Introducción

En su informe de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la violencia ejercida en el marco del conflicto armado afecta de forma distinta a las mujeres y a los hombres, pues agrava la discriminación y la violencia histórica que las mujeres colombianas han vivido. (Comisión Interamericana de Derechos Humano, 2006)

En este contexto las mujeres se ven expuestas a riesgos particulares que derivan de su condición de género, como el de sufrir violencia sexual, reclutamiento forzado, esclavización para desarrollar labores domésticas, imposición de normas de comportamiento público y privado, despojo de sus tierras y patrimonios, amenaza y ataques por su pertenencia a procesos organizativos o sus labores de liderazgo y defensa de los derechos humanos, o por causa de sus relaciones reales o presuntas con miembros de grupos armados (Corte Constitucional Colombiana, 2008).

El efecto diferencial de la violencia en las mujeres fue señalado también por la CIDH en el informe sobre su visita a Colombia, al denunciar que las mujeres, además de haber sido discriminadas durante los tiempos de paz, han sido explotadas y manipuladas por los actores armados durante el conflicto, quienes han utilizado sistemáticamente la violencia contra ellas como estrategia de guerra en su lucha por controlar el territorio y a las comunidades que lo habitan (CIDH, 2006), o controlar procesos de producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas, de ingreso ilegal de divisas, entre otras cosas (Pérez, 2014) .

A pesar que en Colombia se han logrado avances importantes en el plano normativo, la violencia contra la mujer subsiste en grado alarmante, como violación más grave de los derechos humanos, toda vez que se atenta contra la integridad física y la dignidad de todas las mujeres. El conflicto armado reprodujo e incrementó las diversas formas de discriminación que ya padecían las mujeres, no solo por motivos de sexo sino también de su origen étnico o pertenencia cultural. Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, es más evidente en esta población (Organización de Naciones Unidas, 2003). Como víctimas sobrevivientes de actos violentos las mujeres se ven forzadas a asumir papeles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados y, en consecuencia, deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas que no afectan de la misma manera a los hombres (Corte Constitucional, 2008). Por ejemplo, las tasas de desempleo para la población en situación de desplazamiento ascienden a 31% en los hombres jefes de hogar y a 48 % en las mujeres (Gómez, 2010).

Según Donny Meertens (1999), el análisis de la situación de la población desplazada, la atención y protección de sus derechos y sus perspectivas para el futuro, parte de varias premisas básicas. La primera, se centra en la necesidad de reconocer los efectos de la violencia y el desplazamiento diferenciados por género, edad y origen étnico. La segunda premisa se refiere a la concepción del desplazamiento como un proceso multidimensional, que pasa por rupturas tanto en las condiciones materiales como en las subjetividades. La tercera, busca emplear una óptica que balancee la condición de víctima con la de sujeto activo. El empleo de estas tres categorías de diferenciación en el análisis de la vulneración de los derechos, de los procesos sociales generados a partir del desarraigo y de la política pública de atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se recoge bajo el término de enfoque diferencial.

El enfoque diferencial de género, edad y etnia parte de los principios básicos del libre ejercicio de los derechos, de la equidad y del reconocimiento de las diferencias entre los grupos poblacionales (Rubiano, 2013). El enfoque diferencial que se privilegió en este estudio se centra en la equidad de género. En este estudio se entiende que la protección y atención a la población de víctimas del desplazamiento bajo un enfoque diferencial debe orientarse así:

• Promoción de la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el acceso equitativo a los recursos y los servicios del Estado.

• Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación y a la organización. Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas, con particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente subordinados. Eliminar estereotipos culturales que obstaculicen el libre ejercicio de los derechos y la inclusión social.

• El desplazamiento forzado de la población rural debe ser abordado como un proceso multidimensional que no se agota en el momento de llegada a la ciudad, ni termina con las luchas para la supervivencia material.

• Desplazarse, cambiar de plaza o de lugar, representa un fenómeno geográfico observable y va acompañado de una experiencia, subjetiva pero no menos tangible, de desarraigo y pérdida.

• Desplazarse forzadamente significa, además, romper con el proyecto vital, con una elaboración –sea esta profunda o rudimentaria- del futuro personal a partir del pasado. Desplazarse, entonces, es también des-orientarse en el tiempo. Las temporalidades del desplazamiento, por lo tanto, tienen que ver, por un lado, con la inmediatez de la huida, la duración del éxodo, la espera de la atención del Estado o la consecución de un empleo; y por el otro, más espiritual que material, con la permanencia del pasado en la memoria y con la pérdida de rumbo de la proyección personal y colectiva.

• Hombres y mujeres desplazados, aunque principalmente son víctimas de la violencia y del terror, se constituyen, simultáneamente, en forjadores activos de su futuro.

En este trabajo no se concibe a las víctimas del desplazamiento forzado como individuos receptores pasivos de atención por parte del Estado, sino se les considera agentes activos que reconstruyen relaciones sociales y que en diferentes grados se convierten en sujetos de derechos en interacción con las instituciones del Estado. Pero agencia no se refiere solo a la idea unidimensional de ‘hacer’ o ‘actuar’, sino también a la de ‘ser’, en el mismo sentido en que Amartya Sen (2010) se refiere al concepto de calidad de vida en términos de expansión de potencialidades, de ‘desempeños’ o ‘hacer y ser’.

Lo anterior lleva a los autores de este estudio a reconocer la experiencia subjetiva (identidades, sentimientos de pertenencia, miradas sobre “el otro”) como dimensión indispensable para entender las potencialidades de los y las desplazadas en el proceso de reconstrucción de sus proyectos de vida. Creemos que la incidencia política es una herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. La sociedad civil viene gradualmente ganando mayores espacios de participación convirtiéndose en un actor que incide en los temas públicos (Valencia, 2012). Es una de las vías, junto con los procesos electorales, cabildos abiertos, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas y tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida.

Si bien la Corte Constitucional destacó en la sentencia T-602 del 2003 la existencia de un derecho de los desplazados a un trato especial, denominado “derecho al urgente trato preferente”, y señaló explícitamente la necesidad de basar la atención a la población desplazada “en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual” (Rubiano, 2013), no existen estudios que proporcionen evidencias concretas de que las medidas de reparación contempladas bajo estas directrices estén efectivamente desarrollándose. Si se llegara a encontrar que el sistema de atención y reparación de víctimas no ha tenido en cuenta el enfoque diferencial dictado por la Corte Constitucional, el resultado sería que habremos obtenido una enorme ganancia en legitimidad, pero con poco compromiso en el goce efectivo de los derechos de las mujeres. Frente a este panorama, este estudio propende por responder la siguiente pregunta: ¿Qué prácticas y estrategias utiliza la institucionalidad para promover la participación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado interno en el diseño e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral en Colombia?

Método

Este trabajo es de tipo cualitativo, descriptivo. Se trata, en suma, de una mirada cualitativa a la cuantitativa (Carballeda, 2005), de comprender y develar hechos sociales (Delgado, 1995) a través de las voces de 30 mujeres en condición de desplazamiento forzado debido al conflicto armado interno, que en su mayoría provienen de zonas rurales del suroccidente del país y de 6 funcionarios vinculados a organizaciones que promueven sus derechos y funcionarios pertenecientes al sistema de atención a la población desplazada.

Para recolectar la información se usó una estrategia metodológica que combina una encuesta ad hoc a la población de mujeres víctima de desplazamiento y la técnica de la entrevista semiestructurada como herramienta principal de recolección de datos, con los grupos focales a mujeres víctimas del desplazamiento forzado y a los actores institucionales que le prestan atención. La construcción de ambos instrumentos requirió la elaboración de una matriz, donde se definieron claramente cuatro categorías de análisis y los ejes temáticos correspondientes. Los resultados fueron una guía de entrevista, una para aplicársela a los actores institucionales y un cuestionario para la población víctima del desplazamiento.

Resultados

Cuando se piensa en la atención de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, se supone que las políticas públicas del Sistema de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas (SNARIV) y las de estrategias que se articulan a estas para facilitar a las víctimas superar estos hechos satisfactoriamente, son de amplio conocimiento por parte de los distintos actores involucrados en el proceso.

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados del proceso de investigación para la población estudiada, no se pudo afirmar que las mujeres conozcan sus derechos, dado que menos de un 30 % conoce las políticas públicas y las estrategias adoptadas por el estado para su implementación. Por ejemplo, sobre la base de los cuestionarios aplicados, el 71 % de las participantes no conoce cuáles son las políticas públicas del Sistema de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas (SNARIV) y el 89 % desconoce los programas dispuestos por el SNARIV derivados del derecho de la mujer a vivir dignamente, libre de toda forma de discriminación y de violencia, especialmente si se tiene en cuenta que más de la mitad de ellas manifestó haber obtenido ayudas estatales.

Es evidente la ignorancia y desinformación de las víctimas sobre sus derechos y los procedimientos existentes para hacerlos efectivos, particularmente porque estas mujeres tienen bajos niveles educativos y socioeconómicos, que les impiden conocer los modos de funcionamiento de las instituciones públicas y las rutas de acceso a la administración de justicia. Es incomprensible este desconocimiento si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional, en la sentencia T-025 de 2004, ya había señalado al gobierno la necesidad de adoptar medidas de atención y protección especiales. Primero fueron explotadas y abusadas por los grupos armados en su afán por controlar territorio y recursos económicos y hoy son víctimas del propio gobierno que en vez de protegerlas ha hecho invisible su problemática y no puso en marcha medidas para informar a estas mujeres sobre sus derechos constitucionales (Corte Constitucional Colombiana, 2004).

Una de las mayores problemáticas que tienen las mujeres víctimas de la violencia en el país es la dificultad para tener acceso a los servicios básicos por factores tales como la falta de recursos económicos –puesto que la inexistencia de servicios gratuitos genera costos para las víctimas, por ejemplo, en pruebas de laboratorio, atención médica, que no tienen cómo sufragar, incluso la lejanía geográfica a los centros de atención constituye un obstáculo enorme para las mujeres más vulnerables- o tan solo la simple ignorancia sobre la existencia de estos servicios.

Este estudio también encontró la inexistencia de programas de formación para funcionarios públicos, que los sensibilicen frente al problema y frente a las necesidades especiales de atención de las víctimas para el restablecimiento de sus derechos. Por ejemplo, menos del 50 % de los funcionarios están realmente preparados en el protocolo de atención a víctimas y la mayoría de ellos no ha recibido entrenamiento formal sobre su trabajo. Lo que saben lo han aprendido sobre la propia experiencia.

El gobierno no ha implementado una estrategia de formación y cualificación a los y las representantes de las organizaciones de mujeres víctimas del desplazamiento, que les ofrezca elementos conceptuales y metodológicos de formación acerca de como incidir en las políticas públicas. Las capacitaciones realizadas han sido por parte de diferentes sectores como la Iglesia, organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR), Consejo Noruego de Refugiados (CNR), Taller Abierto, entre otros. Por lo cual esto se limita solo a los sitios donde hacen presencia las organizaciones mencionadas y a capacitaciones puntuales.

El sistema de atención a víctimas también presenta profundas deficiencias en los mecanismos dispuestos para incentivar la participación de la mujer en el propio sistema. Por ejemplo, este estudio reveló una escasa participación de la mujer en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de la Política Pública del SNARIV. Menos del 10 % de las mujeres ha participado en actividades relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de la política pública, muy a pesar de que más de la mitad de las mujeres expresan interés en participar activamente en estos procesos. Creen que pueden aportar ideas, ayudar en la transformación y en el mejoramiento de la educación, la salud y el bienestar de la comunidad.

La falta de capacitación de las mujeres dificulta su participación, problema que se agudiza por el hecho de que algunas son analfabetas lo que dificulta de manera significativa los procesos de participación en temas como políticas públicas, estructura del estado, que les permita comprender a quienes dirigirse, mapas de poder, tomadores de decisión, entre otros relacionados con la incidencia en políticas públicas.

El 42 % de las mujeres señala un total desconocimiento sobre política pública, entendida esta como el conjunto de actividades ejecutadas por las instituciones públicas o de gobierno dirigidas a garantizar los derechos y a responder a las necesidades de los ciudadanos (Global Rights PartnersforJustice, 2010), uno de los factores que ha dificultado su participación. El 28 % manifiesta que estas políticas poco o nada han mejorado sus vidas y, por tanto, no tienen razones para interesarse en participar. Un 19 % de las mujeres considera que para participar necesitan tener mucho tiempo disponible y que ellas tienen que ocuparse del cuidado de sus hijos, de hacer labores domésticas en sus casas y la mayoría, por ser cabeza de familia, deben trabajar para poder sobrevivir. El 10 % no participa porque considera que esos espacios están llenos de politiqueros que juegan con las emociones de los más necesitados y un 1 % no hace ninguna especificación.

En general, las estrategias implementadas por el sistema para garantizar la participación de la mujer no son efectivas y tampoco existe un protocolo de participación diferencial para la mujer que facilite su participación. No existen estrategias que favorezcan la participación, existen espacios para la participación pero las mujeres no cuentan con recursos para transporte, o para alimentación cuando las reuniones son obstáculo para trabajar o para cuidar a sus hijos a quienes son cabeza de familia o, aun más simple, ellas desconocen la existencia de estos espacios.

Dada las condiciones de vulnerabilidad causadas por su deficiente formación en estos temas, una estrategia utilizada por algunas de las mujeres ha sido agruparse para levantar su voz y presentar propuestas que permitan a largo plazo ganarse el respeto y reconocimiento por parte de las entidades del Estado. Sin embargo, estas organizaciones no disponen de recursos mínimos para funcionar de manera organizada y tampoco tienen los medios para pagar el transporte a las reuniones en las cuales se discute la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado.

El verdadero reto para estas organizaciones de mujeres es formarse en políticas públicas y mantenerse informadas sobre sus derechos, de tal manera que pueden ganar y fortalecer los espacios de participación en donde puedan enfrentar y proponer, con estrategias diferenciadas, la solución a sus necesidades generadas por el conflicto y que se conviertan en sujetos de derechos y por lo tanto puedan incidir de manera efectiva en el diseño, formulación e implementación de la política pública de atención a las víctimas de la violencia. Un nuevo reto es velar por la aplicabilidad de la nueva Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) que promueve un enfoque diferencial de atención a la mujer desplazada por el conflicto interno.

Otro resultado interesante de este trabajo es que menos del 20 % de las participantes haya expresado satisfacción con las estrategias adoptadas por el estado colombiano para atender sus problemáticas. El 36 % considera que los programas de atención a víctimas del conflicto armado son utilizados por los políticos para obtener votos en épocas de campaña electoral, el 14 % manifiesta que los recursos de estos programas son desviados para satisfacer intereses personales, un 23 % considera que el estado no tiene entre sus prioridades atender las necesidades de las personas de bajos recursos, el 9 % considera que las autoridades no hacen lo suficiente para atender sus problemáticas.

Sobre la base de las entrevistas realizadas en este estudio se pudo constatar que las mujeres perciben falencias estructurales en los programas ofrecidos por el estado y por las organizaciones que desarrollan programas para atender a las mujeres víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, opinan que existen barreras de acceso a estos servicios que van desde la falta de personal dedicado a divulgar los programas hasta la cantidad de programas ofrecidos para capacitar a las mujeres en los procedimientos para acceder a dichos programas y descoordinación de los distintos entes encargados de prestarles atención.

Este trabajo evidenció una brecha entre las actividades enunciadas por el SNARIV y los resultados alcanzados. Es evidente que estas entidades no han logrado avanzar en la transmisión de conocimientos y capacitación a las víctimas más vulnerables del desplazamiento, las mujeres, para que se transformen en agentes activos de su desarrollo, hecho que se demuestra por el poco conocimiento que ellas tienen de sus propios derechos, de la política pública de víctimas y de los mecanismos de participación dispuestos por la ley para la atención y reparación de los problemas que les aquejan.

Una gran parte de los recursos destinados por el gobierno se han invertido en la realización de estudios, encuestas, censos, etc., para conocer la dramática situación por las que pasan las víctimas del desplazamiento. Si bien estos trabajos son importantes como elementos de línea base para realizar intervenciones estratégicas, hasta ahora no han sido suficientes para resolver las problemáticas, como lo expresan las propias víctimas al momento de evaluar los programas. Un ejemplo es el SISBEN, pese a que es utilizado como instrumento para la localización de poblaciones beneficiarias de programas sociales, se limita a la entrega de subsidios. Esto lejos está de resolver el problema de pobreza o exclusión social, pues no se resuelven estructuralmente las causas generadoras de conflictos sociales.

Son cuestionables los resultados de la estrategia de realizar talleres con las mujeres, que no están articulados a un programa de acompañamiento a las comunidades, ya que:

(…)no resulta del todo eficaz para responder al goce efectivo de sus derechos, lo que genera es un agotamiento de las mujeres y sus organizaciones en asistir a reuniones aisladas en las que se desgastan proponiendo y llamando la atención sobre necesidades, pero que al final no brindan soluciones estructurales a la problemática”. (Mesa de Seguimiento al Auto 092, 2011)

Las participantes de este estudio manifestaron que no existen criterios diferenciales reales de atención específicos para la mujer y si los hay no los conocen. Esto indica que en este aspecto aún persisten barreras de acceso causadas por la desinformación y que no hay un impacto significativo en políticas realmente diferenciales que puedan percibir sus beneficiarias, por tanto, persiste la falta de coordinación institucional para lograr que las mujeres obtengan el tratamiento diferencial que merecen en su condición de víctimas más vulnerables del conflicto interno armado.

En los Planes de Acción Integral que conforman los antiguos Planes Integrales Únicos (PIU), no existen estrategias para promover las organizaciones de mujeres víctimas del desplazamiento forzado. En la mayoría de las organizaciones de población desplazada predomina la representación masculina, lo cual favorece la ausencia de un enfoque de género en el marco de la política pública de atención a las víctimas del desplazamiento.

Es necesario reconocer que a nivel de municipio se logró avanzar en el diseño y formulación del Plan de Atención Territorial - antiguo PIU- herramienta de planeación estratégica que permite a los funcionarios plasmar los planes, programas y proyectos dirigidos a ofrecer una atención a la población víctima del desplazamiento forzado. En algunas dependencias se han logrado grandes avances, es el caso de la Secretaría de Educación y Salud, donde se logró aportar a la ruta de atención, al igual que en educación. El avance y éxito de estos logros depende de la voluntad política, del compromiso y sensibilidad de los funcionarios involucrados.

En cuanto al componente participativo, existe la voluntad de crear espacios para articular esfuerzos y recursos entre la administración, ONG, y otros organismos, sobre todo con el propósito de discutir, definir y concertar lineamientos en los temas de desplazamiento. Los funcionarios públicos también están conscientes de la ausencia de mecanismos de seguimiento y sostenibilidad de la asistencia humanitaria, una de las razones por las que no ocurre esto, según los funcionarios, es porque se necesita una inversión de mayores recursos para lograr esa sostenibilidad y seguimiento.

Una posible explicación a la falta de mecanismos de seguimiento es el pobre presupuesto asignado a estos programas. Al parecer el presupuesto asignado por el gobierno es aún muy bajo, lo cual coincide con el Informe de la Mesa de Seguimiento al Auto 092-08, en el que se afirma que “el presupuesto que se supone destinado a la atención de la población víctima de desplazamiento forzado, termina en un alto porcentaje destinado al aparato burocrático y solo en mínima proporción a la real atención de los requerimientos de las víctimas” (2011).

El Sistema Nacional de Atención y de Reparación Integral a las Victimas (SNARIV) presenta dificultades para la conformación de los subcomités municipales y la articulación de diferentes organizaciones que forman parte del problema. Se requiere la sistematización de la cantidad de población desplazada existente en el municipio, las personas que se atienden y las que están registradas, deben ser iguales al número de personas desplazadas.

Por lo general las personas no se registran por temor ya que se encuentran amenazadas y no sienten o tienen una protección por parte del Estado. Es necesario que se realice una caracterización precisa de la población víctima del desplazamiento (edad, género, grupo étnico, etc.), con el fin de garantizar una atención diferencial. En este sentido el llamado es a que se establezca la relación y coherencia entre los enfoques conceptuales, los programas, los procedimientos y los instrumentos para poder encontrar la pertinencia de la política pública, en todos los componentes: 1) Asistencia y atención; 2) Reparación integral, 3) Prevención y protección, 4) Verdad y 5) Justicia. Los ejes transversales son: 1) Registro Único de Víctimas y Red Nacional de Información, 2) Retornos y reubicaciones, 3) Articulación nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional; y 4) Lineamientos de participación.

La atención a las mujeres víctimas del desplazamiento no puede ser una atención distante, donde se le colabora de manera puntual, sino que requiere de un seguimiento y acompañamiento psicosocial; debido a la inestabilidad que genera el desplazamiento, como se plantea:

“hasta el momento las políticas lideradas se han preocupado mucho por el texto (el desplazamiento en sí mismo” y muy poco por el contexto (la situación regional) en una mirada bastante restrictiva y poco apta para diseñar emprendimientos de impacto, sobre todo en el campo de la reparación de los derechos” . (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2003)

Una política dirigida a este sector debe responder a criterios de protección, realización y reparación de los derechos de las personas, la calidad y oportunidad hace referencia a la dignidad, el trato digno a través del apoyo en los diferentes componentes como la alimentación, abrigo, educación, salud, saneamiento, vivienda, ingreso, tierras y tejido social, además de algo que aún vemos muy ausente y es el acompañamiento psicosocial.

El desplazamiento interno forzado destruyó el tejido social de estas mujeres y son escasas o poco efectivas las acciones tendientes a superar o reparar esta situación ya que por más dinero que se les entregue, la reparación del tejido social no se consigue necesariamente por esa vía. Pese a que funcionarios y víctimas coinciden en que la reparación debe ser integral no solo económica, sino psicosocial.

La falta de una atención integral y digna por parte de las instituciones encargadas y las continuas barreras de acceso a la oferta institucional, suelen ser las constantes frente a la búsqueda de respuestas por parte de las víctimas del desplazamiento que sufren alguna enfermedad ocasionada por este conflicto. “Sin embargo, la política pública se ha ceñido casi exclusivamente a la pregunta sobre las causas o los intereses de los actores que generan las amenazas de la expulsión de la población” (Organización Internacional para las Migraciones, 2003), más no ha podido trascender a una oportuna acción para la estabilización de las personas víctimas del desplazamiento. Frente a este problema se requieren estrategias de comunicación que vislumbren, entre otras actividades, campañas de difusión más intensivas y de mayor cobertura, no dirigidas exclusivamente a los representantes de la población víctima del desplazamiento, sino a la población en general, de tal manera que puedan conocer el contenido de sus derechos y mecanismos de exigencia.

Existe un vacío en los sistemas de monitoreo o información entre los municipios expulsores y receptores y entre los mismos miembros del sistema, no hay un desarrollo de indicadores, ni instrumentos para la recolección de la información de la población en situación de desplazamiento, eso lo pudimos notar cuando se realizó el trabajo de campo, la ausencia a nivel departamental y municipal de bases de datos, en algunas ocasiones afirman que es por seguridad de la misma población.

En resumen, la características más importantes de estos programas de atención a mujeres víctimas del conflicto armado es el desconocimiento de las mujeres de sus derechos constitucionales, de los mapas de poder, de los mecanismos estatales dispuestos para atenderlas, la persistencia de una baja participación, el pobre entrenamiento de los funcionarios encargados de atender a las víctimas, los escasos recursos para la implementación de los programas y la ausencia de estrategias ágiles para corregir errores en la puesta en marcha del sistema. Es decir, el sistema no ha conducido a una transformación social, porque la población víctima del desplazamiento sigue siendo marginada, estigmatizada, y sus derechos siguen siendo vulnerados.