La política migratoria de la Unión Europea en el Mediterráneo Central, de la securitización a la promoción del desarrollo sustentable

Carlos Hildebrando Fonseca Zárate ^a* | Javier Ignacio Niño Cubillos ^b

^a https://orcid.org/0009-0006-3996-4845 SIMBIOSIS Ecotecnología e innovación social, Bogotá D.C., Colombia

^b https://orcid.org/0000-0003-1123-0461 Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia

• Fecha de recepción: 2024-03-29

• Fecha concepto de evaluación: 2024-05-21

• Fecha de aprobación: 2024-05-29

*Autor de correspondencia. Correo electrónico: carlosfonsecaz@gmail.com

Para citar este artículo/To reference this article/Para citar este artigo: Fonseca Zárate C., & Niño Cubillos J. (2024). La política migratoria de la Unión Europea en el Mediterráneo Central, de la securitización a la promoción del desarrollo sustentable. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 16(2), 134-151. https://doi.org/10.22335/rlct.v16i2.1961

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar la política de la Unión Europea (UE) ante la migración forzada y el tráfico de personas proveniente de África a través del Mediterráneo central, que es el cruce migratorio más mortal del mundo. Este análisis evalúa los resultados que se derivan de aplicar dos políticas, la primera, basada en la seguridad fronteriza, y la segunda, a partir de la implementación del Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, IDTS, como soporte de la gobernanza migratoria entre la U.E y los Estados africanos. Reconociendo que este flujo migratorio es consecuencia de diferenciales económicos entre los países de origen y destino, crisis humanitarias, estados fallidos o devastaciones ambientales. La metodología de investigación aplicada es descriptiva y exploratoria. El marco teórico parte de la teoría Realista que privilegia la acción soberana del Estado y de la teoría de Sistemas Mundiales para explicar que la UE ha optado por la securitización, al lograr disminuir la migración irregular, pero sin contrarrestar las causas de este flujo migratorio. Por lo que se plantea una solución que vaya al origen del problema, al promover que la UE con los países de origen migratorio trabajen en pro del desarrollo sustentable, el comercio justo y la transferencia tecnológica a partir del IDTS.

Palabras clave: Política migratoria, derechos humanos, seguridad internacional, tráfico humano y desarrollo sostenible.

ABSTRACT

The objective of this article is to analyse the policy of the European Union regarding forced migration and human trafficking from Africa through the Central Mediterranean, which is the deadliest migratory crossing in the world. This analysis evaluates the results derived from applying two policies, the first based on border security, and the second, based on the implementation of the Sustainable Territorial Development Index, (IDTS), as the basis of migration governance between the EU and the African states. Recognising that this migratory flow is a consequence of economic differentials between the countries of origin and destination, humanitarian crises, failed states or environmental devastation. The applied research methodology is descriptive and exploratory. The theoretical framework is based on the Realist theory that favours the sovereign action of the State and the theory of World Systems to explain that the E.U. has opted for securitisation, by managing to reduce irregular migration, but without counteracting the causes of this migratory flow. Therefore, a solution is proposed that goes to the origin of the problem, by proposing that the E.U. with countries of migratory origin work towards sustainable development, fair trade and technology transfer based on the IDTS.

Keywords: Migration policy, human rights, international security, human trafficking and sustainable development.

RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar a política da União Europeia (UE) com relação à migração forçada e ao tráfico de pessoas da África através do Mediterrâneo Central, que é a travessia migratória mais mortal do mundo. Esta análise avalia os resultados derivados da aplicação de duas políticas: a primeira baseada na segurança das fronteiras, e a segunda, da implementação do índice de desenvolvimento territorial sustentável (IDTS), como base da governação da migração entre a UE e os estados africanos. Reconhecendo que esse fluxo migratório é consequência de diferenciais econômicos entre os países de origem e de destino, de crises humanitárias, de Estados falhados ou de devastação ambiental. A metodologia de pesquisa aplicada é descritiva e exploratória. O referencial teórico baseia-se na teoria realista, que privilegia a ação soberana do Estado, e na teoria dos sistemas mundiais para explicar que a UE optou pela securitização, conseguindo reduzir a migração irregular, mas sem reduzir as causas desse fluxo migratório. Propõe-se, portanto, uma solução que vá à origem do problema, promovendo que a UE juntamente com países de origem migratória trabalhe em prol do desenvolvimento sustentável, do comércio justo e da transferência de tecnologia com base no IDTS.

Palavras-chave: política migratória, direitos humanos, segurança internacional, tráfico de pessoas e desenvolvimento sustentável.

Introducción

A nivel mundial, el Mediterráneo Central es la frontera marítima que ocasiona más muertes de migrantes irregulares en su intento de ingresar a la Unión Europea (UE). El tráfico ilegal de seres humanos a través de este paso es constante debido al blindaje fronterizo y el creciente flujo de personas a través del norte de África, que buscan mejorar sus condiciones de vida o solicitar protección internacional. Hacer este cruce pese al enorme riesgo que representa, es la única alternativa posible para su sobrevivencia y la de sus familias.

La diferencia en el nivel de desarrollo entre la UE y África convierte al Mediterráneo en “una frontera con fuertes desequilibrios, que requieren de estrategias políticas para gestionar los flujos migratorios que llegan desde el sur” (Nin & Shmite, 2015, p. 359). Estos flujos evidencian el contraste entre el progreso capitalista frente a los efectos económicos de la colonización europea en África: exportaciones de materias primas extractivas, deterioro ambiental y dependencia de bienes y servicios que desencadenan guerras, crisis humanitarias, y dictaduras; que a su vez ocasionan migraciones forzadas.

Por tanto, el objetivo de este análisis es evaluar la política de seguridad fronteriza de la UE respecto a estos flujos migratorios y el tráfico de personas provenientes de África a través del Mediterráneo. Aunque, si bien, ha demostrado efectividad en la contención migratoria, plantea a su vez, nula eficacia en la resolución de las causas de la migración y frente a la violación de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los Estados que sirven de barrera a la movilidad humana proveniente de África. En complemento, este estudio propone, como una posible solución a esta problemática, la inclusión del Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, IDTS, en la gobernanza migratoria de la UE con el concurso de los países de origen migratorio.

Por consiguiente, se requiere explicar la movilidad humana dentro del Sistema Internacional con base en el IDTS, para proponer una gobernanza migratoria en los países de origen, tránsito y destino; que contribuya al diseño de políticas que promuevan el desarrollo integral y desmotiven la migración forzada. Acciones que desde un enfoque territorial deben garantizar las condiciones para alcanzar una vida digna, en donde confluya la iniciativa privada (nacional y extranjera), la eficiencia en la gestión pública y se preserve el medio ambiente. Elementos que deben evolucionar de manera complementaria y armónica para lograr la sustentabilidad (Fonseca, 2018).

En consecuencia, si se mejoran las condiciones de vida de manera estructural en las sociedades de origen, de donde provienen los flujos migratorios desde África hacia la UE, se puede contribuir a disminuir el interés de emigrar. Lo cual hace evidente la necesidad de transformar las condiciones de vida de la población en África, pero haciendo la salvedad, de que ha habido en las investigaciones sobre el continente un exceso de explicaciones de la pobreza estructural (Bisin & Federico, 2021), que impiden identificar la existencia de polos de desarrollo en sus países y contrarrestar las causas de la migración.

Metodología

Este artículo hace una revisión de las políticas migratorias implementadas por la UE en la última década, específicamente, dirigidas a la contención de los flujos migratorios irregulares que cruzan el Mediterráneo Central provenientes de África, caracterizados por personas solicitantes de protección internacional, víctimas del tráfico de personas y provenientes de Estados que no pueden garantizar las condiciones de vida de sus habitantes. El modelo de análisis en coautoría es producto de la investigación doctoral auspiciada por el programa Pasaporte a la Ciencia de Colombia Científica, Reto Desarrollo Sostenible; Foco Sociedad; temática orientadora: población, movilidad y migración.

Por tanto, la naturaleza de este estudio es de carácter descriptivo en relación con un sector de la migración forzada a nivel internacional y exploratorio a partir de unas líneas de acción desde la gobernanza migratoria a partir del Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, IDTS. El abordaje metodológico que parte de la pregunta ¿Es efectiva la política de la UE frente a la migración irregular a través del Mediterráneo, a partir de asegurar las fronteras exteriores y deslocalizar en los países vecinos la atención de las personas que buscan asilo y refugio, o se deben también afrontar las causas de esta movilidad humana promoviendo el desarrollo sustentable, para que la sobrevivencia de parte de la población en muchos países africanos no dependa únicamente de la migración forzada?

Conjuntamente, se plantea la hipótesis de que, si se logra la articulación armónica de los componentes del IDTS en un territorio, se puede contribuir a mejorar las condiciones de vida en las sociedades de origen de la migración y se desincentive la movilidad humana forzada. Lo que contrasta ampliamente con las versiones del desarrollo que se centran en el crecimiento empresarial, la competitividad territorial o en el aumento del progreso personal, sin tener en cuenta el contexto espacial o las condiciones estructurales de la población. Razón por la que la aplicación del IDTS puede desincentivar la migración forzada, al contrarrestar sus causas y plantear políticas de bienestar socioeconómico sostenibles.

Marco teórico

La política migratoria de la UE requiere establecer un criterio teórico diferenciador en su abordaje. Por consiguiente, este estudio comprende dos niveles de análisis: uno desde “la Sociedad Internacional o macrointernacionalidad, que analiza los fenómenos en su conjunto y otro desde la óptica de un actor internacional [la UE] o microinternacionalidad” Calduch (2014, p. 75). Por tanto, la discusión parte del análisis de las políticas migratorias y de las propuestas de gobernanza mundial de las migraciones, para luego plantear una política comunitaria de gobernanza migratoria a partir del neoinstitucionalismo (Bulmer, 1995).

Respecto al rol de los Estados comunitarios en la dinámica internacional prima una visión de la seguridad (Keohane & Milner, 1996), que fundamenta el orden regulatorio frente a la migración irregular desde África hacia la UE por el Mediterráneo Central. Por consiguiente, se aborda desde la teoría realista de las relaciones internacionales, la imposición de las políticas comunitarias como una expresión de la relación asimétrica entre los Estados de la UE y la reducida capacidad de respuesta de los terceros Estados o de origen frente a la política migratoria común (Rose, 1998). En ausencia de una gobernanza global de las migraciones internacionales, que abogue por la participación de todos los Estados implicados en el proceso migratorio y contribuya a contrarrestar las causas estructurales que motivan estos flujos migratorios.

Medida que se expresa en el cierre de fronteras y en mayores exigencias en las condiciones para obtener un visado o un permiso de residencia y trabajo en la U.E., las cuales disminuyen las posibilidades de emigrar de manera legal, como lo explica la teoría institucional (Barkan, 2013). Del mismo modo, las dificultades para solicitar asilo y la carencia de canales para un número creciente de personas que emigran en búsqueda de protección internacional conducen a un incremento de la migración irregular. Sumado a esta situación, la migración forzada por eventos extremos derivados de los efectos del cambio climático y la reticencia de que, a estas poblaciones, en las regiones más afectadas ambientalmente, se les denomine migrantes climáticos (Vallejos & Rejas, 2022).

Este contexto plantea unos retos específicos en materia de movilidad humana internacional y desarrollo sostenible para los países miembros de la UE y para las instituciones comunitarias, en donde la respuesta en vez de ser humanitaria se ha inclinado a fortalecer la soberanía estatal y a endurecer la política migratoria de acuerdo con los intereses económicos y electorales a nivel interno. Es este escenario en donde aumenta la tendencia ideológica hacia posiciones más conservadoras y nacionalistas por parte de la ciudadanía, que influyen en que los partidos de gobierno impidan el avance hacia una política migratoria común e integral en la UE.

El incremento de la migración irregular a través del Mediterráneo central y de solicitudes de protección internacional, han motivado que la política migratoria de la U.E. por presión de los Estados miembros se dirijan a reforzar la seguridad exterior de las fronteras, incremente el retorno de las personas en situación irregular a sus países de origen, promueva la firma de acuerdos de readmisión, restrinja la inmigración económica y establezca parámetros más rígidos en la concesión de visados, como lo explica la teoría de los sistemas mundiales (Wallerstein, 2015). Sin embargo, no ha atendido las causas de la migración y mucho menos la implementación de programas concertados con los países de origen para promover su desarrollo sustentable.

La migración forzada en tránsito desde África a la UE a través del Mediterráneo Central

La problemática derivada de la migración forzada desde África a la UE a través del Mediterráneo Central demuestra la necesidad de una gestión migratoria a nivel global y de nuevos enfoques, por ejemplo, debido al aumento de la feminización de las migraciones (Ullah et al., 2023). En un contexto en el que el mundo ha regulado de manera vinculante la movilidad financiera, comercial, de bienes y servicios; pero no la de personas. Situación que contrasta con el fortalecimiento del Estado a nivel de políticas migratorias, el cual fundamenta su poder en la soberanía nacional, en donde la fuerza se sustenta en el poder militar o económico, lo que crea una relación asimétrica entre los países y en la inclusión de nuevos enfoques diferenciales, que se extiende a las personas en movilidad humana transnacional.

La Tabla 1 recoge las cifras de los inmigrantes que desde el 2014 cruzan el Mediterráneo de manera ilegal para llegar a la UE, tanto en busca de refugio como para mejorar sus condiciones de vida, algunas a través de redes de tráfico de personas, otras como víctimas de trata de personas. Lo anterior ha llevado al uso militar en la contención de la migración como medida para contrarrestar estos delitos transfronterizos y que visibilizan la migración como amenaza (Kinacioglu, 2023), pero ante el arribo en embarcaciones precarias requieren de una atención de urgencia en altamar; esto hace necesario caracterizar estos flujos, tanto para crear estrategias de prevención como para avanzar hacia el análisis individual y las características socioambientales de sus lugares de origen.

Tabla 1. Personas que cruzan el Mediterráneo de manera ilegal

Fuente: ACNUR, OIM, FRONTEX y EUROPA PRESS (2020 2024).

En 2024, las cifras de las personas que siguen arriesgando su vida para ingresar a la UE a través del Mediterráneo se mantienen constantes, tanto por fallecimiento como por desaparición al intentar cruzar el mar. En este sentido, las víctimas rondan en promedio a siete personas por día. Esta situación se acentúa en ciertas épocas del año como ocurre en verano. Lo que ha obligado a la UE a implementar medidas de seguridad para contener estos flujos migratorios, logrando reducir en una décima parte el número de personas asistidas y contabilizadas en este periodo. El mapa 1 muestra la magnitud de este problema a nivel global y evidencia que el Mediterráneo constituye el cruce migratorio más peligroso a nivel mundial.

Mapa 1. Migrantes fallecidos desde 2014 hasta octubre de 2023

Fuente: OIM, 2023.

Una descripción de las dimensiones de esta migración forzada: “En 2015, 1.3 millones de migrantes cruzaron el Mediterráneo, una cifra similar a 2016, en 2017, se pasó a 712.000 y en 2018 a 638.000 personas” (Eurostat, 2019: 4). En 2019, fueron “139.000 personas, de las cuales 24.000 lo hicieron por España, lo que representa una caída del 58%, por Malta e Italia 14.000, por el Mediterráneo oriental 82.000 y por los Balcanes14.000. Por lo que estos datos suponen una disminución del 92%” (Frontex, 2020). Respecto a migrantes que perdieron la vida, a enero 14 de 2024, la OIM daba cuenta de 28.807 personas muertas o desaparecidas. Cifras que expresan una realidad que debe ser estudiada para proponer políticas migratorias que eviten continuar con este enorme drama humano, frente al que no debemos continuar siendo insensibles.

Hallazgos

La política migratoria de la U.E. en el Mediterráneo Central

Los hallazgos desde la aplicación de una política de securitización de la UE frente a la migración forzada en el Mediterráneo Central, muestran una evolución en los flujos migratorios que cruzan el mar Mediterráneo y permite evaluar los retos que han asumido las autoridades comunitarias a nivel fronterizo. En particular, frente al incremento de la migración irregular y la llegada masiva de solicitantes de refugio desde el 2015, por causa de la ofensiva armada en Siria y la guerra civil en Libia. De acuerdo con la Agencia de la U.E. para el Asilo, en 2023 se llegó a 1.1 millones de personas solicitantes de protección internacional (EUAA, 2024).

En respuesta a esta situación, la UE, por medio de la Agenda Europea de Migración, se propuso desde 2016 avanzar en: “reducir los incentivos a la migración irregular, fortalecer la gestión de las fronteras, salvar vidas, elaborar una política común de asilo, establecer una nueva política de migración legal, revisar el sistema de la tarjeta azul, priorizar la integración y optimizar los beneficios de la política migratoria” (Schmid-Drüner, 2019). Igualmente, la U.E. planteó el fortalecimiento de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino. Una tarea pendiente que ha menguado, debido a los efectos de la desaceleración empresarial y la inflación económica en la postpandemia que ha afectado a la población comunitaria.

Lo anterior ha ocasionado que estas buenas intenciones no se corresponden con la práctica. Ya que desde 2015, las políticas en vez de avanzar hacia la cooperación y la solidaridad se han dirigido a reforzar la seguridad fronteriza. Inicialmente, se centró en caracterizar la llegada masiva de migrantes a las fronteras, catalogar esta situación como una emergencia a nivel de seguridad fronteriza y a brindar atención a la población inmigrante en un alto grado de vulnerabilidad. Así como, a contrarrestar el delito del tráfico de personas y salvar las vidas de quienes intentaban cruzar en embarcaciones no aptas, operación de la UE que se denominó EUNAVFOR MED SOPHIA.

En consecuencia, EUNAVFOR MED SOPHIA surge de la crisis humanitaria en el Mediterráneo, que marcó un hito el 18 de abril de 2015, día en el que se produjo la mayor pérdida de vidas de migrantes y solicitantes de refugio en el mar Mediterráneo, cuando un pesquero con más de 800 personas se hundió frente a las costas de Libia (Ministerio de Defensa del Gobierno de España, 2019). Del mismo modo, la Agenda Europea de Migración diseñó acciones encaminadas a reubicar y a reasentar en la U.E. a personas en búsqueda de protección internacional y a proceder rápidamente en la identificación, registro y toma de huellas dactilares en los Estados fronterizos (Schmid-Drüner, 2019).

Las medidas que buscaron contrarrestar la inmigración irregular y de actividades criminales vinculadas a la movilidad humana en el mar Mediterráneo central, producto de la inestabilidad que generó en la región la guerra civil en Libia (Acosta, 2019), situación que han aprovechado las mafias para acceder principalmente a las islas de Lampedusa y Sicilia en Italia. Por lo tanto, la carencia de un gobierno en Libia ha impedido que la UE tenga un interlocutor que llegue a todas las fuerzas en conflicto, sin embargo, gracias a la colaboración de una de las facciones que tienen control en gran parte de la costa mediterránea, se ha logrado, de manera parcial, contrarrestar las acciones de las mafias que trafican con personas.

A esta crisis también contribuyó “el acuerdo entre Italia y Libia en 2010 que restringió la oferta de mano de obra regular, que provenía desde el norte de África y había estado proporcionando a este país mano de obra migrante desde la década de 1990” (Anguita Olmedo & González Gómez del Miño, 2019, p. 621). Por este motivo, se amplió la misión a operaciones en aguas internacionales con “la formación de los guardacostas y la armada libios, se implementó el embargo de armas de la ONU en alta mar frente a la costa de Libia, se realizaron acciones para impedir el contrabando de petróleo y se buscó recuperar por parte de la U.E. la seguridad marítima en la región del Mediterráneo central” (Consejo Europeo y Consejo de la UE, 2019, p. 1). Aparte de contrarrestar actividades criminales como el narcotráfico y el tráfico de personas hacia la UE.

Las acciones de urgencia requirieron la asignación de más recursos para atender esta frontera marítima, implementar políticas de asistencia a las personas solicitantes de asilo y fortalecer la lucha contra del crimen organizado transnacional. En este sentido, el Consejo Europeo prorrogó, hasta el 31 de marzo de 2020 la operación EUNAVFOR MED SOPHIA, aunque sin medios navales, centrándose en operaciones aéreas, para evitar los desembarcos humanitarios. Esta situación les planteó a las autoridades de los Estados comunitarios un dilema moral, entre acoger a las personas que debían ser socorridas en el mar, a lo que están obligados por el derecho internacional (Echeverry et al., 2023). o evitar el ingreso de estas personas en situación irregular a la UE, que es el objeto de esta acción militar en colaboración con la OTAN.

Por lo que, “la UE en lugar de buscar un acuerdo de desembarco regional, se centró en crear y proponer plataformas de desembarque fuera de la U.E. en Albania, Egipto, Túnez y otros Estados del norte de África, [para llevar allí] a las personas rescatadas y procesar sus solicitudes de asilo” (Human Rights Watch, 2019, p. 2). Situación a la que se llegó por la negativa de Italia y Turquía a los desembarcos de inmigrantes, así como por la dificultad en la aceptación para acoger refugiados por parte de los Estados comunitarios. A lo que se sumaron “las denuncias de varias oenegés de abusos y malos tratos que sufren los inmigrantes. [Respecto a lo cual] la U.E. sostiene que la instrucción incluye la formación en derechos humanos” (Abellán & González, 2019, p 1).

Estas medidas disminuyeron la tensión en el Mediterráneo Central, debido al acuerdo firmado por la UE y Turquía, el 18 de marzo de 2016, en el que Turquía se compromete a “abrir su mercado laboral a nacionales sirios bajo protección temporal, introdujo nuevos requisitos de visado, incrementó los esfuerzos de seguridad por parte de los guardacostas y policías turcos e incrementó el intercambio de información” (Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2019, p. 1). Con este Plan de Acción también se pretendió sellar la ruta de ingreso a la UE por el mar Egeo.

A cambio la UE, se comprometió con Turquía “en avanzar en la adhesión y la exención de visado para sus connacionales y a desembolsar 3.000 millones de euros, para que los migrantes irregulares, incluidos refugiados, llegados a las islas griegas desde el 20 de marzo de 2016, sean devueltos a Turquía. Un país que ya acogía 2,7 millones de sirios” (Pérez & Abellán, 2016, p. 1) y, que se temía pasaran a territorio de la UE, política de contención que ha aumentado la vulnerabilidad de miles de personas, tanto en los campos de refugiados en Grecia, sobre todo en la parte insular, como en la situación de los campos turcos, debido a la lentitud de las solicitudes de refugio y las pésimas condiciones de vida en los lugares de concentración.

Por este motivo, por presión de varias oenegés “el gobierno griego anunció la transferencia de más de 5.000 personas, de las islas al continente, antes del comienzo del invierno de 2017. [Posteriormente, en febrero de 2018,] se realizaron nuevas enmiendas a la ley de asilo para hacer más estrictas las entrevistas” (CEAR, 2018: 2). Lo que demuestra que la crisis humanitaria persiste, pero ahora fuera de las fronteras de la U.E. Mientras que el Sistema Europeo Común de Asilo avanzó normativamente en “determinar el Estado miembro responsable del trámite, implementó el sistema [biométrico] EURODAC, estableció los requisitos para el reconocimiento de asilo y las condiciones de acogida, y fijó las sanciones para los desplazamientos irregulares a otros Estados miembros de la U.E.” (Comisión Europea, 2016, p. 4).

Por consiguiente, la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la UE y la Agenda Europea de Migración motivaron acciones militares en terceros Estados, convirtieron la migración en moneda de cambio para las relaciones bilaterales y en prioridad de su política de cooperación al desarrollo (Rodríguez, 2019). Medidas que en su conjunto están dirigidas a contener el ingreso de la inmigración irregular y de personas solicitantes de refugio a la U.E. Así como, evitar acciones humanitarias que generen más migración, por ejemplo, “al crear una escuela segregada para refugiados en vez de usar las escuelas de integración migratoria” (Simopoulos & Alexandridis, 2019, p. 27).

Lo que demuestra la falta voluntad política para permitir iniciativas sociales en favor de la inmigración y crea una doble dimensión frente a la migración “uno, exclusivamente humanitario; y otro, de seguridad interna. Cuestiones esencialmente antitéticas: la preponderancia de una impone restricciones a la otra” (Alcaraz, 2018, p. 74). Pero no hay tal antítesis porque se pueden conciliar las dos políticas. La dificultad básicamente está en concebir esta premisa como verdad inmodificable y el no aceptar desde la U.E. la coordinación de la gestión migratoria por parte de los Estados comunitarios, los cuales no quieren ceder soberanía en esta materia.

La tensión se manifiesta en el esfuerzo de la UE para buscar “una mayor corresponsabilidad entre los Estados comunitarios en materia de asilo y refugio, a cambio de aumentar la seguridad y hacer más estricta la legislación contra la inmigración irregular” (Comisión Europea, 2016, p. 10). La cual se hace también extensiva al aumento de la reglamentación de los permisos de residencia y trabajo en la UE, incluida la migración altamente calificada y a la necesidad de incorporar buenas prácticas en el manejo de los flujos migratorios implementados en otros países desarrollados. Lo cual es una paradoja, porque, aunque se requiere de migración cualificada también son evidentes los impedimentos para su ingreso a la UE.

Del mismo modo, las personas refugiadas o en búsqueda de refugio podrían ocupar los espacios laborales que a la UE le cuesta cubrir. Sin embargo, la percepción negativa de la migración impide avanzar en estas soluciones (Portes, 2003). Por tanto, uno de los retos para implementar estas medidas es informar a la ciudadanía comunitaria de las ventajas o la necesidad que tiene la UE de la inmigración. Específicamente, para evitar discursos políticos nacionalistas, de ultraderecha y xenófobos (Espinosa & Serrano, 2023), para contrarrestar estereotipos que lleven a la discriminación e incluso tratar de manera más rigurosa las noticias que tengan la variable migratoria, especialmente, en materia de orden público, para evitar que se señale a la población extranjera como causante de la inseguridad y otras problemáticas.

Por eso es necesario volver a hacer hincapié, en evitar que se criminalice la inmigración y solventar las dificultades que tienen las personas migrantes para insertarse en las sociedades receptoras, en donde es fundamental contrarrestar las causas de la percepción negativa de la inmigración que suelen aparecer cuando surgen crisis económicas o situaciones que aumentan el desempleo o la inseguridad. Sin olvidar, que los derechos que amparan a las personas migrantes se encuentran enunciados en instrumentos internacionales como: la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención de Ginebra (1951), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), la Carta Africana sobre Derechos Humanos (1981) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007).

Pese a que estas normas son reconocidas ampliamente por la opinión pública de la UE, el avance hacia el reforzamiento de políticas de seguridad y de control fronterizo es el que prima frente a medidas que sean garantes de derechos. En este sentido, el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo producto del acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y los 27 gobiernos comunitarios, del 20 de diciembre de 2023, apunta a reducir al máximo las solicitudes de asilo en la U.E. y a endurecer las políticas de acogida. Negociaciones que buscaban desde la crisis de 2015 restringir la entrada de personas en busca de refugio y fijar por primera vez cuotas de población refugiada entre los Estados de la U.E. (Gómez, 2023).

Además, de otras medidas extremas, como controles situacionales y biométricos previos al ingreso a la Unión Europea para las personas provenientes de terceros Estados a partir de la edad de 6 años. Un conjunto de requisitos que pueden llegar a ser violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes. Situación, por la que numerosas oenegés han planteado que se haga seguimiento a este acuerdo que se debe evaluar en el Parlamento Europeo. Política migratoria que de ser aprobada constituiría un instrumento que fortalecería la seguridad fronteriza de la UE, pero que también afectaría la acogida de las personas solicitantes de protección internacional.

Las causas de la migración en los países de origen, resultados y respuestas a nivel estatal

Las causas de la migración de las personas que atraviesan las costas de África para llegar a la U.E. se fundan en dos momentos históricos, uno que inicia con el siglo XIX y culmina con la posguerra en el siglo XX. En primer lugar, las relaciones entre las potencias coloniales en África, que terminó con las migraciones forzadas a través de la trata de personas, principalmente, hacia América, finalizó debido a “relaciones socioeconómicas de valor globalmente estructuradas, forjadas a nivel mundial por la acumulación comercial, por rivalidades geopolíticas e intereses sociales y apoyo político; aparte del capital industrial y la materialización social del trabajo mundial mediado por el dinero y los mercados globales” (Parron, 2023, p. 176 – 177). Periodo que comprende desde la colonización europea en África hasta la promoción de la migración que participó en la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

El segundo momento corresponde a la actualidad y se ilustra en un estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a migrantes de 39 países africanos que viven en 13 Estados de la UE (Steiner, 2019), quienes afirmaron en un “93% que volverían a arriesgar sus vidas para llegar a Europa mediante travesías por rutas irregulares pese a saber que hacerlo conlleva poner en peligro sus vidas. Muchos de estas personas tenían [en sus Estados de origen] estudios superiores, no todas eran pobres y el 58% recibían salarios, pero no ganaban lo suficiente” (ONU, 2019). Respuesta que coincide con la triple crisis que atraviesa la mayor parte del continente africano en los sectores alimentarios, energéticos y financieros.

En complemento, la migración forzada está motivada así mismo por: afectaciones climáticas que han ocasionado hambrunas y conflictos bélicos que han sido causantes de graves violaciones de los derechos humanos; circunstancias que han dejado a millones de personas desplazadas y una situación muy precaria. En países como Chad, en 2021, más de un tercio de la población necesitó de ayuda humanitaria urgente, un entorno similar vive Sudán del Sur debido a la guerra civil. Del mismo modo, la guerra del Congo ha causado más de cinco millones de víctimas mortales desde 1996 y que haya un número similar de refugiados (Acción contra el hambre, 2022).

Entre los países que envían migrantes a la U.E., Eritrea es el Estado que más aporta migrantes forzados. “En 2014, los eritreos supusieron el 23% de los 170.100 migrantes que llegaron a Italia por mar. La situación de esta excolonia italiana es tal que ACNUR estimó en una media de 5.000 los eritreos que abandonan cada mes su país. Según el Parlamento Europeo, de los que hacen tránsito por Sinaí en Egipto, un 95% son víctimas del tráfico de personas” (Mateos, 2015). En Somalia, uno de los países con los conflictos más prologados del mundo, con una guerra interna desde 1991. A inicios “de 2021, una devastadora sequía provocó una hambruna que desplazó un millón de somalíes. Situación que se ha agudizado, luego de que Al-Shabab, un grupo armado que opera en el centro-sur de Somalia, empezara a exigir el pago de elevados impuestos a los granjeros” (Hujale, 2022).

En Nigeria, según “la Oficina Nacional de Estadística, el 53,4% de los jóvenes estaba en paro en 2020. Según el Reloj de la pobreza mundial, 86 millones de nigerianos, es decir, el 41% de la población, viven hoy en extrema pobreza. Esta situación se corresponde con el ‘Occidente soñado’ que motiva el interés de emigrar” (Ikuteyijo, 2023) y da una visión idealizada de quienes han logrado emigrar a Europa o a los Estados Unidos, quienes se cree viven mejor. Circunstancia que genera la percepción de que emigrar es la opción más aceptada para mejorar las condiciones de vida tanto a nivel personal como familiar.

En cuanto a los países ubicados al norte de África o del Magreb, conformados por Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El aumento de la migración irregular ha sido de un 80% desde el inicio de las revoluciones árabes y el asesinato de Muamar Gadafi, convirtió a Libia en un Estado fallido, inmerso en una guerra civil y un ingente número de milicias. Lo cual posibilita que en Libia confluyan varias rutas migratorias procedentes del desierto del Sahara: la primera, inicia en Banjul, Senegal, sigue la ribera del río Gambia, cruza Mali y Burkina Faso, llega a Agadez, pasa a Dirkou y finaliza en Libia. La segunda, parte de Siria pasa por Jordania, Egipto y desemboca en Libia, y la tercera, procedente de Eritrea pasa por Sudán y llega a Libia (Ospina, 2015). En el mapa 2 se muestran las principales rutas de origen africano hacia la UE.

Mapa 2. Principales rutas migratorias por el Mediterráneo desde África hacia la UE.

Fuente: BBC Mundo, 2015.

La situación política se degrada de manera paralela a los desastres ambientales que recientemente han afectado al continente africano, producto del calentamiento global, que generan grandes cambios a nivel climático. Es el caso de la tormenta Daniel que generó fuertes inundaciones a su paso por el este de Libia, durante la segunda semana de septiembre de 2023, ocasionando la muerte de más de 2300 personas y la desaparición de un número superior a 10000 (Español, 2023). Estos fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones tropicales Idai y Kenneth, causaron en 2019, una gran devastación en Malawi, Mozambique y Zimbabwe, al ocasionar más de 1000 muertes y dejar a cientos de miles de personas con necesidades de asistencia humanitaria. Del mismo modo, siguen siendo constantes las sequías, inundaciones y olas de calor más frecuentes e intensas; incluidas la desertificación acelerada, la erosión costera, la extinción de especies y la pérdida de hábitats. Las cuales están causando estragos en las economías africanas (Songwe, 2019).

Discusión

En respuesta a esta situación, es “urgente acelerar el desarrollo en África, porque pese a los avances, el progreso desigual no satisface las aspiraciones de la gente. [del mismo modo], hay que evaluar el papel de la movilidad humana en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y sobre los enfoques para regular esa migración” (Steiner, 2019). Así como el papel de la restauración ambiental para mejorar las condiciones de vida de la población. Por este motivo, se ha trabajado para avanzar en favor del medioambiente en el continente, a través de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para África, CEPA, con apoyo de Naciones Unidas, a través de ClimDev-Africa, los servicios de información climática y meteorológica, WISER, la investigación sobre el Clima para el Desarrollo (CR4D) y la aplicación del Acuerdo de París (Songwe, 2019).

Estas políticas requieren de líneas de acción con base en el IDTS y evitar tendencias racistas y excluyentes aplicadas en los países africanos mediante proyectos “humanitarios postintervencionistas que pretenden mejorar la capacidad para autogobernarse y autotransformarse, sin cuestionar las desigualdades estructurales u otras injusticias implicadas en las relaciones de poder asimétricas” (Oyawuale, 2024: 89). En particular, en relación con la migración forzada desde África y la incapacidad de la U.E. para promover el desarrollo sostenible en los Estados al sur del Mediterráneo.

Esta visión debe aplicarse también al diseño de políticas ambientales transnacionales de corresponsabilidad. Por ejemplo, a nivel económico, en el mercado de importaciones y exportaciones, que incluyan el comercio justo, la transferencia tecnológica y la eliminación de subsidios agrícolas y pecuarios en la UE. En este último caso, de eliminarse este dumping europeo, los países africanos podrían competir beneficiándose de exportaciones de bienes finales, que a su vez se convertirían en bienes de consumo (Zhang, 2023). De eliminarse los subsidios agropecuarios europeos, los países africanos podrían exportar a la UE estos bienes y así generar empleos y negocios que mejorarían las condiciones de vida de sus poblaciones. Tales iniciativas en conjunto que podría desestimular la migración forzada.

Propuesta de una aplicación del Índice de Desarrollo Territorial Sustentable (IDTS) en los países africanos en complemento a la securitización

El diseño de políticas públicas a nivel país en los Estados africanos a partir del IDTS puede constituir un modelo que contribuya a crear las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales que permitan construir un ecosistema (Fonseca, 2018) que desestimule la migración forzada. Pero que a su vez posibilite que la migración regular de origen africano en la UE encuentre un entorno que favorezca su integración y concientice a la sociedad europea de una apuesta por el desarrollo (Niño, 2019, p 145) en África. En este sentido, la existencia del Centro Africano de Política Climática, con respaldo de la CEPA, puede convertirse en una institución asesora para promover transformaciones que permitan una movilidad internacional segura, ordenada y legal.

Por consiguiente, en la mayoría de los Estados africanos, los cuales han presenciado de manera desigual la evolución de los cambios tecnológicos y sociales, los efectos de la profundización de la globalización financiera-económica y las consecuencias del calentamiento climático y la degradación ambiental; deben reconceptualizar la idea de desarrollo, ya que son en su mayoría países biodiversos, inequitativos e insustentables, y tienen la dificultad para alcanzar unos estándares de vida que le permitan a su población acceder a bienes y servicios que garanticen una existencia digna.

En consecuencia, corregir el sesgo de crecimiento económico y balancear los factores que contribuyen a la felicidad y dignidad personal (riqueza humana), la convivencia, bienestar colectivo y sinergias sociales (riqueza pública e institucional), la coexistencia y uso sustentable de la naturaleza (riqueza natural/ambiental), la producción de valor agregado (riqueza privada y pública) y la integración mutuamente benéfica con el mundo en toda su complejidad (riqueza humana); para lo que es necesario incluir el conocimiento (riqueza intelectual) como factor fundamental del desarrollo en las regiones y contar así con (inteligencia territorial) que permita tomar mejores decisiones a medida que se requiere adaptarse y surgir en un contexto específico (Farinóset al., 2009).

Figura 1. Principales rutas migratorias por el Mediterráneo desde África hacia la UE.

Fuente: Fonseca, 2018.

De esta manera, podría afirmarse que el desarrollo, en el mundo complejo e incierto actual, es la capacidad que la sociedad tiene de construirse colectivamente para identificar, discutir y conocer los problemas, retos y riesgos que se presentan con el paso del tiempo, así como la aptitud para identificar, adaptarse y adoptar las soluciones requeridas, de manera equitativa, incluyente, sustentable, eficaz y eficiente, a los menores costos y riesgos sociales, ambientales, económicos y políticos. (Fonseca, 2018). Son estos los elementos que permitirán definir el Desarrollo Territorial Sustentable y plantear alternativas de sobrevivencia a la migración.

Para ello, se requiere, la revisión de los métodos, herramientas e índices actuales relacionados con el desarrollo; al identificar que sus limitaciones y sesgos permiten establecer y afirmar que no incorporan adecuadamente dimensiones fundamentales como el territorio, la convivencia y la naturaleza. Por lo tanto, frente a la definición predominante de “desarrollo”, relacionada con el crecimiento del ingreso económico se trasciende a otras definiciones como la de “Desarrollo Sostenible” (ONU, 1987), que hace referencia al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y Comisión Brundtland), contexto desde el que se propone el concepto de Desarrollo Territorial Sustentable (DTS), como:

Riqueza Humana: Felicidad y realización personal.

Riqueza Intelectual: Conocer, comprender, usar mejor las riquezas.

Riqueza Natural: Mantener y reproducir las funciones ambientales y diversidad natural.

Riqueza privada: acumular capital económico suministrando bienes, servicios y otros a la sociedad.

Riqueza pública: proveer bienes colectivos, tangibles e intangibles y garantizar convivencia colectiva

El proceso multidimensional (social, económico, ambiental, cultural, tecnológico, político) y multiescalar (individual, comunal, municipal, sectorial, regional, nacional) de construcción y mejoramiento permanente y participativo de: a) la vida digna, autónoma y feliz de las personas b) la convivencia, bienestar, empatía y gobernanza en el territorio en todos sus niveles , c) el uso responsable de los recursos naturales, la naturaleza y el ambiente, d) la relación mutuamente respetuosa y benéfica entre el territorio con los demás territorios aledaños y el resto del mundo, e) a los menores costos y riesgos culturales, sociales, económicos, ambientales y tecnológicos; para ello, el conocimiento del y desde el territorio es indispensable.

Por consiguiente, cada una de estas riquezas está conformada por un conjunto de indicadores que revelan una concepción territorial de sus atributos, capacidades, riesgos y condiciones. El IDTS concibe el Desarrollo Territorial Sustentable, DTS, como el resultado de la suma sinérgica de las cinco riquezas territoriales (Humana, Intelectual, Privada, Pública y Natural-Ambiental) que deben evolucionar de manera armónica para lograr la sustentabilidad. Esto contrasta ampliamente con las versiones del desarrollo que se centran solamente en el crecimiento económico, o en el aumento de condiciones personales, sin contexto espacial, o las que se centran en la competitividad territorial.

En consecuencia, el IDTS busca integrar estas versiones, con una ponderación implícita que las sitúa en una dimensión relativa más acorde con una perspectiva más amplia del desarrollo, que de no lograrse o verse en perspectiva en el país de origen, puede convertirse en una de las causas de la migración internacional. En el estudio realizado por PNUD, ya citado, en el que se entrevistaron a 1700 migrantes de origen africano en 13 países europeos, de los cuales algunos migrantes tenían estudios superiores e, incluso, salarios competitivos en sus países de origen, pero que migraron por motivaciones diferentes a las meramente económicas.

Del mismo modo, en el otro extremo de la inequidad, la descripción de las condiciones de vida en varios países africanos, ante el cúmulo de necesidades insatisfechas sumadas al riesgo de la existencia constituyen una motivación esencial para la migración. Tanto para un segmento de la población como para otro, las medidas extremas de seguridad en el Mediterráneo o la deslocalización del refugio en países vecinos podrán contener los flujos migratorios. En parte desincentivarán las mafias del tráfico de migrantes ante la creciente militarización y de personal estatal vinculado a labores de inteligencia y control fronterizo. Pero a su vez encarecerán el delito y harán más arriesgadas las travesías migratorias, lo que explica menos personas en tránsito, pero más fallecimientos en alta mar.

En consecuencia, la degradación ambiental de amplias zonas en el territorio africano demuestra que la sobre explotación de la riqueza natural durante el periodo colonial, la poca recuperación de ecosistemas y el crecimiento económico sustentado en el sector extractivo y agropecuario exportador desde la periferia colonial hacia el núcleo colonizador, ha traído como consecuencia un incremento de la pobreza en amplias capas de la sociedad. La población que anteriormente vivía bajo modelos de subsistencia tradicionales, de manera complementaria a los ciclos naturales, afectaba mínimamente el medio ambiente. Al abandonarse este modelo tradicional, disminuyeron las zonas fértiles y se degradaron los suelos; aumentando la erosión y la sequía lo que ha llevado a estas sociedades a la hambruna y a la migración como una respuesta para mejorar las condiciones de vida.

En los escenarios de guerra la situación es similar, se degradan las otras riquezas: la humana y la pública/institucional; imposibilitando el desarrollo, incluso deteriorando las condiciones de vida. A su vez, afecta un sector de la riqueza privada, que podríamos denominar legal, en desmedro de la riqueza vinculada con los grupos armados y favorecida por la extracción de minerales, hidrocarburos y la exportación agropecuaria en desmedro del consumo interior. En este contexto también se ve afectada de varias maneras la riqueza intelectual, en primer lugar, por la pérdida de capital altamente calificado en la emigración, en segundo lugar, no hay inversión pública por no ser considerada una prioridad en medio del cúmulo de necesidades insatisfechas de la población.

Sin embargo, esta riqueza intelectual puede mantenerse gracias a la financiación derivada de la cooperación internacional, de centros de investigación foráneos y nacionales que tienen por objetivo los estudios africanos en diferentes áreas del conocimiento, así como, de la diáspora científica africana interesada en crear condiciones de desarrollo en sus países de origen. Dentro de estos saberes que comprenden la experiencia y la documentación formal a través del tiempo o historiada de la sociedad, también se encuentran los saberes tradicionales, que en gran parte han sido complementarios a todas las riquezas en escenarios locales y que han logrado la irrupción de modelos desarrollistas capitalistas de origen occidental, para mantener las dinámicas societarias ancestrales y sus ecosistemas.

De manera complementaria, la construcción de un pensamiento propio, incluso nacionalista, que critica las consecuencias coloniales y poscoloniales que vuelve a pensar sobre la recuperación de las formas de concebir el entorno y el territorio antes y después de la colonización. Que, además, se complementa con miradas neocoloniales, posmodernas e incluso sincréticas para construir procesos rotos o interrumpidos por la memoria y el conocimiento coloniales imperante sobre el que se construyen nuevos dispositivos de conocimiento. Además, en complemento con las nuevas ofertas y demandas creadas por la aculturación, el sincretismo cultural, la globalización y la propaganda mediatizada de lo externo (Niño, 2011), en donde la percepción de migrar se convierte en una alternativa de progreso familiar e individual en la diáspora.

Conclusiones

La UE atrae a migrantes de todo el mundo, en el caso de los flujos que atraviesan el Mediterráneo desde África, las causas estructurales de origen histórico colonial en el Magreb y los países subsaharianos, que motivan la migración, están sustentadas en circunstancias que no se han transformado de manera sustancial en el tiempo. Si bien las políticas de seguridad de la U.E. han contribuido a disminuir la migración irregular y el tráfico de personas, se debe avanzar de manera complementaria en afrontar el origen de estos flujos migratorios, en donde la reducción de los subsidios agropecuarios y reforzar la cooperación al desarrollo desde la U.E. a partir de la aplicación del IDTS de manera concertada con los países africanos, podría contribuir al desarrollo en el sur del Mediterráneo. Estas medidas fortalecerán la gobernanza del territorio y promoverán condiciones de vida óptimas que contribuirían a disminuir la movilidad internacional de manera forzada por motivos ambientales, políticos o económicos.

Por tanto, la posibilidad de generar desarrollo en los países africanos a partir de la suma de espacios locales, en donde las riquezas propuestas (humana, ambiental, institucional, intelectual y económica, tanto públicas como privadas) confluyan en una misma dirección. En primer lugar, deben identificar y evaluar el aporte de estas riquezas y su vinculación a políticas de mejora de condiciones de vida mediante procesos de participación ciudadana, a partir de la toma de decisiones fundamentadas en políticas de ciencia, tecnología e innovación, que sustenten la agenda pública e institucional. La cual se debe complementar con la investigación financiada por el sector privado y la cooperación técnica internacional, para tener un mayor recurso de saberes y conocimientos especializados.

En segundo lugar, estos elementos podrían contribuir a la competitividad regional y sectorial, y mejorarían las condiciones socioeconómicas para el conjunto de la población, por ejemplo, para crear nuevas empresas, fuentes de empleo e invertir en bienes públicos de orden cultural en un continente tan rico y diverso como el africano, en el que se conjugan muestras de progreso tecnológico gracias a la inversión proveniente de China, la inversión de los antiguos países colonizadores y un creciente consumo de bienes y servicios en una sociedad principalmente joven, que requiere capacitación e inclusión laboral. Así también abrir las posibilidades de mercado para sus productos de exportación y la creación de bienes y servicios para el mercado nacional e internacional, un ecosistema económico que puede desincentivar la idea de migrar.

En esta misma línea de acción, el conocimiento aplicado de su entorno debe servir de fundamento para operar la riqueza natural y ambiental, que en gran parte es el soporte de las demás riquezas. Es fundamental añadir que el crecimiento, la inversión y la planeación de los elementos que conforman estas riquezas deben crecer de manera homogénea, complementaria y acorde con las necesidades de cada territorio. Por lo que es fundamental que este conocimiento, tanto en el sentido de protección como de productividad sostenible y sustentable, incluya procesos de información plena hacia la sociedad y que a su vez permita construir acuerdos corroborados participativamente frente a los planes de desarrollo.

Por consiguiente, al examinar las condiciones socioeconómicas, administrativas, ambientales, de inversión privada, de formación y centros de investigación existentes en África, así como las características humanas, específicamente en un nivel demográfico, de los actuales países africanos se observa a primera vista como consecuencia, que las riquezas de cada sociedad no han operado de manera complementaria para alcanzar el desarrollo de una manera integral y sostenible, sino que cada una se ha dirigido a objetivos específicos, con metas o resultados no pensados como sociedad sino a partir de intereses particulares.

Lo anterior, determina condiciones en parte adversas al desarrollo que, en vez de generar bienestar, han sido generadoras de inequidad, lo que a su vez se convierte en una motivación para emigrar. Esta circunstancia afecta la construcción de un proyecto colectivo de sociedad, ya que, al externalizar el progreso en un país diferente al propio, se impide que las riquezas sumen en torno a un interés común identificable de acuerdo con las condiciones del territorio a partir de su conocimiento y sostenibilidad. Sin embargo, la diáspora también puede ser un agente de desarrollo sustentable, que podría contribuir a reorientar los diferentes tipos de riqueza en torno a un modelo de sociedad que se beneficie de su complementariedad y crecimiento armónico (Niño, 2022, p. 73).

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