancia de un espacio público limpio para contrarrestar sentimientos de inseguridad, la aplicación de medidas de orden social tales como limpieza de grafitis o remoción de escombros en terrenos baldíos por parte de los ofensores son una alternativa con un impacto muy positivo para evitar la reincidencia criminal y recuperar la coexistencia en una comunidad (Shehayeb, Turgut & Kellett, 2007).

No obstante, no se pueden asociar las muestras de desorden físico en una comunidad con las condiciones de pobreza, estas últimas no son una causa que explica completamente la configuración del delito. Por ejemplo Calcuta en la India “no solo es una de las ciudades más pobres de ese país y, de hecho, del mundo, sino que además presenta el índice más bajo de crímenes violentos de todas las ciudades indias” (Sen, 2007). De igual manera esta ciudad tiene los más bajos índices de homicidios, en el 2012 reportó 0,3 homicidios por cada cien mil habitantes en comparación con Londres 2,4 y Nueva York 5,0 en el mismo año (PNUD, 2013).

Por lo anterior, el interrogante sobre las causas del delito se mueve hacia variables cómo la inequidad y a la imposibilidad de acceder a la atención del gobierno de acuerdo a la naturaleza de las necesidades a suplir, las cuales en su mayoría se relacionan con la participación en procesos comunitarios, educación, salud y movilidad (Pinker, 2011).

Otro buen resultado de las investigaciones en los ámbitos de estudio de las ciencias sociales demuestran que evitar el “matoneo” escolar disminuye el vandalismo juvenil (Shaw, 2004), y cómo los programas educativos de tiempo completo sustentan que la ocupación constructivamente del tiempo libre de niños y adolescentes redunda en prevenir la conformación de pandillas y retarda el acceso al cigarrillo y al alcohol. De igual manera, es en los proyectos educativos donde la inversión social tiene un efecto de reducción del crimen con resultados más significativos que los tradicionales programas de reinserción para delincuentes juveniles (Raphael & Stoll, 2009).

De acuerdo al extenso trabajo investigativo del doctor Dr. Richard Tremblay, profesor emérito de la Universidad de Montreal y actual profesor en la Universidad College de Dublín, el acompañamiento por parte de colegios a niños con problemas de conducta tales como agresión e hiperactividad, puede prevenir el desarrollo de comportamientos violentos y delincuenciales (Tremblay et al., 1992). Ésta afirmación fue soportada por el estudio experimental y longitudinal de Montreal “MLES” (Sigla asociada al nombre original en inglés “The Montreal Longitudinal and Experimental Study”), el cual evaluó a todos los niños en jardines infantiles en 53 escuelas ubicadas en áreas de bajas condiciones socioeconómicas en Montreal, para identificar aquellos que eran más problemáticos, y estudiar detalladamente las interacciones sociales entre padres e hijos de un subconjunto de aproximadamente 80 de ellos hasta la secundaria.

La investigación, bajo la hipótesis que los niños con problemas de interacción social en esos jardines infantiles localizados en áreas vulnerables de las grandes áreas urbanas tenían un mayor riesgo de frecuente y grave comportamiento delincuencial en comparación con otros niños y niñas en el mismo entorno, encontró resultados fehacientes tales como la reducción significativa del nivel de delincuencia de quienes participan en la intervención (grupo tratamiento) en comparación con quienes también estaban en riesgo pero no participaron (grupo control), menos individuos del grupo tratamiento involucrados en consumo de drogas ilícitas, actividad sexual a los 15 años y participación en pandillas en la pre-adolescencia y adolescencia en comparación con el grupo control, al igual que un menor porcentaje de arresto en la adolescencia (Tremblay et al., 1992).

De esta manera los investigadores evidenciaron una razón costo beneficio a favor de la prevención del delito desde las escuelas, en contraste con los costos asociados a la aplicación del sistema de justicia penal y reinserción juvenil. Resultados preliminares arrojaron que el estado economizó más de tres millones de dólares al prevenir los comportamientos delincuenciales y más de dos millones de dólares en costos asociados a la deserción escolar (Chaux, 2005).

El éxito de MLES, no sólo evidencia los buenos resultados asociados al tratamiento temprano de las causas del desarrollo de la delincuencia en grupos de alto riesgo si no también motivó el trabajo interagencial entre instituciones de salud, educativas, gubernamentales, autoridades religiosas y grupos de investigación. Cada una de esas organizaciones además se benefició en la reducción de costos y optimización de presupuesto.

Este despliegue institucional, ofrecería a la comunidad una nueva lectura acerca del profesionalismo y capacidad de respuesta de las agencias locales, lo cual redundará en crear o consolidar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. De igual forma este proceso permitiría medir el valor agregado que cada programa puede aportar mediante el cambio de paradigmas existentes en la forma de desempeñar su misión institucional.

De esta manera, las instituciones municipales ya contarían con insumos asociados a las necesidades locales con lo cual pueden tomar ventaja de un mercado lleno de clientes potenciales, disponibles para recibir la innovación de los servicios estatales y los nuevos productos institucionales originados de este enfoque de articulación corporativa. Por ejemplo, las universidades e instituciones de educación técnica en el área pueden enfocar sus trabajos de investigación académica a la evaluación de impacto de los programas suscritos o incluso aportar al mejoramiento del espacio público donde existe necesidad de alumbrado público o rediseño urbano.

Como un segundo gran momento de esta recuperación de confianza, es necesario visualizar los avances realizados en los objetivos comunes trazados después del levantamiento de información, lo cual debe retroalimentar los diagnósticos iniciales y permitir evidenciar la evaluación de las actividades implementadas en términos del beneficio ofrecido y la necesidad satisfecha por parte de cada programa. Aunque la rendición de cuentas por parte de los estamentos públicos es una obligación en Colombia (Comité de apoyo técnico de la política de rendición de cuentas, 2014), esta no debe confundir el monitoreo y avances en la reducción de la percepción de inseguridad en la comunidad con la nueva actividad de vigilancia ciudadana a implementar (García, 2016). En este punto debe ser la misma comunidad la que se reúna para visualizar los resultados de los diferentes programas y contrastar el direccionamiento de los esfuerzos interinstitucionales con las necesidades trasmitidas por los ciudadanos.

Estas prácticas de socialización de resultados, concebidas como actividades de gestión pública transparente, permiten economizar costos de publicaciones de rendición de cuentas poco leídas por la comunidad e incluir a los ciudadanos en el proceso de planeación y direccionamiento de las problemáticas locales.

Retomando los preceptos de la justicia procedimental, el proveer de sentidos a los ciudadanos, tales como darles la oportunidad de escuchar sobre los procesos de administración local y permitirles ser escuchados en interacciones directas con las autoridades, permite niveles de cooperación comunitaria que motivan la articulación de diferentes actores sociales y la concentración de recursos en estrategias de más alto valor que las encaminadas solamente al acercamiento ciudadano.

No obstante estos ejercicios de integración interinstitucional enfocados sobre los diagnósticos de los temores en materia de inseguridad, deben ser flexibles a las adaptaciones sociales y motivar una redefinición permanente de los indicadores a establecer de acuerdo a cada recolección de datos aplicada (Aboites, 2012). Con lo cual la necesidad de ajustar indicadores debe motivar una gestión de objetivos a corto plazo, un reporte de resultados dinámico y la prontitud en la aplicación de las soluciones. Aunque los indicadores van a estar cambiando, estos deben ser guardados de manera histórica para apoyar la planeación de políticas públicas, la planeación de proyectos de inversión desde otros niveles de la administración pública o la reutilización de los mismos cuando las condiciones sociales cambien nuevamente y se asemejen lo suficiente al ambiente actual de aplicación de los mismos.

Como una propuesta de articulación para la optimización de esfuerzos, el presente trabajo motiva la mejora en la gestión pública, uniendo esfuerzos alrededor de evitar la materialización de los miedos que construyen la percepción de la inseguridad. Esta forma diferente de buscar resultados desde la perspectiva de cada agencia municipal no requiere recursos diferentes a los contabilizados en los programas actuales y puede servir de alternativa gubernamental para incrementar los escenarios de inclusión social, tratamiento de poblaciones vulnerables y recuperación de la confianza ciudadana en sus gobernantes y autoridades.

Bajo ninguna circunstancia esta propuesta busca ser malinterpretada como un ejercicio en el cual se desplaza la persecución del delito desde las fuerzas de policía y las instituciones encargadas de administrar justicia. La función de policía como producto del ejercicio de las ciencias sociales es el principal actor para permitir la vinculación de víctimas, sociedad e instituciones en la creación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana. De esta manera el presente trabajo trata de cerrar la brecha entre la gestión pública de la seguridad desde los gobernantes y la delegación exclusiva del tratamiento de los problemas de seguridad a las fuerzas de policía.

En este contexto, las poblaciones más afectadas por la violencia y el conflicto armado tendrán más oportunidades para acceder a los servicios ofrecidos por instituciones y organizaciones municipales sin ser marginadas o tratadas diferencialmente en procesos de reintegración social. Este planteamiento permite la inclusión de excombatientes y los hace parte de los programas existentes desde un enfoque holístico de la seguridad humana teniendo en cuenta la responsabilidad de las instituciones públicas para crear y mantener los escenarios donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.

Conclusiones: Resumiendo complejidades y objetivos comunes

Aunque la práctica científica de las ciencias sociales, es un asunto difícil de materializar en el ejercicio de la función de policía, dada la complejidad de las relaciones humanas y su medición, son las estadísticas la disciplina que puede ser aplicada para visualizar la eficiencia y eficacia de los planes y programas diseñados para preservar la seguridad ciudadana y evaluar constantemente su impacto en la disminución de generadores de inseguridad y no solamente en la persecución del crimen. La aplicación de métodos de análisis de datos y resultados permite sugerir la concentración de recursos o por el contrario anticipar los efectos negativos de una mala práctica gubernamental en una población específica, sin desconocer que en otro grupo, la estrategia evaluada haya tenido mejores resultados.

La continua necesidad de recolectar datos sobre la percepción de la ciudadanía frente a los diferentes problemas de una sociedad deben motivar la creación de una herramienta informática, que permita generar preguntas de diagnósticos respecto a diferentes teorías de la victimización y personalice las mismas de acuerdo al contexto de la comunidad donde estos cuestionarios se van a aplicar.

El enfoque de la gestión territorial de la seguridad no puede recaer solamente en la actuación policial, esta última es un apoyo para mantener la convivencia y la coexistencia pero por si sola no puede contrarrestar los efectos nocivos de la victimización y mucho menos de la desconfianza en las instituciones públicas.

La construcción de confianza, parte de la prevención y solución anticipada de las necesidades de seguridad. Una vez el delito se comete su impacto perdura en el tiempo incluso volviendo insignificante la reacción inmediata de los cuerpos de policía y la respuesta oportuna de la administración de justicia.

La prevención de las causas que ocasionan la percepción de inseguridad es el fin principal de las autoridades e instituciones públicas, no se puede actuar después de que una víctima ha sido degradada en sus derechos y libertades. El delito o su tentativa pueden causar daños irreparables en la víctima con un impacto incuantificable en toda la comunidad.

Por lo tanto la innovación social como el proceso que sucede dentro de una comunidad con el liderazgo o no de las instituciones del estado, pero si con una coordinación entre estas, puede permitir que instituciones como la Policía Nacional de Colombia respalden ejercicios de articulación comunitaria, incluyendo y optimizando recursos de otras organizaciones que indirectamente están comprometidos en diferentes áreas de las ciencias sociales pero satisfacen un objetivo común “ la preservación y ejercicio de los derechos y deberes del ciudadano”.

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