Raúl Daniel Niño Buitrago*
Santiago Niño Nova**
Eilen Andrea Páez Rocha***
Universidad Militar Nueva Granada - Colombia
Resumen
El artículo está compuesto por la introducción que desarrolla el proceso del presidencialismo para América Latina. Se trabajó bajo el método histórico descriptivo. Los resultados de la investigación se presentan divididos en los cuatros casos de
estudio del artículo. Finalmente, en las conclusiones, se exponen las ideas de los autores sobre los casos de estudio.
Para este análisis se recurre al escenario político latinoamericano especificado en los casos de Argentina con el gobierno de Carlos Ménem (1989-1999), Perú con Alberto Fujimori (1990-2000), Ecuador con Rafael Correa (2007-presente) y Bolivia con Evo Morales (2006-presente).
Palabras clave: Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, sistema político.
Abstract
In this article one thinks about how to identify if governments of different political tendencies have deepened the presidential rule, by means of constitutional reforms or the use of the extraordinary faculties with which the governments managed to increase its interference in other branches of the public power.
For this analysis there is appealed to the political stage Latin American specified in the cases of Argentina with the government of Carlos Ménem (1989-1999), Peru with Alberto Fujimori (1990-2000), Ecuador with Rafael Correa (2007-present) and Bolivia with Evo Morales (2006-present).
Keywords: Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru, political system.
Introducción
En el origen de los Estados latinoamericanos se optó mayoritariamente por un sistema presidencial en que el juego de pesos y contrapesos permitiría un equilibrio de poder. Pero esta adaptación terminó en lo que algunos autores[1] llaman el presidencialismo: una deformación en la cual el ejecutivo logra aumentar su poder, lo que puede ocurrir por dos vías: reforma constitucional o facultades extraordinarias.
Esta concentración del poder encuentra su máxima expresión con las dictaduras militares, que terminan con el proceso redemocratizador, que tuvo como principal objetivo evitar la repetición de este tipo de situaciones. Para ello, se fortalece la participación ciudadana junto con las ramas legislativa y judicial. Asimismo, se prohíbe casi en todos los países la reelección presidencial.
La situación económica que debieron enfrentar los gobernantes que asumieron el poder tras las dictaduras hizo perder parcialmente la fe en la democracia y con ello se abrió de nuevo la puerta a gobiernos personalistas que intentaron hacerse con (casi) todo el poder para imponer su visión neoliberal. Este es el caso de Alberto Fujimori, en Perú, y Carlos Ménem, en Argentina. Ante el fracaso neoliberal de mejorar la situación económica del continente, se da un giro a la izquierda en la región en línea con el "socialismo del siglo xxi". En cuanto a este punto, se analizan los gobiernos en Ecuador con Rafael Correa, y en Bolivia con Evo Morales.
El objetivo de este trabajo es analizar la forma en que los mencionados gobernantes aumentaron su poder para implementar su modelo económico, para lo cual se estudió la forma en que modificaron sus Constituciones y el uso que dieron a las facultades extraordinarias.
Método
Para el desarrollo de la presente investigación se hará un análisis descriptivo comparativo de cuatro casos de Latinoamérica, utilizando el método cualitativo, es decir, la recolección de datos de fuentes primarias (documentos oficiales de los congresos y leyes pertenecientes a cada país estudiado, las constituciones y sentencias de los tribunales constitucionales) y de fuentes secundarias, como artículos académicos, publicaciones periodísticas y libros. Asimismo, se procede a la depuración de información resaltando aquellos textos de mayor impacto para el trabajo. El método incluye un análisis histórico con el fin de describir, conceptualizar y proporcionar al lector una perspectiva analítica en la que se busca generar una comparación entre casos de izquierda y derecha.
Resultados
Argentina: las implicaciones legislativas del "Pacto de los Olivos"
Después de la caída de la junta militar se genera un proceso de redemocratización, con el fin de superar los problemas del país. El primer presidente elegido democráticamente fue Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical, quien tuvo la obligación de recuperar el sistema político y la economía, que estaban en crisis, así como el proceso de desmilitarización que caracteriza las dinámicas de choques en la sociedad (Devia, Ortega y Niño, 2015, p. 65).
Sin mucho éxito en el ámbito económico, en 1989 el partido Unión Cívica Radical perdió las elecciones contra el peronista Partido Justicialista y su candidato Carlos Ménem. A este se le puede considerar como populista y outsider[2], puesto que su discurso se basó en la intención de sacar a Argentina de la crisis.
En 1993, los partidos más importantes de Argentina se reunieron con el fin de realizar una serie de reformas a la Constitución. Este acuerdo se conoció como el Pacto de los Olivos (Pegoraro & Zulcovsky, 2011), que, junto con el Pacto de la Rosada, incluyó el núcleo de coincidencias básicas, desde donde partió la ley de declaración de necesidad, que a su vez permitió el llamado a la Asamblea Constituyente. Dicha ley fue aprobada fácilmente en el Congreso (López, 2007) gracias a la mayoría que los dos grandes partidos configuraban (Natale, 2000). Además, con la mayoría justicialista (en la Cámara baja el 49% y en el Senado 63%[3]), Ménem logró fácilmente aprobar las leyes que proponía.
La reforma constitucional resaltaba los derechos subjetivos. Es decir, se otorgaba importancia a derechos como la universalidad del sufragio, el habeas corpus y el habeas data (Sabsay, 1999). Asimismo, se atribuye la protección del medio ambiente en línea con los principios que las Naciones Unidas estaban promoviendo a finales del siglo xx (Stone, 2003).
Luego se da una modificación política para fortalecer el sistema presidencial con la jefatura de los ministerios (jefe de gobierno y administrador general del país), que es el coordinador líder de ministros. Este es nombrado y removido por el mismo presidente, aunque puede tener un voto de censura por parte del Congreso por mayoría absoluta (Bozzo & López, 1999).
También dentro de la rama judicial se dan cambios, como la creación del Consejo de la Magistratura, con dos funciones importantes: la selección y nombramiento de jueces de tribunales menores y el control y la administración de los recursos de esta rama del poder. Adicionalmente, se propuso la ampliación de asientos en la Corte Suprema (Ansolabehere, 2007). Además, se cambian algunas disposiciones del sistema federal argentino, pues se busca que las regiones tengan una mayor autonomía (Smulovitz, 2007).
Otro tema central para el estudio son las facultades extraordinarias, que, aunque parecerían estar prohibidas en la legislación de Argentina, eran parcialmente consideradas como un crimen de traición a la patria con una grave sanción ante la justicia[4] (Niño, 2007), fueron muy utilizadas.
Para Ménem, la única forma de solucionar la crisis era la concentración del poder en el ejecutivo; así, con ayuda de la delegación de atribuciones logra ampliar sus poderes en el tema económico, implementando políticas neoliberales sin consideración del Congreso. No obstante, se incrementaron las tensiones, pues dichos decretos reñían con el poder del legislativo.
Los decretos más importantes que se dieron durante la época de Ménem fueron económicos, buscando controlar la inflación y generar más empleo. También se buscaba ayudar a bajar la deuda externa y a reducir el gasto público.
En resumen, las reformas políticas planteadas buscaban dar la posibilidad al ejecutivo de intervenir en los asuntos económicos en cualquier momento con, por ejemplo, la privatización de algunas empresas estatales para poder recaudar recursos para las reservas.
Perú: la redemocratización bajo la imagen fujimorista
Al igual que en el caso analizado anteriormente, Perú afronta una fuerte crisis. Tras el retorno a la democracia en 1980, dos gobiernos de distintas tendencias no organizaron la situación económica y política: Fernando Belaúnde Terry, por Acción Popular, y Alan García, por el APRA, terminaron susrespectivos gobiernos dejando al Perú en una difícil situación económica.
En estas condiciones llegó a la vida política Alberto Fujimori, quien antes había sido docente y rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Ugarteche, 1992a). Sin tener un gran respaldo inicial, y con un discurso de centro, llegó a segunda vuelta gracias a la falta de cohesión de la izquierda para enfrentar a Mario Vargas Llosa, candidato del Movimiento Libertad. Esto une a todos los partidos contra Vargas, dándole a Fujimori una contundente victoria (Planas, 1994). Aunque sin un verdadero apoyo político, su imagen era el reflejo de la reconstrucción política, "Él representaba los sectores populares amplios en su espíritu más amplio" (Ugarteche, 1992b, p. 126).
En su primer gobierno (1990-1995) se buscaba la manera de incrementar las facultades y los alcances del ejecutivo dentro del marco constitucional. Su técnica siempre propendía a involucrar distintos sectores públicos para crear una estrategia que lo condujera a sus fines. En este caso, Fujimori hace uso extensivo del artículo 172 de la Constitución Política [5].
En medio de un panorama convulsionado, el 5 de abril de 1992 Fujimori comunica a toda la ciudadanía su decisión de suspender temporalmente la Constitución Política y el Congreso bajo la justificación de un estado de emergencia por cuenta de una reconstrucción institucional (Palmer, 1992). El vínculo que el presidente estableció con las Fuerzas Armadas facilitó su propósito de transformación constitucional, ya que contaba con el pleno apoyo de estas, lo que evitó el rechazo a su iniciativa.
Fujimori hizo esto basado en su popularidad gracias a las medidas económicas que implementó y al éxito de la lucha contra Sendero Luminoso. En sus dos primeros años de gobierno, logró estabilizar la economía con incentivos internacionales por parte de grandes potencias, como Estados Unidos y Japón, que paulatinamente estimularon el crecimiento económico hasta un 2% (Palmer, 1992),y se redujo la inflación entre 1990 y 1992 de 7.481% a 56,7% (Banco Central de Reserva del Perú, 1999).
No obstante, la participación de Estados Unidos se limitaba a la guerra contra el narcotráfico. Esta situación se evidencia cuando el conflicto contra los grupos subversivos baja su intensidad: "Los Estados Unidos habían gastado ya casi toda la cantidad que se había comprometido a dar al Perú en el año fiscal de 1992" (Palmer, 1992, p. 380).
Adicionalmente, se percata de que su capacidad para gobernar de forma efectiva se encontraba limitada por la distribución de poderes, por lo que ve la necesidad de tomar el poder judicial y el poder legislativo, lo que lo lleva al autogolpe (Palmer, 1992).
Como resultado del cierre temporal del Congreso, y para evitar las sanciones internacionales que este ataque a la democracia traerían, Fujimori convoca a un Congreso Constituyente Democrático. En este, el presidente logra tener las mayorías que aprobarán la nueva Constitución Política de 1993, en donde las facultades administrativas crecen para el ejecutivo.
Para su segundo gobierno (1995-2000), hizo uso del instrumento electoral incorporado en la reciente Constitución: la reelección presidencial (Constitución Política del Perú, 1993). En 1996 Fujimori busca consolidar la posibilidad de una segunda reelección con la ley de interpretación auténtica, la cual determinaba que, tras la reforma constitucional, Fujimori había sido elegido solo una vez (la de 1990 fue con la Constitución de 1979), lo que le permitía volver a ser candidato en 2000, ley que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, controlado por el Congreso, lo que demuestra el poder del ejecutivo.
Al término de su gobierno, Fujimori se enfrentó a distintos obstáculos, entre los que podemos resaltar casos de corrupción vinculados con Vladimiro Montesinos que pusieron en tela de juicio su propia legitimidad y actuación (Álvarez, 2008, p. 96) y las polémicas que involucraron al grupo deAutodefensa Colina con el Gobierno (Palacios, 2010, p. 77).
Ecuador: el producto de una inestabilidad política
En el escenario político ecuatoriano, a principios del siglo xxi se generó una inestabilidad política: Durante casi una década los grupos indígenas presionaron por el retiro de todos los gobernantes que llegaban al poder. Estos grupos se congregaban en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, desde donde lograron derrocar al presidente Jamil Mahuad (1998), más adelante a Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez y finalmente a Alfredo Palacio en 2007. En este escenario llega Rafael Correa, que representa la posible salida a una crisis.
El poder político ecuatoriano se ha desarrollado en torno a un significativo incremento del poder en la rama ejecutiva mediante reformas constitucionales como la implementada en 2008. En el proceso de reforma constitucional, nace Revolución Ciudadana[6] e inicia su trámite a partir de 2007 con la Asamblea Constituyente, que "Representa a la soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza está dotada de plenos poderes" (República del Ecuador, 2008). Luis Fernando Torres en su artículo "Presidencialismo constituyente" comenta que "Los plenos poderes se interpretaron de forma extensiva (…) Los asambleístas de Gobierno cesaron al Congreso, designaron nuevas autoridades, expidieron mandatos con rango supranacional, dictaron leyes y dictaron resoluciones judiciales" (Torres, 2009, p. 176).
En el año 2008 el Estado ecuatoriano se reinventa bajo la figura de un nuevo marco constitucional que erradicaría las deficiencias de la Constitución de Riobamba de 1998[7] y que buscaba acabar con cualquier vestigio del gobierno dictatorial. Para darle mayor legitimidad, esta reforma se aprobaría mediante un referéndum, encabezado por el presidente Rafael Correa, que daría paso a "a) vigencia plena de la nueva constitución; b) realización de las elecciones presidenciales, legislativas y de organismos subnacionales; c) expedición de un conjunto de leyes que daría forma final al diseño institucional" (Pachano, 2010, p. 298).
Con respecto a la nueva carta, Santiago Basabe-Serrano (2009) expresa:
"La nueva Constitución refuerza e incrementa el predominio del presidente sobre los otros Poderes del Estado. Formalmente se concede al Ejecutivo la capacidad exclusiva para influir sobre la planificación económica (art. 279), elaborar el Presupuesto del Estado (arts. 291 al 293), establecer el régimen tributario (art. 299), determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia (art. 300), decidir sobre el control de los sectores estratégicos (arts. 311, 314 y 315) y regular las transferencias a los gobiernos subnacionales (art. 157). Estas facultades vienen a complementar las ya existentes para legislar por decreto, convocar consultas populares y vetar legislación" (p. 389).
En 2009, el proceso de diseño institucional se encontraba obstaculizado por fracturas que existían en el sistema político del momento, específicamente en la representatividad. El descenso en el número de movimientos sociales, la crisis de los partidos políticos y la desaparición de figuras políticas que pudieran dar propuesta alternativas a la Revolución Ciudadana fueron en efecto elementos que desestabilizaron el sistema, y esto desencadenó el otorgamiento de nuevas potestades a la Presidencia (Freidenberg, 2012).
El debilitamiento de la representación política ecuatoriana era evidente. Algunos medios, como el periódico La Hora Nacional, emiten un pequeño resumen del seminario Desafíos de los Partidos Políticos (2005), en donde se atribuye que
La falta de propuestas, el debilitamiento de los referentes ideológicos, el autoritarismo interno y la incapacidad para generar nuevos líderes nacionales, la pérdida de espacios frente a movimientos y organizaciones sociales, la creciente presencia de los denominados "outsiders"11 o, son algunos de los errores de los cuales se ha derivado que la mayoría de partidos se conviertan en "reactivos" más que en "propositivos".
La polémica generada por la relación fallida entre el presidente y los medios de comunicación se manifestó en distintos tipos de escándalos. La personificación de controversias como la de "No a las mentiras"[8] puso en tela de juicio la libertad de expresión y los alcances que tiene el presidente dentro del órgano fiscal, representados en los sucesivos cambios de jueces a cargo del proceso, las presiones que recibieron, el hecho de que las sentencias hubieran sido realizadas fuera de los juzgados y la prisa con la que se adoptaron varias decisiones (Freidenberg, 2012, p. 131).
Bolivia: el efecto negativo de las divisiones regionales
Desde el año 2000 Bolivia atravesaba una enorme crisis política derivada de la inequidad social y de la falta de verdadero control estatal sobre la explotación de sus recursos naturales, generando problemas de corrupción e insatisfacción con respecto al manejo que los Gobiernos le daban a este tema (Torrico, 2014). A este panorama se sumaron manifestaciones sociales que generaron un gran problema de legitimidad para el Gobierno.
Esta situación forzó al presidente a presentar una ley ante el Congreso que le permitiera crear un consejo de ciudadanos para debatir las reformas necesarias a laLey de Necesidad de Reformas a la Constitución, según González, (2011). Aunque se cambiaron varios apartes de la Constitución en la rama judicial y en la legislativa, las protestas continuaron, llegando a su punto más álgido con la Guerra del Gas[9] en 2003, suceso que puede considerarse determinante en la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las manifestaciones fueron interpretadas como "el punto de partida de una secuencia de transformaciones en la sociedad, como la inclusión social de sectores indígenas antes marginados" (Burgoa, 2013).
En medio de esta situación, se presenta la figura de Evo Morales, otro político outsider, quien plantea un cambio en la política que había tenido en los últimos años Bolivia, prometiendo una estabilidad gubernamental y grandes reformas dentro de la economía, con base en los intereses de la nación y del pueblo.
A su llegada al poder, una de sus ideas fue crear un proceso de cambio constitucional (2006) que buscó rescatar el protagonismo de aquella población excluida socialmente.
En el marco de los cambios constitucionales, se generó un gran problema sobre la rama judicial, pues durante un tiempo se dio un cese de actividades del Tribunal Constitucional, lo que llevó a Morales a nombrarle algunos jueces.
En esta reforma constitucional se evidencia la necesidad de discutir sobre la forma en que los funcionarios públicos se eligen y cómo ejercen su poder. Los ciudadanos eligen los miembros de la rama legislativa, mientras que el presidente a la rama judicial (altos tribunales) y al contralor general de la república, entre otros.
Adicionalmente, como lo menciona Boris Bernal Mansilla (2010), el legislativo en Bolivia se ha caracterizado por estar, en un gran porcentaje, muy cercano al presidente Morales, lo que hace que el proceso para aprobar las leyes habilitantes sobre poderes extraordinarios sea una tarea sencilla. Tal fue el caso de la ley corta, que le dio la posibilidad a Morales de cambiar algunas instituciones de la rama judicial y nombrar a aquellas personas que iban a estar encargadas de las nuevas instituciones.
La nueva Constitución ha logrado una mayor inclusión política y social en Bolivia, llevando a cambios para favorecer a los sectores olvidados de la población y proteger sus derechos que antes se habían visto afectados. Aunque la nueva Constitución fue un importante paso para crear un Estado más progresista, también con ella se buscaba que la figura presidencial tuviera más poder, se pudiera cambiar la Constitución a favor del gobernante de turno, como con la reelección.
Además de tener una constitución que le era favorable, Morales ha contado con la posibilidad de que los poderes públicos puedan estar bajo su control, lo que le ha dado no solo estabilidad, sino mayor maniobrabilidad en sus decisiones; con esto él ha podido sacar muchos proyectos adelante sin ninguna oposición. Morales ha mantenido una mayoría dentro del Congreso, lo que ha permitido que sus proyectos pasen sin problemas.
Discusión
En el caso argentino, el Pacto de los Olivos buscaba una limitación del poder presidencial; la reelección era lo más importante para Ménem, pues si lograba un nuevo periodo, podría completar doce años en el poder. Cuando se dieron las negociaciones para la reforma constitucional, Ménem quería la reelección inmediata por un periodo de seis años. El Partido Radical proponía una reducción a cuatro años en el periodo presidencial sin posibilidad de repetir. Al final, cada uno obtuvo una parte: reelección inmediata y periodo de cuatro años.
La idea de aumento de poder por parte de Ménem con respecto a la rama judicial se dio con la posibilidad de participar en el nombramiento de los nuevos magistrados, ya que estos se debían pronunciar sobre los decretos de necesidad y urgencia (Rubio & Goretti, 1996).
Ménem tuvo una serie de extralimitaciones constitucionales desde que asumió la presidencia, pues en el contexto de una grave crisis económica vio la posibilidad de crear muchos de los mencionados decretos (cerca de 360) con ayuda de la Delegación de Atribuciones. Es importante aclarar que estos decretos no podían partir solamente del ejecutivo, pues el Congreso debía conocer la razón y el contexto para declarar el estado de emergencia. Estas situaciones extraordinarias terminaron con críticas por parte del legislativo por el abuso en sus atribuciones (Rubio & Goretti, 1996), así como la posible falta de constitucionalidad de aquellos decretos (Moljo, 2007).
Para Ménem, la mejor forma de controlar el Congreso fue vetar de forma parcial o total las leyes que le enviaban; aunque también se dijo en algún momento que Ménem se planteó la idea cerrarlo, esto nunca ocurrió. En definitiva, la tensión no pasó del mencionado veto presidencial a algunas iniciativas del Congreso (Ramos, 2007).
En síntesis, se beneficia al poder ejecutivo al posibilitar la reelección, la gran influencia en el Congreso y en las altas cortes. Su margen de maniobrabilidad se incrementó, y aunque Alfonsín o el partido opositor estuvieran en contra de lo que estaba haciendo Ménem, con la firma del Pacto de los Olivos y el resultado de la reforma constitucional, le dieron la vía libre para estos cambios.
En el caso peruano, desde el primer periodo presidencial de Fujimori hay un fuerte vínculo entre la rama ejecutiva y las Fuerzas Armadas, que le permite desarrollar estrategias para controlar el poder estatal (Ugarteche, 1992).
El uso de los poderes especiales por parte del presidente se evidenció en un conjunto de medidas que permitirían una mayor militarización en las zonas de emergencia; la restricción de la libertad de prensa, estableciendo penas de prisión para los que publicaran información que pudiera afectar la guerra antisubversiva; las instituciones públicas y privadas debían entregar la información que el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional les solicitara, bajo responsabilidad penal; la creación de órganos de inteligencia en los ministerios de Economía, Educación y Relaciones Exteriores bajo el mando del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y la subordinación bajo el mando militar a las autoridades políticas, organismos públicos, gobiernos regionales y municipios (Ugarteche, 1992, p. 130).
En su segundo periodo presidencial, su imagen se comprometió frente a las múltiples acusaciones relacionadas con el grupo Colina, lo que redujo su popularidad. Fujimori acude a las facultades extraordinarias para solventar la crisis, evitandodebates en el Congreso. Sus decisiones crearon descontento dentro del legislativo, aun cuando este habilitó el uso de estas facultades por la necesidad de soluciones rápidas, pero se sintió que abusó de esta situación (Ugarteche, 1992).
En teoría, se tenía un control estricto sobre la aplicación de las facultades extraordinarias, pero con la reforma constitucional esto cambió: Se abrió la posibilidad de restringir las libertades individuales a cambio de que el presidente pudiera actuar libremente para solucionar los problemas que lo aquejaban. Lo anterior generó concentración de poder dentro del sistema peruano, en especial en la figura del presidente (Niño, 2007).
Para el caso ecuatoriano, uno de los temas principales de la Constitución de Montecristi está en las facultades administrativas que recaen en el ejecutivo. El rango de acción presidencial alcanza nuevos escenarios, como el del Tribunal Superior de Justicia –ente creado por la Asamblea Constituyente–, que cuenta entre sus funciones con la posibilidad de reformar la Carta Política, función que según Jorge Luis Chuquiarca correspondía exclusivamente a la Corte Constitucional. Dicho tribunal será rápidamente reemplazado por la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ), por decisión del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), medida promovida por el presidente Rafael Correa (Polga-Hecimovich, 2013a, p. 144). En el referéndum de mayo del 2011 estas facultades se ratifican y desde ese momento la CNJ inicia el proceso de incorporación a 21 nuevos magistrados más 21 suplentes mediante pruebas teóricas, prácticas y entrevistas personales (Polga-Hecimovich, 2013b, p. 144).
Posteriormente, y buscando también ampliar los poderes presidenciales, el 4 de febrero del 2012 se generó por iniciativa del CNJ una reforma electoral al Código de la Democracia (CD) (Polga-Hecimovich, 2013, p. 144). Lo anterior se expresa en el artículo 203 del CD:
"Durante el período de campaña electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines. También se prohíbe la contratación privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias". (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2009)
Esta reforma representa la "garantía" de control por parte del Gobierno hacia el contenido presentado por los medios de comunicación.
Siguiendo con el fortalecimiento al poder presidencial, la Corte Constitucional retira la reforma a la ley orgánica de la función legislativa (LOFL), que limitaba las capacidades de veto y de colegislador al presidente.
Esta decisión fue adoptada tras acoger la demanda de inconstitucionalidad planteada por el presidente al inciso segundo del artículo 63 de la Ley. De este modo, dicha Corte devolvía la capacidad de colegislar al ejecutivo y, en su caso, vetar con el propósito de evitar que se impongan las tesis predominantes de la Asamblea Legislativa respecto a que las interpelaciones a los ministros y el inicio de los juicios políticos fueran resueltos por el pleno de la Asamblea y no por la Comisión de Fiscalización, como consta en las reformas a la ley de la función legislativa (Freidenberg, 2012, p. 139).
En el caso boliviano, los poderes extraordinarios de Morales se dieron con la creación de la nueva Constitución. Uno de los temas álgidos dentro de esta era la cuestión de la reelección, ya que dentro de la historia de Bolivia esta siempre ha sido polémica.
Un claro ejemplo de la no separación de los poderes dentro de Bolivia es la decisión del 2013 del presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, de autorizar al presidente Morales a optar por un tercer periodo de gobierno. Esta decisión fue criticada por inconstitucional por diferentes sectores, pues autorizaba una segunda reelección, argumentando que con la nueva Constitución solo había sido elegido una vez. Esta decisión fue posible gracias a que el ejecutivo tiene cierta capacidad de poner a los miembros de este órgano (Anria, 2010).
Por otro lado, y como una manera más de aumentar su poder, es posible analizar la forma en que se da la descentralización, donde realmente tenemos un esquema piramidal de toma de decisiones. Aun cuando la Constitución presenta la idea de un Estado descentralizado donde las instituciones y los gobiernos locales poseen cierto margen de autonomía, esto solo está en la teoría, pues el poder que ha ido adquiriendo el presidente hace imposible una descentralización, ya que en el actual modelo de gobierno de Bolivia, la gran mayoría de temas de la nación pasan por el presidente. Además de esto, el tener mayorías en gobiernos locales y en el Congreso le han permitido un mayor control de los asuntos políticos (Torrico, 2014).
Conclusiones
Tras observar este panorama, es posible concluir que sí hay una tendencia a profundizar el presidencialismo en América Latina, sin importar la tendencia ideológica que mantienen los gobernantes.
El primer elemento que evidencia esta situación es la acumulación de poder con la permanencia en la presidencia por más de un periodo. Tanto los gobernantes con tendencia de izquierda como de derecha modificaron la Constitución para permitirse la reelección inmediata e incluso buscaron nuevas reformas o interpretaciones para estar aún más en el poder.
Esta situación terminó de manera muy distinta en cada caso: Ménem, quien no logró mantener unida su coalición, no puede acceder al tercer periodo. Fujimori, con maniobras poco legales, se hace con las mayorías judiciales e interpreta la Constitución a su acomodo, pero termina con un gran escándalo por corrupción. Correa logra la reelección por un solo periodo; hoy parte de sus seguidores buscan perpetuarlo, aunque él se ha negado a esta posibilidad. Finalmente, Morales logra también tras una primera reelección una criticada interpretación que le permitió un tercer periodo.
En la gran mayoría de los países se tienen entidades de control, pero con las reformas realizadas la independencia se ha perdido. Adicionalmente, el ejecutivo logra el control sobre el legislativo, y se abre la puerta a nombramientos de un poder en otro, como ocurrió con el aumento de miembros del Consejo de la Magistratura en Argentina y la influencia presidencial; tras el autogolpe, Fujimori logra ganar el control casi absoluto del Tribunal Constitucional; en Ecuador el Consejo de la Judicatura de Transición permitió el control por parte de Correa de la rama judicial; y en Bolivia, Evo también logra el apoyo mayoritario de la autoridad constitucional.
Finalmente, además de las reformas constitucionales, los mandatarios se han valido de las facultades extraordinarias para aumentar su poder. Como se mencionó en la introducción, estas son una herramienta fundamental para solucionar crisis de manera efectiva. Como se evidenció, estos estados de excepción han sido utilizados de manera abusiva por la mayoría de los gobernantes acá referidos.
En el caso de Argentina, se pudo observar cómo Ménem utilizó este tipo de facultades con el pretexto de superar la grave crisis económica, pero en realidad aprovechó la situación para pasar por encima del Congreso, rayando en la inconstitucionalidad. En el caso peruano, Fujimori manejó a su antojo la excepcionalidad, especialmente después de la reforma constitucional que quitó gran parte de los "obstáculos" legislativos. Por último, Morales, arguyendo la crisis sociopolítica y aprovechando el inicio de la reforma constitucional, que generó un vacío con respecto al papel del legislativo, logró controlar estas funciones.
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[1] Autores como Dieter Dohlen, Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart han escrito sobre los problemas que ha traído la deformación del sistema presidencial en el presidencialismo.
[2] Son aquellos candidatos que provienen de fuera del sistema político y obtienen resonantes victorias electorales, apelando a la representación sociológica y emocional de los pobres y excluidos (Panfichi, 2006).
[3] Datos tomados de http://www.observatorioelectoral.org/informes/index/navegador.php?country=argentina.Recuperado en marzo de 2008.
[5]"El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. (…) El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente" (Constitución Política del Perú, 1993).
[6] Este es el nombre con que se conoce al movimiento liderado por Correa.
[7] Esta constitución, que se redactó tras la caída de Mahuad, buscaba recobrar la estabilidad en el Estado tras este gobierno que terminó anticipadamente por presiones populares.
{8] "No a las mentiras" fue una columna de opinión publicada el 6 de febrero del 2011 por el periódico El Universal. Esta columna hacía énfasis en el altercado policial del 30 de septiembre, el cual involucró al presidente Rafael Correa, refiriéndose a él como el "dictador".
Fecha de recepción del artículo: 24 de marzo de 2016
Fecha de recepción del artículo: 18 de julio de 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v8i1.299
*Magíster en Relaciones Internacionales y Organización Internacional de la Universidad de Groningen. Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Docente-investigador Universidad Militar Nueva Granada. Contacto: raul.nino@unimilitar.edu.co.
**Estudiante de último semestre del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada - Colombia. Contacto: u0901623@unimilitar.edu.co.
***Estudiante de último semestre del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada - Colombia. Contacto: paez.eilenandrea@gmail.com.
****Este trabajo es producto del proyecto INV-EES-2088 "Estudio del presidencialismo de derecha. Un análisis comparado", adscrito a la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, vigencia 2016. **Doctorado en Ciencias Técnicas. Magíster en teleinformática. Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Contacto: medicina@udistrital.edu.co