Introducción

El presente de la región centroamericana se caracteriza por altos niveles de violencia. La finalización de los conflictos armados de los 90 no significó paz y estabilidad para la región sino el aumento y diversificación del fenómeno de la violencia. Gran parte de esta violencia está concentrada en los Estados del denominado triángulo norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.
Según Unodc (2014), Centroamérica es la segunda subregión con mayor tasa de homicidios solamente superada por la parte sur del continente africano, debido particularmente a las realidades internas de El Salvador, Honduras y Guatemala, considerados entre los cinco estados con más alta tasa de homicidios del mundo. Lejos de ser una imagen coyuntural, la lectura de la tasa de homicidios demuestra que es un fenómeno que persiste. Desde su reducción, producto de la finalización de los conflictos en los 90, el indicador se mantiene e incluso tiene a aumentar sobretodo en el caso de Honduras, mostrando a estos tres estados muy por encima del promedio continental.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de homicidios para El Salvador, Guatemala y Honduras (1995-2012). Fuente: elaboración propia basada en los datos de Unodc (2014).

Este escrito, pretende demostrar que la violencia en los Estados del Triángulo Norte va más allá de la herencia de los conflictos armados y está vinculada con el concepto de Violencia Estructural, en donde las condiciones socioeconómicas son la clave para entender la persistencia de la violencia; también se busca mostrar lo insuficientes que han sido las políticas de “mano dura” emprendidas por los tres gobiernos, y que las políticas impulsadas en el nivel regional que pretenden un enfoque integral de lucha contra la violencia aún son incipientes y no cuentan con el respaldo necesario para un impacto importante.
El documento está dividido en tres apartados: inicialmente se establecerá el marco teórico basado en las características de la violencia estructural. En segundo lugar, se aplicará el concepto de violencia estructural a las realidades de Honduras, Guatemala y El Salvador. Finalmente, se mostraran las iniciativas locales y regionales que se están desarrollando para contrarrestar el fenómeno de la violencia en el triángulo norte centroamericano.

Métodología

Para la elaboración del documento, se aplica el método de estudio de caso comparado para paras los estados del triángulo norte centroamericano, en donde se comparan variables socioeconómicas a fin de mostrar la potenciales condiciones de violencia estructural. Se realizó una revisión bibliográfica profunda para el establecimiento del marco teórico. Se recurrió a las fuentes gubernamentales y a distintas instancias regionales para establecer las distintas políticas aplicadas.

Violencia estructural como concepto analítico

El concepto de violencia ha sido objeto de múltiples definiciones. La Organización Mundial de la Salud - OMS, hace referencia a la violencia como:
“El uso internacional o no de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (2003, pág. 5)”.
La violencia no es un concepto estático de único significado, por el contrario es multifacético, porque se da en dimensiones micro o macro y es latente en campos de la economía, la política, la ideología, la cultura, la familia, en las instituciones y especialmente en las guerras, donde se ha legitimado su uso a partir de diferentes fines, especialmente cuando los grupos humanos se ven obligados a competir por recursos en función de supervivencia o su seguridad (Jiménez, 2012).
El fenómeno de la violencia ha evolucionado especialmente después de la guerra fría, generando nuevos retos para los estados y creando la necesidad de estrategias contundentes que van más allá del plano militar. La violencia no ha sido ajena a los procesos de cotidianidad pero en la actualidad se habla de otro tipo de violencia que tiene sus causas más profundas en las fallas estructurales de las sociedades. La violencia del siglo XXI es una violencia que expresa conflictos sociales y económicos (Briceño-León, 2001), más allá de los políticos, y que no tienen una vocación directa de poder.
Galtung sostiene que la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales (Molina & Muñoz, 2004, pág. 230). En este sentido, Galtung formuló distinciones sobre las dimensiones de la violencia relacionándolas en un iceberg que incluye tres tipos de violencia, la directa, la cultural y la estructural.
Otros autores, siguiendo a Galtung, sostienen que el conflicto es natural en el ser humano, pero la violencia proviene de un entorno cultural que influye en toda la sociedad (Jiménez, 2012, pág. 14). De allí que la violencia estructural sea un concepto que debe ser comprendido en términos de desigualdad, y que proviene de un desequilibrio en la estructura social existente, que implica no solo personas, sino numerosas instituciones internacionales, gobiernos, y grupos sociales (Galtung, 1969); puesto que la violencia también es producto de mediaciones institucionales que se identifican con la injusticia social y puede ser entendida como un tipo de violencia indirecta, relacionada con circunstancias que hacen que muchas de las necesidades básicas de la población no sean satisfechas (Molina & Muñoz, 2004, pág. 269).
La violencia estructural se ve reflejada en la incapacidad de los aparatos estatales para satisfacer las necesidades básicas y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos como a la salud o a una vida digna.

Gráfico 2. Causas de la Violencia. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Una de las manifestaciones más visibles de la violencia estructural, es sin duda la situación de pobreza, hambre, desigualdad y marginación en que vive una gran parte de la población y que impide que las personas tengan acceso a una vida mínimamente digna. A diferencia de la violencia directa generada por un conflicto armado, este tipo de violencia no parece tener un causante directo, sino que se es una violencia provocada por situaciones coyunturales, como la competencia desigual en el control de recursos, los desequilibrios o intereses económicos y políticos (Molina & Muñoz, 2004, pág. 257).  Las consecuencias de la desigualdad, el hambre, la pobreza y la marginación pueden afectar la satisfacción de necesidades de manera física, social y psicológica, siendo manifestaciones tacitas de la violencia estructural.
En un escenario de violencia estructural, sus redes pueden crecer hasta límites insospechados. De allí, que este concepto tenga una fuerte capacidad analítica y explicativa y que sea de gran aporte en la investigación para la paz, puesto que no solo aborda una percepción diferente de la violencia, sino que se relaciona con la existencia de una paz negativa o imperfecta. Esa paz negativa es solo la ausencia de violencia personal y/o directa, como las guerras, pero no necesariamente implica la existencia de la paz positiva, que busca la eliminación de la violencia estructural y traer consigo la justicia y la igualdad social.

Violencia estructural en el triángulo norte

La situación actual de Centroamérica, específicamente en el triángulo norte, evidencia no solo la presencia de una violencia directa visible y que responde a actos de violencia específicos, sino a la violencia estructural en la que están los fundamentos del sistema y que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades, llegando así a la negación de derechos (Guerrero & García, 2012, pág. 15).
Una de las causas más profundas para que la violencia sea un problema en la actualidad, es la estructura ideológica, política y económica que ha generado una cultura social en la que impera la exclusión y la desigualdad, que implica la dominación de una clase sobre otra, y que se justifica en los intereses de aquellos que dominan (Castillo & Castro, 2011). En este sentido, la violencia estructural es legitimada por facciones o grupos dentro de cada estado que se benefician con el incremento de la desigualdad como forma de violencia indirecta y aparece en las relaciones inequitativas afectando principalmente a la gente más pobre, y con gran dificultad para ser visualizada, en cuanto no constituye actos de violencia directa (Chopra, 2014).
Aunque nadie puede señalar con seguridad cuando y donde se llegará al punto de ruptura, podemos observar cómo son destruidas la fuerza y la flexibilidad de las instituciones, como si se fueran vaciando gota a gota (Arendt, 2006, pág. 115), y cómo este proceso no es ajeno a las sociedades.
Estudios recientes aplicados a Centroamérica ubican como los principales problemas de carácter estructural que ayudan a explicar los fenómenos violentos, la exclusión social, la pobreza y la informalidad presencial de actores que han emergido luego de la terminación de conflictos armados internos (Guerrero & García, 2012). De estos se destaca que los estados que conforman el llamado triángulo norte, se han caracterizado en los últimos años por ser origen, tránsito y destino de migraciones debido a la extrema pobreza, exclusión social y desigualdad, desempleo y altas tasas de homicidio, entre otros.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de Desempleo en El Salvador, Guatemala y Honduras 1991 – 2013. Fuente: elaboración propia, tomando como base datos del Banco Mundial (2015).

Los años noventa trajeron signos alentadores para las economías del triángulo norte centroamericano, una región convulsionada por la inestabilidad política y el retroceso económico durante la década anterior. Si bien, la pacificación de El Salvador y Guatemala afectó positivamente la región, la recuperación económica y por ende el empleo, resultaron perjudicados por desastres naturales en Honduras (el huracán Mitch en 1998) y El Salvador (los terremotos de 2001) (Ros, 2004). Guatemala y Honduras, en comparación con el Salvador, han tenido un mejor desempeño en términos de empleo; sin embargo, la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 puso de manifiesto la vulnerabilidad de sus economías aumentando en estos años el nivel de desempleo.
En general, se evidencia un esfuerzo de estos estados para absorber la creciente población en edad de trabajar. Sin embargo, con el paso de los años los retos son aún mayores en términos de inserción laboral, acceso a la protección social y segmentación laboral, atribuibles a factores tanto demográficos como económicos y sociales que generan brechas que afectan directamente las condiciones de trabajo, ingresos salariales y calidad de vida.
De allí que la generación de empleos de calidad no vaya en línea con el crecimiento poblacional. La proporción de personas en edad de trabajar ha ido en aumento desde 1970 alcanzando casi 60% de la población total en 2013. Los jóvenes desempleados representan una gran proporción del desempleo total. En Guatemala y Honduras, constituyen más de la mitad de todos los desempleados, mientras que en El Salvador son más del 40%. La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan es la más alta de Latinoamérica, alcanzando niveles cercanos al 30%. La falta de acceso a empleos formales, estables y bien remunerados, ha derivado en altas tasas de subempleo, afectando a un porcentaje considerable de la población en edad de trabajar. En 2013, la tasa de subempleo visible en El Salvador alcanzó casi 30% mientras que en Guatemala y Honduras se aproximó al 15% y 12%, respectivamente (Sanchéz, Peréz, & Hernández, 2014).
La segmentación de los mercados laborales se ha convertido en un factor determinante de la desigualdad, que marca diferencias con respecto a los activos a los que puede acceder la población en edad de trabajar de los distintos estratos socioeconómicos, así como a las oportunidades de inserción laboral, los ingresos y la protección y seguridad social correspondientes. Estas diferencias repercuten en el bienestar económico de la población y minan la cohesión social (Beteta & Moreno, 2014).
Es así como el modesto crecimiento de la región y particularmente del triángulo norte, ha limitado las oportunidades para la población. Luego del periodo de inestabilidad macroeconómica que caracterizó la década de los ochenta, el ritmo de crecimiento de dichos países registró una mejoría. Las reformas estructurales implementadas durante los noventa y la mayor apertura comercial, permitieron que el PIB de los países que conforman el triángulo norte se incrementara a una tasa media anual de 3.5% durante el periodo 1990-2013, por encima del promedio registrado en los años ochenta de 0.5% anual. Sin embargo, con un crecimiento poblacional del 2.0%, el crecimiento per cápita es bajo, lo que ha limitado la generación de empleo y la región no ha convergido al ingreso per cápita de sus pares latinoamericanos (Sanchéz, Peréz, & Hernández, 2014).

Gráfico 4. Evolución Índice de Gini El Salvador, Honduras y Guatemala (1995-2012).Fuente: elaboración propia, tomando como base datos del Banco Mundial (2015).

La distribución desigual del ingreso, la exclusión y la marginación social, son factores que influyen en la generación de este tipo de violencia. Como se evidencia en el gráfico 4, Honduras aparece como el país más desigual en comparación con El Salvador y Guatemala. La desigualdad con base a la distribución de la renta, creció especialmente en Guatemala y Honduras, mientras que en El Salvador disminuyó levemente (ONU-Habitat, 2012).
La desigualdad se manifiesta en que sectores de la población pueden utilizar las nuevas herramientas para educarse y ampliar sus visiones, y  el resto de la población es excluida y obligada a pagar el precio cultural, psicológico y político (PNUD, 2013),  más  la sensación de desprotección generalizada (por las diversas formas de violencia que coartan cualquier ejercicio de la ciudadanía), son evidencia de las debilidades estructurales del Estado que tarde o temprano llegan a afectar a la población.
El coeficiente de Gini en las dos últimas décadas, tiene un desempeño que tiende a mantenerse, lo que manifiesta sociedades en donde pequeñas elites concentran la riqueza. No hay acceso generalizado a los recursos, lo cual se convierte en un obstáculo para un desarrollo económico orientado a reducir la pobreza y profundiza los efectos de la violencia estructural en las sociedades. En promedio, de los tres estados, el 20% de la población más rica concentra más de la mitad del ingreso nacional, circunstancia que no ha cambiado en la última década. Estas disparidades tienen además una dimensión territorial, puesto que las tasas de pobreza en las áreas rurales pueden llegar a superar en 40% al promedio nacional correspondiente.

Gráfico 5. Comportamiento Índice de Desarrollo Humano (IDH) Estados Triángulo Norte y el promedio de América Latina. Fuente: elaboración propia, tomando como base datos del Banco Mundial (2015).

El índice de desarrollo humano (IDH) abarca dimensiones de ingreso, salud y educación en la búsqueda  por medir las variables sociales más allá del mero crecimiento económico. Si bien se observa una mejora importante para los tres estados entre 1980 y el 2005, los últimos 10 años muestran un estancamiento de los progresos de los temas de desarrollo humano, destacando que en todo momento El Salvador, Honduras y Guatemala se han ubicado por debajo de la línea promedio de América Latina. En cuanto al plano mundial, la última medición ubicó a El Salvador en el puesto 115, a Guatemala en el 125 y a Honduras en el 129, entre un total de 187 territorios medidos.
En el triángulo norte, el acceso a servicios básicos es restringido. Las condiciones de la vivienda y su entorno, afectan el acceso a salud, alimentación y educación por parte de la población, así como su acceso a oportunidades económicas y su vulnerabilidad a los problemas sociales. Estos países sufren escasez de vivienda, así como problemas asociados a la calidad de las mismas. El porcentaje de hogares que no cuentan con una vivienda o habitan en viviendas inadecuadas era en el 2012 de 61%, superior al promedio regional de 45%, mientras que en zonas rurales superaba el 70%, lo que se agrava por la falta de acceso a servicios básicos. En El Salvador el 70% de la población tiene acceso a instalaciones de saneamiento, comparado con el 82% en América Latina (Sanchéz, Peréz, & Hernández, 2014).
Las economías caracterizadas por el bajo dinamismo y la existencia de círculos viciosos que fortalecen las desigualdades, las mafias y los mercados ilegales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012),  sumadas a las deficiencias estructurales, alimentan la desintegración del tejido social y la violencia indirecta contra la población, estableciendo las bases para el ejercicio de la violencia directa.

Gráfico 6. % de la población en condiciones de pobreza Triángulo Norte y Promedio América Latina. Fuente: elaboración propia, tomando como base datos del Banco Mundial (2015).

La pobreza como variable, explica el entorno de carencias sociales e infraestructuras que determinan las dinámicas de relación dentro de la comunidad (Wielandt, 2005), y ninguna región puede estar blindada contra las brechas socioeconómicas y la exclusión que genera pobreza e incluso guetos de miseria. (Guerrero & García, 2012).
El bajo crecimiento ha conllevado a una tímida reducción de la pobreza y la desigualdad. Aun cuando los índices de pobreza mejoraron entre el 2000 y el 2010, más de la mitad de la población de los países del triángulo norte permanece en la pobreza (Sanchéz, Peréz, & Hernández, 2014). Honduras y Guatemala son los que tienen mayor nivel de pobreza en comparación con los otros países centroamericanos.
Honduras, es considerada una de las economías más miserables de Centroamérica según el índice mundial de la miseria, ocupando el puesto número 26 de los 108 estados indexados (Hanke, 2015). En este país, la situación es considerada como crítica y los problemas internos en asuntos tan básicos como la alimentación, el empleo, los sistemas de atención a la salud, la educación a todos los niveles existentes, relacionados con la seguridad humana, tienden a afectar a la población.
En Guatemala, la pobreza y la malnutrición son factores muy visibles, especialmente en las comunidades indígenas y en las áreas marginales de las ciudades. Por ser un estado agrario, tiene una larga trayectoria de exclusión desde la minoría dueña de los medios de producción. Allí, los departamentos con mayores niveles de pobreza, están directamente relacionados con las tasas más altas de homicidio para 2012, lo que deja en evidencia que sí puede existir una relación entre la violencia estructural entendida en términos de pobreza, y la violencia directa en términos de tasas de homicidio.
En años recientes, la política social en la subregión ha tenido por meta la reducción de la pobreza de manera focalizada. Desde hace más de una década la aplicación de estos programas, en un contexto de repunte económico y cierta reforma de las políticas sociales, ha ayudado a disminuir gradualmente la incidencia de la pobreza y a mejorar los indicadores de salud y educación, sobre todo en el área rural. Sin embargo, y a pesar del efecto favorable de los programas sociales y de la reactivación económica, reducir la pobreza que afecta a una vasta porción de la población, sigue siendo un reto mayúsculo para estos países (Beteta & Moreno, 2014)

Mecanismos regionales para enfrentar la violencia en los estados de triángulo norte

Como se pudo demostrar, el fin de los conflictos armados de los años 90 no fue para los estados del triángulo norte centroamericano el fin de la violencia. Los elementos analizados que tipifican este fenómeno como algo estructural y multicausal, son claves al momento de establecer los lineamientos que los combatan y de determinar el por qué no han tenido impactos significativos en la actualidad.
El Salvador, Guatemala y Honduras, como en general Centroamérica, generaron políticas contra la violencia en el marco de un enfoque de justicia penal, en donde se pretende una reducción de la violencia con el aumento del número de detenciones, agilizando el proceso de sentencia y con un importante aumento en las penas (Banco Mundial, 2010)[5]. Durante la primera década del siglo XXI se implementaron bajo distintas denominaciones (En Guatemala Plan Escoba; en Honduras, Libertad Azul; en El Salvador Plan Mano Dura y Súper Mano Dura), políticas concentradas en el combate a la criminalidad sin tener en consideración las dimensiones causales (Aguilera, 2008).
Si bien estos planes pueden tener un impacto positivo en lo inmediato, lo claro es que en el mediano y largo plazo terminan siendo contraproducentes. Santamaría (2013) establece cómo estas políticas tienen varios problemas: el primero tiene que ver con cómo el uso indiscriminado de la “mano dura” termina en una persecución sin diferenciación en la que se pueden cometer errores sobre la presunción de culpabilidad. La autora resalta el fenómeno de las maras, común en esta región, en donde se utilizaron criterios como cierto tipo de tatuajes para realizar detenciones masivas. Tampoco se realizó una clara diferenciación entre los grupos que sí tenían nexos con actividades ilegales y los que no y en donde las cárceles se convirtieron en lugares para coaptar personal a las organizaciones de crimen organizado.
Además, esta “lógica de guerra” contra el crimen, se convierte en un desafío para las recién transformadas instituciones de seguridad de los estados. El proceso de desmilitarización de los gobiernos, la reducción y profesionalización de las Fuerzas Militares y de Policía, y la inclusión de los grupos al margen de la ley a la sociedad, es un proceso en germinación que se ve permeado por esta “nueva guerra”, y que ha tenido como producto altos índices de corrupción, excesos de fuerza y la participación de militares y políticos en actividades ilícitas.
En lo relacionado con el plano regional, Centroamérica está en el proceso de entender que la violencia no se encierra en las fronteras estatales sino que es un fenómeno transnacional que afecta a la sociedad centroamericana como un todo. Si bien los estados del posconflicto enmarcados en el triángulo norte son fuente importante de los problemas de violencia, otros estados de Centroamérica, que no tienen la herencia del conflicto armado, también se ven impactados por las lógicas de la violencia, situación ejemplificada con Honduras.
Esta situación, exigía ir más allá de las respuestas netamente nacionales para integrarlas al plano regional, en donde se facilita la cooperación y las acciones se complejicen para atacar el fenómeno y no permitir el desplazamiento de la violencia entre las porosas fronteras centroamericanas. Y la primera de las iniciativas regionales fue dimensionar el fenómeno del crimen y la violencia en la región. Mediante el establecimiento en 2008 del Sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana (SES)[6], los 20 estados participantes con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, buscan constituir un importante insumo para la creación de diferentes políticas de alcances nacional y regional, con la constante supervisión del comportamiento de los indicadores de crimen y violencia en la región latinoamericana.

Tabla 3
Indicadores de seguridad ciudadana del SES. Fuente: elaboración propia basada en datos el SES.

El más grande esfuerzo multilateral centroamericano para enfrentar el desafío de la violencia se está realizando en el marco de la Comisión de Seguridad Centroamericana, una de las instancias especializadas del Sistema de Integración Centroamericana - SICA. La XXXI reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de 2007, creó la denominada Estrategia de Seguridad de Centroamérica – ESCA, como la iniciativa macro para canalizar los diferentes proyectos regionales en contra de la violencia en la región y adelantar estudios y definir lineamientos para los estados parte.
Para dar cumplimento al objetivo de “Establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer la seguridad de las personas y sus bienes en la región centroamericana, permitiendo a nuestros pueblos alcanzar los objetivos del desarrollo humano sostenible” (SICA Secretaria General, 2014), la ESCA estableció cuatro componentes en donde se inscriben los diferentes proyectos:
El primero, Combate al Delito, busca canalizar las iniciativas que tienden a la “prevención, la represión, el control y sanción de todas las actividades ejecutadas por el crimen organizado y la delincuencia”, definiendo como amenazas principales la delincuencia organizada (tráfico de personas, hurto de vehículos, secuestro y extorsión); narcotráfico, deportados o exconvictos, pandillas, homicidio, tráfico ilícito de armas, terrorismo, corrupción, temas policiales y asuntos legales.
Si bien en el planteamiento se nota la intención manifiesta de contrarrestar el delito en la región, la implementación de los distintos programas aún es muy pobre. De los nueve proyectos planteados, únicamente tres se encuentran operativos y, aunque con aportes económicos de distintas instancias internacionales, aún se está lejos de alcanzar el estimado total de la financiación necesaria para la ejecución de los proyectos. En lo relativo a coordinación interinstitucional para la seguridad fronteriza, de un costo estimado de US$ 177´799.000, solo se tienen US$ 7´088.000 provenientes de la Unión Europea para el Proyecto de seguridad fronteriza de Centroamérica (Sefro) y US$ 995.000 del gobierno canadiense (SICA Secretaria General, 2014).
En el Programa de control de armas de fuego legalmente inscritas e incautadas en Centroamérica con un costo estimado de US$ 28´408.000, solo se tiene una financiación de US$ 2´870.000 de parte de la Unión Europea. La Interdicción e interceptación del narcotráfico internacional y de los bienes producto de este delito en Centroamérica, fue planteado con un costo estimado de US$ 28´408.000, de los que solo se han recaudado 2´870.000 de la Unión Europea y 1´140.000 del gobierno italiano (SICA Secretaria General, 2014).
El segundo componente, Fortalecimiento Institucional, con el objetivo de “fortalecer en el ámbito de la seguridad regional, los aspectos de comunicación, coordinación y seguimiento de la institucionalidad regional vinculada con la Justicia y la Seguridad” (SICA. Dirección de Seguridad Democrática, 2014), para el cual se definieron cuatro líneas de acción: profesionalización y tecnificación de las policías y otras instancias vinculadas a la seguridad y justicia a nivel nacional y regional; modernización con visión regional de las instituciones nacionales encargadas de la seguridad en Centroamérica; fortalecimiento del programa de protección a víctimas, testigos y demás sujetos que intervienen en la investigación criminal y fortalecimiento de las Unidades de ayuda humanitaria y de rescate a nivel nacional, en situaciones de desastres e implementación de un mecanismo regional.
De igual manera, este componente aún se encuentra en un mínimo de ejecución. Con el apoyo financiero de la Unión Europea y el gobierno español, se han puesto en marcha los dos primeros programas y de establecer como los principales efectos implementar el Plan Maestro de formación regional de justicia y seguridad, en donde “se han desarrollado 59 acciones formativas: 37 regionales y 22 réplicas nacionales. En total, se ha capacitado a 2.085 personas: 1.304 hombres y 781 mujeres con un total de 3.177 horas académicas impartidas. El 36% de las personas capacitadas en el marco del Plan Maestro corresponden al Sector Policial, el 34% al Sector Fiscal y el 29% al Sector Judicial” (SICA. Dirección de Seguridad Democrática, 2014). Además, se ha tendido a la mejora de los equipos informáticos a los cuerpos de policía, se han organizado cursos y capacitaciones en el ámbito fiscal y juncial. También, se creó un marco normativo armonizado para el combate del crimen organizado y se ha creado una comisión de expertos para asesorar las distintas comisiones encargadas temáticamente.
El tercero de los componentes se refiere a la Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria. Para este apartado se estableció como prioritaria la modernización de los sistemas penitenciarios de la región, con el respectivo mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y también la creación de condiciones que permitan la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad en Centroamérica. Las actividades desarrolladas hasta el momento no se manifiestan en impactos a gran escala: se diseñó un modelo de gestión penitenciaria de Centroamérica y se conformó el Comité Regional de Gestión Penitenciaria, además del establecimiento de actividades para intercambio de experiencias y modelos de capacitación (SICA. Secretaria general, 2014).
El último de los componentes es el de la Prevención de la Violencia, que tiene como objetivo “Desarrollar políticas, programas, estrategias y acciones que permitan la prevención en los siguientes temas: violencia juvenil, violencia armada, violencia de género, tráfico ilícito y trata de personas, prevención desde lo local y los efectos de los desastres naturales en especial los provocados por el cambio climático”. Parten de la declaración de la violencia como un fenómeno que no tiene una sola causa y una única consecuencia sino que es multidimensional.
El componente establece tres niveles de prevención que deben tener una atención específica (SICA-ESCA, 2014): primario, atendiendo a mejorar los procesos educativos, la cultura social y el fortalecimiento del tejido social. Se pretende que no se llegue a la utilización de la violencia ni que se cometan actos delictivos, que por supuesto se enfoca en el nivel local; secundario, en la que se debe especificar en sectores en riesgo para identificar los hechos iniciales antes de su transformación. Se identifican como ejes de actuación: violencia juvenil, violencia armada, violencia de género, trata de personas y consumo de drogas; y el terciario, en donde ya ha comenzado la violencia, para disminuir los efectos negativos y la reincidencia.
Para el componente de prevención se establecieron seis proyectos; sin embargo, la mitad de ellos aún no tienen definida su financiación por lo que no han iniciado actividades. Esto impide el cumplimento de los objetivos establecidos en los distintos espacios.

Tabla 4
Presupuesto y financiamiento de los programas del componente prevención de la violencia. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SICA-ESCA (2014).

 

Discusión

Muchos factores hacen parte de la violencia estructural y pueden explicar los altos índices de conflictividad en el triángulo norte, y van más allá de la herencia del conflicto armado. La fractura social existente en El Salvador, Guatemala y Honduras, expresada en las diferencias sociales es abismal. Evidentes brechas entre ricos y pobres, el desempleo especialmente en la población joven, desigualdad no solo en términos de salarios sino en el acceso a instituciones, bienes y servicios. La debilidad institucional y la corrupción son factores que hacen que se profundicen las problemáticas sociales que llevan al uso de la violencia directa.
Hay dos tipos de violencia estructural: las micro-sociales y las macro-sociales. Las conexiones entre estas son el fundamento de fenómenos de expansión de las violencias en algunas sociedades del mundo, especialmente en ambientes urbanos en sociedades en situación de conflicto o post-conflicto, en donde se producen grandes desordenes sociales con altas dosis de violencia (Guerrero & García, 2012), como es el caso de las sociedades del Triángulo Norte, donde la existencia de violencias macro sociales y micro sociales, implica el desarrollo de conflictos de intereses en el uso de recursos materiales y sociales.
Al realizar el análisis de los presupuestos que están en funcionamiento, se puede establecer que, aunque aún existe precariedad en el acceso a los recursos, se observa un intento por concentrar los esfuerzos en la función preventiva de la violencia, generando un cambio importante con respecto a las distintas iniciativas locales a las que se hizo referencia al inició de este apartado. Sin embargo, esto no tendrá impacto en el corto plazo, sino que será un proceso de cambio progresivo que necesita consistencia tanto en la inversión como en la intensión. El entorno centroamericano se encuentra en este proceso, pasando del diagnóstico y los indicadores regionales, hacia el planteamiento claro de programas y objetivos que permitan la consolidación de las distintas iniciativas y la construcción de los pilares para un futuro mucho más estable, que posibilite el salir de las características de la violencia estructural.
En cuanto a las iniciativas para enfrentar la violencia, la región se encuentra en el proceso de trasformación de las políticas de “mano dura”, que solo es enfocaban en la persecución de la criminalidad desde lo judicial, hacia entender la necesidad de relaciones de cooperación para enfrentar fenómenos que impactan al conjunto de la región. Sin embargo, las iniciativas no han tenido un impacto importante en función a que son políticas que tienen resultados en el largo plazo y a que la inversión no ha sido lo suficientemente determinante. Los diferentes gobiernos deben perseverar en la aplicación de políticas sociales que mejoren las condiciones de vida y creen oportunidades para la población, y así poder sacar a Centroamérica de las lógicas de la violencia estructural.

[5] Los otros enfoques para combatir la violencia que plantea el documento del Banco Mundial son enfoque de salud pública y el de transformación de conflictos y de derechos humanos
[6] En el SES participan todos los Estados de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá) por el Caribe participan Jamaica y Republica Dominicana; de Suramérica solo está ausente Venezuela (participan Argentina,  Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay).