Introducción

El acceso y permanencia en el sistema educativo como una garantía para la paz y la democracia pretende establecer una relación entre el derecho a la educación en el marco del Estado Social de Derecho y los valores ciudadanos que promueven un conjunto de prácticas sociales para la paz y la democracia. Esta garantía se fundamenta en la comprensión del acceso y permanencia en el sistema educativo como elementos que permiten alcanzar los fines de la educación en la sociedad. La perspectiva de reflexión parte del concepto de educación en el marco del Estado Social de Derecho en nuestro país y su comprensión; en un segundo momento, se analiza el acceso y permanencia en el sistema educativo como elementos fundamentales para la garantía del derecho a la educación; en tercer lugar se reflexiona sobre la educación para la paz y la democracia como fines políticos y sociales del derecho a la educación en nuestro país; en cuarto lugar, se reflexiona acerca de la cultura para la paz y se relaciona con la garantía al derecho a la educación en clave del acceso y permanencia en el sistema educativo. Finalmente, se muestra la relación entre el acceso y permanencia en el sistema educativo como una política orientada hacia una cultural para la paz en nuestro país y el anhelo universal en el escenario de la Naciones Unidas por la paz.

La educación y la cultura como derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, además de la garantía de los demás derechos que les asisten en virtud del artículo cuarenta y cuatro (44) constitucional¹, garantizan el medio social y desarrollo integral y armónico de sus funciones vitales, emocionales y sociales como sujetos activos de una sociedad políticamente en construcción que demanda valores ciudadanos como el diálogo, el respeto, la solidaridad y el amor como parte de un nuevo paradigma social de la realidad.

En este sentido, la educación en Colombia se constituye en un derecho que tiene un doble carácter, el primero, establece la educación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes en el marco del artículo cuarenta y cuatro constitucional, el segundo, se establece como un derecho social y cultural de la persona y un servicio público que cumple una función social. Este derecho busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás fines y valores de la cultura; su vocación teleológica se fundamente en la formación del colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente.

Según la Corte Constitucional en sentencia T-781 de 2010:

El derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones). (Sentencia, 2010)

Estos criterios permiten dar alcance a los fines del derecho a la educación establecidos en el artículo sesenta y siete (67) constitucional en relación con el acceso y permanencia en el sistema educativo; más allá de que el derecho a la educación se agote con la prestación del servicio por parte de las entidades públicas como garantía del acceso al servicio público de educación, sino por el contrario, el derecho parte de este hecho y se materializa con la permanencia en el sistema educativo; permanencia que garantiza un conjunto de prácticas pedagógicas que a su vez contribuyen a la formación del colombiano en los principios y valores para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

El derecho a la educación se constituye en un valor absoluto en el seno de una sociedad democrática, en donde el acceso y permanencia al sistema educativo garantizan el porvenir de las instituciones sociales y el respeto por el marco político y social (Ibáñez González, 2007). En este sentido, desde su perspectiva, el profesor Joaquín Ibáñez González, en su trabajo de doctorado sobre “El Derecho a la Educación y Ciudadanía Democrática”, argumenta que el derecho a la educación en el marco político y social se establece a partir de la forma en que sus fines permiten el pleno desarrollo de los principios y valores que constituyen la naturaleza política, social y cultural de una sociedad(Ibáñez González, 2007); es así como el sistema educativo en nuestro país pretende la formación del ciudadano en el horizonte de un conjunto de valores y principios acorde con el modelo social y político que constituyen el fundamento del Estado Social de Derecho. Principios y valores que orientan la concepción del sistema educativo institucional como garantía del derecho a la educación en la sociedad de nuestro país.

La garantía del derecho a la educación, además de constituirse en un derecho social y cultural que corresponde al Estado, se constituye en un factor de construcción social que garantiza a la persona el acceso al conocimiento, la cultura y demás valores que lo proyectan como un ciudadano capaz de comprender la dimensión política y social de la sociedad en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia. En este sentido, la garantía de estos valores se representa en el acceso y permanencia en el sistema educativo y el compromiso de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger los derechos de los niños, niños y adolescentes.

¹ Artículo 44 Constitucional. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Acceso y permanencia en el sistema educativo

El acceso y permanencia en el sistema educativo se constituyen en dos elementos que permiten la satisfacción plena del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en relación con la garantía del derecho fundamental y los fines que persigue la educación en el marco político y social de nuestro país. En principio, el acceso y permanencia en el sistema educativo es consabido por la teoría de la educación como una garantía que se establece a partir de las obligaciones del Estado en la prestación del servicio educativo que se agota con una actividad burocrática en relación con la prestación y garantía del derecho a la educación (Ibáñez González, 2007).

El acceso y permanencia en el sistema educativo, más allá de su definición como derecho, admite una reflexión educativa que considera estos dos elementos de garantía en la prestación del servicio educativo como diferentes momentos en que el derecho a la educación se establece como una relación entre sujetos al interior del sistema educativo y un desarrollo pleno de los fines de la educación en el contexto político y social(Sarramona, 2000). Considerar el alcance del acceso y la permanencia en el sistema educativo permite reflexionar sobre cómo cada uno de estos elementos se establece a partir de una relación directa entre la garantía del derecho a la educación y la forma como este derecho se significa en el territorio como forma de establecer relaciones sociales que promuevan valores humanos, políticos y culturales estableciendo formas de convivencia. En este sentido, el paradigma de una sociedad en relación con la paz comienza por la garantía del acceso a la educación y se potencia en el desarrollo del proceso formativo de la persona en el trascurso de su vida escolar, proceso que se materializa en la permanencia del educando en el sistema educativo.

La naturaleza constitucional del acceso y permanencia en el sistema educativo, según el artículo sesenta y siete (67) constitucional, parte de la obligación del Estado de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. Esta inspección y vigilancia se consideran como una función administrativa que le permite al Estado orientar y ejercer el control de las políticas educativas a nivel nacional; función que le permite velar por la calidad de la prestación del servicio educativo en relación con sus fines, la formación moral, intelectual y física de los educandos. Si la educación se entiende jurídicamente como un derecho universal, el Estado tiene como obligación el adecuado cubrimiento del servicio educativo y garantizar a los menores las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. La garantía de este servicio en el ámbito territorial corresponde a la Nación y las entidades territoriales quienes tienen la obligación de participar en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos.

En principio, el acceso y permanencia en el sistema educativo forma parte de un conjunto de garantías que el Estado asume en relación con la prestación universal del servicio educativo, en donde el acceso se considera como un primer momento de captación de la persona como parte de un sistema que integra los diferentes elementos legales, administrativos, humanos, físicos y materiales que hacen posible la prestación del servicio. Por su parte, la permanencia en el sistema educativo se considera como el conjunto de procesos, prácticas, estrategias y relaciones que hacen posible la materialización de sus fines; en donde por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional se alcanzan los valores y principios de la educación en relación con la formación del ciudadano (Arango, 2005).

En este sentido, el acceso al sistema educativo establece una relación directa entre la estructura de gestión administrativa del Estado y la capacidad de prestar el servicio universal de educación a lo largo y ancho del territorio nacional, por su parte, la permanencia en el sistema educativo alude a la orientación de la educación en su concepción educativa, política y social que permite el desarrollo de procesos educativos al interior de la escuela como centro de formación del educando; y a su vez, establece el servicio educativo como una función social.

Es así como las políticas de planeación del Estado, consideran el acceso en el sistema educativo como un criterio desde donde se orienta la inversión del gasto público con el propósito de cerrar la brecha de desigualdad en relación con el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en dicho sistema. En este sentido, en el documento COMPES 162 en relación con el sistema general de participaciones vigencia 2013, se establece un conjunto de políticas económicas y sociales que pretenden: 1) ajustar la asignación de recursos de la Participación para Educación por el criterio de población atendida y realizar la asignación de recursos para calidad matrícula oficial y calidad gratuidad, correspondientes a las doce doceavas 2013; 2) distribuir las once doceavas de la asignación especial para Alimentación Escolar y 3) asignar los recursos para atención integral a la primera infancia de la vigencia 2013, correspondientes al crecimiento adicional al 4% de la economía en el 2011(República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013). Esta política de planeación permite el acceso al sistema educativo garantizando la asignación de recursos que permiten el acceso a la prestación del servicio público de educación en el país, sin determinar el rigor de la permanencia en el sistema educativo de la población estudiantil.

Por su parte, la permanencia en el sistema educativo va más allá de las condiciones económicas o materiales para la prestación del servicio educativo, se establece en la orientación oficial de procesos y prácticas educativas en cada una de las instituciones educativas del sector público y privado que tienen a su cargo la prestación del servicio público educativo. Además de los procesos de gestión y autoevaluación en cada una de estas instituciones, en donde dichos procesos permiten orientar las políticas de cobertura del sistema educativo por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la información registrada en el Sistema de Matrículas –SIMAT- por las Entidades Territoriales Certificadas –ETC- y sus respectivos establecimientos educativos.

El acceso y permanencia en el sistema educativo se establece a partir de un sistema de gestión que permite orientar las políticas económicas para la prestación del servicio público educativo en términos de cobertura y la orientación oficial de procesos, prácticas y estrategias pedagógicas que contribuyen en la formación de los colombianos. Estas dos estructuras se materializan en la garantía constitucional del adecuado cubrimiento del servicio y en asegurar a los menores las condiciones para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Educación para la paz y la democracia

La educación como derecho y reflexión educativa se constituye a partir de un conjunto de elementos que permite un abordaje holístico de su naturaleza social y constitucional. Es a partir de allí que se considera la garantía del acceso y permanencia en el sistema educativo como dos elementos que hacen posible la materialización eficaz del derecho a la educación; en donde la eficacia se comprende como la forma en que el sistema educativo y sus prácticas alcanzan los fines políticos y sociales en relación con la formación que persigue la educación en el contexto del Estado Social de Derecho; en este sentido, la educación cumple una función social cuando sus prácticas potencian en el ciudadano los valores, principios y derechos que fundamentan el marco político y social.

Según el artículo sesenta y siete (67) constitucional “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” valores que fundamentan el Estado Social de Derecho en relación con el conjunto de derechos humanos que se establecen como principios, derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos colectivos y del medio ambiente que se establecen como la carta de derechos sobre el cual se estructura el marco político y social de los colombianos. Al considerar la educación una formación bajo estos valores la función que esta cumple en la sociedad se orienta a potenciar en el educando valores ciudadanos que promueven escenarios de paz y democracia.

La función administrativa en relación con el conjunto de políticas y acciones tendientes al acceso a la educación, además de hacer posible el acceso a la educación en términos de gestión y planeación de recursos orientados a la cobertura del servicio educativo se establece como una garantía que permite a la persona el acceso a los fines y valores de la educación en el estado colombiano. Entonces, la garantía del derecho a la educación no se agota con el acceso al servicio educativo, además de este, se perfecciona con la materialización de los fines que a esta le ha asignado la sociedad, en donde la permanencia en el proceso educativo asegura en cada uno de los niveles de escolaridad el grado de bienestar de dicho derecho.

La permanencia al interior del sistema educativo se constituye en un proceso de construcción social para la paz que promueve en el individuo el acceso a la cultura, la ciencia y la técnica, además de valores ciudadanos como la participación, solidaridad, tolerancia y respeto que contribuyen a un conjunto de relaciones sociales bajo estos valores. Valores que en la realidad política y social de hoy están fracturados y hacen parte de un anhelo social por la paz.

Cultura para la paz

Según la definición de las Naciones Unidas (Resolución A/52/13, 1998), la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (Resolución A/53/243, 1999) identifican ocho ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional: el primero pretende promover una cultura paz por medio de la educación, el segundo plantea la promoción del desarrollo económico y social sostenible, el tercero promueve el respeto por todos los derechos humanos, el cuarto garantiza la igualdad entre hombres y mujeres por medio de la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer, el apoyo y la asistencia a las mujeres necesitadas; el quinto ámbito promueve la participación democrática; el sexto promueve la comprensión, tolerancia y solidaridad; el séptimo pretende apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de la información y conocimientos; y por último el octavo ámbito promueve la paz y la seguridad internacional (Naciones Unidas, 1998).

Los principios que identifican el programa de acción sobre una cultura para la paz de las Naciones Unidas son valores que se identifican de forma directa con la función social de la educación en el estado colombiano. En donde el acceso y permanencia en el sistema educativo garantizan el desarrollo de una cultura para la paz como propósito del derecho a la educación en la sociedad de nuestro país. Más allá de ser el acceso y permanencia en el sistema educativo una garantía del derecho, estos se constituyen en los elementos esenciales para el bienestar de la persona como parte del sistema educativo; en teoría la educación alcanza sus fines cuando el educando agota su proceso de escolarización y se integra a un sociedad en donde se reproducen los valores que fundamentaron su proceso formativo (Sarramona, 2000).

Una cultura para la paz surge a partir de la garantía del acceso a la educación y se materializa a través del proceso formativo en los diferentes niveles de escolaridad. En este sentido, el acceso y permanencia en el sistema educativo se constituyen en factores fundamentales para que la educación se constituya en un servicio público que cumple una función social. Así como lo estipula la resolución A/52/13 del 15 de enero de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la transición de una cultura de guerra a una cultura de paz como una de las tareas primordiales de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1998) se alcanza con la plena garantía de la prestación del servicio educativo en la sociedad; el paradigma educativo en Colombia está orientado a contribuir a dicha transición en relación con una cultura para la paz.

Hacia un concepto de ciudadanía

El concepto de ciudadanía desde una perspectiva teórica, según el profesor Alberto J. Olivera en su texto “Ciudadanía y Democracia”:

(…) se ha desarrollado en dos vertientes principales: la sociología política, en estrecho diálogo con la sociología histórica, y la filosofía política. Se trata de campos interrelacionados, pero conceptual y metodológicamente diferenciados. La sociología se pregunta por el origen histórico del estatuto de ciudadanía, por su evolución y desarrollo, así como por el contenido de los derechos que constituyen la ciudadanía y ubica estos procesos como parte de una larga etapa histórica en la que las relaciones entre los individuos y el Estado se han ido redefiniendo. La filosofía política se cuestiona sobre el carácter y el sentido de la ciudadanía, sobre el significado de ser ciudadano, sobre las relaciones que debe haber entre individuos y Estado y sobre las relaciones entre ciudadanía y democracia. Los dos enfoques son en realidad complementarios, pues se informan mutuamente. (Olivera, 2008)

El concepto de ciudadanía como la capacidad de ejercer los derechos políticos en los procesos de participación social (Huertas Díaz & otros, 2008), se re-contextualiza en el campo educativo en tanto el ejercicio de los derechos políticos en la participación social compromete un conjunto de procesos y prácticas pedagógicas que contribuyan al desarrollo de un sujeto crítico capaz de comprender los diferentes fenómenos y prácticas sociales que intervienen en su ejercicio como ciudadano. El acceso a la cultura, la ciencia y a la técnica promueven en la persona un paradigma social y cultural que incide de forma directa en sus relaciones sociales y culturales. El ejercicio de la ciudadanía va más allá del ejercicio de los derechos políticos y se instala en un contexto de construcción social en donde las diferentes instituciones sociales como el Estado, la familia, el sistema educativo y en general la sociedad se integran en la definición del ciudadano. En esta perspectiva, la ciudadanía trasciende las dos vertientes planteadas por el profesor Alberto J. Olivera (2008) constituyéndose en una práctica social cuyos elementos se reflexionan desde la teoría política, filosófica y social.

Conclusiones

La reflexión de la educación desde la perspectiva del acceso y permanencia en el sistema educativo parte de la comprensión de este derecho como garantía fundamental de los niños, niñas y adolescentes y los fines de este derecho en el marco del artículo sesenta y siete constitucional; en donde el acceso y permanencia en el sistema educativo se establecen como elementos que garantizan el derecho fundamental a la educación en relación con el acceso a la ciencia la técnica y la cultura; y a su vez, potencian el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia como fines de la educación en nuestro país.

La educación para la paz y la democracia como fines políticos y sociales del derecho a la educación en nuestro país se comprende como un fin, que más allá de ser un anhelo político, es la consecuencia de un proceso de escolaridad que se garantiza con el acceso y permanencia en el sistema educativo como actividad burocrática del Estado. La cultura para la paz se establece como una consecuencia lógica de la garantía del servicio público de la educación y la materialización de sus fines dentro de la permanencia en el sistema educativo de quienes son beneficiarios de dicho sistema.

En este sentido la cultura para la paz constituye un nuevo paradigma de ciudadanía que integra la comprensión teórica del concepto de ciudadanía con la práctica social, cultural y política de una sociedad en la cual el anhelo social es la paz bajo un orden justo. El acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes promueven el acceso a la cultura, valores sociales y políticos que en su conjunto afirman un ciudadano que representa dichos valores en su práctica social. Dicho de otra forma, la práctica educativa y la garantía al acceso y permanencia al servicio público de la educación se establecen como una garantía para la paz y la democracia en una sociedad atravesada y agotada por la violencia.