Prácticas para prevenir la corrupción en las entidades públicas y privadas

Practices to prevent corruption in public and private entities

Práticas para prevenir a corrupção em entidades públicas e privadas

Olga Lucía Valencia Casallasa* | Nina Emilse Ojeda Gómezb | Wilder Alexis Hernández Díazc

a https://orcid.org/0000-0001-6103-7147 Universidad Externado de Colombia

b https://orcid.org/0000-0002-9387-270X Universidad Externado de Colombia

c Universidad Externado de Colombia

Resumen

El objetivo de la investigación es identificar elementos que puedan aportar a la prevención de la corrupción tanto en las empresas públicas como en las privadas. El estudio se basa en 12 entrevistas realizadas a profesionales del derecho expertos en delitos económicos que, en razón a su experiencia, han identificado algunas prácticas dirigidas a la prevención de la corrupción. El presente estudio es
cualitativo y la recolección de la información se realizó mediante la técnica de entrevista. El diseño
es sistemático, caracterizado por la codificación abierta y selectiva, y analiza cada uno de los elementos de la prevención. La información se analizó por medio del software Atlas TI 6.5. Los resultados arrojan que la psicoeducación es la variable a la que se le dio mayor relevancia. La variable con menos peso fue crear conciencia sobre la afectación colectiva. Por tal motivo, se deben encaminar los esfuerzos y las estrategias hacia este tipo de prevención.

Palabras clave: corrupción, prevención, educación para la prevención, formación para la prevención

ABSTRACT

The objective of the research is to identify elements that can contribute to the prevention of corruption in both public and private companies. The study is based on 12 interviews conducted with legal professionals who are experts in economic crimes who, based on their experience, have identified some practices aimed at preventing corruption. This study is qualitative and the information was collected using the interview technique. The design is systematic, characterized by open and selective coding, and analyses each of the elements of prevention. The information was analysed using Atlas TI 6.5 software. The results show that psychoeducation is the variable that was given the most relevance. The variable with the least weight was creating awareness about collective affectation. For this reason, efforts and strategies should be directed towards this type of prevention.

Keywords: corruption, prevention, education for prevention, training for prevention

RESUMO

O objetivo da pesquisa é identificar elementos que possam contribuir para a prevenção da corrupção em empresas públicas e privadas. O estudo se baseia em 12 entrevistas realizadas com profissionais do direito, especialistas em crimes econômicos, que, com base em sua experiência, identificaram algumas práticas voltadas à prevenção da corrupção. Este estudo é qualitativo e as informações foram coletadas pela técnica da entrevista. O projeto é sistemático, caracterizado pela codificação aberta e seletiva e analisa cada um dos elementos da prevenção. As informações foram analisadas usando o software Atlas TI 6.5. Os resultados mostram que a psicoeducação é a variável que recebeu mais relevância. A variável com menor peso foi a conscientização sobre a afetação coletiva. Por esse motivo, esforços e estratégias devem ser direcionados para esse tipo de prevenção.

Palavras-chave: corrupção, prevenção, educação para prevenção, treinamento para prevenção

Según Transparencia por Colombia, en el informe realizado entre enero del 2016 y julio del 2018 se identificaron 327 hechos de corrupción, de los cuales 207 tienen comprometidos 17,9 billones de pesos (2019b). Si lo
llevamos a un cálculo en horas, a modo de ejemplo, arroja una cifra de 800 millones de pesos, aproximados, por cada hora. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica cada año Transparencia Internacional, Colombia mantiene desde hace cuatro años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo cual indica que no ha cambiado la imagen que tienen los grupos de expertos sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Además, el país cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países (Transparencia por Colombia, 2019a).

Respaldando las cifras, se encuentra la encuesta Global del Fraude 2016, realizada por la firma Ernst & Young (EY), donde se expone que el 80% de los empresarios encuestados consideran que la corrupción y el soborno son habituales en el país (Ernst & Young, 2016). Pero el sector privado no es ajeno a los hechos de fraudes, según encuesta del fraude 2017, en términos financieros el 45% de las empresas en Colombia que tuvo hechos de fraude,
cuantificaron el monto defraudado por valor de hasta USD 10 000. En cuanto a las pérdidas generadas, el 45% de
los encuestados aseguran que no hubo recuperación
de los recursos (KMPG, 2017).

Estas alarmantes cifras y la repetición sistemática de este tipo de noticias por parte de los medios de comunicación y de encuestas renombradas en el ámbito empresarial ocasionan que se haya normalizado esta conducta ante los ojos de la sociedad e impacte en el desarrollo de
políticas públicas, además de que no se dé la relevancia que amerita a este flagelo. Sin embargo, grandes esfuerzos dirigidos a prevenir estas conductas se han planteado desde el ámbito académico, el gubernamental, el empresarial y el social. Por este motivo, en esta investigación se realizaron entrevistas a expertos en derecho con énfasis en delitos económicos, quienes aportaron su conocimiento y experticia a fin de plantear algunas acciones que ayudarían a prevenir este flagelo.

Marco teórico

Desde la reforma constitucional de 1991 en Colombia ha existido una manifiesta preocupación por reducir la corrupción pública. De la mano del auge de este tema en el interior de las corrientes de la Nueva Gestión Pública y la reforma del Estado en toda América Latina, la denominada “lucha contra la corrupción” ha sido una bandera de los gobiernos de los últimos veinte años. Es innegable que se han llevado a cabo esfuerzos para disminuir la corrupción, tales como la formulación de leyes y los documentos de política, o la creación de organizaciones públicas, así como el trazo de planes y programas (Isaza, 2011, p. 3).

La corrupción se puede entender como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza y en el que sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente. Reconociendo la gravedad y la trascendencia de este comportamiento, en Colombia se ha desarrollado una política pública integral que propende al abordaje del fenómeno y conforme a la cual se edifican en nuestro ordenamiento jurídico diversas herramientas para la lucha contra la corrupción (unas de corte represivo y otras con un enfoque preventivo). Desde un enfoque represivo, se cuenta con mecanismos tales como la persecución del comportamiento corrupto, la implementación de mejoras y técnicas de investigación que favorecen la identificación del comportamiento corrupto y nuevos escenarios de negociación. De esta manera, se han implementado sistemas de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal asociadas a la comisión de conductas propias de corrupción. Con un enfoque preventivo se cuenta con herramientas como, por ejemplo, la adopción de programas de cumplimiento y la persecución de los réditos del delito (J. Ospina, 2016, p. 86). En fin, la corrupción desgasta la legitimidad del poder político y, con ello, las razones de los individuos para adherirse a las normas formales, lo que deteriora los caracteres cívicos de la convivencia en el espacio común y, a la larga, distintos aspectos de la vida de las personas (Lugo, 2019, p. 2). Una alta desigualdad significa mayor corrupción; en municipios con alto nivel de desigualdad, tanto ricos como pobres, pueden tener incentivos para ser corruptos (Benito,
Guillamón, Ríos & Bastida, 2018).

Por otra parte, es importante señalar que cada día adquiere mayor relevancia la implementación de mecanismos que propendan a la prevención, no solo desde la ampliación de
penas de los delitos asociados a actos de corrupción (finalidad de prevención general de la pena), sino también mediante la generación del convencimiento en torno a la ausencia de generación de riqueza derivado del comportamiento delictivo. El enfoque se realiza desde la perspectiva de la persecución de réditos del delito como una forma de eliminar el inventivo y como tal prevenir el acto corrupto (J. Ospina, 2016, p. 89). La prevención se vuelve fundamental y asume entonces la doble función de actuar como mecanismo de mejora al tiempo que se constituye en una eficaz herramienta que evita la repetición de casos de corrupción (Raigorodsky, 2004, p. 8).

El concepto de prevención representa desde hace siglos un elemento esencial del discurso sobre la criminalidad. A los modelos preventivos tradicionales, estrictamente anclados en la función de la pena y pertenecientes al campo de la ciencia y de las disciplinas penales, se ha agregado —desde hace algunas décadas en muchas democracias occidentales— una idea distinta de prevención cuya característica principal es la de haberse colocado, al menos en buena parte, fuera del sistema penal (Selmini, 2009,
p. 42). Es por esto que las diferentes posturas centradas en torno a la prevención tanto desde las entidades públicas como de las empresas privadas son relevantes. Una de estas posturas es la que parte de los esfuerzos por hacer frente al fraude interno, lo cual significa adoptar una postura clara “tolerancia cero” desde la dirección de la empresa. Esto significa que la actitud de los máximos responsables de la compañía debe ser proactiva, estructurada y específica. En este sentido, la implementación efectiva de mecanismos de control sólidos, como, por ejemplo, la comprobación del currículum de los candidatos (prevención del fraude) o la puesta en marcha de canales de
denuncia (control del fraude) ayuda a minimizar los riesgos de una forma global. La investigación de los candidatos previa a su contratación es fundamental (ACFE, 2018).

A fin de hacer prevención, se deben tener en cuenta algunas estrategias. En este artículo se proponen dos: algunas actividades centradas en la formación, y otras en las acciones puntuales que puedan darse desde las instituciones tanto públicas como privadas.

Método

Diseño

Es un estudio de tipo cualitativo, enmarcado en un diseño sistemático, caracterizado por la codificación abierta y selectiva (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Participantes

Se realizaron entrevistas a 11 profesionales del derecho, expertos en delitos económicos financieros. Se les preguntó: “¿Cree usted que es posible hacer prevención en casos de corrupción y fraude?” y “¿Cómo cree usted que se podría hacer prevención?”

Procedimiento

A fin de realizar el análisis, los pasos a seguir fueron: definir la pregunta de investigación, establecer contacto con 11 abogados expertos en delitos económicos y financieros. Se realizaron las entrevistas, se transcribieron, se analizó esta información en el software Atlas Ti 6.5 y, por último, se obtuvieron las redes con los ejes de indagación y las categorías emergentes.

Resultados

Del eje de indagación correspondiente con formación para la prevención emergieron seis categorías. La de mayor peso fue educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1), y le sigue en relevancia revalidar el modelo de éxito (5-1).

Con relación a las acciones puntuales de prevención desde el Estado y desde las entidades privadas (0-14) están:

Discusión

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Existe desde hace siglos y, hasta por lo menos hace 25 años, era una palabra casi prohibida en la agenda internacional de desarrollo. Algunos académicos hablaban de ella y también en algunos círculos del área judicial se lidiaba con el tema, pero no había ningún esfuerzo transnacional por coordinar y enfrentar el problema. Con el incremento del debate y la oferta anticorrupción surgió la necesidad de fomentar también la demanda anticorrupción: la generación de conciencia y el reconocimiento de que la corrupción nos afecta muestra el rechazo social del problema, es decir, ya se
tiene conciencia del problema (Salas, 2016, p. 2). Lo que
se requiere ahora es generar acciones puntuales orientadas a detenerla o, por lo menos, minimizarla.

La prevención como estrategia implica acciones, medidas y disposiciones que se toman de manera anticipada con el fin de aminorar un riesgo o un daño. Existen diversas directrices que orientan la prevención de la corrupción como lo son, por ejemplo, las declaraciones y las normas internacionales (Vera, 2017, p. 97). Sin embargo, a nivel de las instituciones y de los grupos que trabajan en contextos
en los que es más probable un delito de corte económico se encuentra una serie de acciones relativamente sencillas de aplicar, las cuales pueden aportar en la lucha y la prevención contra la corrupción.

Los resultados del estudio actual señalan lo que opinan los
expertos, abogados en delito económico y financiero, sobre el tema:

• Por una parte, existe una serie de acciones tendientes a cómo llevar a cabo la prevención. A estas se les denominó “formación para la prevención”.

• Un segundo grupo de respuestas dadas por los entrevistados describe pautas que podrían darse en el interior de las diferentes instituciones con el fin de hacer prevención de manera puntual. A estas se les denominó “acciones puntuales de prevención desde el Estado y desde las entidades privadas”.

La formación para la prevención es una categoría que
surge pensando en cómo hasta el momento se ha venido trabajando de manera reactiva en el propósito de combatir la corrupción y no desde el punto de vista preventivo. De esta manera, como derivado de las entrevistas surgieron las siguientes formas de impactar desde un ámbito educativo, lo que hemos llamado “formación”. En esta categoría emergieron: educación en infancia, adolescencia y adultez temprana, mejor selección y formación de la policía judicial, crear consciencia sobre la afectación colectiva, rescatar valores éticos, responsabilidad social desde los medios de comunicación y revalidar el modelo de éxito.

De estas variables, la que tuvo más peso fue “educación en infancia, adolescencia y adultez temprana” (13-1), con 13 discursos asociados. Ante esto, Sañudo y Palifka (2018, p. 22) señalan:

En una sociedad donde la corrupción se percibe como una práctica equivocada, pues así se lo enseñaron y se le inculcó en las escuelas, esta tenderá a desaparecer con el tiempo, y si no, al menos se reducirá notablemente. Países donde los sistemas educativos desarrollan formación en base a valores y ética (Finlandia), la corrupción es mínima, por el simple hecho de que así lo percibe el ciudadano, como una acción equívoca y que únicamente genera un impacto negativo severo en el país.

En los discursos analizados en la investigación encontramos la relevancia que a este tema le da uno de los entrevistados:

Dos posibilidades: una, habría que hacer un trabajo con las generaciones venideras, no es que sea pesimista pero yo sí creo que con nuestra generación es muy poco lo que se puede hacer, pero con las generaciones venideras de pronto habría que hacer un gran esfuerzo desde la familia, desde las instituciones, habría que educar en valores, habría que educar en ética y en moral, ustedes saben que eso es muy difícil, que eso se perdió desde hace muchos años; entonces es un esfuerzo inmenso, que se puede hacer a largo plazo (J. Gutiérrez, comunicación personal, 8 de mayo de 2019).

Yo creo que parte desde la misma cultura, desde que el pequeñito, el chiquito ahí parte ya el tema anticorrupción, si al niño se le ponen claro los límites sociales, ese niño, no va a tener problemas en devolver las vueltas cuando se equivoca el señor, no tiene problemas que si a la niña se le quedó el celular, no es que se lo roban, entonces lo recoge y le dice vea niña se le quedo el celular, eso es cultural, porque esas personas cuando ya se vuelven adultas, cuando entran a ser profesionales, van a tener siempre claro su tema que deben hacer las cosas bien. (E. Ortiz, comunicación personal, 06 de abril de 2019)

Por su parte, otro entrevistado señaló:

Todas las profesiones tienen códigos de ética en el pregrado, en el postgrado dan clases de ética, pero realmente a la hora de ponerla en práctica, ahí está la falla; son modelos de enriquecimiento errados […] no funcionan además porque eso tiene también que ver con la manera como se da el aprendizaje… El aprendizaje es mucho más que enseñar las clases de ética, es mostrar cómo es la sociedad, la sociedad se comporta éticamente y tiene recompensas ser ético.
(J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

A fin de controlar y atajar la corrupción es necesario contar con diversos elementos para su prevención, es decir, dirigirse a la raíz del problema. Los actos corruptos aparecen en la conducta de las personas cuando no tiene en su mente frenos que les impidan realizarlos. Los frenos que pueden impedir que una persona realice actos corruptos son los principios y los valores con los que cuente. Esos principios y valores generan conciencia. La conciencia hace que el individuo asuma una responsabilidad y, en consecuencia, posea un tipo de comportamiento. Un adecuado comportamiento se asocia a una sana educación. Cuando no existe educación, ni principios ni valores en la mente de la persona, se da paso a la ignorancia. La ignorancia es el caldo de cultivo para los antivalores y las prácticas corruptas. El reino de la ignorancia es campo fértil para las más descabelladas y los más perversos actos del ser humano. La ética saca de esa ignorancia, por eso es clave para debilitar la corrupción (Bautista, 2017, p. 34).

En la misma línea de este autor, los datos de la investigación arrojan una variable que se denominó “crear consciencia sobre la afectación colectiva”, la cual tuvo un peso de (4-1). Asimismo, una clara y decidida voluntad política para crear conciencia colectiva y poner los medios para superarla, sanciones a los autores, involucrar a la ciudadanía en el diagnóstico de los sistemas corruptos, prevención por la “evaluación de la vulnerabilidad” de las instituciones públicas y privadas e introducir incentivos de reforma (Cruz, 2008, p. 87). La degradación de la administración pública tiene que evitarse con medios legales y conciencia ciudadana. Si la corrupción administrativa tiende a crecer, significa que la vida pública no tiene la garantía de que los procesos productivos y sociales sean transparentes ni eficientes, situación que conduce a un desempeño pobre del sistema económico, político y social (Pérez, 2019, p. 12).

Es por esto que se puede decir que la corrupción permanece allí donde el comportamiento arbitrario, individualista y egoísta es el esperado por la mayoría, en un problema de acción colectiva (Mungiu-Pippidi, 2006, Persson et al., 2013, Jiménez 2014 y Marquette y Peiffer 2015, como se citan en Philipps, 2018, p. 205).

Es muy importante en el nivel de los colegios y universidades realizar programas para prevenir la corrupción desde la infancia y la adolescencia. Dentro estos programas, se impactaría, por una parte, sobre la revalidación de un modelo de éxito y, por otra, sobre una conciencia diferente que, a futuro, impacte en la conciencia colectiva. Todo esto generaría, en consecuencia, nuevos valores éticos.

Otra variable que surge de las entrevistas realizadas es “revalidar el modelo de éxito” (5-1). El nivel de individualismo y del deseo de éxito económico, sin tener en cuenta el modo de alcanzar el propósito, ha llevado a la sociedad a generar una realidad en la que los ciudadanos no reconocen al otro. Además, en este punto la historia dentro del proceso analítico nuevamente entra a colación, debido a que otros procesos como, por ejemplo, la guerra, han reforzado imaginarios en los que priman los deseos individuales, lo que socava el interés de pensar en el otro (Cediel, 2019a, p. 82). Las personas corruptas no tienen ética y responsabilidad social, sus intereses son motivados exclusivamente por su deseo de acumular riqueza y muchas veces carecen de una conciencia social; solo les interesa su bienestar personal y no el de la sociedad en sí (Reyes-Ramírez, 2017, p. 30).

Por último, se encuentra la variable responsabilidad social desde los medios de comunicación (2-1). En el estudio, uno de los entrevistados señaló:

Práctica judicial donde se profieren sentencias, muy drásticas en contra la gente, eso ya no se publicita, a eso ya no se le da difusión, entonces la gente ya a eso no le presta atención. Los medios de comunicación, para ellos no es atractiva una sentencia, de esas como las que se profieren a diario nuestros tribunales entonces la gente se queda con el primer impacto, de que alguien cometió cierto comportamiento desviado y que ese comportamiento nunca se castiga.
(J. Castro, comunicación personal, 8 de mayo de 2019).

Periodistas y medios deben responder; emplazados por la opinión pública, deben dar cuenta de la responsabilidad que contrajeron con la sociedad, cuando se hicieron cargo del manejo de la materia prima, de todo periódico, revista o noticiero, que es la historia de todos, el periodista no es responsable ante la historia, es sobre todo, responsable de la historia. (Restrepo, 2003. p. 25)

Uno de los problemas de la corrupción, al estar normalizado por los medios de comunicación, es que sin querer también se vuelven responsables de que esto siga, ya que a futuro lo que podemos ver es que se está desarrollando una ciudadanía cada vez más beneplácita, tolerante y como dicen normalmente, la patria boba. Entrevista realizada a la alcaldesa de Puente Aranda (Cediel, 2019b, p. 58). La libertad de prensa desempeña un papel en la difusión de las normas anticorrupción, así como en el aumento del costo social de ser públicamente avergonzado por el comportamiento corrupto (Diamant & Tosato, 2018).

Con relación a las acciones puntuales de prevención desde el Estado y desde las entidades privadas, bajo esta denominación se incluyeron las respuestas de los entrevistados que estaban relacionadas con aquello que pueden implementar las entidades públicas y privadas a fin de afrontar la corrupción. Entre las acciones encontradas la que tuvo más peso fue “generación de instrumentos de buena conducta y asesoría permanente” (6-1).

En cuanto a la generación de instrumentos de buena conducta se encuentran los códigos de ética, es decir, lineamientos de comportamiento que permiten a las personas tomar decisiones cuando se presenta una posible situación de fraude o corrupción. Estos lineamientos deben estar acordes con la realidad de la empresa y actualizarse de forma constante, e incluso van muy ligados al gobierno corporativo, el cual debe estructurar y cimentar los valores de la entidad. Este debe ser el responsable de evaluar el cumplimiento de los valores y las leyes, apoyándose en áreas especializadas como el compliance, esto es, una acción puntual dentro del eje central de la investigación. Hernández (2016, p. 25) señala que los altos directivos y el personal que labora deben cumplir los lineamientos que se establezcan para el apropiado desarrollo de las operaciones establecidas, y a su vez cumplir con las normas de convivencia que establecen los códigos de conducta de la organización. Estos códigos llevan al logro de cada uno de los objetivos establecidos que cada integrante de la organización cumplirá, porque cuando existe la carencia de líneas definidas de responsabilidad se propicia la posibilidad de que ocurran actividades no éticas dentro de la empresa.

Por otra parte, la asesoría permanente es importante en el propósito de que se evalúen y se ajusten los códigos de conducta, obligando a realizar el mapeo de los riesgos organizacionales, necesarios para afrontar nuevas situaciones de fraudes. La asesoría y el control permanente promueven la eficiencia y la eficacia de las actividades, así como las acciones de mejora fijadas en los informes de auditoría (López y Cañizares, 2018, p. 58).

La prevención de la que hablaba hace un rato al interior de la empresa y la entidad pública, es decir, la implementación de políticas de prevención, políticas anticorrupción reales, es decir, que tengan un rubro dentro de la empresa, dentro de la entidad pública, que consista en capacitación, actualización en asesoría permanente, que tengan un asesor en anticorrupción. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

La generación de instrumentos de buena conducta y las acciones de asesoría permanente deben ser soportadas por una política pública en prevención de la corrupción. Según Navarro (2018, p. 4), la política pública se centrará en el fortalecimiento de lo que ha de constituir la base moral del ejercicio de cualquier función pública y, en particular, de dos valores fundamentales: la integridad y la transparencia.

En el estudio, la creación de políticas públicas de prevención (2-1) es el instrumento que se constituye como el fundamento que podría dar paso para la implementación de instrumentos como, por ejemplo, el compliance penal (1-1), entre otros. “A nivel corporativo que todos nos alineemos en la administración de riesgos y que esta esté diseñada desde la prevención en las conductas delictivas, que tengamos un compliance y ya existe a nivel internacional de delitos, porque compliance es muy extenso, está desde todas las normas que debes cumplir, como entidades
ambientales, laborales… entonces la parte delictiva debe tener una línea específica que es compliance en penal” (M. Cevallos, comunicación personal, 7 de mayo de 2019). Dentro de las políticas es necesario que, cuando se haya cometido un delito, la consecuencia directa sea la inhabilidad para contratar con el Estado (2-1), fomentar
la denuncia (1-1) y disminuir los beneficios en las penas (2-1).

Sí, claro, eso ocurre porque la empresa no está investigada; por ejemplo, Odebrecht puede presentarse ilícitamente a cualquier convocatoria de licitación pública y aquí lo que hacen las entidades es hacer maromas para no elegirla porque se llama Odebrecht, pero esas maromas son extralegales diciéndole que no tiene mucha reputación como para
participar en eso, entonces no la vamos a seleccionar, pero eso debería tener una regla más seria y juiciosa, tal vez diciéndoles que no participan porque sus funcionarios han sido condenados por temas de corrupción o usted no participa porque su empresa fue investigada penalmente y su empresa terminó siendo sancionada porque cometió una conducta típica, antijurídica y culpable, o sea un delito completo. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Por otra parte, existen autores que discrepan frente a la legalidad: mientras que unos son partidarios de la “cero tolerancia frente a la corrupción”, otros son partidarios de nuevas ideologías frente a este tema. Este es el caso de la “legalización de las conductas corruptas”, con un peso de (4-1). Uno de los expertos del estudio señaló:

Otra forma que he pensado es que, sobre algunos modelos en los que ponen por encima de la mesa algunos comportamientos que resultan siendo para nosotros irregulares y que para ellos son reglados. Por ejemplo, pensemos: si dos funcionarios públicos logran llevar a cabo una licitación pública de 20 000 millones de pesos y cada funcionario de estos se está ganando dos millones de pesos mensuales y ven por delante suyo cinco y seis licitaciones públicas de esas al año, y realmente observan que sus réditos no son mayores a esto, siendo que si estuvieran en un ciclo de corrupción les darían digamos el 10% de cada contrato y el 10% de veinte mil millones de pesos son dos mil, pero dirían: ¿yo que estoy haciendo?... ¿cierto?... de pronto modelos en que realmente las licitaciones públicas bien adjudicadas, den un porcentaje legal pagando impuestos, etc. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Esto significaría que tal medida podría disminuir la corrupción manifestada en dar lo que culturalmente se conoce como “coimas”, evitando que esta medida permanezca en la ilegalidad, pase a ser un mecanismo para prevenir la corrupción. Cuando existe una cultura generalizada proclive a la corrupción y escasa sanción social se encuentran más ciudadanos que aprovechan las oportunidades de corrupción y se hace más difícil aplicar medidas disuasorias efectivas (Perry & Saavedra, 2018, p. 34).

Otros factores asociados con las acciones dirigidas a prevenir la corrupción encontrada en el estudio son: fortalecer el aparato judicial (2-1), tener fiscales más acuciosos (1-1) y equidad en el trato judicial dado a las personas (1-1).

En particular, la corrupción resulta en ineficacia del sistema judicial y la pérdida de confianza en la justicia. Estos factores debilitan el cumplimiento contractual y la protección a los derechos de propiedad (en los que el país está muy por debajo de lo que cabría esperar para su nivel de desarrollo), que son factores claves para el funcionamiento eficiente de los mercados y los niveles y calidad de la inversión, la innovación y la productividad. En este sentido resulta esencial una justicia eficaz que aumente la probabilidad de sanción y el control efectivo a los hechos de
corrupción. Debe enfatizarse que aumentar las penas
legales no siempre es un remedio efectivo: de hecho, penas estatutarias excesivas con frecuencia acaban por no aplicarse o considerarse injustas en los pocos casos que se aplican (Perry & Saavedra, 2018, p. 35). La pérdida de legitimidad de las instituciones causada por la corrupción conduce a un distanciamiento de los individuos de la estructura institucional formal (Álvarez, 2018). La pérdida de confianza en las instituciones puede generar resignación frente al fenómeno mismo de la corrupción. La percepción de la corrupción como algo cotidiano desincentiva su denuncia y su sanción social, promoviendo un círculo vicioso (Perry & Saavedra, 2018, p. 25).

Un entrevistado señaló al respecto: “Pienso que la equidad, el respeto, los valores y tratar a todas las personas de la organización por igual, siento que puede mejorar, o puede ayudar a que no haya tanto hechos de corrupción”. (F. Suarez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019)

En cuanto a la equidad en el trato judicial dado a los diferentes individuos, las personas corruptas no reciben un castigo ejemplar y los delitos cometidos no tienen consecuencias. Esto estructura la base del soborno, de manera que con dinero o con apellidos se pueden evadir las responsabilidades judiciales (Reyes, 2017, p. 30). Por el bien de
la salud de la comunidad política y de las instituciones
de gobierno, es importante que todos aquellos servidores públicos que poseen conductas basadas en antivalores sean identificados, sancionados y, cuando la situación lo exija, expulsados del sector público. Cuando no se corrigen y castigan de manera ejemplar las conductas corruptas, la impunidad se expande (Bautista, 2017, p. 37).

Por último, se sugieren elementos que en las empresas ayudarían en la prevención del fraude y surgieron en el trabajo, los cuales son: el uso frecuente de las auditorías (3-1), personas idóneas para ocupar el cargo (2-1), estudio de seguridad para cargos sensibles (1-1) y, por último, que los procesos deban ser transparentes y sencillos (2-1).

Sobre el uso frecuente de auditorías, uno de los entrevistados agregó:

Los controles deben de ser realizados con base en el mapeo de riesgos de la empresa, pero un mapeo real, a veces las consultoras externas parecieran un gasto doble, pero una persona que está el interior de una compañía todo lo ve como parte del paisaje, todos los días almuerza con los
empleados, todos los días ve a los mismos y eso lo convierte todo para él en un paisaje, todo está igual, nunca ve nada distinto y se le escapan cosas que uno después para nosotros externos son tan obvias que para los internos no lo eran porque siempre estaban ahí y jamás lo pensaron. (Y. Gómez, comunicación personal, 11 de junio de 2019).

Respecto al factor “personas idóneas para ocupar el cargo”, (2-1), un aspecto señalado por Godoy (2019, p. 24) es la ausencia de formación profesional. Aparece también como un factor relevante porque crea condiciones ambientales que incitan a la corrupción y a la conducta indebida. La falta de formación profesional incluye la debida instrucción de los funcionarios públicos —a todos los niveles-— de las normas que rigen sus funciones y las responsabilidades que asumen al hacerse cargo de ellas. Con respecto a estudio de seguridad para cargos sensibles
(1-1), la RNDS (2017, como se cita en Jaimes, 2018, p. 7) señala que un estudio de seguridad comprende procesos en los que se examinan factores favorables y adversos de un sistema, se identifican las amenazas, analizan y califican los riesgos, y se emiten recomendaciones teniendo en cuenta el costo beneficio de las inversiones. Se ha convertido para las empresas modernas en el trámite indispensable previo a la contratación laboral, el cual consiste, principalmente, en una verificación de la historia personal, laboral, académica y judicial de un trabajador, con el fin de minimizar los riesgos frente a posibles fraudes y alteraciones de documentos, todo en pro de corroborar datos que certifiquen la veracidad de la información presentada por el aspirante, lo cual se trascribe en confiabilidad para la empresa contratante (TH Colombia, 2015, p. 1; GSH 2018, como se citan en Jaimes, 2018, p. 7). “Debe haber buenos procesos de selección sin que esto se convierta obviamente en un estigma” (Y. Gómez, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Por último, los expertos identificaron como factor relevante, que los procesos deben ser transparentes y sencillos. Según Perry y Saavedra (2018. p. 27) el exceso de trámites crea oportunidades de corrupción y, al ser percibidos como innecesarios o injustos, la estimula, por cuanto muchos agentes se sienten justificados en evadirlos. Y, por supuesto, hace más difícil controlarla. La misma creación y permanencia de trámites excesivos o ineficientes (así como de ´huecos´ que facilitan la elusión y evasión tributaria y regulatoria) son con frecuencia el resultado de la corrupción o captura de los procesos legislativos.

Sobre los factores de formación, a la variable que lo expertos le dieron mayor relevancia fue a la de educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1). Esto se puede interpretar en el sentido de que debemos
fortalecer los valores en las nuevas generaciones y en las actuales a fin de combatir y prevenir el flagelo del fraude y la corrupción. Lo anterior, además con las variables revalidar el modelo de éxito (5-1) y crear consciencia sobre la afectación colectiva (4-1), las cuales deberían aplicarse en la educación a temprana a edad como un mecanismo social de prevención en el momento en que el individuo tenga responsabilidades ante la sociedad y deba generar autocontrol de sus acciones.

Sobre las acciones puntuales observamos en los resultados analizados que de las variables que emergieron, la más relevante fue la generación de instrumentos de buena conducta y asesoría permanente (6-1). Esta responsabilidad debe estar en cabeza del gobierno corporativo, el cual velará por la construcción de buenos manuales y
códigos ética, además de que deberá hacer acompañamiento con áreas de apoyo al cumplimento de estas.

Otra variable que tuvo relevancia en segundo plano fue la legalización de conductas corruptas (4-1); esta puede generar conmoción, ya que al volver legales delitos como la llamada “coima” no es bien vista, pero se debe analizar a fondo.

Sobre los factores de formación, la variable a la que los expertos le dieron mayor relevancia fue a la de educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1), visibilizando la importancia de fortalecer valores en las nuevas generaciones y en las actuales a fin de combatir y prevenir el fraude y la corrupción. Asimismo, revalidar el modelo de éxito (5-1) y crear consciencia sobre la afectación colectiva (4-1).

Sobre las acciones puntuales, la más relevante fue generar instrumentos de buena conducta y asesoría permanente (6-1). Esta responsabilidad debe estar en cabeza del gobierno corporativo, el cual velará por la construcción de buenos manuales y códigos ética.

Conclusiones

La investigación, sobre prácticas para prevenir la corrupción en las entidades públicas y privadas, encontró elementos divididos en variables arrojadas por los entrevistados, que hacen parte de lo que se llamó: formación para la prevención y acciones puntuales para la prevención.

Sobre las primeras, las cuales hacen referencia a factores a nivel individual y social para prevenir la corrupción, predominó la educación en infancia, adolescencia y adultez temprana, seguida de la revalidación del modelo de éxito. Estas dos aunque relacionadas son diferentes, ya que, una buena educación en las primeras etapas de vida, centrada en valores diferentes a la adquisición del dinero como meta para ser feliz, generará en consecuencia una idea de éxito diferente para la vida. Estas dos variables no son las más citadas en la literatura cuando se busca información sobre prevención. Sin embargo, una variable muy citada en la literatura, pero que, no fue la más relevante en los datos recolectados en esta investigación, es la relacionada con los valores éticos.

En este grupo relacionado con la formación para la prevención, los entrevistados citaron: una mejor selección y formación de la policía judicial y responsabilidad social desde los medios de comunicación. Los investigadores y analistas, constantemente manifiestan su descontento con los pocos recursos destinados al entrenamiento y formación de sus equipos de trabajo. Desde los medios de comunicación, algunos países establecen lazos para la generación de redes que permitan la captura de los delincuentes en estos casos, sin embargo, en muchos países, son un obstáculo, o se vuelven una organización más dentro de las redes de corrupción, desviando la atención de objetivos específicos y malinterpretando la información.

El segundo grupo de variables identificadas en las entrevistas realizadas, fueron las Acciones puntuales para la prevención. Dentro de estas, se menciona disminuir los beneficios en las penas por los delitos económicos. Aunque algunos autores proponen la privación de libertad a personas condenadas por un delito económico, sin embargo otros señalan que las sanciones penales por delitos económicos deben ser reevaluadas, de modo que el castigo sea pertinente con el delito cometido; no siempre el delito económico es un delito violento, lo cual debe ser tenido en cuenta en la judicialización de este.

Otra variable, es la equidad en el trato judicial dado a las personas. Este factor, en la literatura indica que hay condiciones especiales para los delincuentes de cuello blanco, situación que vulnera los derechos igualitarios de muchos ciudadanos. Esta variable debe estar unida con aquellas que tienen que ver con fomentar la denuncia, tener mayor eficiencia de parte de algunos fiscales, y fortalecer el aparato judicial. Estas acciones requieren del compromiso de los Estados y de la misma sociedad, donde no basta con colocar la denuncia, sino que esto debe ir seguido por la cadena de acciones desde el sistema judicial, para concretar una sanción frente al delito económico.

Se identificaron algunas variables relacionadas con la
generación de instrumentos de buena conducta, la necesidad de tener procesos transparentes en las instituciones y la creación de líneas específicas de compliance penal. Estos procesos, tanto en la investigación como en la literatura, son pilares de los diferentes programas de corrupción, tanto a nivel público como privado.

Por último, desde las Acciones puntuales de prevención, la investigación encontró como alternativa al fenómeno de la corrupción, pensar en la legalización de las conductas corruptas, como una estrategia sumada a la creación de políticas públicas de prevención. Aunque este aspecto, además de polémico, requiere de un cuidadoso estudio para poder ser aplicado en algunos casos, la literatura, no lo menciona de manera constante como una forma de prevención, lo que no significa que pueda funcionar en determinados contextos.

A nivel práctico, se sugiere mantener algunas acciones tales como el uso frecuente de auditorías, hacer eficiente la inhabilidad para contratar con el estado, hacer estudios de seguridad para cargos sensibles, acciones que podrían ser eficaces para disminuir el flagelo de la corrupción. Están contempladas en la literatura de manera frecuente, y los entrevistados las consideran indispensables en la actualidad.

Si se sigue con estas herramientas de formación, y se implementan las acciones encontradas en esta investigación, tendremos algún efecto positivo en cuanto a prevención del delito económico y financiero.

Recomendaciones

A partir de la presente investigación se conceptúan las siguientes recomendaciones:

En instituciones educativas como escuelas primarias, colegios, universidades, es importante fortalecer la Educación en la Infancia, Adolescencia y Adultez temprana, en cero tolerancia a pequeñas conductas que pasen por encima de valores éticos y morales, conductas hoy normalizadas y reconocidas en dichos populares: “el vivo vive del bobo” “el que parte y reparte se queda con la mejor parte” “el que no transa no avanza”.

De igual forma, en el ámbito social, la ciudadanía debe replantearse frente a las formas de ver y obtener el éxito: no es exitoso quien posee más, ni quien ocupa un cargo alto sin los méritos requeridos, pensar menos desde el individualismo y, más desde la afectación colectiva que causa romper los principios de oportunidad y equidad en una sociedad al apostarle a un camino “fácil” corrupto.

Por otro lado, a corto plazo, es necesario que las empresas privadas y las entidades públicas, establezcan nuevos métodos de detección y prevención del fraude, como el uso frecuente de las auditorías: internas y/o forenses, realizar estudios de seguridad para cargos sensibles, incluso para
cualquier tipo de cargo, contratar personas idóneas
para ocupar el cargo dejando aún lado los amiguismos o favores politizados.

Además, en dichas instituciones, es menester generar instrumentos de buenas conductas, como códigos de ética, compliance, compliance penal e incluirlas dentro del sistema de control interno o externo, cabe anotar que, aunque ya existe en algunas organizaciones, es preciso avanzar en la implementación para todas.

Otras acciones importantes son fomentar la denuncia y que esta sea efectiva, buscando con esto no solo que la investigación permita esclarecer los hechos, sino que también permita recuperar la confianza de los denunciantes.

Por último, es fundamental crear políticas públicas y políticas criminales dirigidas a la prevención de la corrupción y fraudes, no ha políticas reactivas como se han venido implementando. Un ejemplo sería, apostarle a fortalecer el aparato judicial investigativo en formación integral y en mayor número de integrantes para mayor efectividad desde la Fiscalía General de la Nación.

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• • Fecha de recepción: 2020-02-03
• • Fecha concepto de evaluación: 2020-04-29
• • Fecha de aprobación: 2020-05-14

https://doi.org/10.22335/rlct.v12i2.1142

* Autor para correspondencia. Correo electrónico: ovalencia11@hotmail.com

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Valencia Casallas, O.L., Ojeda Gómez, N. E., & Hernández Díaz, W. A. (2020). Prácticas para prevenir la corrupción en las entidades públicas y privadas. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 12(2), 131-146. https://doi.org/10.22335/rlct.v12i2.1142

Tabla 1. Definición de variables centradas en la formación para la prevención de la corrupción.

Variable	Definición
Educación en infancia, adolescencia y adultez temprana	La mejor política es la educación, por esta razón, el Estatuto de 2011 dispuso que los colegios deben incluir estrategias de formación en convivencia pacífica, participación democrática, cultura de la legalidad y del cuidado de lo público (A. F. Ospina, 2016, p. 88).
Mejor selección y formación de la Policía Judicial	Las etapas de reclutamiento, selección e instrucción en la Policía Judicial son decisivas. No obstante, tampoco se puede desconocer el papel limitado del sistema de formación policial. La instrucción y la formación policial en los primeros años del oficial de policía es importante y la etapa de instrucción es clave (Tudela, 2011, p. 66).
Comunicación y seguimiento de manuales y funciones	La evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación, así como el seguimiento, están orientados a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, en el propósito de promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control (Orjuela, 2002, p. 9).
Rescatar valores éticos	La dimensión ético-moral en la gerencia pública podrá generar información que permita ajustar o complementar el rumbo estratégico de la organización y mejorar de forma sustancial su clima organizacional hacia los más altos niveles de integridad y transparencia (Vílchez, 2012, p. 246).
Revalidar el modelo de éxito	Éxito profesional presenta la misma dualidad de significado de los conceptos de profesión y éxito. Hughes (1937, 1958), como se cita en Caicedo (2007, p. 42), establece la diferencia teórica entre éxito profesional objetivo y subjetivo. Este define el primero por los resultados verificables como lo son la remuneración, las promociones y el estatus ocupacional. Indicadores que, por mucho tiempo, han sido considerados signos de éxito profesional en muchas sociedades. Asimismo, afirma que el segundo, el éxito profesional subjetivo, es determinado por la persona como resultado de su experiencia en el ejercicio de su carrera profesional (Caicedo, 2007, p. 42).
Crear conciencia sobre la afectación colectiva	Las instituciones protegen el interés público mediante una serie de limitaciones y la regulación del comportamiento; los particulares, como individuos, no establecen por sí mismos, de manera más o menos sistemática o formal, modos de comportamiento hacia los otros, y los conflictos entre ellos se restringen casi siempre a la afectación de sus propios intereses (Lugo, 2019, p. 14).
Responsabilidad social desde los medios de comunicación	Se refiere a la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la información: los efectos culturales del lenguaje periodístico, las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas, las relaciones de poder afianzadas según los enfoques informativos, entre otras cosas (Abad, 2013, p. 16).

 

 

Figura 1. Formación para la prevención

 

Tabla 2. Definición de variables centradas en acciones puntuales para la prevención de la corrupción

Variable	Definición
Fortalecer el aparato judicial	Los avances registrados en el terreno de las reformas constitucionales y legales para fortalecer la independencia de la judicatura e introducir criterios técnicos y de mérito en la selección de sus miembros, lo mismo que para incorporar mecanismos de participación ciudadana y transparencia en el proceso de designación, aparecen todavía como insuficientes, manteniéndose en gran medida la situación de precariedad judicial. A fin de luchar contra la corrupción judicial se requiere voluntad política y desarrollar controles internos y externos fortalecidos e independientes: presupuestos adecuados, potenciar las especialidades, fortalecer las áreas técnicas y un mayor apoyo logístico (Fundación para el Debido Proceso Legal, 2007, p. 50).
Legalizar conductas corruptas	En realidad, el dinero sucio es el que se destinará a la corrupción de funcionarios, mientras que el dinero blanqueado tiene mayores posibilidades de tener otro destino. Incluso, un sostenedor de esta idea propone legalizar el lavado de dinero a fin de eliminar los incentivos de corromper a los funcionarios públicos. Por legalizar entiéndase aquí a la acción de otorgar derechos de propiedad a los delincuentes sobre las ganancias obtenidas, no utilizarlas como objeto de prueba en un proceso penal por el delito precedente y, por último, no aplicar ningún tipo de sanción a los terceros que lo blanquean (Bermejo, 2015, como se cita en Vargas, 2019).
Fiscales más acuciosos	No hay duda de que la Fiscalía General de la Nación aún no ha podido despegar con la eficiencia que espera el país. Esto obedece, muy posiblemente, a que no se le ha dado desarrollo a las unidades de Policía Judicial, de modo que se distraen los recursos de la fiscalía en la realización de investigaciones que no son de su competencia. Tampoco en la etapa del sumario existe la eficacia que se esperara, pues los índices de procesos que se quedan en el año sin tramitar son muy elevados. Esto puede obedecer, en gran medida, a desorden administrativo, pues el número de procesos que sale de un despacho por falta de competencia es muy elevado. Es necesario tener en cuenta que la fiscalía reasignó la totalidad de procesos que tenían los jueces de instrucción para tramitarlos en grupos especializados por tipos de delito, lo que inicialmente implicó un traumatismo serio en su distribución (Ángel, 1995, p. 96).
Equidad en el trato judicial dado a las personas	La justicia ha criminalizado la pobreza puesto que la persecución a actos ilícitos originados en la falta de medios económicos es la que priva. Esto se reafirma cuando se realizan los mayores esfuerzos para legislar otro tipo de delitos que, por lo general, los cometen personas pertenecientes a las clases desposeídas del país, aunque sus daños sean menores a los causados por los delitos referidos en este trabajo, los cuales los cometen miembros de la alta sociedad o personajes influyentes, pues su magnitud radica en que estos delitos producen efectos más lesivos debido a su cuantía y al número de personas que resultan afectadas (Ramos, 2012, p. 6).
Crear políticas públicas para la prevención	La asimilación corriente que existe en Colombia entre la política con la corrupción misma y el discurso sin efectos ha determinado que, frente a escándalos graves de corrupción, la población exija penas altas de prisión y nunca opte por la formulación de nuevas políticas públicas. Es por esto que, aunque en los distintos estatutos anticorrupción se previeron instancias para la formulación de dichas políticas, dichos instrumentos hayan sido residuales (A. F. Ospina, 2016, p. 87).
Estudio de seguridad para cargos sensibles	Perfilar los posibles riesgos en cada uno de los cargos y el proceso de selección del personal que los va a desempeñar tiene un valor agregado para la organización de seguridad privada que permite escoger de manera eficaz el candidato a ser responsable en cualquiera de los cargos establecidos en la organización (Bonilla, 2018, p. 2).
Inhabilidad para contratar con el Estado	Quienes hayan sido condenados judicialmente por acto de corrupción contra la administración pública no puedan volver a contratar por la gravedad de la conducta corrupta y su respectiva sanción (Beltrán, 2011, p. 16).
Elegir personas idóneas para ocupar el cargo	Existe otro tipo de corrupción que no busca beneficio económico directo pero sí afecta los principios de justicia y eficiencia del Estado: contratar como empleado al amigo, cuando este no representa la mejor opción, es favorecer con el contrato al familiar, es romper con los procesos de equidad y de igualdad de oportunidades u ocasionar sobrecostos de obras derivados de la ineficiencia (Orjuela, 2002, p. 9).
Uso frecuente de auditorías	Es motivo de gran interés desarrollar el tema de la auditoría forense, el cual permite analizar documentos, hechos o situaciones financieras con el fin de identificar posibles responsables o involucrados y determinar si se cometió un delito o fraude que, mediante la elaboración de un manual de control de riesgos, va a permitir un mejor control de calidad para la administración de su gestión (Huaman, 2019, p. 19).
Fomentar la denuncia y que sea efectiva	Si la denuncia de la víctima no conduce a una sanción verdadera de los corruptos —bien sea por falta de recursos o bien por corrupción entre sus propias filas— es muy probable que este sistema no reduzca la corrupción. Es más, la impunidad tendrá como consecuencia la pérdida general de confianza en el gobierno (Boehm & Graf, 2009, p. 67).
Crear una línea de compliance penal	Los compliance programs son sistemas organizativos que incluyen principios, reglas, procedimientos e instrumentos orientados a asegurar el cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de las actividades de una organización, mientras que los criminal compliance programs constituyen sistemas de organización empresarial que también tienden a garantizar el cumplimiento normativo, si bien limitados a asegurar la observancia de la normativa jurídico-penal por parte de la empresa (Bock, 2013, como se cita en Neira, 2016, p. 496).
Los procesos deben ser trasparentes y sencillos	El procedimiento administrativo es un instrumento que, según su configuración, puede convertirse en un instrumento eficaz en la prevención de la corrupción. El primer elemento es la simplicidad de los trámites. La complejidad y la demora de los trámites administrativos son el paraíso de los tramitadores y de los sobornos a funcionarios para agilizar o simplificar el procedimiento (A. F. Ospina, 2016, p. 82).
Generar instrumentos de buena conducta y asesoría permanente	Los códigos de buenas prácticas son principios que contienen estándares éticos de conducta que las empresas voluntariamente adhieren (Anguita, 2012, p. 223).

 

 

Tabla 3. Formación para la prevención: factores de mayor peso

Formación para la prevención	Densidad	Cita
Educación en infancia, adolescencia y adultez temprana.	13-1	¨Yo pienso que lo importante aquí es la educación, capacitación, hacer propaganda para que las mismas personas sientan que están haciendo algo que no debe ser¨. (F. Suarez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019). ¨Cambiando la formación de la gente, siendo consistente con el discurso… si a los peladitos chiquitos le siguen vendiendo la idea, que lo interesante de la vida, que el objetivo de la vida es que cuando sea grande tengas el carro último modelo, vivas en el mejor barrio y tengas un yate y un avión, que si logras eso vas a ser el mejor ser humano del mundo, no estamos haciendo absolutamente nada, entonces tiene que haber un cambio en la formación de la gente desde muy pequeña…”. (C. Guerrero, comunicación personal, 14 de mayo 2019). ¨Yo siempre he creído que el tema de la comisión de delitos contra la administración pública es un tema que está muy ligado a los principios, a la ética y a los valores; hay personas que a pesar que han pasado por una institución educativa superior tuercen esos intereses, y esos principios, y esos valores, y el dinero y la ambición los hacen flaquear, y tomar otras decisiones; pero así mismo hay otras personas que tienen muy bien estructurados esas bases de ética, valores, principios; la formación empieza desde casa no solo desde la universidad¨. (O. Sánchez, comunicación personal, 8 de abril de 2019). “Es decir, ese niño que desde chiquito los papás le han dicho: ‘oiga usted tiene que ser el avispado del curso’…, y las mamás se sienten orgullosas diciendo que ‘es mejor detener y no arriar…’, con esos conceptos culturales vemos que desde la niñez se les está ofreciendo a los niños la necesidad de pasar sobre el otro”. (E. Ortiz, comunicación personal, 06 de abril de 2019).
Revalidar el modelo de éxito	5-1	¨La educación nos debe mucho como sociedad. Yo creo que si la educación lograra replantear nuestros esquemas de vida, en el sentido que lo más importante no es el tener, sino el ser […] nosotros lograríamos mucho en la transformación de nuestra sociedad […] porque entonces la persona no estaría pensando tanto en acumular, sino en cómo trasciende su existencia, cómo trasciende hacia el otro, cómo construye país, pero eso no hace parte de las prioridades de estas generaciones nuevas, uno ve a los jovencitos de hoy en día y están pensando es en tener plata para andar parrandeando y ostentando cosas que […] pues que son superfluas, pero que no muestran la esencia de una persona¨.(J. Castro, comunicación personal, 8 de mayo de 2019).
Crear conciencia sobre la afectación colectiva	4-1	“Yo no me doy cuenta de que al cometer mi comportamiento desviado estoy afectando a la otra persona, simplemente, pues lo despliego pensando en que eso va solamente a favor mío”. (J. Castro, comunicación personal, 8 de mayo de 2019). “Nunca lo hacen a uno entender la vida como sociedad, sino como individuo, entonces estás pensando siempre en ti, en ti, en ti y no en la sociedad y en la medida en que pensamos en una sociedad, que pensamos en los viejos, en los jóvenes, pensar en el otro, yo creo que uno empieza a cambiar ese chip y a actuar de manera distinta”. (B. Torres, comunicación personal, 12 de junio de 2019).

 

 

Figura 2. Acciones puntuales para la prevención

 

Tabla 4. Acciones puntuales. Factores con mayor densidad

Acciones de Prevención desde las instituciones	Densidad	Cita
Generación de instrumentos de buena conducta y asesoría permanente	6-1	¨En muchos países existe el derecho penal empresarial, cuyo objetivo es sancionar penalmente a la empresa, y para que se logre esto tienen que tener códigos de conducta, códigos de ética, códigos de cumplimiento previo y para allá vamos hay un proyecto de ley presentado el año pasado (2018), por la Procuraduría, tendiente a implementar la sanción penal a las empresas, de tal manera que no ocurran paradojas como que Odebrecht quisiera presentarse a la adjudicación del metro […] porque se sancionan penalmente a las personas naturales, pero no a la empresa. Pero para poder llegar a ese punto las empresas tienen que tener manuales y códigos de cumplimiento que lo que buscan siempre es la prevención. Ahora, esta no es la barita mágica para terminar la corrupción, pero si evitaría muchos actos de corrupción, minimizaría las pérdidas, empezaría a crear una cultura de la ética”. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019). “Creería que a las empresas les falta concientización frente al tema de que son susceptibles como cualquier empresa, pequeña o grande, de que estos actos se comentan en sus compañías y lo que deben de hacer es generar una serie de controles, entrenamiento y capacitación, y habilitar canales de comunicación¨. (Y. Gómez, comunicación personal, 11 de junio de 2019).
Legalización de las conductas corruptas	4-1	“Inclusive hay posturas donde dicen que… que la corrupción a veces es buena entonces, encuentra uno esa situación y para no ir lejos, en el tema del sistema penal. Tú sabes que negociar con el fiscal es malo, darle plata a fiscal es malo, pero resulta que, para combatir el delito, se crea un sistema de negociación con el fiscal, prácticamente legalizando ese tema corrupto… y eso lo legalizó Estados Unidos y nosotros lo aplicamos desde 2004 con sistemas de reparación, con principios de oportunidad y uno encuentra el bandido negociando, con la fiscalía, devolviendo una plata y libre, y delatando a otros y empieza la gente decir: “Pero cómo es posible que… que eso que se ve, que el delito si paga, y esto que se ve corrupto, que sea legal, eso es algo para compartir”. Él mismo necesita la ayuda del corrupto, entonces fíjate que, lo han aplicado allá, nosotros lo estamos aplicando y esa es como la legalización de algo que antes era impensable”. (B. Torres, comunicación personal, 12 de junio de 2019). “Yo no podría decir, yo acepto una política, temas culturales aquí las coimas son Dios mío…. no sé… culturalmente aceptadas en todas las regiones de Colombia. En el sector financiero, por ejemplo, no es que yo te doy este negocio y tú me das una comisión, pero es que usted es el gerente, no sé, financiero de esa entidad y entonces como así, si por mí hay un conflicto de interés, pero hay algo que no le suena bien, pero en los negocios eso se da por descontado entonces también es una actividad que se legalizan a través de ciertos nichos de trabajo”. (M. Cevallos, comunicación personal, 7 de mayo de 2019).
Uso frecuente de auditorías	3-1	“Entonces realmente la empresa tiene que hacer un mapeo de riesgos internos y externos, y saber que los internos pueden defraudarnos, pero sí se colisiona con un tercero pueden iniciar un acto de corrupción y siendo un tercero en escena eso los convertiría ya en una organización criminal”.
Disminuir beneficios en las penas por delitos económicos	2-1	“Entonces el delincuente que quiere ser delincuente dice: ‘No, yo no me meto porque la pena es alta’, las penas en nuestro país son altas pero la impunidad es mayor entonces no sirve de nada, a nadie le da miedo un lavado de activos porque dice: ‘Me voy a un juicio y me lo ganó’; miren las estadísticas de las sentencias son muy pocos y esos son los que se allanaron y son poquiticos”. (J. Gutiérrez, comunicación personal, 8 de mayo de 2019). “Prevenir las conductas punibles, yo creería que la debilidad en el Estado colombiano gira en cuanto a los beneficios consagrados en el Código de procedimiento penal, hay muchas prerrogativas para aquellas personas que bien restituyen dineros antes de determinado estadio procesal, para quienes admiten cargos desde la diligencia de imputación de cargos y así, por delatar a otras personas, por colaboración. Entonces todos esos beneficios conllevan a que la gente está preparada para pensar en que voy a delinquir, que hay muchos beneficios con los cuales yo no voy a ver afectada mi privación de la libertad que es lo que más me interesa, o si voy a estar en prisión va a ser por muy poco tiempo, voy a estar unos ocho o nueve años y me enriquezco ilícitamente… eso llenó mi bolsillo y no les interesa nada la comisión de la conducta punible; entonces prevenir es bastante difícil, tendrían quitarse muchos beneficios, para que al momento de imponerse una sentencia condenatoria la pena fuera, considerable y alta. Valdría la pena considerar esa posibilidad, yo pienso que la única posibilidad no es de educación, sino es de estructurar un buen Código de Procedimiento Penal para que no haya tanto beneficio”. (O. Sánchez, comunicación personal, 8 de abril de 2019).
Inhabilidad para contratar con el Estado	2-1	“En muchos países existe el derecho penal empresarial, cuyo objetivo es sancionar penalmente a la empresa, y para que se logre sancionar penalmente a la empresa tienen que tener códigos de conducta, códigos de ética, códigos de cumplimiento previo y para allá vamos… Hay un proyecto de ley presentado el año pasado (2018) por la Procuraduría tendiente a implementar por tercera o cuarta vez, porque ya se ha intentado, la sanción penal a las empresas”. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).