Introducción

El hurto de equipos móviles es una problemática que afecta a todos los sectores socioeconómicos del país; evidenciado por el Gobierno Nacional como la principal causa de sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos. De esta manera, es indudable que los victimarios están agrupados en estructuras criminales, contrabandistas y delincuencia común; adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la Nación cuatro (4) de cada 10 delincuentes capturados en flagrancia salen libres por vencimiento de términos; es decir, pasadas 36 horas sin que se haya resuelto la situación jurídica del capturado (habeas corpus) y asociado a fallas en el procedimiento judicial.
La Policía Nacional evidenció, en los resultados operacionales del año 2014, 12.668 capturas, 13.750 aprehensiones a menores de edad, 20.104 recuperaciones y 58.253 incautaciones por este delito, a nivel nacional. Asimismo, indicó que Bogotá, Neiva, Ibagué y Cali son las ciudades potenciales para la comisión de esta amenaza que es efectuada mediante las modalidades comúnmente conocidas como raponazo, halado, cosquilleo y atraco, con la particularidad de coparticipación de delincuencia común e indigentes como actores de ejecución del delito.
En el trabajo de campo se denotan cuatro (4) factores importantes de identificación de este delito; 1) tipificación como delito menor, 2) ausencia de denuncia, 3) oportunidad y 4) fallas recurrentes en el proceso de legalización de la captura. Esta problemática, generalmente, concursa con otros delitos colaterales como el homicidio, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y receptación.
Así mismo, se han identificado como principales países importadores de celulares ilegales a China, Vietnam, República de Corea del Sur, Hong Kong y Estados Unidos. Afirmando, además, que el 70% de los celulares robados son exportados internacionalmente hacia Perú, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
En este estudio se pretende describir la conducta de reincidencia en el delito de hurto de equipos móviles en una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá - Colombia, exactamente en la localidad 16 correspondiente a Puente Aranda, la cual limita: al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Tunjuelito, al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Su extensión es de 1.724 hectáreas, conformadas por 55 barrios (anexo 1).

Anexo 1. Ubicación geográfica localidad 16, Puente Aranda. Fuente. Secretaria Distrital de Planeación Bogotá D.C.

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), mediante el censo realizado en el año 2005, la población de esta localidad es aproximadamente de 288.890 habitantes y se caracteriza por la actividad industrial, además de ser un sector residencial; el Distrito Capital ha establecido cinco (5) barrios de gran importancia y amplitud en la localidad como zonas o UPZ (unidades de planeación zonal), Ciudad Montes, San Rafaél, Alcalá, Puente Aranda y Corredor Industrial (Orjuela, 2004).

Marco conceptual

De acuerdo a lo identificado en el Centro de Información Estratégico Policial (2015), el fenómeno de hurto a dispositivos móviles en la localidad de Puente Aranda, ha sido dinamizado por bandas delincuenciales y delincuencia común, en establecimientos abiertos al público, centros comerciales, avenidas principales del sector conocido como San Andresito de la 38, zonas escolares y transporte urbano, mediante las modalidades de cosquilleo, raponazo, atraco y dummy (engaño a la víctima mediante el canje de un teléfono en material desechable dentro del empaque). El comportamiento del delito durante los primeros 10 meses del año 2015 ha sido de 154 hurtos a celulares y 172 capturas en flagrancia, en los que se destacan los meses de mayo y marzo como los principales en la comisión del delito (anexo gráfica 2).

Anexo 2. Grafica comportamiento hurto a dispositivos móviles 2.015. Fuente. Centro de Información Estratégico Policial – sala CIEPS.
Durante el año 2014, Puente Aranda se ubicó en la posición número 11 a nivel Bogotá, con 199 (5%) reportes de casos por este delito, siendo Kennedy la de mayor afectación 491 (11%) y Usme la de menor afectación 72 (2%), (anexo grafica 3).

 

N.	Estación	Conductas hurto a celulares	Porcentaje %
1	E-08 KENNEDY	491	11
2	E-02 CHAPINERO	378	9
3	E-03 SANTA FE	342	8
4	E-11 SUBA	296	7
5	E-10 ENGATIVA	294	7
6	E-18 RAFAEL URIBE	285	7
7	E-13 TEUSAQUILLO	268	6
8	E-12 BARRIOS UNIDOS	252	6
9	E-09 FONTIBON	248	6
10	E-01 USAQUEN	230	5
11	E-16 PUENTE ARANDA	199	5
12	E-07 BOSA	183	4
13	E-04 SAN CRISTOBAL	173	4
14	E-19 CIUDAD BOLIVAR	155	4
15	E-14 MARTIRES	153	3
16	E-06 TUNJUELITO	147	3
17	E-15 ANTONIO NARIÑO	120	3
18	E-17 CANDELARIA	88	2
19	E-05 USME	72	2
		4374	100

Anexo 3. Reporte de denuncias por hurto de dispositivos móviles 2014 Bogotá.

De acuerdo con el artículo publicado por el diario El Tiempo el pasado 22 de noviembre de 2014, este fenómeno afecta de manera contundente, más aun cuando se identifica la comisión del delito por conductas recurrentes; es preciso afirmar que la captura de reincidentes se ha convertido en un desgaste del aparato judicial colombiano, debido a la extensión en el seguimiento a los procesos realizado por la Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Policía Nacional.
Cruz (2011) describe la conducta de reincidencia como la emisión de una conducta delictiva, al menos por segunda vez, la cual suele ir acompañada por circunstancias de agravación punitiva en la determinación de la consecuencia jurídica, condicionados, por lo general, a la concurrencia de otras características y evidenciada mediante componentes de tipo psicológico, delictual y psicosociales que precipitan la conducta de reincidencia, tales como las características de la personalidad, bajo control de impulsos, alto grado de excitabilidad, baja tolerancia a la frustración, necesidad inmediata de gratificación, egocentrismo cognitivo y baja autoestima.
Para Pueyo (2001), los trastornos psicopatológicos no siempre implican el riesgo de un comportamiento violento aunque, algunos de ellos, pueden presentar síntomas de peligrosidad potencial. El componente delictual se refleja en el tipo y gravedad del delito cometido, sobre todo cuando, en su ejecución, muestran violencia, al atacar a la víctima. El componente motivacional se evidencia desde la manifestación de cualquier comportamiento violento; motivos claramente intrascendentes pueden generar comportamientos excesivamente violentos, no existiendo correspondencia humanamente lógica entre los motivos causantes y la reacción adoptada.
Los componentes psicosociales se especifican, de forma general, en familias desorganizadas y desestructuradas, historias y experiencias de maltrato (abandono, abusos sexuales, castigos, entre otros), historias de ausentismo y dificultades escolares, la experiencia delictiva o pre-delictual infantil o juvenil,  nivel socioeconómico bajo, consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas y una inestabilidad general de la persona en los diferentes modos de funcionamiento  de su existencia (cambios continuos en el trabajo, vida familiar, etc.).
La ausencia de una rehabilitación adecuada, la tendencia a ser discriminado por la sociedad y vivir sin un trabajo fijo, así como la falta de motivación para lograrse un futuro, suelen ser situaciones claramente potenciadoras y probables de que vuelva a reincidir en el mismo delito, de forma inmediata (semanas o días) o a medio-largo plazo (Quinsey et al., 1998). 
Por su parte, el Ministerio de Defensa señala que al 31 octubre de 2015, las autoridades han recibido 118.521 denuncias por todo tipo de hurtos, 1.578 más que en el 2014. De ese total, 82.807 corresponden a hurto a personas, 1.918 más que el año pasado. Eso sin sumar las 28.150 denuncias por hurto de vehículos, de las cuales 21.000 correspondían a motocicletas.
En este sentido, la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), refiere que entre el primero de enero y el 12 de noviembre de este año se registraron 28.694 capturas de reincidentes, de las cuales 15.079 fueron por tráfico y porte de estupefacientes; 5.520, por hurto a personas, y 2.375, por hurto a entidades comerciales. Con una proyección de 200.000 personas capturadas por todo tipo de delitos al año, aquellos que repiten crimen representan casi la quinta parte de los detenidos.
De la misma manera, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), indicó que en el país hay 168.324 personas privadas de la libertad de los cuales 14.969 ya habían ingresado alguna vez a un centro penitenciario (el 8% por ciento). Y hay otros 1.382 reincidentes que, a pesar de haber estado privados de la libertad en un centro carcelario, poseen detención domiciliaria. En Colombia, ser un delincuente no representa una mayor penalización (excarcelables) en caso de ser sorprendido de nuevo en el delito crimen. Por esto, es normal que los jueces dicten libertades a pesar de que se trata de personas con varias capturas.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se proyecta el análisis de este trabajo investigativo para identificar cómo se comporta el delito asociado a la conducta de reincidencia, no solo en la localidad Puente Aranda, sino en otras localidades de la ciudad de Bogotá.

Métodología

Método: observación de campo, entrevistas a expertos y consultas a bases de datos públicas y privadas.
Sujetos: Cinco (5) actores delincuenciales, de género masculino, que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad, que han reincidido en la conducta de hurto a celulares en la ciudad de Bogotá. Para efectos de este trabajo de investigación se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, en el Titulo IV, Artículo 10 Literal D: “tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos”; razón por la cual se denominarán reincidentes a los sujetos objeto de investigación.
Procedimiento: 1. Identificación de reincidentes: se consultó, en el Centro Información Estratégico Policial Seccional (CIEPS), el consolidado de la operatividad en acciones de captura durante el año 2014 en la ciudad de Bogotá, se identificaron 4374 capturas a personas por el delito de hurto a celulares, de las cuales 199 son atribuidas a la localidad 16 Puente Aranda. Se hizo la revisión de la conducta de reincidencia en las personas que habían cometido el delito por lo menos dos (2) veces en distintas localidades de la ciudad de Bogotá, identificando a cinco (5) sujetos que cumplen con estas características.
Se consultó en la Procuraduría General de la Nación el reporte de antecedentes disciplinarios de estos sujetos encontrando los siguientes hallazgos:
Reincidente 1, no presenta antecedentes disciplinarios.
Reincidente 2, presenta sanciones de prisión durante un periodo de cinco (5) años y seis (6) meses, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de cinco (5) años y seis (6) meses, por el delito de hurto calificado y agravado (Ley 599 de 2000), inhabilidad para contratar con el Estado (Ley 80/ Art. 8, Lit. D) e inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Ley 734/Art. 8. Núm. 1).
Reincidente 3, presenta sanciones de destitución en el año 2013 de Fuerzas Publicas Nación – Policía Nacional, inhabilidad general de 10 años e inhabilidad para contratar con el Estado (Ley 80/ Art. 8, Lit. D) durante cinco (5) años. Es importante mencionar que las comisiones del delito de hurto a dispositivos móviles por parte de este sujeto, fueron en los meses posteriores a su destitución de la Policía Nacional.
Reincidente 4, presenta sanciones de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un  término de 63 meses, por el delito de hurto calificado y agravado (Ley 599 de 2000), inhabilidad para contratar con el Estado (Ley 80/ Art. 8, Lit. D) e inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Ley 734/Art. 8. Núm. 1).
Reincidente 5, no presenta antecedentes disciplinarios.
Se hizo la revisión de los casos con el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y se logró identificar que:
Reincidente 4, se encuentra con proceso activo, en la etapa de ejecución de pena de providencia condenatoria en primera instancia, durante un periodo de cinco (5) años y tres (3) meses, proferido por el Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá. Por el delito de hurto calificado y agravado, se encuentra recluido en un Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario (Epamscas – Bogotá) Pabellón 3, pasillo 4.
Y el Reincidente 5, aunque no reporta antecedentes disciplinarios, refiere ingreso a proceso de Estación Los Mártires del 030815 por el juzgado Quinto de Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad (EPMS) de descongestión de Bogotá. Asimismo, el 270515 el Juzgado 7 de Ejecución de Penas, le otorga boleta de libertad por autoridad - suspensión condicional de la ejecución de la pena en primera instancia.
Adicionalmente, se verificó información de los sujetos en la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de identificar que las investigaciones se encuentren en etapa de indagación con fiscalía, obteniendo el curso de las investigaciones así:

Anexo 4. Estados de los procesos Fiscalía General de la Nación. Consulta al público. Fecha: 23 de noviembre de 2015.

2. Afectaciones en otras localidades: se identificaron 17 ocasiones de ocurrencia del delito por parte de estos cinco (5) sujetos durante el mismo año. Las demás localidades afectadas fueron Mártires, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Usaquén, y San Cristóbal. Los meses de impacto fueron febrero, marzo, abril, mayo, junio y Julio. Los lugares de ejecución de la captura fueron vías públicas y estaciones de Transmilenio.

Anexo 5. Localidades afectadas por la conducta de reincidencia en el hurto de dispositivos móviles.

3. Entrevistas a expertos. Se realiza entrevista a la doctora Diana Carolina Pereira Cardona, Asesora de la Dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la Republica, a la doctora María Victoria Ardila Torrijos, abogada especializada en Derecho Penal e Investigación Criminal y a la doctora María Paula Santamaría, Perito Forense especialista en conductas de reincidencia delincuencial;  personas idóneas en el tema de hurto a dispositivos móviles, con el propósito de identificar la noción del fenómeno y cuál es su mecanismo de actuación en la ciudad de Bogotá.
A partir de la información recopilada, comprendiendo las generalidades y particularidades del fenómeno de la conducta de reincidencia en el hurto a dispositivos móviles, se proyecta propuesta estratégica para accionar por parte de la Policía Nacional para combatir esta problemática que afecta la convivencia y seguridad ciudadana en la capital del país.
4. Propuesta para trabajar con la Seccional de Investigación Judicial de la Bogotá (Sijin): es necesario solicitar con la Policía Judicial, a la Dirección Nacional de Fiscalías, que se haga la reasignación de casos a un solo fiscal teniendo en cuenta que se evidencia la existencia de casos en donde las investigaciones están siendo atendidas por diferentes funcionarios y no se conoce su real afectación a la seguridad. La asignación de casos a distintos fiscales, no permite cualificar la investigación criminal, que genera dispersión en el conocimiento de la actividad delictiva de estas personas. Al unificar los casos en un solo fiscal, garantizamos investigaciones suficientes que permitan allegar el material probatorio; de tal manera, que cuando se avance hacia la etapa de investigación y se proceda con la imputación de los delitos de su responsabilidad, los jueces adviertan la responsabilidad y riesgo futuro, garantizando así que sean privados de la libertad, con una condena justa y merecida.
Al respecto, es necesario establecer la conexidad de casos con Policía Judicial, ubicando a las víctimas y realizando la ampliación de denuncias de orden de captura y obtener pruebas que aporten al proceso de investigación.

Resultados

Pese a las actuaciones preventivas orientadas por la Policía Nacional, en el marco del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, así como a la existencia de conductas penales que suponen agravantes y atenuantes, en los que teóricamente se sustenta una condena ejemplarizante, la convicción de quien dinamiza el delito, frente al sistema penal del país es que éste es de comportamiento lapso y, por consiguiente, no le importa delinquir una y otra vez.
Mientras esto sucede en el contexto penal, desde el ámbito de responsabilidad corporativa de las empresas de telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de las TIC, se avanza hacia el control del mercado de equipos móviles, restringiendo mediante bases de datos la circulación de equipos que resulten reportados; sin embargo, se sigue observando que nada de lo previsto es lo suficientemente fuerte como para generar un punto de quiebre a este fenómeno.
Ante este panorama, la apuesta es cualificar la investigación penal, incorporando el análisis desde el fenómeno hasta el actor, garantizando así que quienes han hecho una carrera delictiva, mediante la recurrencia delictiva, sean privados de la libertad en establecimientos penitenciarios; de tal forma que desvinculemos del entorno criminal, por periodos de tiempo, a quienes además de dinamizar el delito de manera directa, funcionan como formadores del crimen a otros individuos, quienes apenas inician una trayectoria delictiva.
Es importante observar que los cinco (5) sujetos de investigación de acuerdo con la estadística de la policía para el año 2015,  cometen una y otra vez la conducta de reincidencia y aun cuando, tres (3) de ellos, no están registrados en las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación o han cumplido tiempo de prisión; razón por la cual este estudio cobra importancia en el análisis de los factores y características que rodean el círculo del fenómeno que se pretende afectar y el cuál está siendo fortalecido por la Policía Nacional a través de sus diferentes estrategias mediante el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes.
Lo anterior denota una vez más, que si no se conoce el fenómeno, como funciona y quiénes son sus agentes delincuenciales no se podrá afectar jamás desde la operatividad; así como se requiere de un trabajo articulado con todas las localidades que conforman la ciudad de Bogotá para identificar quienes son reincidentes en efectuar estos comportamientos.
Otro aspecto importante por considerar, es que uno de los reincidentes identificados fue funcionario público, y un año después de ser destituido de la Institución ha cometido el delito de hurto a dispositivos móviles en tres (3) ocasiones, en las que actualmente no ha sido judicializado ni ha tenido penas ejemplarizantes. Este aspecto invita a la reflexión acerca del seguimiento que se está haciendo a las personas que son desvinculadas de la Institución y como sus conductas delictivas se pueden convertir en un factor de riesgo para la misma institución.

Conclusiones

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de este producto de investigación, es importante destacar como primer aspecto de acción, el dar aplicación al Artículo 105 de la Ley 1453 de 2011 que señala “…El que manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicaciones en cualquiera de sus componentes, con el fin de alterar las bases de datos positivas y negativas que se crearán para el efecto y que administrará la entidad regulatoria correspondiente, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de seis (6) a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes”... “La pena se incrementará en una tercera parte, si quien realice las conductas descritas en el inciso anterior hace parte de una red, grupo u organización de carácter delincuencial o criminal”.
Así como, el Decreto 1630 de 19 de mayo de 2011: “…por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles…”.
Y la Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones No. 4584 de 26 de agosto de 2014: “por la cual se establece el Régimen de Autorizaciones para la venta con fines comerciales de equipos terminales móviles en Colombia”.
El segundo aspecto por ejecutar es el de realizar un trabajo articulado con las autoridades político - administrativas, Sijin, Sipol y Fiscalía para el fortalecimiento en la recolección de información que permita la plena identificación de actores delincuenciales y centros de acopio, utilizados para la receptación, comercialización y estructuración de dispositivos móviles, con el propósito de efectuar procesos judiciales a estos actores delictivos.
De la misma forma, es importante que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Fiscalía General de la Nación, efectúen un programa de formación a los policías de vigilancia, particularmente a lo referido a la aplicación de los marcos normativos y jurisprudencia legal en los procesos de judicialización de los hechos relacionados con el hurto a celulares.
A través de los mecanismos actuales de la Institución es pertinente generar campañas de prevención y disuasión del fenómeno de hurto a celulares en la localidad 16 de Puente Aranda. Lo anterior con el fin de apuntarle a la no compra y venta de los dispositivos móviles en puntos de recepción de celulares hurtados. Igualmente, a incentivar la denuncia de este delito en los sitios indicados para ello como en los portales virtuales, contando con la colaboración de los operadores móviles.