Omar Huertas Díaz[2]
RESUMEN
El presente artículo versa sobre un tema estudiado recientemente que, hoy por hoy, ha adquirido suma importancia a nivel nacional e internacional: Las víctimas de explotación sexual. De esta forma, el propósito de este documento es describir, a partir de una perspectiva victimológica, la situación de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la explotación sexual comercial en Colombia, mediante una investigación cualitativa. Por ello, en la introducción se relacionarán los elementos que contextualizan la situación problema planteada; luego, se hará referencia a la metodología utilizada para realizar la investigación; más adelante, se mencionarán los resultados y, por último, se darán a conocer las conclusiones.
Victimología, víctimas, explotación sexual comercial, niños, niñas, adolescentes, derechos humanos.
This article addresses an issue recently discussed that nowadays has acquired great importance to national andinternationallevel: Victims of sexual exploitation. Thus, the purpose of this paper is to describe, from a victimological perspective, the situation of children and adolescents who are victims of sexual commercial exploitation in Colombia, through a qualitative research. Therefore, the introduction should relate the elements that contextualize the problem situation, then we will refer to the methodology used to conduct the investigation, after that, the results will be mentioned and, finally, will be released the findings.
Victimology, victims, sexual exploitation, children, adolescents, human rights.
Este artigo aborda uma questão recentemente discutida e que atualmente adquiriu grande importância em níveis nacional e internacional: Vítimas de exploração sexual. Assim, o objetivo deste trabalho é descrever, de uma perspectiva vitimiológica, a situação de crianças e adolescentes que são vítimas de exploração sexual comercial na Colômbia, através de pesquisa qualitativa. Portanto, na introdução relacionamos os elementos que contextualizam a situação problema, em seguida nos referimos à metodologia utilizada para conduzir a investigação, posteriormente, os resultados serão mencionados e, finalmente, serão divulgados os resultados.
Victimologia, vítimas, exploração sexual comercial, meninos, meninas, adolescentes, direitos humanos.
Las víctimas son, según la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder: “… las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros”. Al respecto, es pertinente señalar que en este concepto, también se incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (Delgado J. C., 2009).
En este marco se ha venido desarrollando el estudio de la víctima, a través de numerosos trabajos cuyo objetivo principal es, conocer los efectos que produce el delito en las víctimas, establecer las consecuencias que tiene para ellas su participación en el proceso penal, analizar las características y factores de la víctima que precipitan el acto criminal, entre otros.
De esta manera, se instituyó la Victimología, “ciencia multidisciplinar que estudia el modo en que una persona deviene en víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria), y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima” (Ceverino A., 2009).
Ahora bien, “cuando se intenta abordar el estudio de la Victimología de la niñez y adolescencia, el panorama es muy desolador. Los expertos calculan que solo un 10 ó un 20% de los casos de explotación sexual, maltrato infantil o, trabajo forzado, salen a la luz. El miedo, la sensación de culpabilidad, los sentimientos ambivalentes hacia su agresor, su corta edad y las barreras estructurales con las que tropiezan, les impiden expresar las brutalidades que sufren. Sin embargo, los datos que se conocen, que si salen a la luz, muchas veces a través de los medios de comunicación, han llegado en términos de cifras de morbilidad, mortalidad, humillación y daño emocional que provoca en los niños, lo cual debe ser un importante motivo de preocupación para todos los miembros de la sociedad, y particularmente para aquellos encargados de la salud infantil (Millán S. y Otros, 2006, p. 8).
En particular, la explotación sexual comercial empezó a ser reconocida durante la última década del siglo XX como una de las formas más insidiosas, pero también más oculta e invisibilizada, de violencia y abuso contra las personas menores de edad. Según estimaciones de OIT, así como de diversos organismos internacionales, esta forma de violación flagrante de los derechos humanos afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo (Pinheiro P., 2006 y OIT, 2002).
La explotación sexual comercial atenta contra la integridad, la dignidad, la autonomía y el desarrollo equilibrado de las personas menores de edad. Asimismo, esta forma de abuso y explotación coloca a niños, niñas y adolescentes en una posición de gran vulnerabilidad que les impide el acceso a sus derechos a la protección, a vivir una vida libre de violencia, a la educación, a la salud, a la justicia, e incluso puede hasta atentar contra su derecho más elemental: el derecho a la vida. La explotación sexual comercial se construye en un contexto de relaciones de subordinación y dominio entre las generaciones, donde las personas de mayor poder –generalmente hombres– se aprovechan de su posición para satisfacer sus deseos y necesidades, violentando la integridad física, psicológica y moral de niñas, niños y adolescentes.
El problema de la explotación sexual comercial deviene de un ordenamiento social jerarquizado que descansa sobre la base del sexismo, del adultocentrismo, de la discriminación y de la exclusión social, en el que algunas(os) pierden el derecho a controlar y determinar las condiciones de su propia vida, pues les son impuestas por otros con más poder. Como un asunto que afecta derechos humanos fundamentales, laexplotación sexual comercial de personas menores de edad se encuentra inexorablemente ligada al mundo del comercio sexual de las personas adultas, donde niñas, niños y adolescentes se convierten en el eslabón más frágil de una destructiva cadena de violencia, control, criminalidad y abuso.
Esta forma de violación sistemática de los derechos humanos involucra múltiples manifestaciones de la violencia, tales como la sexual, la física y la emocional, así como la explotación económica. Generalmente, las personas menores de edad atrapadas en el comercio sexual son víctimas de los insultos, las humillaciones, la tortura, los golpes, las violaciones y los embarazos impuestos, además de la condena moral y social de la que son objeto, como si fueran responsables de sus propias condiciones de abuso, abandono y exclusión. El problema es, por tanto, complejo y multidimensional, y se genera en una sociedad patriarcal y mercantilista, donde se naturaliza la explotación y se convierte el cuerpo, en particular el de las personas más vulnerables, en una mercancía y en un recurso para la apropiación de quienes ostentan posiciones de mayor privilegio.
Estas situaciones están amparadas por la clandestinidad y la ilegalidad, en un contexto social de impunidad, tolerancia, indiferencia y hasta de complicidad.
Según se planteó antes, la explotación sexual comercial de personas menores de edad tiene muchas formas de expresión, que abarca desde la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales en las calles, bares, burdeles, salas de masaje, espectáculos, casas de habitación, hoteles, hasta la trata de estos niños y niñas para el comercio sexual, y el uso, cada vez más frecuente, de recursos tecnológicos para producir y vender pornografía, y atraer comercio sexual en el turismo. Cada una de estas manifestaciones de la explotación sexual comercial implica violaciones específicas a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero en todas ellas hay un elemento en común: el uso y abuso del cuerpo de las personas menores de edad y su transformación en un producto para la comercialización.
De hecho, la explotación sexual comercial de personas menores de edad parece ser un negocio en expansión que beneficia a diversos sectores económicos y que mueve grandes cantidades de dinero al interior de los países y por el mundo. Este negocio está asociado también a las redes de narcotráfico y a otras actividades ilícitas que utilizan la explotación y el sufrimiento humano como los insumos para generar grandes ganancias. Estas redes generalmente se benefician de todas las formas y manifestaciones de la explotación de las personas menores de edad (OIT – IPEC, 2009, pp. 14-15).
Durante muchos años la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes permaneció invisible para la sociedad colombiana y para las autoridades nacionales, aunque ya en 1970 un estudio sobre la prostitución en Colombia[3] había mencionado que la mayoría de mujeres en esa situación se habían iniciado entre los 11 y 14 años de edad, coincidiendo con las estadísticas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que en 1967 señalaban 1.106 casos de corrupción, 823 de estupro, 1.220 de violencia carnal, 66 de incesto y 2.208 de rapto.
En los 90 la problemática se hizo más notoria con ocasión de múltiples estudios de entidades privadas y públicas que mostraron niños, niñas y adolescentes ocultos detrás de la prostitución adulta; señalaron las graves secuelas que esta problemática deja en los involucrados y profundizaron en los motivos que hicieron posible que la sociedad y el Estado no reconocieran la existencia de una realidad tan grave y permanecieran impasibles frente a ella. Algunas de estas investigaciones fueron promovidas por la Cámara de Comercio de Bogotá, las cuales revelaron que el número de niñas explotadas sexualmente en la capital del país, pasó de 1.200 en 1990 a 2.959 en 1993.
Entre 1990 y 2002 varios estudios y monografías de grado promovidos por el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, las Universidades Nacional, Central y de Los Andes, y entidades privadas como la Fundación Renacer y las Religiosas Adoratrices de Colombia, profundizaron en el análisis de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Bogotá.
En 1992, un estudio de la UNESCO puso de presente la realidad de este fenómeno en el país (Segura N., 1992). Otros estudiosy publicaciones de prensa revelaron públicamente la existencia de la problemática en Cali (1993[4], 1995[5] , 1997[6]), Girardot (1994)[7], Sogamoso (1995)[8], Medellín (1996)[9], Cartagena (l996)[10], San Andrés, Antigua Providencia y Santa Catalina, Barranquilla, Pereira y Magangué (1997)[11].
Un sondeo realizado por la Defensoría del Pueblo (1995)[12] mostró la expansión de esa problemática a otras ciudades del país, revelando como grave la situación en Neiva, Riohacha, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Barranquilla, Montería, Medellín, Cúcuta, Popayán y Cali.
Dos estudios de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia (1995[13], 1998[14]) incluyeron diagnósticos sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en 19 departamentos y formularon recomendaciones sobre la necesidad de adoptar políticas y medidas específicas para enfrentar la expansión del problema.
La difusión enmedios de comunicación de dichos estudios y el impacto generado en la opinión pública por las recomendaciones de la Defensoría y la Procuraduría, motivaron a varias entidades nacionales y distritales a adoptar iniciativas para la formulación de políticas públicas e impulsar medidas específicas para abordar la problemática. El ICBF inició programas piloto de atención a niños y niñas víctimas en siete regionales, mediante suscripción de convenios con ONGs e instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
En 1997 el ICBF y el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia, con apoyo de la UNESCO, organizó el seminario “Estrategias y modalidades de atención a niños, niñas y jóvenes vinculados a la prostitución”, producto del cual surgió el Plan de Acción en favor de los derechos de la infancia explotada sexualmente y contra la explotación sexual infantil (ICBF y Otros, 2006, pp. 27-29).
Más adelante, en el año 2000, la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la UNICEF, “emprendió la tarea de determinar el grado de inclusión de la infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo departamentales y municipales, con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el diseño, ejecución y cumplimiento de las políticas públicas para la infancia, adolescencia y el ambiente sano; formular metas y objetivos que conllevaran a superar las problemáticas identificadas y, hacer un seguimiento efectivo para alcanzar las metas propuestas” (Procuraduría General de la Nación y UNICEF, 2005, pp. 5-6).
Así, “se logró determinar que menos del 30% de los recursos de inversión social se aplicaban realmente para garantizar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes” (UNICEF, Alianza por la Niñez Colombiana y Canadian.
International Development Agency, 2007, p. 114), lo cual llevó a la creación de la estrategia Hechos y Derechos, que consiste en la inclusión de políticas públicas para la infancia y adolescencia en los planes de desarrollo –por mandato del Código de la Infancia y Adolescencia, art. 204–. Para tal fin, se implementaron los Consejos de Política Social a nivel nacional, departamental y municipal, los cuales tienen la función de diseñar y adoptar estas políticas públicas, integrando todas las iniciativas de trabajo conjunto a favor de la protección de la niñez y juventud.
Finalmente, es importante señalar que en el 2002 la UNICEF publicó el libro La niñez colombiana en cifras, documento en el cual se muestran datos sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y a su vez, se relacionan “los desafíos para que todos los responsables de tomar decisiones ayuden a mejorar la situación, apliquen sus mejores esfuerzos en la utilización eficiente de los recursos, en la vigilancia concreta de los resultados y en la conciencia que es necesario tener para defender como prioritarios los derechos de la niñez” (UNICEF, 2002, p. 3).
De esta forma, se describe la situación de la explotación sexual:
a) Aproximadamente 35 mil niños y niñas menores de 18 años son explotados sexualmente en Colombia.
b) Se ha detectado en la última década un aumento del número de niños y niñas inducidos a la prostitución y una creciente inducción en edades más tempranas, inclusive antes de los 10 años.
c) En su gran mayoría los niños y niñas han sido víctimas de violencia en el hogar, de abandono, de abuso sexual o de expulsión del sector educativo. Entre 1992 y 1997 ingresaron a los tribunales colombianos 42 casos de mujeres víctimas de trata de personas. El método más frecuente de engaño son las ofertas para trabajar en el exterior, aprovechando las necesidades de trabajo e ingresos mayores y la ingenuidad de las personas. Las ciudades colombianas de donde han salido más víctimas han sido Bogotá, Pereira, Cali y Medellín. Los destinos más frecuentes han sido Japón, España, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Hong Kong y Singapur”.
¿Qué medidas ha adoptado la sociedad y el Estado para la prevención, control y tratamiento de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia?
El presente trabajo se enmarca dentro de la metodología cualitativa, investigación documental, según la cual, la revisión de archivos (información numérica y no numérica) y el análisis de contenido, se convierten en técnicas fundamentales para comprender el significado de una experiencia, problemática social o, situación de la vida cotidiana.
Como en todo proceso investigativo, en el primer momento se diseñó la investigación (definición del tema, delimitación conceptual, temporal y espacial), lo cual implica hacer una revisión previa de estudios anteriores y de literatura relacionada que permita establecer qué se ha dicho sobre el tema propuesto, desde qué punto de vista y con qué resultados.
En un segundo momento, denominado gestión e implementación, se realizó la búsqueda y selección de información, lo cual exigió el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles, y de las fuentes complementarias, en bibliotecas, centros de documentación,
hemerotecas y archivos. Además, se clasificaron,
valoraron y analizaron los documentos, a través de notas y memos analíticos, que dieron cuenta de los patrones, recurrencias, vacíos, tendencias, convergencias, contradicciones y la síntesis comprensiva de la realidad que se estudia (Galeano M. E., 2004, pp. 116-118)
Por lo tanto, para realizar esta investigación se concentró la mirada en la situación problema planteada y, en sus contextos particulares, sus singularidades y sus tipologías.
De la revisión y análisis de la información recopilada, se encontró que en Colombia existe ya una experiencia acumulada sobre la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, con algunos logros significativos:
a) Participación y trabajo conjunto de diferentes sectores de la sociedad civil con el sector público y privado contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Diferentes sectores de la sociedad han confluido en espacios de reflexión, organización, acción y definición de políticas públicas en torno al tema. Han participado en acciones o programas conjuntos con entidades del Estado a nivel nacional, departamental y local, representantes de los órganos legislativos y de control estatal, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes, comunidades educativas y religiosas, sector empresarial turístico, universidades, medios de comunicación, organismos de cooperación internacional, entre otros. Esta confluencia de voluntades y acciones es la base para el desarrollo efectivo de la corresponsabilidad social, que no reemplaza al Estado en su responsabilidad central frente el problema.
b) Desarrollo del conocimiento. Se han desarrollado estudios diagnósticos, análisis locales, regionales o sectoriales, avanzando en el desarrollo de metodologías de recolección de información sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y de detección y clasificación de la pornografía infantil a través de Internet. Estos avances a su vez han permitido ver las carencias que existen en esta línea y la necesidad de un conocimiento más profundo y sistemático al respecto.
c) Procesos de normatización y adopción de leyes. Diferentes comités y grupos de trabajo han redactado e impulsado el trámite de normas nacionales e internacionales y su posterior desarrollo. Hoy el país cuenta con importantes instrumentos legales para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tales como: la Ley 599 de 2000, la Ley 679 de 2001, la Ley 985 de 2005 y la Ley 1098 de 2006.
d) Existencia de servicios y/o programas de atención a los y las víctimas de explotación sexual comercial. Existen programas de atención organizados y ejecutados por ONGs, por diversas Iglesias o delegados por el Estado y servicios de atención donde trabajan conjuntamente administraciones locales y ONGs con el apoyo de organismos de cooperación internacional en la atención tanto a víctimas de la explotación sexual comercial, como de otras formas de violencia sexual. En este terreno la experiencia ha sido amplia aunque se requiere aún de mayores esfuerzos y recursos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención (ICBF y Otros, 2006, p. 26). Por ejemplo:
• Plan de Acción en favor de los Derechos de la Infancia Explotada Sexualmente y contra la Explotación Sexual Infantil de 1997 (ICBF, 1997). Proponía una serie de estrategias que involucraban a sectores gubernamentales y no
gubernamentales en las líneas de sensibilización
e información a través de medios masivos, con el fin de prevenir los factores facilitadores de esta problemática y propiciar cambios socioculturales; el diseño y puesta en marcha de Sistemas de Vigilancia y Control a través de acciones de la Policía y la comunidad, y sistemas de atención con un modelo que respondiera a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además, contemplaba una línea jurídica, que integraba el marco normativo internacional y nacional de protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; una línea investigativa, la cual planteaba desarrollar el estado del arte sobre el tema y contribuir a la comprensión del problema, y una línea institucional que apuntaba al fortalecimiento del Estado que garantizara su acción eficaz en la solución del problema.
Este Plan se desarrolló de manera parcial y desarticulada, de acuerdo con las competencias de cada institución, pero no tuvo un proceso de coordinación y seguimiento apropiados que permitieran alcanzar los objetivos propuestos ni evaluar su impacto.
• Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar HAZ PAZ (República de Colombia, Presidencia, 2001). Su propósito es la construcción de paz y convivencia familiar, y la consolidación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros, como estrategia fundamental para prevenir el abuso sexual de niños y niñas.
En consecuencia, sus objetivos específicos se resumen en:
*Prevenir relaciones violentas al interior de la familia mediante la promoción y fortalecimiento de factores que ayuden a la convivencia a través de la educación, la cultura, la recreación y la generación de espacios amables.
*Garantizar la acción oportuna de las instituciones en la detección temprana y la atención preventiva de la violencia intrafamiliar.
*Garantizar la calidad, disponibilidad, acceso y utilización de los servicios de salud, justicia, seguridad y protección para la atención de casos.
*Desarrollar modelos para la rehabilitación psicosocial de los abusadores.
*Mejorar el conocimiento sobre la violencia intrafamiliar y las formas de intervenirla.
*Fortalecer la coordinación, seguimiento y evaluación interinstitucional y comunitaria de los programas y servicios en los niveles territoriales.
La política HAZ PAZ se operacionaliza a nivel nacional, regional y local, con participación de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en cuatro componentes: prevención, detección temprana y vigilancia, atención y transformación institucional.
• Política Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador. Surge en 1995 con la creación, por el Decreto 859 de 1995 presidencial, del Comité Interinstitucional, encargado de formular y ejecutar la política en la materia; está integrado por 22 instituciones gubernamentales,representantesdetrabajadores, empleadores y ONGs; la Secretaría Técnica la ejercen el Ministerio de la Protección Social y el ICBF. Con la asistencia técnica y cooperación de la OIT, la política se ha materializado en 3 planes desarrollados entre 1996 y 2006; el Tercer Plan, prioriza la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil a través de cinco líneas de acción: diagnóstico, desarrollo legislativo, transformación de prácticas culturales, fortalecimiento de la política pública y atención directa a niños y niñas vinculados o en alto riesgo de vinculación. Se han formulado planes en todos los departamentos del país, un alto porcentaje de los cuales priorizó la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como problemática urgente de abordar.
En el marco de este Plan se inició en el 2004 el proceso Estructuración de redes sociales para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes a través de un programa de formación, liderado por el Comité Técnico Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil; su objetivo es implementar y evaluar un programa piloto de formación para la prevención y detección de la este fenómeno y el fortalecimiento de redes sociales. Igualmente, y también con el apoyo de la OIT, se ejecuta el Proyecto Tejiendo Redes contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual desarrolla acciones en todas las líneas de la política nacional y focaliza intervención directa en Bogotá y Medellín, con el objetivo de retirar a los niños y niñas que se encuentren vinculados a la explotación sexual comercial y prevenir el ingreso de quienes se encuentren en alto riesgo.
• Política nacional de salud sexual y reproductiva 2003-2006. Liderada por el Ministerio de la Protección Social, su objetivo es mejorar la salud sexual y reproductiva de toda la población, con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de factores protectores y la atención a grupos con necesidades específicas. Plantea las siguientes estrategias: promoción de la salud sexual y reproductiva a través de información, educación, comunicación y coordinación interinstitucional; fortalecimiento de la gestión institucional y de la participación, potenciación de redes sociales de apoyo y desarrollo de la investigación.
En este marco se desarrolla, desde diciembre de 2003, con el apoyo de OIM, el proyecto “Promoción de derechos y redes constructoras de paz 2003-2006” en 9 departamentos, liderado por la Presidencia de la República a través de la Consejería de Proyectos Especiales; su objetivo es contribuir a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en adolescentes mediante estrategias de movilización social, fortalecimiento institucional y mejoramiento de las condiciones de vida.
• Atención integral a las víctimas de explotación de niñas, niños y adolescentes. El ICBF, en coordinación con entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, presta el servicio de protección a niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en situaciones de vulneración de sus derechos. Para el caso específico de niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial, este servicio se presta en dos modalidades: en medio socio-familiar (ambulatorios) y en medio institucional (internado).
Estos desarrollos, que reafirman la existencia de la problemática, sustentan el propósito de avanzar hacia la construcción de una política pública para la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, mediante un proceso concertado y participativo que atienda los diferentes ámbitos de lo nacional, lo regional y lo local; que realice prevención, pero también proteja, que establezca garantías y preste la debida atención a las víctimas. Tal propósito se concreta en la adopción de un Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes[15], proyectado a cinco años que hace parte de la política social de protección y de la política pública de infancia.
Con la adopción de este Plan Nacional se quiere cumplir con las obligaciones que el Estado ha asumido a nivel internacional al ser firmante de la Agenda de Acción de Estocolmo, ratificada en Yokohama, y las distintas recomendaciones que varios organismos internacionales le han hecho en este tema. El Plan también está orientado al cumplimiento de los deberes constitucionales hacia los menores de 18 años, la sociedad civil y las familias (ICBF y Otros, 2006, pp. 29-32).
e) Incidencia sobre transformaciones culturales y formación de tejido social. Se ha realizado un trabajo con los medios de comunicación, tendiente a sensibilizar a la comunidad y a develar mitos y prácticas culturales que sustentan la permisividad ante la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Se han realizado campañas, foros y actividades de capacitación a líderes juveniles o comunales orientadas a formar multiplicadores en la prevención e intervención de la trata con fines sexuales, el abuso y la explotación sexual. También se ha impulsado la creación de redes institucionales y de organizaciones sociales dirigidas a construir un tejido social cada vez más participativo en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, incluyendo algunas experiencias de organización de niños, niñas y adolescentes como multiplicadores en prevención.
Lo anterior no significa que exista unanimidad de enfoques o perspectivas; por el contrario, el tema ha sido abordado desde distintas miradas: primero, como una de las situaciones irregulares de la niñez; segundo, como una violación de los derechos de la niñez, estipulados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN). De manera que, hacia finales del siglo pasado, la referencia fue la violencia sexual, materializada en la Política HAZ PAZ, centrada en el abuso sexual. Por otro lado, tras la adopción del Convenio 182 de la OIT surge la perspectiva de las peores formas de trabajo infantil. En los últimos años se ha relevado la perspectiva de la garantía de los derechos de los menores de 18 años (Ley 679 de 2001), considerando lo planteado en la Declaración de Estocolmo. También se ha abordado el tema desde la lucha contra la Trata de Personas (Leyes 747 de 2001 y 985 de 2005).
En Colombia se han implementado medidas legislativas, administrativas, sociales y culturales, para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, y a los compromisos adquiridos por la firma y ratificación de instrumentos internacionales que versan sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, de las investigaciones y experiencias que se han tenido respecto a esta problemática social, se evidencia que:
a) No se ha determinado un concepto de explotador en los instrumentos internacionales y nacionales que versan sobre el tema.
b) No existe un tipo penal específico para identificar y sancionar las formas y conductas que faciliten, promuevan o estimulen la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
c) No se ha establecido un tipo penal que persiga a las personas que mantienen relaciones sexuales con menores de edad, es decir, a los “clientes”.
d) El acceso carnal y los actos sexuales diversos a éste, no se sancionan cuando son víctimas los adolescentes.
e) Las medidas administrativas, sociales y culturales adoptadas para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no son suficientes, pues no “abarcan de manera eficiente a la totalidad de la población infantil afectada” (Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Renacer y Plan Internacional, 2006, p. 136).
f) Deben realizarse más estudios sobre esta problemática para elaborar un diagnóstico y abordaje accesible, adaptable, efectivo y desarrollable en la sociedad colombiana.
En este contexto, algunas recomendaciones que se han formulado para combatir esta problemática son:
a) “Reducir la pobreza, entendida como ausencia de escuela, acceso a la salud, interrupción de ciertos procesos de desarrollo ante la necesidad de contribuir a la subsistencia del hogar.
b) Garantizar el acceso general a servicios sociales básicos como educación y salud.
c) Alejar a los niños, niñas y adolescentes de los territorios de violencia.
d) Apartar a los niños, niñas y adolescentes de la explotación económica temprana.
e) Brindar atención especial a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías étnicas.
f) Proporcionar asesoría, educación y capa- citación a las familias en zonas de alto impacto.
g) Crear leyes expeditas contra los abusadores y explotadores.
h) Brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas.
i) Fomentar en las comunidades la cultura de respeto a los derechos de la niñez.
j) Emprender acciones de carácter disuasivo a través de campañas y programas de educación social, dirigidas a grupos reconocidos como abusadores.
k) Realizar programas de educación sexual y desarrollo personal en las instituciones educativas.
l) Consolidar Consejos Locales para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial” (Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Renacer y Plan Internacional, 2006, pp. 148-161).
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SILVA E., E. y Otros (2003). Victimología. Los procesos de victimización desde un enfoque criminológico (“La víctima frente al sistema jurídico penal”). Argentina: Ed. Lerner.
UNICEF (2002). La niñez colombiana en cifras. Colombia.
UNICEF, ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA y CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (2007). Código de la Infancia y Adolescencia versión comentada.
Bogotá.
[1] Artículo de investigación relacionado con el proyecto que el autor realiza en la línea de investigación “El Derecho Penal como Garantía Judicial al Derecho a la Libertad”, dentro del “Grupo de Investigación en Derecho Penal, Criminología y Política Criminal Cesar Bkria, “registro Colciencias COL0061256, Categoría D, a nombre de la Dirección Nacional de Escuelas – Policía Nacional de Colombia - Universidad Autónoma de Colombia.
[2] Abogado Universidad Nacional de Colombia, Ms. en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Universidad de Alcalá, España, Mg. en Derecho Penal © Universidad
Libre, Mg. en Educación © Universidad Pedagógica Nacional, Profesor universitario, investigador Vicerrectoría de Investigación, Dirección Nacional de Escuelas Policía Nacional de Colombia. Mail:
ohuertaslogos@correo.policia.gov.co; paideia04@hotmail.com.
[3] SEPÚLVEDA, S. (1970). La prostitución en Colombia. Una quiebra de las estructuras sociales. Bogotá: Universidad de los Andes.
[4] CRIOLLO, O. (1993). Prostitución juvenil en Cali, un fenómeno que se expande: vendedores de amor profano. Cali: Diario El País, 3 de octubre, p. 4-D.
[5] SALAZAR, E. y NÉSTOR, A. (1995). Nictálopes al encuentro de otro que es un yo. Sociografía de los lugares para hombres gay en Cali. Monografía de grado. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
[6]SEVILLA C., ELÍAS y Otros (1997). Erotismo y nacionalidad en la ciudad de Cali. Informe científico del proyecto Razón y Sexualidad, Fase I. Cali: CIDSE.
[7] La prostitución infantil, la droga y el alcohol se toman a Girardot. Diario El Tiempo, 9 de febrero, p. 12-B.
[8] CHAPARRO, B. y MIGUEL, E. (1995). Prostitución de menores de edad: caso de Sogamoso. Mono- grafía de grado. Duitama: Universidad Nacional de Colombia.
[9] CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN (1996). La calle como forma de sobrevivencia (gami- nismo, prostitución infantil y menor trabajador en el centro de Medellín). Medellín.
[10] ICBF y FUNDACIÓN RENACER (1996). Identificación, reconocimiento y caracterización de la prostitución infantil y adolescente en Cartagena de Indias. Bogotá.
[11] ICBF y FUNDACIÓN RENACER (1997). Reconocimiento y caracterización de los niños, niñas y adolescentes vinculados a la prostitución en San Andrés, Antigua Providencia y Santa Catalina, Ba- rranquilla, Pereira y Magangué. Bogotá.
[12] DEFENSORÍA DEL PUEBLO (1995). Situación de la niñez explotada sexualmente en Colombia. Serie Fémina, 6. Bogotá.
[13] ÁLVAREZ-CORREA, M. (1995). Programa a favor del menor prostituido o en peligro de serlo. Informe y balance de actividades primer semestre de 1995. Bogotá: Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia.
[14] ÁLVAREZ-CORREA, M. y SUÁREZ M., R. (1998). Niños y jóvenes de sexo masculino prosti- tuidos. Una visión desde la perspectiva de los derechos. Bogotá: Procuraduría General de la Nación.